3D: ¿es menester ”imprimir” un nuevo marco legal?

Aparece en los diarios de prensa general y especializada con mucha asiduidad artículos y noticias relativas a la impresión 3D. Desde la construcción de un arma, cuyo proceso resultó muy sencillo ya que sólo era necesario descargarse los planos y realizar una pequeña modificación de los mismos e imprimirlos, hasta la fabricación de órganos y tejidos humanos a partir de un modelo tridimensional creado por ordenador, pasando por los objetos más diversos como soportes para el móvil, calzado, bisutería, tuercas y tornillos, etc.

Este sistema de impresión permite a quién las utiliza imprimir productos, o partes de éstos, simplemente utilizando un procedimiento informático, a través de un software, y un medio mecánico como es el periférico que realiza la impresión, todo ello mediante la obtención de un archivo de diseño tridimensional tipo CAD. Ello se puede realizar ya desde el propio domicilio del usuario si dispone de una impresora 3D o bien remitir dicho archivo a una compañía de servicios de impresión como Shapeways

La realidad próxima es que esta impresión se está desarrollando para la creación rápida de prototipos, al reducir en una parte importante el ciclo del mismo así como sus costes, y la producción de una amplia gama de productos terminados. Incluso, a pesar de parecer que la impresión en materiales compuestos puede quedar lejos en el horizonte próximo, lo cierto es que existen técnicas de desarrollo que permiten fabricar casi cualquier objeto físico como puede ser el ejemplo del MIT que a través de su departamento CSAIL (Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory) trabaja en un proyecto que permite fabricar carcasas para robots, o como la tecnología láser para la creación de material sólido mediante la aplicación de una resina líquida para productos relacionados con la nanotecnología y aplicaciones médicas.

La cuestión que debe suscitarse es cuál será el devenir de los derechos de propiedad intelectual e, incluso industrial, ante esta imparable realidad, en la cuál cualquiera desde cualquier lugar del mundo podrá imprimir en tres dimensiones productos sometidos a esta protección y cómo se debe o se puede regular las autorizaciones o licencias de los titulares de los mismos. Igualmente las ventajas tecnológicas son tantas que tendrá un efecto aún desconocido en la industria y en la manufactura por el impacto de la reducción de costo y tiempo de fabricación de los productos.

Así es que todos estos acontecimientos traerán toda una serie de cuestiones en torno a la propiedad intelectual que se deberían tener en cuenta y que pasan desde la descarga de modelos en 3D, ámbito de la propiedad intelectual, hasta la marca tridimensional, en su aspecto de propiedad industrial, pasando por el derecho a la imagen en el caso de la impresión de figuras del cuerpo humano. O qué ocurre en los casos de las impresoras de ámbito doméstico en relación con el derecho a la copia privada o cuál es o debe ser su límite. Evidentemente un artículo de impresión 3D para uso personal no infringe los derechos de diseño o patentes registradas o no registradas si tal uso es privado y no comercial, otra cuestión es si el artículo copiado tiene una marca, o encarna una forma que está protegida como marca, la copia de ésta puede no constituir infracción ya no implica su uso en el “tráfico económico”.

Diferente es que dicho artículo se ofrezca para la venta, y en ese caso, es plausible que pueda constituir una infracción de marca, del diseño o de la patente. Lo fundamental es, como se dijo anteriormente, la facilidad de la copia y la distribución instantánea de los archivos de diseño a través de Internet, que después pueden ser impresos en cualquier lugar del mundo, significa una amenaza real a la falsificación sin precedentes a todo lo conocido hasta ahora, incluso la personalización de éstos, pondrá en dificultades prácticas a los titulares de estos derechos a la hora de velar por sus intereses y protegerse de ataques a dicha propiedad, fundamentalmente en aspectos como el merchandising.

¿Ante esta perspectiva qué es lo que se puede plantear?

El Nuevo Derecho Marítimo Español.

 

El día 25 de septiembre de 2014, entró en vigor la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima. Su redacción es la respuesta del legislador a las inveteradas demandas del sector marítimo para solucionar los graves defectos de los que adolecía el Derecho Marítimo español, que bien pueden resumirse en: dispersión normativa, contradicción entre distintos los convenios internacionales suscritos por España y la normativa interna, y la existencia de una vetusta regulación de cabecera del comercio marítimo contenida en el Libro III del Código de Comercio de 1885. Con la nueva ley se pretende, en definitiva, actualizar, codificar y armonizar el hasta ahora desfasado y destartalado Derecho Marítimo español.

Para formarnos una primera idea de esta nueva Ley de Navegación Marítima, propongo un recorrido por su articulado siguiendo la senda de los títulos en que se divide y destacando en cada uno de ellos los puntos más relevantes a mi entender.

Su Título I “De la ordenación administrativa de la navegación”, contiene una regulación básica y sistemática de la policía de navegación que se completa con la normativa en materia de puertos del Estado y marina mercante y con continuas referencias a los convenios internacionales sobre la materia, y que se aplica a buques nacionales y extranjeros que navegan o se detienen en aguas españolas.

En el Título II “De los vehículos de la navegación”, se trata del estatuto jurídicodel buque, su publicidad y los modos de adquirir la propiedad. Se regula la definición de buque, su pabellón, su seguridad, y también situaciones transitorias como el buque en construcción, fondeado, varado o en desguace; y se distingue de la “embarcación”, término éste aplicado a “vehículos” de eslora inferior a veinticuatro metros y el que carezca de cubierta corrida, salvo que sea calificado reglamentariamente como unidad menor en atención a sus características de propulsión o utilización, y de los “artefactos navales” descritos como construcciones flotantes con capacidad y estructura para albergar personas o cosas, cuyo destino es permanecer en un punto fijo de las aguas. El Título II regula también la publicidad registral mediante el Registro de Bienes Muebles (Sección de Buques) para las titularidades y gravámenes, en coordinación con el Registro de Buques y Empresas Navieras, éste, de carácter administrativo.Destaco igualmente la expresa referencia a los contratos de construcción naval y compraventa de buques como propios de la adquisición de la propiedad del buque, y a los derechos de garantía sobre el buque, hipoteca naval y privilegios marítimos para cuya regulación la ley se remite a los convenios vigentes sobre la materia.

El Titulo III “De los sujetos de la navegación” comienza con la figura del armador que distingue de la del propietario del buque: se considerará armador (y por tanto, podrá estar inscrito como tal) si posee el buque y lo utiliza en la navegación, sin que sea necesario ejercer actividad empresarial. La ley conserva el concepto de “naviero” aplicado a quienes se dedican a la explotación de buques mercantes salvo los destinados a la pesca. En cuanto a la dotación, la ley también coordina las normas administrativas y mercantiles con las del Derecho del Trabajo y convenios internacionales aplicables. Es de resaltar que queda garantizada la primacía profesional del capitán para tomar decisiones autónomas en materia de seguridad personal y protección del medio marino.

El Título IV trata “De los contratos de utilización del buque”. Se han incluido los contratos de arrendamiento de buque, fletamento, pasaje, remolque (en su doble modalidad de maniobra y transporte) y arrendamiento náutico. El fletamento se configura como un contrato de transporte en la que además de las disposiciones generales reguladoras de la “vida del contrato”, se prevén las especialidades del fletamento por tiempo, por viaje, y el transporte de mercancías bajo conocimiento de embarque. La ley mantiene la regulación de la responsabilidad del porteador por daños y averías de las cosas transportadas contenido en las Reglas de La Haya-Visby, que regulan actualmente el 95% del comercio marítimo mundial.

