El ejército de Junker

Hace unas semanas, el Presidente de la Comisión Europea, el luxemburgués Sr. Jean-Claude Juncker, ha tenido la peregrina propuesta de creación de un Ejército europeo.

Opino que el Sr. Juncker ha tenido una ocurrencia en solitario, y estamos viendo el rechazo mayoritario de la citada propuesta. Parece olvidarse de que existe la OTAN y que en lustros pasados se creo la UEO, de efímera existencia, a por su inviabilidad operativa.

Un ejército necesita, entre muchas exigencias, ser operativo y técnicamente bueno, en forma y contenido, es decir caro y no conflictivo. El entorno de Juncker ha tratado de justificar la propuesta, al ser las reacciones de sorpresa y rechazo de la idea-ocurrencia, como complementaria a las organizaciones actuales, tales como la OTAN o el Consejo de Seguridad de la ONU ( los cascos  azules), que vienen ofreciendo con mayor o menor operatividad en conflictos bélicos internacionales.

Justificar también la propuesta de un ejercito, a largo plazo, en tener un efecto disuasorio sobre la Rusia del Presidente Putin, y el actual conflicto en Ucrania, Crimea y la zona de río Don, es buscar política de ilusionismo, olvidándose de las medidas diplomáticas, económicas, etc.

La sensatez, el sentido común, el análisis de la situación, el intentar resolver el problema creando otro mal grave y duradero, es exigible.

Sepamos utilizar el mejor instrumento que tenemos de carácter, técnica y doctrinalmente militar, que es la OTAN, moviendo sobre el terreno operacional, con fuerzas armadas, combinadas y conjuntas, con las aportaciones de las tropas, disuasorias aportados por cada país participante en solucionar el conflicto. Para eso no se necesita nuevos ejércitos y FAS, cuya estructura, tipo de clase de armamento- sistema de armas, ubicación territorial sobre los terrenos-escenarios de los Estados  y Naciones, y quien ejercería el mando supremo de esas FAS “europeas”.

Seamos realistas dejémonos de inventos complejos y ocurrentes, y perfeccionemos los instrumentos actuales, Consejo de Seguridad de la ONU y OTAN. Un Ejercito con operatividad internacional, es algo muy serio. Empezando por el CONSENSO internacional en la toma de decisiones políticas, diplomáticas y militares.

Evitemos reproducir escenarios y circunstancias de los lejanos tiempos de la “guerra  fría”.

No es bueno que la propuesta del Sr. Junker o de sus “inspiradores”, la acabe de activar el correoso Presidente ruso, Sr. Putin, al iniciar una exhibición de la fuerza militar de Rusia, con unas significativas maniobras u ordenes de alerta de sus unidades militares del mar Negro, Cáucaso Norte y el Antártico.

 

Restituir el patrimonio. La constitución de un Closed-End fund.

Hace un par de semanas fuimos a los cines Odeon al norte de Hide Park mi mujer y yo invitados por una pareja de amigos ingleses a los que había conocido en una cena en beneficio del Old Possum´s practical Trust, un fondo dedicado al desarrollo, fomento y la restitución del arte que consigue a través de aportaciones voluntarias más de diez millones de euros anuales. Eric Pettigrew y su mujer Christina son buenos aficionados al arte y en concreto les apasiona la pintura, a comienzos de febrero de este año coincidimos en una importante casa de subastas en Old Brompton road.

Ese día se subastaba por un precio estimado de entre once y quince millones de euros una pintura del que hoy es reconocido ampliamente, junto a Pablo Picasso como uno de los grandes artistas del siglo XX, me refiero a Henri Matisse y su retrato “Odalisque au fauteuil noir” (1942). Se trataba de una de las piezas de la serie “Odaliscas” en las que el genio francés pintó varias figuras de concubinas, un conjunto de cuadros que constituye uno de los emblemas más reconocibles del erotismo en el arte moderno. En este cuadro, Matisse retrató a la princesa Nézy-Hamidé Chawkat, la bisnieta del último sultán de Turquía. La princesa Nézy, se trasladó a vivir a Niza con su abuela después de la proclamación de la República de Turquía. Fue precisamente en Niza donde Matisse a sus setenta años de edad la reconoció por la calle, quedando prendado de su belleza hasta tal punto que pidió formalmente a su abuela que Nézy fuera su modelo durante dos años, siempre acompañada por un chaperón que la vigilaba en todo momento durante las sesiones con el pintor. En palabras de Helena Newman, codirectora del departamento de arte moderno e impresionista de Sotheby´s, “este cuadro de exquisitos colores es uno de los más brillantes de la celebrada serie del artista que ha salido nunca al mercado”.  ¡¡Qué maravilla!!, me dije a mí mismo el día aquel en que pude ver de cerca el famoso óleo sobre lienzo y apreciar la pasión de Matisse por la estética oriental.  La subasta duró poco tiempo, alguien por teléfono decidió comprarla por unos veintidós millones de euros e incorporarla a su colección privada, quizás nunca más vuelva a verla tan cerca.