El Titulo V “De los contratos auxiliares de la navegación” regula el contrato de gestión naval, el contrato de consignación de buques, el contrato de practicaje y el contrato de manipulación portuaria. El primero de ellos se articula en torno a los modelos de responsabilidad propia de los contratos de comisión o de agencia como prototipos de contratos de gestión de intereses ajenos, estableciéndose la responsabilidad solidaria del gestor si éste, al contratar, no indica el nombre del armador o naviero cuyo interés gestiona. En el caso del consignatario, la ley clarifica su posición considerando exonerándolo de responsabilidad como transportista en la medida en que no cobra flete para sí mismo aunque esté legitimado para firmar conocimientos de embarque. El practicaje se configura como asesoramiento e implica una actuación interactiva con el capitán y dotación del buque. Correspondiendo al capitán la decisión última de la maniobra, se atribuye sin embargo responsabilidad exclusiva al práctico en caso de asesoramiento defectuoso o inexistente. No obstante la ley establece la responsabilidad solidaria frente a terceros del armador, capitán y práctico sin perjuicio de las acciones de regreso que correspondan entre ellos. De la regulación del contrato de manipulación portuaria destacamos el carácter inderogable del sistema de responsabilidad establecido en beneficio de los usuarios de las empresas de carga y descarga.

El Título VI “De los accidentes de la navegación” comienza por el abordaje, cuya regulación se remite principalmente al Convenio de Bruselas de 1910, y declara expresamente la responsabilidad solidaria frente a terceros de los armadores involucrados en culpa compartida. En materia de avería común se siguen las Reglas de York y Amberes, previéndose además un procedimiento para los casos en que no exista acuerdo entre los interesados sobre el liquidador. En relación con el salvamento marítimo, la ley se remite expresamente al Convenio de Londres de 1989 y declarando la jurisdicción civil competente para conocer las correspondientes reclamaciones salvo, claro está, que las partes acuerden someterse a un sistema de arbitraje marítimo o cuando la intervención de órganos especializados de la Armada sea necesaria por tratarse de salvamento de bienes abandonados en la mar y de titularidad desconocida. En materia de naufragio o hundimiento de buques la ley regula la situación de los bienes afectados, el derecho de propiedad sobre los mismos, y la extracción previa autorización administrativa. En caso de contaminación marina se impone una responsabilidad cuasi objetiva del armador del buque o del titular del artefacto causante y la exigencia del correspondiente seguro obligatorio, de conformidad con los convenios internacionales aplicables a los que la ley remite.

El Título VII trata “De la limitación de la responsabilidad”. La ley simplifica los regímenes anteriores tanto internos como internacionales a partir del Convenio de Londres de 1976 (CMLR/LLMC). Se implanta un sistema de baremo o tarifa que ofrece mayor seguridad jurídica y se exige la constitución de un fondo de limitación como requisito para la válida alegación del derecho a limitar ante los órganos jurisdiccionales españoles.

Título VIII “Del contrato de seguro marítimo”. Como novedad, la ley regula la cobertura aseguradora de la responsabilidad civil del armador, que sigue la Ley de Contrato de Seguro y que se establece, además, como régimen supletorio en los supuestos en los que la Ley de Navegación Marítima exige contratación de seguros obligatorios que gocen de su propio régimen específico(responsabilidad civil por contaminación y por daños a los pasajeros).En las disposiciones especiales de algunas clases de seguros la ley,“por razones prácticas” -como explica la Exposición de Motivos- ha seguido los modelos de pólizas y cláusulas de tipo anglosajón, pero bajo moldes conceptuales más propios de nuestra tradiciónjurídica.Se establece con carácter indisponible la acción directa del perjudicado contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar pudiendo, lógicamente el asegurador, oponer a esa reclamación las limitaciones de responsabilidad que correspondan al asegurado.

El Título IX “De las especialidades procesales” y en materia de jurisdicción y competencia, declara nulas las cláusulas de sumisión a una jurisdicción o arbitraje extranjeros si no han sido negociadas individual y separadamente. En relación con el embargo preventivo de buques, la ley se remite al Convenio de Ginebra de 1999 completando las especialidades procesales propias de nuestro ordenamiento jurídico. Del mismo modo, con remisión expresa al Convenio de Ginebra de 1993, se regula la venta forzosa del buque.

Finalmente, en el Título X “Certificación pública de determinados expedientes de derecho marítimo” se regulan los expedientes de jurisdicción voluntaria que actualmente mantienen su razón de ser y cuya tramitación y resolución se atribuyen a los Notarios: la protesta de mar e incidencias del viaje, la liquidación de la avería gruesa, el depósito y venta de mercaderías y equipajes, el expediente sobre extravío, sustracción o destrucción del conocimiento de embarque (introducido como novedad) y el expediente de enajenación de efectos mercantiles alterados o averiados.

Aun sin profundizar en su contenido, hemos constatado que esta bienvenida Ley de Navegación Marítima, regula prácticamente todas las materias relacionadas con el Derecho Marítimo. Sin duda, un estudio doctrinal más detallado revelaría mayores virtudes -desde luego- y quizá algún defecto. Pero tales virtudes y defectos se revelarán, como en toda norma, durante su continua aplicación por los operadores marítimos y jurídicos.

Diez medidas para combatir el fraude y la corrupción .

 

El adelanto del Barómetro del CIS del mes de noviembre revela que para los españoles la corrupción y el fraude son el segundo problema –detrás del paro— más grave del país. La percepción no es errónea. Según los datos de 2013, la corrupción sustrae a los españoles unos recursos equivalentes al 1% del PIB.

 

La corrupción –sobre todo la que se produce en las instituciones– puede afectar gravemente al funcionamiento de una sociedad. Puede decirse que la primera victima de la corrupción es la confianza. La cohesión de una sociedad se logra en buena medida a través de la confianza (en las instituciones; en la economía; en el bienestar, en los mecanismos de resolución de conflictos, en la seguridad, etc.). Sin esa cohesión la convivencia democrática se ve seriamente amenazada.

 

En un intento de buscar fórmulas para atajar la corrupción diversas organizaciones (Jueces Decanos; Transparencia Internacional, etc) e incluso el mismo Gobierno han lanzado un conjunto de propuestas y medidas.

 

Hemos recogido las que nos han parecido más interesantes y añadido algunas de nuestra propia cosecha para configurar un decálogo de medidas con el que contribuir al debate de la lucha contra las conductas fraudulentas en la vida política e institucional.

 

1ª. Creación de un “FBI contra el fraude” con amplias competencias para investigar  en todos los niveles institucionales y en todas las Administraciones (Estatal, autonómica y local). La nueva “Oficina antifraude” contaría con personal multidisciplinar (la corrupción tienes muchas caras), cualificado y dotados de amplios medios materiales (sobre todo alta tecnología de la información). Su personal ha de dispone de una gran capacidad para trabajar en equipo, pues los asuntos de corrupción suelen ser enormemente complejos (medida adaptada a partir de una propuesta de los Jueces Decanos y tomando como referencia la Oficina Antifraude de la UE).

 

2ª.Recuperar el Juicio de Residencia. En la Administración española colonial existió la figura del “juicio de residencia”, según la cual los cargos salientes se sometían a una evaluación de su cometido y de las variaciones que se hubieran producido en su patrimonio personal. Es decir, un juicio ex ante y ex post de los recursos de los servidores públicos con el objetivo de comprobar la legitimidad de las eventuales ganancias (esta medida deriva de las medidas sobre transparencia que piden todos los listados).

 

3ª.Prohibición de contratar con el Sector Público. La legislación de contratación del Sector Público prohibirá a los condenados por casos de corrupción y fraude  contratar con cualquier entidad que maneje fondos públicos (esta medida, más o menos similar, ha sido pedida por el Gobierno y por los Jueces Decanos).

 

4ª. Ampliación del plazo de prescripción de los delitos relacionados con la corrupción y el fraude institucional (medida propuesta por los Jueces Decanos).

 

5ª. Agravar las penasde los delitos relacionados con la corrupción y de aquellas conductas que indirectamente amparen, oculten o faciliten la corrupción (Jueces Decanos).

 

6ª. Creación de programas de Clemencia. Similares a los que existen en el ámbito del derecho tributario y derecho de la competencia.Su objetivo es facilitar los arrepentimientos y de las delaciones de entramados de corrupción. Quienes se someten a estos programas, a cambio de sus declaraciones, denuncias y testimonios, obtienen ciertos “beneficios” en cuanto a las responsabilidades que se deriven de su conducta. Lo recaudado mediante este programa podría constituir un Fondo Nacional Antifradue (esta medida es una adaptación nuestra a partir de las petición de “facilitar las denuncias” presentada por Transparencia Internacional).

 

7ª. Captura del último responsable. Se trata de instrumentar técnicas que permitan el levantamiento del velo de las personas jurídicas para responsabilizar a los verdaderos autores, personas físicas, de los entramados de fraude y corrupción (elaborada a partir de otras instituciones de responsabilidad en otros ámbitos del derecho).

 

8ª.Establecer un tope o límite máximo de mandatos en los cargos políticos (evitando que la política sea un modusvivendi) (Transparencia internacional y otros).

 

9ª.Las cuentas claras.Publicidad obligatoria de todos los recursos de financiación de los partidos políticos (préstamos, subvenciones, cuotas, donaciones, etc.). Prohibición de las donaciones a los partidos, o sus fundaciones, procedentes de las empresas vinculadas de algún modo al sector público (Transparencia Internacional y Jueces Decanos).

10ª. Asesoramiento y Educación. Puede sonar extraño, pero si para otro tipo de asuntos es habitual, también podría aplicarse a este. Nos referimos al asesoramiento en la lucha anticorrupción por parte de expertos de países en los que ese problema se haya combatido eficazmente. Una comisión de expertos daneses, por ejemplo. También debe incidirse (como pide el IESE) en el sistema educativo, enseñando sobre los efectos perniciosos para la convivencia del fraude; mostrando la necesidad de tener “tolerancia 0” con los defraudadores.

 

¿Cómo actuar ante un despido?

 Una vez que el trabajador reciba la carta y finiquito (dado que el despido verbal conlleva la improcedencia del mismo), siempre y cuando no esté de acuerdo con las causas, es conveniente que firme “no conforme” porque de este modo estaría reservándose el ejercicio de acciones legales ante los Juzgados de lo Social.

 El siguiente paso, y recomendable, es que se ponga en manos de un abogado laboralista, ya que, es el profesional más adecuado para la defensa de sus intereses con plenas garantías.

El trabajador, antes de acudir a los Juzgados de lo Social, deberá presentar una papeleta de conciliación por despido ante el Servicio de Mediación, Conciliación y Arbitraje de su comunidad autónoma, órgano cuya principal función es la de conciliación.

 Si hubiese acuerdo, el árbitro conciliador, que es un funcionario, levantará acta de conciliación “con avenencia” y el incumplimiento por la empresa, en los términos que se pacte en la misma, conllevará que el trabajador pueda instar la ejecución de dicha acta ante los Juzgados de lo Social, la cual tiene carácter de sentencia firme.

 Por el contrario, en el caso de que no hubiese acuerdo, el árbitro conciliador levantará acta de conciliación “sin avenencia”. Tras esto, el plazo, que quedó suspendido el día que el trabajador presentó la papeleta de conciliación, se reactivará de nuevo al día siguiente de la celebración del acto de conciliación. Este plazo es de 20 día hábiles (no se tienen en cuenta los sábados, domingos y festivos).

Una vez el trabajador haya cumplido con dicho trámite podrá acudir ante los Juzgados de lo Social para interponer la respectiva demanda por despido. El Juzgado de lo Social que por turno corresponda citará a las partes a una vista, en la cual se verán los hechos alegados por las mismas y las pruebas que cada una aporte para hacer valer sus pretensiones.

 Por último, el juez señalará en su sentencia si el despido es procedente (las causas alegadas por la empresa son ciertas y su actuación es conforme a derecho), improcedente (las causas alegadas por la empresa son inciertas y se le da a la misma la opción de que opte por la readmisión, con el abono al trabajador de las nóminas dejadas de percibir desde su despido, o por el abono de una indemnización, calculada conforme a su antigüedad en la empresa hasta la fecha de su despido) o nulo (la empresa no ha actuado conforme a derecho y sólo cabe la readmisión).

 En el caso de que el despido sea declarado improcedente y el trabajador despedido sea representante legal de los trabajadores, la opción sobre la readmisión o indemnización recaerá sobre este último.

El Derecho del arte, el gran desconocido.

 

Hace unos días acudía en Madrid una vez más a mi antiguo lugar de trabajo, Subastas Segre. Esta vez, y como muchas otras veces, el objetivo de tan esperada visita era claro, hacerme con cuatro de los más de 500 lotes que componían la subasta de otoño de “Pintura y Artes Decorativas”. Y fui y vencí. No sólo me hice con los cuatro lotes que coleccionistas de provincias me habían encargado para engordar sus “museillos” sino que incluso pude permitirme comprar un quinto. “Ya sé a quién colocárselo” pensé, para automáticamente rectificar y corregirme a mi mismo en un susurro ilegible “no, éste te lo quedas, que te lo has ganado”.

Bajaba triunfante Paseo de la Habana, feliz por él éxito de la subasta, por la compra, por haber visto a mis antiguos compañeros y, sobre todo, por haber pasado dos horas disfrutando de una auténtica pasión, el Arte. Fue entonces cuando surgió en mi cabeza una idea, la de unir pasión, que en mi caso es el Arte, y profesión, el Derecho.

 El Derecho del Arte en España se presenta como un mundo difuso y, sobre todo, muy poco profesionalizado. En las Universidades de nuestro país no existen cátedras ni asignaturas dedicadas a ésta especialidad y uno tiene que conformarse con hacer pequeños cursos o incluso, en muchos de los casos, formarse en el extranjero. Aunque en realidad, la mayoría de lo aprendido es de forma autodidacta, robando horas de la vida personal para potenciar la profesional.

 El Arte es un gran ausente en los despachos de abogados más flamantes de nuestro país y las pequeñas “boutiques jurídicas” realmente especializadas y dedicadas al sector podrían contarse con los dedos de una mano. Desconocimiento, es simplemente eso. Eso, y que el arte siempre se ha topado con la pared de la incomprensión. Es un mundo que la mayoría de la gente no se toma en serio y, sin embargo, vamos que si es serio. No solamente es serio sino que, además, mueve dinero, y mucho.

 Son muchos los sectores que abarca este Derecho dentro de un despacho de abogados y que van desde el ámbito civil hasta el fiscal (IVA, ITPO, IRPF o IS), pasando por penal, mercantil (multitud de contratos), administrativo y, en gran medida, propiedad intelectual. La consultoría también es importante, para gestionar todas aquellas operaciones que no llegan al litigio como la redacción de contratos de compraventa o la planificación fiscal.

 Vamos a poner un pequeño ejemplo de la presencia que el Arte tiene en el Derecho y en los textos jurídicos:

 Propiedad Intelectual: En nuestro país, los artistas plásticos cobran derechos de propiedad intelectual cada vez que una obra suya sea revendida más allá de la transmisión inicial. Esta particular “regalía” en beneficio de los artistas, nace hace casi doscientos años en el derecho de propiedad francés con el nombre de “Droit de Suite” (Derecho Participación) y así lo recoge la Ley de Propiedad Intelectual vigente, sin embargo, a pesar de ser un derecho ampliamente extendido en el resto de Europa y de estar reconocido en España desde hace varios años, su aplicación ha sido más bien residual hasta el momento actual. Éste derecho de participación es inalienable e irrenunciable, transmitiéndose únicamente por sucesión mortis causa y extinguiéndose transcurridos 70 años de la muerte del autor.

 Administrativo: Dentro de éste ámbito es importante referirnos también al sector de las “antigüedades” ya que muchos de estos objetos gozan de una especial protección por parte de las autoridades públicas debido a su singular valor o interés histórico. Son tres los niveles de protección en función de la singular relevancia del bien que, ordenados de menor a mayor son los siguientes:

 1-      Patrimonio Histórico Español.