La película que vimos, inspirada en la historia real de Maria Altmann trataba sobre la recuperación del patrimonio que los nazis robaron a la familia de la protagonista durante la segunda guerra mundial y de cómo un joven abogado consigue restituirla a la heredera. Trascurridos sesenta años, Maria Altmann una mujer judía tras escapar de Viena durante la Segunda Guerra Mundial, regresa a su país de origen para recuperar el  Retrato de Adele Bloch-Baauer I, obra de Gustav Klim realizada en 1907 y en el que aparece la tía de María Altmann. Su abogado Randy Schoenberg lucha junto a ella llegando hasta la cúspide del gobierno de Austria y la Corte Suprema de Estados Unidos. Gran actuación de Helen Mirren con un final feliz que llena de esperanza otros muchos casos que a día de hoy quedan por resolver.

A mediados de la semana próxima comenzará a cotizar en la bolsa londinense Fondul Propietatea, un closed-end fund creado por el gobierno rumano en 2005 con el objetivo de compensar a sus ciudadanos por los activos que les fueron confiscados bajo el régimen comunista. Actualmente es el quinto fondo de este tipo con más valor en activos llegando a los 2.900 millones de euros. Naturalmente la ventaja más importante que surge a partir de que un fondo privado realiza una emisión de acciones en la bolsa es que obtiene financiamiento en condiciones competitivas para el fondo, si además lo hace en Reino Unido, imagínense!!!

Londres tiene un número de ventajas únicas comparado con otros mercados internacionales, cuenta con el fondo de capital internacional bajo administración más grande del mundo con 2.500 billones de euros. Esto es, un 30% más que Nueva York y mucho más que cualquier otro centro financiero importante. Londres como centro financiero tiene un modelo regulatorio británico basado en principios menos prescriptivos y, por lo tanto, menos rígidos.  Sin embargo, una ventaja de conservar la emisión en la bolsa proviene del interés que mantienen los inversores sobre el desempeño de la empresa debido a los rendimientos potenciales que pudieran obtener por el incremento en valor de su inversión. Para ello el impulsor y principal accionista del Fondo, Elliot Advisors que cuenta con casi un 20% de participación, para atraer más capital se ha comprometido a dotar al fondo de un mayor control. La operación estará capitaneada por un economista que hará las veces de controller y un grupo de abogados que serán destinados a Rumania por un periodo indefinido y cuya tarea principal será la monitorización de todas las operaciones para asegurar que se vaya a generar valor. El fondo en cuestión está compuesto por diversas participaciones, aproximadamente el 20% del valor está compuesto por participaciones en compañías rumanas controladas por el estado y activos en diversas infraestructuras. Gracias a la privatización de muchas compañías rumanas, casi la mitad de los activos del fondo se encuentran en empresas cotizadas en sectores como hidrocarburos, telecomunicaciones, aeropuertos, eléctricas tanto generación como distribución, etc.

Es además un tipo de fondos que tiene un número fijo de acciones o unidades. Los closed-end funds se diferencian de los open-ended mutual funds, en que los primeros no están abiertos a nuevas emisiones o rescates de acciones de forma continua. En este tipo de fondos cualquiera n puede vender sus participaciones de la manera en que se hace con los fondos más tradicionales. Los fondos closed-end se comportan más como acciones ya que al emitirse un número cerrado de participaciones para el público en una oferta pública inicial, éstas sólo pueden ser intercambiadas en posteriores operaciones de compra o venta en la bolsa. Tampoco están obligados este tipo de fondos a tener que emitir nuevas participaciones como si los están los fondos open-end. El precio de una participación en un fondo closed-end está totalmente determinado por la demanda de mercado, así que las participaciones pueden estar por debajo de su Valor Actualizado Neto cotizando con descuento o por encima del VAN cotizando por tanto con prima

Con esta estructura se consigue dar fiabilidad a la inversión, se consigue atraer capital y se ofrecen garantías al respecto y quizás sea este el mejor vehículo o por lo menos el más claro y fácil de ofrecer a inversores en busca de rentabilidades.