2-      Inventario General de Bienes Muebles.

3-      Bienes de Interés Cultural.

 La protección de estos bienes muebles implica que los propietarios o titulares tendrán unos derechos y obligaciones establecidas en el Título III de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español que establece un riguroso régimen de autorizaciones (que personas físicas y jurídicas deberán solicitar si quieren que uno de estos bienes catalogados salga del país), así como el derecho de adquisición preferente que ostenta el Estado (derecho de tanteo) sobre aquellas piezas que pretenden ser vendidas y se encuentran inscritas en alguno de éstos tres grupos.

 Fiscal: El ámbito fiscal no escapa a los inabarcables brazos del Derecho del Arte. Aquí señalar que la actividad de compraventa de objetos de arte quedará gravada por el Impuesto sobre el Valor Añadido, concretamente se regirá por el Régimen especial de bienes usados, antigüedades y objetos de arte, regulado por los artículos 135 a 139 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. En la Ley, se recoge que estas transacciones cuentan con un régimen especial, que se aplica a las entregas efectuadas por los revendedores de los bienes que se engloben dentro de alguna de las categorías del artículo 136.2º y 3º de la LIVA.

 Lo que acabamos de señalar es sólo un pequeño ejemplo de las inabarcables posibilidades que ofrece esta especialidad. Es cierto que no cabe ignorar las diversidades entre el Derecho y el Arte, sobre todo por el sentido fuerte de realidad fáctica presente en el primero, pero como suele decirse, es más fuerte lo que los une que lo que los separa y son muchas, como hemos visto, las semejanzas y vinculaciones a tener en cuenta. El Derecho debe integrarse con el Arte y con todas las manifestaciones culturales, siendo el Derecho del Arte el camino acertado para tratar de vincular el mundo jurídico con el conjunto del mundo de la cultura.

 

 

 

 

Claves para entender la Conferencia de Lima.

Se celebra estos días en la ciudad de Lima la 20ª Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta reunión internacional, que se lleva a cabo de forma periódica a través de las denominadas Conferencias de las Partes (COP), es uno de los instrumentos más importantes del Derecho Ambiental global.

 Para entender el significado de esa Cumbre, lo que está en juego y el alcance y la eficacia del Derecho Ambiental que las COP alumbran, proponemos prestar atención a las siguientes claves:

 El planeta no entiende de jurisdicciones.

 La protección del Medio Ambiente no es eficaz si las medidas y soluciones no se adoptan por acuerdo de todos los países implicados. De poco sirven los elevados estándares de protección medioambiental que aplica, por ejemplo, la UE si en el continente más próximo las emisiones de gases de efecto invernadero, la producción y eliminación residuos o las acciones destructoras de la biodiversidad carecen de límite alguno. El planeta tierra no entiende de jurisdicciones.

 El paradigma “Kyoto”

 Las cumbres contra el cambio climático nacieron hacen más o menos tres décadas gracias a la 1ª Cumbre Mundial de Clima, que se celebró en Ginebra. Era el año 1979. El mundo empezaba a ser consciente de los graves daños que la industrialización provoca en la atmósfera. El encuentro aportó indicios razonables sobre algo que se ya se intuía: las chimeneas de las fábricas estaban modificando las pautas climáticas.

 El problema recibió la máxima atención en la conocida cumbre de Río, celebrada en la citada ciudad brasileña en el año 1992. Allí se acuñó un listado fundamental de principios de acción conjunta internacional para luchar contra el cambio climático (Agenda 21).

 En la siguiente cumbre, celebrada en 1997, se fraguó el conocido Protocolo de Kyoto que consiguió el compromiso de los países firmantes para recudir sus emisiones (mecanismo rígido). Además, se acordó que la reducción y el calendario para adoptarla tendría en cuenta el grado de desarrollo y circunstancias de cada país (mecanismo flexible). Kyoto fue el gran momento del derecho ambiental global.

 Pero todo tiene su cara “B”: la mala noticia fue que algunos de los países más relevantes en cuanto al volumen de emisiones nocivas, cono EE UU, Rusia o China, no se comprometieron totalmente con el acuerdo alcanzado.

 La esperanza se reúne en Lima

 Después de Kyoto se han celebrado diversas COP (Johannesburgo; Copenhague; Bali, etc). Todas ellas poco fructíferas.

 Se esperaba que Lima pusiera fin a las divergencias y diera lugar a un gran consenso sobre la cuestión. Sobre todo ahora que los dictámenes científicos son más apremiantes en cuanto a la necesidad urgente de tomar medidas.

 Sin embargo la Cumbre de Lima está fallando. Los países en desarrollo y menos favorecidos sienten que los países ricos quieren frenar su crecimiento a través de los protocolos medioambientales.

 Tampoco hay acuerdo sobre si el foco de atención debe ponerse sobre el foco de emisión o sobre los efectos.

 Principios para un buen acuerdo

 Teniendo en cuenta el estado en el que se encuentran las conversaciones en la COP de Lima y las fricciones que se están produciendo, tal vez convendría potenciar algunos de los principios informadores del Derecho Ambiental global. Proponemos los siguientes:

 -   Profundizar en las técnicas de softlaw y mecanismos flexibles. Estas técnicas son siempre hacen más accesibles los compromisos, aunque sea mediante cumplimientos graduales.

 -  Reforzar el principio de cooperación de las partes formulado en Río. Este principio permite paliar las rigideces el principio de soberanía de cada Estado para adoptar medidas. Recordemos que la biodiversidad no entiende de fronteras.

 -   Reforzar los mecanismos de ayuda a los países en vías de desarrollo (el 0.7% de ayuda al desarrollo que aún continúa sin cumplirse; el Fondo Verde que ha de permitir a los países emergentes sustentar los compromisos sobre emisiones, etc.).

 -  Defender las medidas que atacan en origen las emisiones, aunque sin olvidar los aspectos sobre responsabilidad por los resultados. Es la postura de la UE y la que se aplica en el Derecho comunitario. Los resultados son aceptables.

La inmigración a América Latina: efectos laborales ..

Tras varios años inmersos en una crisis económica de efectos prolongados, en España  nos encontramos con casi seis millones de desempleados en el primer trimestre del año 2014, y un número actual de cotizantes de unos 16 millones y 8 millones de pensionistas, lo que corresponde a dos cotizantes por cada pensionista.

Con estos datos se ha propiciado la emigración de muchos jóvenes a países de Sudamérica y Centroamérica, países compatriotas a los que nos unen unos lazos de hermandad muy fuertes y que esta crisis económica les ha servido para emerger a nivel mundial. Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, Panamá y Méjico se encuentran entre los más destacados por su crecimiento.

Este hecho nos muestra como la palabra “crisis”, tal y como la entienden en China, puede  tener dos caras: una la de la oportunidad y otra la del peligro.

“Oportunidad” para los países latinos a los que hago referencia, cuyo crecimiento es  debido a la inversión y estabilidad interna.

“Peligro”, por contra, para los países europeos, especialmente los del sur de Europa, a los que esta crisis ha golpeado con más virulencia.

Tras esta breve introducción, es hora de centrarnos en los efectos que este fenómeno ha propiciado en el campo del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

En primer lugar, en el campo de las relaciones laborales conviene señalar que se ha roto aquella regla clásica, por la cual España acogía a un elevado número de trabajadores latinos  que cruzaban nuestras fronteras con la esperanza  de  encontrar un contrato de trabajo y una prosperidad para sus familias. Por contra, y a consecuencia de  la crisis, el camino a tomar es en sentido inverso: los jóvenes españoles buscan su oportunidad en los países centro y sudamericanos.

Esta emigración tiene la necesidad de una legislación laboral a nivel internacional, ya que, existe una notoria carencia en este campo y necesita de la voluntad de los Estados por crear un marco legal estable que regule los efectos laborales, tanto en materia de competencia judicial como de ley de aplicable.