La historia verídica que aparece en la película “la dama de oro” y el lanzamiento de este nuevo fondo compuesto en gran medida por propiedades robadas a los rumanos son claros ejemplos de cómo la restitución del patrimonio a sus herederos legales no sólo consigue beneficiosos efectos a todos los niveles, tanto el afectivo como también el económico.  Quizás sea la restitución de obras de arte uno de los ejercicios judiciales más complicados para ejercer con justicia ya que en ella entran en juego tanto el derecho propio del propietario del cuadro como lo recomendable de que este sea expuesto para el disfrute del público. Algo que Maria Altmann solucionó en cierta manera ya que tras conseguir el traslado del cuadro de su tía Adéle Bloch-Bauer a Estados Unidos en 2006, lo vendió a Ronald Lauder el heredero de la casa de cosméticos Estée Lauder por casi 150 millones de euros y actualmente se expone al público en la Neue Gallery de Nueva York.

Apuesten por tanto a que en el corto y medio plazo a instancia no sólo de particulares sino de gobiernos e instituciones afectadas, veremos casos similares de restitución del patrimonio, es tan sólo cuestión de tiempo.

Datos macroeconómicos.

Estos días, como si de algo novedoso se tratara, se constata de nuevo la elevada deuda del sector público español. Nada menos que  1,0 33  billones de euros, lo que representa el  97.7% del PIB A la par, resulta que el desembolso por intereses de la deuda asciende ya a 34.533 millones de euros, 10.000 millones más que el gasto dedicado al desempleo. El dato de lo que pagamos por los intereses de la duda ha ido subiendo desde 2007 de forma exponencial.

En efecto, hemos pasado de los 387.798 millones de euros precisamente en 2007 al billón de euros de 2014. Los intereses de la duda, pasaron de los 16.892 millones d 2007 a los 34.533 millones con que se cerró el año pasado. O lo que es lo mismo, del 35.5 % del PIB de deuda pública en 2007 al 97.7% en 2014.

Estos datos ponen de manifiesto varias tendencias. Primera, que el recurso a la deuda continúa, es verdad que ahora en menor proporción, pero continua,  sin que se adviertan cambios sustanciales en la forma de gestión económico-financiera de los Entes y de los fondos públicos.  Segunda, el gasto en intereses de la deuda supera al gasto social en desempleo, la gran lacra que junto a la corrupción está golpeando duramente a nuestro país y a tantos millones de compatriotas. Tercera, y la más grave, mientras aumenta la deuda pública, cae el gasto en prestaciones por desempleo incluyendo las contributivas y las asistenciales. En concreto en 2014 la bajada ha sido  de 5.000 millones: de los 29.805 desembolsados en 2013 hemos pasado a los 24.811 en 2014, lo que supone una caída del 17% como consecuencia del menor número  de beneficiarios, de casi un 12%.

En este contexto, los gastos en intereses de la deuda de la Administración del Estado han subido un 5.8% hasta los 30.359 millones de euros, el de las Administraciones Autonómicas creció un 1.9% llegando a los 7.410 millones de euros, y los de los Entes locales bajaron un 16% llegando a los 1.139 millones de euros.

Estos datos de la contabilidad nacional que ofrece el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas siguen registrando un aumento de gasto público considerable que, sin embargo, en buena parte se va a pagar intereses de la deuda. Mientras los salarios, los de la mayoría, todos sabemos en qué niveles se encuentran.  En febrero de 2015 teníamos 2´1 millones de personas desocupadas sin subsidio o prestación frente a los 2 millones de 2014, los 1´98 millones de 2013 o  los 1´6 millones de 2012.

Mientras tanto, muchos españoles  se siguen preguntando porque las cosas siguen como están, por qué continuamos condenados a mantener esta irracional estructura pública y las legiones de paniaguados y adeptos que hasta el momento, salvo honrosas excepciones, permanecen como antes.

Mario Draghi señalaba recientemente  algo tan sencillo como evidente, bajen el gasto público y alivien la presión fiscal a los ciudadanos. En otras palabras, primero las personas, después las estructuras. Las estructuras están para las personas no las personas para las estructuras. Sin embargo….

Delenda est Universitas?