Así pues, en materia de competencia judicial, en Europa el Reglamento 44/2001 (Reglamento de Bruselas I) establece la competencia judicial internacional en materia de contratos individuales de trabajo en torno al domicilio del empresario demandado, o en el lugar donde se prestan los servicios cuando el trabajo se desarrolla habitualmente en el mismo país, o bien en el lugar del establecimiento contratante del trabajador cuando éste presta sus servicios en varios países.

Por otro lado, en materia de ley aplicable, de acuerdo con el Reglamento 593/2008 (Reglamento de Roma I), de no acordarse la ley a aplicar, el contrato de trabajo se regirá por la ley del país en el cual el trabajador presta sus servicios habitualmente. Si por el contrario, no se pudiera determinar un país habitual de trabajo, el contrato se regiría por la ley del Estado miembro en que se halla situado el establecimiento desde el cual fue contratado el trabajador.

Tras esta breve pincelada de la legislación laboral europea, podemos apreciar la carencia reguladora existente todavía a día de hoy fuera de la Unión Europea, y en la que habría que profundizar y aunar esfuerzos para establecer un marco común.

En segundo lugar, en el campo de la Seguridad Social se han dado grandes pasos entre España y la práctica totalidad de los Estados de Sudamérica y Centroamérica. Con los convenios bilaterales en esta materias lo que se pretende, esencialmente, es establecer un régimen para la conservación de derechos adquiridos en los casos de movilidad transnacional.

Con carácter general, todos estos convenios se sustentan sobre el principio de reciprocidad, lo que genera una igualdad de trato limitado, definido caso por caso y prestación por prestación.

Eso sí, no deja de ser una técnica demasiado insatisfactoria y primaria desde el punto de vista de la protección, en la que también se debe profundizar  con objeto de dar una mayor protección al trabajador desplazado y sus beneficiarios. Como norma general, los trabajadores desplazados están sometidos a la legislación de Seguridad Social del país en cuyo territorio están ejerciendo su actividad laboral. Ahora bien, podrán seguir cotizando para la Seguridad Social española los trabajadores por cuenta ajena que ejerzan su actividad en una empresa española y que sean desplazados por la misma para realizar temporalmente una actividad en un país latino que tenga convenio bilateral con España, y los trabajadores que ejerzan su actividad por cuenta propia en España y que se trasladen temporalmente a ejercer su actividad a éste. Para ello, se tendrá que solicitar ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social la expedición del correspondiente certificado de desplazamiento.

La posibilidad de seguir cotizando en España dependerá de cada convenio, existiendo como regla general una horquilla de entre 2 a 4 años y pudiéndose solicitar una prórroga.

En cuanto a las prestaciones a cubrir dependerá de cada convenio, pudiendo ser en unos casos más amplias que en otros.

En conclusión, se debería aunar esfuerzos para alcanzar un acuerdo general en el campo laboral estableciendo unas reglas de juego entre los países latinoamericanos y España, puesto que es necesario un marco legal conjunto en dicha materia, ya que, no sólo compartimos idioma sino intereses económicos y lazos comerciales. Asimismo, es necesario seguir profundizando en los convenios bilaterales, complementando el catálogo de coberturas previsto en los mismos para que ello redunde en una mayor protección de los trabajadores y sus beneficiarios.

 

Pedro Aparicio

El pasado 25 de Septiembre acudí a Málaga para asistir a la clausura del XIV Congreso de Centros Comerciales, de cuya Asociación fui Presidente en sus inicios. Aproveché la hora del almuerzo para reunirme con uno de los socios locales de Cremades – Calvo Sotelo y al final de nuestra conversación le pedí ayuda para contactar a mi viejo amigo Pedro Aparicio, con quien tuve una magnífica relación, profesional y personal, cuando él, en calidad de Alcalde, fue Presidente de Mercamálaga y yo era Presidente de MERCASA. Al regresar a la sede del Congreso me dicen que a la cena de clausura no puede venir el actual Alcalde, mi también buen amigo Francisco de la Torre, porque acaba de fallecer uno de sus antecesores. Se trataba desgraciadamente de Pedro Aparicio.

 Antes de referirme expresamente a él, he de decir que en mi calidad de Presidente de MERCASA, nombrado por Juan Antonio García Díez en 1977, tuve una experiencia única, derivada de la renovación de los gobiernos municipales en 1979: de los diecisiete MERCAS que existían entonces, en las 17 ciudades más importantes de España, 14 pasaron a tener Alcaldes socialistas. Fue un privilegio para mí iniciar un trato asiduo y enormemente satisfactorio con personas como Tierno Galván en Madrid, Narcís Serra en Barcelona, Julián Balduz en Pamplona y otros nombres, entre ellos dos médicos con lo que tuve especial relación personal: Jesús Málaga en Salamanca y Pedro Aparicio en Málaga. Quiero dedicar estas líneas a este último.

 La sintonía personal con Pedro Aparicio fue clara desde el principio, como lo fue mi progresiva admiración por él.

 En primer lugar, fue un ejemplo de vocación para entregarse al servicio de los intereses generales. Pasar a la vida política desde una profesión liberal es un testimonio de sensibilidad social que no era frecuente entonces y que contrasta con la actitud de quienes ven en la política una carrera.

 El segundo aspecto que me pareció admirable fue su amplitud de miras para buscar lo mejor en la gestión de los asuntos públicos, sin la estrechez partidista con la que, con desgraciada frecuencia, se afrontan decisiones en las que la expectativa del voto se pone por delante de los intereses generales en juego.

 Esta actitud fue clave en nuestra relación y debo decir que generalizada con los catorce alcaldes socialistas de los que fui “socio” en los respectivos MERCAS. Tuvimos la oportunidad de dar un giro de ciento ochenta grados en la gestión de estas empresas públicas, en las que, por regla general, faltaba la preocupación por la cuenta de resultados, y pasaron pronto a tener importantes ingresos  para MERCASA y para los Ayuntamientos.

 Mercamálaga progresó en su gestión empresarial y nuestro criterio estaba por encima de cualquier instrumentación política, que, donde existe, suele convertir a la empresa pública en un puro centro de gastos.

 Pedro era un activo militante socialista que dialogaba con quienes  remaban en la misma dirección que él en la gestión de los intereses de su ciudad, sin ningún grado de politización. Un ejemplo fue mi entendimiento con él. Aunque yo no ere militante de ningún partido, mi nombramiento emanaba del Gobierno de UCD que ganó las elecciones en 1977. Si se me permite la licencia creo que puedo considerar a Pedro Aparicio como un socialista liberal, sin que se me acuse de contradictio in terminis.

 Cuando, además del entendimiento profesional y empresarial, existe la sintonía personal antes mencionada, surge espontáneamente la amistad. Buena prueba de ello fue nuestro último encuentro: en febrero de 1983, sorprendido por mi relevo al frente de MERCASA, vino a verme a Madrid y me regaló un libro editado por el Ayuntamiento de Málaga en el centenario del nacimiento de Picasso, que guardo como oro en paño en mi biblioteca, no solo por ser una joya literaria y editorial, sino, sobre todo, por la cariñosa dedicatoria de Pedro a mi mujer y a mí, en recuerdo de una memorable comida de los tres en Málaga.

 Hasta aquí mi modesto homenaje a Pedro Aparicio. Para el encuentro tendré que esperar…

 

 

Publicado en Diario Sur el 30/10/2014

 

 

 

 

La supresión de licencias urbanísticas en la Ley 9/2014 de Telecomunicaciones.

La reciente publicación y entrada en vigor de la Ley 9/2014, de 9 de mayo de Telecomunicaciones, ha traído importantes novedades en la regulación de un sector en el que el legislador estatal pretende garantizar el cumplimiento de los objetivos recogidos por la Agencia Digital para Europa, la cual requiere, en la actual situación de evolución tecnológica e incertidumbre económica, asegurar un marco regulatorio claro y estable que fomente la inversión, proporcione seguridad jurídica y elimine las barreras que han dificultado el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas.

 Dentro del objetivo de facilitar el mencionado despliegue de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, la nueva norma lleva a cabo una importante simplificación administrativa, por un lado, eliminando licencias y autorizaciones por parte de la Administración competente en materia de telecomunicaciones para determinadas instalaciones que hacen uso del espectro radioeléctrico y, por otro lado, revisando las licencias o autorizaciones por parte de las Administraciones que sean competentes, eliminando su exigibilidad para determinadas instalaciones en propiedad privada.

 Es en el ámbito de las instalaciones en propiedad privada donde se producen relevantes novedades de cara a la agilización de las obras de instalación de infraestructuras de redes o estaciones radioeléctricas, suprimiéndose el régimen de control previo (mediante licencia o autorización), por un régimen de control posterior (mediante la correspondiente declaración responsable).

 La Ley 9/2014 establece al respecto que no puede exigirse la obtención de licencia o autorización previa de instalaciones, de funcionamiento o actividad, en dos supuestos: (i) ni para el caso de la instalación de las estaciones o infraestructuras radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas a las que se refiere la Disposición Adicional Tercera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y Determinados Servicios; (ii) ni para el caso de la instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de estaciones radioeléctricas en dominio privado distintas de la anteriores cuando el operador haya presentado a la Administración pública competente un plan de despliegue o instalación que haya sido aprobado.

 Dichas licencias o autorizaciones, que ya no pueden ser exigidas, deben ser sustituidas por declaraciones responsables relativas al cumplimiento de las previsiones legales establecidas en la normativa aplicable. Al igual que como se recoge en la normativa administrativa general, la declaración responsable debe contener una manifestación explícita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles, incluido estar en posesión de la documentación que así lo acredite, y habilita para la ejecución de la correspondiente instalación a partir del momento de su presentación, lo cual no prejuzga la situación y el efectivo acomodo de las condiciones de la infraestructura o estación radioeléctrica a la normativa aplicable, ni limita el ejercicio de las potestades administrativas de comprobación, inspección, sanción y control que a la administración competente le están atribuidas.

 Finalmente, la Ley 9/2014 introduce una importante previsión en su Disposición Final Tercera, de cara a coordinar sus disposiciones con la normativa a la que éstas pudieran afectar: la Disposición Adicional Octava en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Según este nuevo precepto, las obras de instalación de infraestructuras de red o estaciones radioeléctricas de dominio privado no requieren la obtención de licencia de obras o edificación ni otras autorizaciones, debiendo en todo caso el promotor de las mismas presentar ante la autoridad competente en materia de obras de edificación una declaración responsable donde conste que las obras se llevarán a cabo según un proyecto o una memoria técnica, suscritos por técnico competente, justificativos del cumplimiento de los requisitos aplicables del Código Técnico de la Edificación. Una vez ejecutadas y finalizadas dichas obras, el promotor debe presentar una comunicación de la finalización de las obras y de que las mismas se han llevado a cabo según el proyecto técnico o memoria justificativa.

 Las nuevas disposiciones recogidas por la Ley 9/2014, de 9 de mayo de Telecomunicaciones, en relación con la instalación de infraestructuras de red o estaciones radioeléctricas en edificaciones de dominio privado, constituyen un paso adelante muy importante en la implantación de la simplificación administrativa, tan necesaria para facilitar el despliegue de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.

 

Pero ¿realmente ha caído el Muro?

En los años 90, cuando el programa Erasmus de intercambio de estudiantes europeos empezaba a funcionar, era muy habitual encontrarse con una numerosa representación de universitarios alemanes. El Estado alemán, siempre muy potente en el terreno económico y muy atento a la inversión en educación, no escatimaba en gastos y facilitaba generosamente a sus nacionales la beca europea. La mayor parte de los estudiantes alemanes solían ser oriundos de los lugares más conocidos de la parte occidental del país. Pero algunos de ellos provenían de ciudades como Leipzig; Weimar (donde murió Goethe); Dresde o Magdeburgo, por poner algunos ejemplos. Eran ciudades que, en aquel momento, habían formado parte hasta hacía muy poco tiempo de la extinta República Democrática de Alemania, esto es, la Alemania del Este. De alguna manera aquella particularidad se percibía. No sólo era la manera de vestir. Era también el modo en que se relacionaban con los otros alemanes, los occidentales. Puede decirse que, al menos en ese momento preciso, un muro aún se levantaba entre aquellos estudiantes. Eran corteses y educados entre ellos, pero de un modo frío y distante. Y por lo general procuraban no frecuentar los mismos grupos y compañías.

 Nos lamentamos aquí muchas veces de la secular existencia de las “dos españas”, como si fuéramos el único pueblo que sufre divisiones internas (González Varas disertó acertadamente sobre este sentimiento tan generalizado y falso a la vez), pero lo cierto es que, por lo menos en esa época, existían también y muy claramente dos alemanias. El asunto ha debido cambiar a lo largo de las subsiguientes décadas y la situación, seguramente, se habrá normalizado en mayor grado. Pero lo cierto es que no del todo. Veinticinco años después probablemente aún no puede afirmarse con seguridad que “el Muro” ha desaparecido totalmente. Y no me refiero a los vestigios físicos de la pared berlinesa, conservados pensando especialmente en los numerosísimos turistas que inundan la capital germana (las oleadas son tales que se han lanzado iniciativas para frenar el exceso de visitas). Me refiero a la presencia de una brecha espiritual que aún pueden percibirse a través de muchos signos. Al margen de la anecdótica diferencia que aún pervive con claridad en el urbanismo de los núcleos de población de uno y otro lado, la muestra de diferenciación más significativa y tal vez la que exija una mayor atención para percibirla tiene que ver con la mentalidad y con la traducción de dicha mentalidad al terreno de las opciones políticas. Pensemo sino dónde se encuentra el mayor vivero de votos de Die Linke (el partido neocomunista que en buena parte ha heredado el núcleo ideológico de la RDA). Un partido que en acaba de ganar unas importantes elecciones en Estado Federal de Turingia (ubicado en la parte Oriental) y que espera fundadamente mejorar sus resultados en progresión geométrica de cara a las siguientes citas electorales. Hasta hace poco, en términos de promedio, votar a Die Linke resultaba impensable para un ciudadano de la apacible Bohn o de la burguesa Frankfurt o del “socialdemocráta” Estado de Baja Sajonia (ese segmento considera a Die Linke como la Stasi reciclada). No lo era sin embargo para un vecino de Liepzig, quien a largo de estos años ha visto como la homologación con sus nacionales de la parte Occidental no ha terminado de realizarse y ello a pesar de las generosísimas inversiones, ayudas y subvenciones estatales otorgadas para nivelar ambas zonas. Parece mentira que apenas 25 años hayan podido generar una fractura tan renuente a ser solventada. En términos de ciclo histórico veinticinco años es un periodo insignificante, pero el transcurrir de la Historia parece igualmente sometido a las leyes que sobre espacio-tiempo formuló Albert Einstein (alemán de nacimiento), de modo que el tiempo transcurrido puede ser relativo también en cuanto a sus efectos y consecuencias históricas. La época industrial, comparada con el larguísimo Paleolítico (la edad de piedra ocupa el 99% de nuestra presencia en la tierra) es una nimiedad de apenas doscientos años, pero en términos de “producto” final (tecnología, transformaciones, etc), los resultados son espectaculares. La aparición del muro de Berlín tal vez sea otro de esos periodos breves pero intensísimos y muy persistentes.