 

El ideal histórico de una educación científica y humanista a la vez, incorporado al concepto moderno de Universidad merced a las aportaciones, entre otros, de Kant, Fichte  y Humboldt vive desde hace años una crisis profunda. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que en el momento actual sólo algunos vestigios, un eco lejano, devuelven a nuestra memoria aquel modelo de Universidad, que durante los dos últimos siglos ha conformado el alma mater de la élite política e intelectual   de los países de nuestro entorno. El hecho, huelga decirlo, reviste trascendencia no sólo en el marco europeo sino de forma especial en el mundo académico español, un sector en el que las señas identitarias de la secular institución universitaria se han ido desdibujando hasta prácticamente desaparecer. Una  mirada a este último siglo, a partir sobre todo de los  años setenta, ilustra con claridad meridiana que  los procesos de especialización emprendidos en las diferentes áreas de conocimiento, lejos de atenerse a patrones de excelencia y modernidad, son la respuesta coyuntural y a todas luces insuficiente al  desafío de las nuevas tecnologías, los postulados de eficiencia económica y el progreso social. Durante décadas se ha venido desmantelando,  hasta su definitiva liquidación,  un sistema educativo anclado en el modelo  napoleónico de Universidad, cuando ni entonces ni ahora se disponía de las estructuras organizativas y funcionales que los nuevos tiempos reclaman. O dicho de otra manera: en el ámbito universitario las sucesivas propuestas de política educativa  no  han cristalizado en  una reforma digna de  tal nombre. Salvo excepciones por todos conocidas, los centros e institutos de enseñanza superior, permanentemente masificados, no pasan de ser modestas fábricas de cuadros técnicos, cuyas  muchas limitaciones y escasas ambiciones la crisis  se ha encargado de poner crudamente de manifiesto. Mas allá de lo que en Alemania se conoce como “disciplina de orquídeas”  (Orquideenfächer)  -entre las que cabría incluir las distintas filologías, la literatura o la numismática, por poner sólo ejemplos destacados-   el resto de las especialidades, tanto en letras como en ciencias, han abandonado su tradicional  dimensión humanista y con el reducto del  pensamiento crítico. Para decirlo en corto y por derecho: la banalización se ha adueñado de espacios centrales de la vida académica , quedando reducidas investigación y docencia a funciones meramente curriculares. El fracaso parcial de  la  perspectiva técnico-económica en términos de racionalización tecnológica y competitividad mantiene abiertas algunas de las viejas querelles  –endogamia, pedagogía rutinaria burocratización de la enseñanza, ausencia de interdisciplinaridad y de espacios intelectuales extracurriculares y un largo etcétera- a la espera de un modelo de innovación y modernidad, que no acaba de llegar. No parece que el Plan Bolonia y sus  benéficos efectos sean, por sí solos, la solución. Entenderlo así sería pecar de falta de sensibilidad y de realismo

2.    No es posible detenerse ahora en los  complejos factores que han contribuido al declive imparable de la Universidad. Tampoco cabe aventurar un diagnóstico y menos aún un  pronóstico   sobre el diseño institucional o los recursos humanos y materiales que requeriría un genuino proceso de modernización regeneración requeriría. En esta oportunidad me limitaré a analizar una sola  de las piezas  del proceso de modernización del sistema académico, que creo conocer bien. Me refiero al  estamento docente y, en particular, al papel determinante  -y la responsabilidad-  asignados al catedrático de Universidad.

3.      Cualquier académico avezado, y más si tiene experiencia en centros extranjeros, sabe que la estructura gradualizada de la carrera docente no es un capricho en la distribución de privilegios, un reparto convencional de papeles. Se trata de algo consustancial a la profesión científica, cuya peculiaridad tiene difícil analogía con las demás profesiones.  Un profesor universitario no es alguien que da una clase recitando un manual. Es alguien que hace ciencia y es capaz de hacer ciencia y de formar científicos. Su condición de sujeto activo del proceso científico y no de mero transmisor del saber, le obliga a acreditar mediante el doctorado su primera aptitud creadora que, acompañada de otras pruebas de habilitación adicionales, permite cualificarle para la docencia.

En los países universitariamente maduros  el reconocimiento definitivo del especial y difícil hábito científico  -lo que suele llamarse profesorado ordinario y, entre  nosotros, catedrático-  no se alcanza en esta fase inicial sino que se otorga al final de una larga trayectoria, una vez se ha incorporado a la propia personalidad esa capacidad segura para dirigir un equipo de trabajo científico y universitario y se han superado las etapas anteriores. Y aunque es más que obvio que no todos llegan ahí, que son pocos los catedráticos maestros acreditados y que las pruebas con que han sido seleccionados tal vez no sean las más apropiadas, nadie podrá negarnos a muchos de nosotros el haber pretendido alcanzar esa meta dentro de un sistema de valores construido desde tales criterios.