Sin embargo, no debe descartarse que la solución a tan cicatera y costosa división –se dice que gran parte de la factura que Alemania imputa a los llamados PIGS es en realidad producto del enorme gasto de la Unificación– venga de mano de unos sus más evidentes síntomas, esto es, el citado partido Die Linke. Alemania, aunque líder y locomotora europea en estos tiempos de dura crisis, dispone también de un emergente “precariado” producto de las severas medidas de austeridad basadas en instrumentos tan pintorescos como los microcontratos, los microsueldos, así como en los efectos devastadores de la desigual (al menos en términos de protección social y medioambiental) globalización. El precariado alemán, no importa si del este o del oeste, ve con buenos ojos a los “protestones” e idealistas integrantes de Die Linke, los único que junto a los Verdes parecen dispuestos ha hacer “política” más allá de las meras y poco estimulantes recetas económicas.

Así pues, las próximas elecciones podrían unificar Alemania a través de los herederos ideológicos de la RDA. Mientras que la Alemania más oficial parece que tan sólo puede ofrecer más desamparo, los neocomunistas, hasta ahora marginados en las confines orientales del país, han aprendido a vender esperanza. Y lo están haciendo con éxito.

Jean Claude Juncker —un apellido ciertamente poco tranquilizador dada su evocación a la nobleza prusiana más inmovilista—, el nuevo Presidente de la Comisión Europea, en su discurso sobe el aniversario de la caída del Muro ha querido destacar precisamente eso: que el Muro se levanta ahora en forma de desigualdad. Juncker y la Comisión Europea quieren luchar también contra ese muro, aunque —es una pena— el deseo no parece muy creíble viniendo de quien ahora mismo está bajo sospecha de haber consentido o aprobado en Luxemburgo un conjunto de instrumentos normativos que favorecen la evasión fiscal de las multinacionales en perjuicio de los Estados en los que esas empresas prestan sus servicios.

 La vinculación entre el Muro y la creciente desigualdad está provocando nuevos análisis sobre las causas y efectos del hundimiento del bloque oriental. Revisitar las nociones admitidas sobre el muro de Berlín es un ejercicio político e intelectual idéntico al que puede hacerse —de hecho se está haciendo— con respecto a nuestra Transición. Las preguntas son las mismas: ¿Realmente sucedió tal y como nos han contado? ¿Los objetivos eran los declarados públicamente? ¿Pudo hacerse de otro modo? ¿Hasta dónde ese hecho histórico puede legitimar lo que sucede ahora?

El conocido historiador Tony Judt, que gozó indudablemente de una clarividente visión de la reciente historia europea, cifraba el éxito de la construcción del Estado de bienestar en Europa en dos procesos fundamentales ocurridos al término de la Segunda Guerra mundial. Uno de ellos era el poderoso auge económico que sucedió al terrible periodo bélico; un auge totalmente vinculado a la reconstrucción del desolado solar del Viejo Continente. El otro factor vino dado por la presencia, al otro lado del “muro”, del bloque comunista, cuyo objetivo, al menos en teoría, era la redención de los trabajadores. Los Estados encargados de gestionar la posguerra tomaron nota de lo ocurrido y, lógicamente, comprendieron que la estabilidad y la paz social venían de la mano una elevada protección social. Judt destaca que es precisamente la disolución del bloque soviético y su amenaza la que trae consigo y en la misma proporción la degradación del Estado de Bienestar. De alguna manera el argumento imperante, lazando desde el bloque antagónico, ya abiertamente neoliberal, venía a proclamar algo así como “si acertamos en la caducidad del comunismo, también lo hacemos en nuestras recetas sobre economía”. Se ha consagrado de alguna manera una especie de determinismo histórico en el que sólo un discurso y sus argumentos se consideran aceptables. Por tanto, la revisión del “mito del muro” para los sectores más disconformes y desencantados de la sociedad actual pasa por rechazar todas esas narraciones que con la excusa de la apertura, incontestable, a las libertades políticas lo en realidad pretenden es justificar el modelo económico que junto al muro derribó los cimientos del Estado social de corte europeo, ese tipo de organización estatal tan característica que fue reivindicada por el expresidentes brasileño Lula como Patrimonio de la Humanidad.

Los turistas pasean por lo que fue, hasta el 9 de noviembre de 2009, el punto fronterizo o chekpoint “Charlie”. Ahora es un lugar de visita obligada. Miles de personas posan para la foto (o para los selfies) con la despreocupación propia del turista. Compran algunas postales o incluso algunos vestigios del equipamiento del ejército soviético y luego se dirigen a almorzar a las hamburgueserías y locales de comida rápida más cercanos. El aniversario de la caída del Muro, veinticinco años ya, se diluye rápidamente tras las crónicas de los grandes discursos institucionales. En el mejor de los casos, pueden ser el punto de partida de políticas inteligentes. En el peor de los casos, como en la canción de Pink Floyd, tal vez no sean más que ladrillos añadidos para formar un nuevo muro.

 

Imputación Judicial.

 

Una razón más para repetir que a las cosas hay que llamarlas por su nombre

1.- Son frecuentes los comentarios, en los medios de comunicación y también en los rincones jurídicos, sobre los perturbadores efectos que –dicen- produce la llamada imputación judicial de una persona en el proceso penal. Una razón más para repetir que a las cosas hay que llamarlas por su nombre

 Incluso en el Anteproyecto de Código Procesal Penal reciente se quiere sustituir la palabra imputado por la de encausado, alegando que la imputación estigmatiza al imputado, perjudica su reputación y es contraria a la presunción de inocencia. Como si un cambio de palabras solucionara la cuestión de fondo o cambiara la verdadera posición procesal del ahora denominado imputado.

 2.- El problema jurídico del imputado y su repercusión social no vienen de la denominación, pienso yo, sino del desconocimiento de lo que significa en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) la imputación judicial penal, fruto de la confusa e incoherente regulación de la propia Ley, y de otros factores ajenos. Obsérvese que el procesamiento pervivió “sin levantar tanto polvo” durante muchos años en nuestra vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque todo ciudadano sabía lo que significaba estar procesado. A diferencia de lo que ocurre ahora cuando alguien es judicialmente imputado.

 Pero hay otras circunstancias actuales que también contribuyen a complicar la cuestión desde el punto de vista social. Entre ellas se encuentra: la Justicia como pozo de noticias, la utilización de esta para lograr publicidad personal, o para crear juicios paralelos que causen perjuicios políticos o personales, el generalizado y consentido incumplimiento de la Ley –salvo contados y determinados casos- respecto del secreto de las actuaciones penales, o el exhibicionismo de algunos –pocos pero ruidosos- Jueces estrella.

 Véase un mal ejemplo reciente, que sirve al caso aunque se trate de un asunto distinto: la policía anuncia que puede ser perjudicial para la investigación (reconocimiento en rueda) la publicación de la foto del detenido como supuesto violador; pues bien; no obstante la advertencia la foto ha aparecido después en todos los medios, reiteradamente inserta, lo cual evoca la necesidad de un cambio y de una clarificación de ideas, que falta. Lo mismo ocurre cuando se ve, sin consecuencia alguna, a ciertos abogados salir a la calle delante del Juzgado a comentar –quebrantando el secreto de las actuaciones- con los periodistas las declaraciones que, según ellos, han prestado en la instrucción sus representados u otros.

 3.- La imputación judicial es un término acuñado en la LECr., al principio de la democracia (1978), de manera casi subrepticia y no explicado ni resaltado debidamente a lo largo del articulado de la vieja Ley, ni tampoco adaptado explícitamente al básico proceso ordinario.

 La prueba es que el originario artículo 384 de la LECr –referido al procedimiento ordinario: sumario- sigue diciendo que desde que resultare del sumario algún indicio racional de criminalidad contra determinada persona se la declarará procesada y desde ese momento podrá aconsejarse de Letrado e intervenir en el procedimiento- (La cursiva es mía). Y ello a pesar de que la Ley 53/1978, de 4 de diciembre, que modificó los artículos 118 y 302 de la LECr., introdujo –con carácter general- la contradicción en la instrucción desde su inicio, reforzando el derecho de defensa y la intervención del implicado en la causa, estableciendo que <<toda persona a quien se impute un acto punible, podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, cualquiera que este sea>>.

 Por lo tanto, desde 1978 la imputación judicial alcanza a todos los procesos (también al sumario) aunque ello no se desprenda del citado art. 384. Y se produce la imputación: a) desde que al imputado [querellado, denunciado] “se le comunique la existencia del procedimiento” (es decir: desde que se ha admitido a trámite la denuncia o la querella y se ha incoado un proceso penal); b) “desde que haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar” (entiéndase, medida adoptada en vía judicial, porque el detenido en dependencias policiales –salvo que sea menor: 17. 2. 2º LRPM- no tiene derecho a servirse de Letrado sino después de haber declarado ante la Policía o de haberse negado a hacerlo (520. 6 c. y 775. 2 LECr, interpretados por la Circular FGE 1/2003 y la Consulta 2/2003 FGE); o, c) “desde que se haya acordado su procesamiento”.

 Consiguientemente la imputación judicial, desde que se introdujo en la LECr (artículo 118), constituyó un acto procesal de distinto contenido que el procesamiento, al que en gran parte superó (adelantando el derecho de defensa) y en otra absorbió (incluyendo la inculpación).

 No tiene pues sentido pensar que el artículo 118, reformado en 1978, haya introducido el derecho de defensa solo en el Procedimiento Abreviado (Diligencias Previas) y no en el sumario (ver artículo 384. 1 y 2 LECr, que se mantiene sustancialmente sin retoques), siendo así que se trata de un derecho fundamental (art. 24 CE) y debe regir con carácter general.

 Lo que dice el art. 118 “o se haya acordado su procesamiento” solo admite una interpretación: que la imputación del querellado o denunciado –su derecho a la defensa- haya concurrido en esa ocasión con la existencia de indicios racionales de criminalidad sobre él, y que –apreciados por el Juez- en el mismo acto se le notifique la existencia del procedimiento, su derecho de defensa y la situación de inculpación que sufre (vg., detenido con indicios racionales de haber cometido delito). Supuesto en que la imputación coincide excepcionalmente con el procesamiento. En lo demás casos no será así, y se limitará la imputación judicial a ser una mera consecuencia de la valoración de la participación en un delito hecha por los denunciantes o querellantes con cierto fundamento, el necesario para que el Juez decida incoar un proceso penal.

 Y es que realmente hoy el procesamiento, desprovisto de otras consecuencias, es el acto judicial cuya principal finalidad es la de concretar el sujeto o sujetos pasivos de la relación procesal, que serán los únicos que puedan ser acusados en las conclusiones provisionales (650. 3ª LECr). Sustancialmente semejante a los efectos que produce el Auto que dicta el Juez en las Diligencias Previas, cuando las transforma en Procedimiento Abreviado, con la obligación de determinar “los hechos punibles y la identificación de la persona a la que se le imputan” (art. 779. 1. 4ª LECr, que recibió su nueva redacción por la Ley 38/2002).

 4.- Puede sorprender que se critique tanto la imputación judicial y no se haya presentado socialmente el mismo reparo para el procesamiento. Quizá se deba a que cuando se procesa a una persona todos pensamos que el Juez la consideraba razonablemente cercana al juicio oral y quizá a una posible condena (indicios racionales de criminalidad) y ella misma sabe que contra su persona se han encontrado pruebas (o diligencias de cargo) que el Juez de instrucción ha valorado. Mientras que, cuando se declara imputada a una persona (vg., por haberse admitido a trámite una querella), las consecuencias reputacionales en el imputado pueden ser muchas veces desproporcionadas a su actual situación procesal, de simple sujeto con derecho a defenderse de una denuncia, que aún no ha sido valorada por el Juez como inculpación.

 Por eso me parece que la Ley debía haber distinguido los dos momentos procesales, atribuyéndoles una denominación distinta: la imputación como resolución judicial que abre el derecho a defenderse, y la inculpación –por ejemplo- para indicar el momento en que el Juez, a la vista de lo investigado, señala a los que podrán ser acusados en juicio oral como únicos sujetos pasivos de la relación procesal.  

 

La demanda de profesionales del Derecho por el sector de las TIC.

Seguramente, mientras lee estas líneas, tenga su teléfono móvil a menos de un metro de distancia. Probablemente, hoy revisará su correo electrónico en su teléfono, en su ordenador o en una tablet. Posiblemente, a través de alguno de estos medios navegue hoy en Internet y lea la prensa, lea algún blog, vea algún vídeo o compre unas entradas para asistir a un espectáculo. Todo lo anterior tiene una explicación muy sencilla: la evolución de las telecomunicaciones y del comercio electrónico, su acercamiento al consumidor, y la prestación de servicios en un entorno de seguridad jurídica y de competencia.

 Ello no es fruto de la casualidad sino de un desarrollo cuyo origen lo encontramos hace muy pocos años, con la configuración jurídica de un mercado que debía existir en libre competencia. Con la aparición y generalización del uso de Internet gracias a nuevas redes y medios de acceso, la indiscutible consolidación de la movilidad como concepto básico para entender las comunicaciones electrónicas y, en general, la desaparición de las fronteras hasta ahora existentes por la vinculación red y servicio (donde ahora sólo tendremos convergencia de redes y servicios, con operadores globales en este sentido) estamos inmersos en esta segunda edad de las nuevas tecnologías de la información: la de consolidación en convergencia.

 El sector de las TIC´s, inapreciable desde el punto de vista económico para el conjunto nacional décadas atrás y que ahora supone una vital contribución al PIB nacional, crece y crecerá sin lugar a dudas. Ha necesitado y necesitará empresas que lo desarrollen: grandes, medianas y pequeñas empresas que presten servicios, que los comercialicen, que instalen redes, que atiendan a los usuarios, que los utilicen a su vez para existir y crecer (como el comercio electrónico), etc. Y con ellas, ha necesitado y necesitará órganos que tutelen los derechos de los consumidores y órganos reguladores que supervisen el buen funcionamiento de estos mercados vinculados a las telecomunicaciones, al comercio electrónico o al sector audiovisual. Todo ello no será posible sin profesionales muy capacitados tanto desde el punto de vista técnico, empresarial como jurídico. De hecho, el sector demanda sin descanso este tipo de profesionales y así continuará sucediendo.

 Las operadoras, los prestadores de servicios de la sociedad de la información, el sector audiovisual, las administraciones públicas, las asociaciones de consumidores, cualquier empresa –grande o pequeña- presente en Internet, los despachos de abogados o las consultoras, necesitan esos profesionales; profesionales especializados, formados desde, por y para la experiencia, que desarrollen su trabajo con rigor y aporten seguridad y confianza a sus clientes, a los consumidores y a la Sociedad. Son y serán imprescindibles. Y el primer paso para convertirse en tales se halla en la formación de calidad. El Master en Negocio y Derecho de las Telecomunicaciones, Internet y del Audiovisual, dirigido por Despacho Cremades & Calvo-Sotelo, es un referente en este sentido desde su aparición en el año 1998. Desde entonces, cientos de profesionales se han formado bajo este programa y hoy desarrollan con éxito y prestigio su labor en el campo de las TIC´s. El alto nivel de exigencia y rigor con el que se desarrolla, sus aspectos jurídicos y de mercado, con la constante colaboración de los primeros juristas y empresarios en su claustro, hacen del MNDTIA un punto de referencia en la formación y desarrollo laboral del sector en España. Este programa, además, es pionero en ofrecer distintas modalidades de realización, como la opción de beca de hasta el 50% del importe de su matrícula con prácticas de tres meses en empresas del sector o en el Despacho que lo dirige, o la modalidad de realización del programa con contrato laboral de un año de duración en el Despacho).

 Cuando vuelva a utilizar el teléfono, enviar un mensaje, un correo, volar sobre las redes sociales, leer la prensa online o, simplemente, ver la televisión, recuerde que ya hay detrás miles de profesionales trabajando en ello, aportando valor, seguridad y calidad, cualidades que tienen un denominador común: el conocimiento.