4.       La Universidad española, forzoso es reconocerlo, ya no descansa sobre este modelo. Para muchos de los jóvenes que en estos años han iniciado su carrera docente, la investigación es un quehacer de jornada laboral, la tesis doctoral un trámite administrativo a plazo fijo y la docencia una pura contraprestación rutinaria a ingresos siempre escasos. Conocidos durante años con el remoquete de “penenes”, estos recién incorporados a la Universidad venían condenados a la inseguridad en el empleo y a la intemperie en cuestión de sueldos y salarios. Un trabajo docente idéntico al de los funcionarios pero sin reconocerles la estabilidad y permanencia en el empleo ni exigirles competencia alguna. En ese limbo profesional los problemas de la calidad de la enseñanza, de su propia formación científica,  el estímulo intelectual y vocacional, pronto un pequeño reducto olvidado, pasaron a ocupar en la mayoría de ellos un pequeño reducto olvidado. Desde aquellas batallas inevitablemente perdidas en pro de la seguridad por el empleo, aun a costa de los tradicionales filtros de calidad de las prestaciones académicas, en un clima crispado y sumamente degradado, el modelo de acceso a los distintos estamentos de la actividad docente ha experimentado cambios significativos al compás de las sucesivas reformas legales, que con frecuencia no han servido de bálsamo ni de solución. La idea central sigue siendo empero la misma: sin ciencia no hay Universidad. Este es una valor que hay que rescatar de nuevo. Yo lo he aprendido de mis maestros, pues he tenido la fortuna de encontrarlos.

5.   A caballo entre el fantasma del “localismo”  – nadie se muda  ya a  centros docentes  a extramuros de la Comunidad Autónoma e incluso de la propia Universidad , transmutada en un auténtico bastión con barreras de entrada y de salida-  y  el viejo “maltusianismo corporativista” dotado aún de vigor,  los catedráticos, irónicamente llamados en su día “mandarines” asumen, como parte del proceso de modernización de la enseñanza y por ende la de sociedad, una grave responsabilidad en su calidad de profesorado más profesionalizado, depositario de una tradición tan trabajosamente formada,  y tan insuficientemente, contra la rutina y la vulgaridad . Otra cosa es su disposición a afrontar retos  ásperos y de grano tan menudo. Mas allá de que en los últimos años el aura de catedrático se haya visto contaminada por la degradación de la vida académica,  para muchos sigue representado  algo así como una profesión ideal, envidiable en no pocos aspectos. Adornado de  la autoridad y prestigio público que la comunidad académica confiere a una obra científica de calidad contrastada, el catedrático en el que concurren tales circunstancias goza del privilegio de la independencia. No solo su condición de funcionario le libera de preocupaciones materiales perentorias sino que cuenta con la más amplia libertad para en el diseño  del plan docente e investigador, las materias concretas de análisis monográfico así como el donde, cuándo y cómo llevar a cabo tales actividades. Y lo que es aún más importante: la legitimación, llegado el caso, para la palabra oportuna e inoportuna, a tiempo y a destiempo acompañada de una total  autonomía en el ámbito de las evaluaciones técnicas tanto personales como de orden programático. La contrapartida al ejercicio del este poder  es la responsabilidad, un binomio que descansa por lo general en su propia autodisciplina y la voluntad de contribuir eficazmente al desarrollo de la actividad educativa e investigadora. Un discurso en suma libre de injerencias, avalado por un “expertise” fundamentado en decisiones racionales y dispuesto a reconocer sus errores sin calificar de tales las opiniones divergentes. Sólo así, como dice HABERMAS, se hace acreedor  a carisma y  liderazgo por partes iguales. Nada que ver en suma con aquellos profesores exclusivamente consagrados a una parcela  limitada  de su especialidad y en ocasiones a un solo epígrafe del programa de la asignatura.

Este modelo de magisterio obliga en todo caso a clarificar qué es esencial a la institución universitaria, qué hay en ella de mudable y qué debería  ser conservado. No es fácil identificar el significado real y profundo del “alma mater”. Lo que sí cabe afirmar es que no  se trata de“un principio, un axioma, una actitud fundamental, sino lisa y llanamente una moción vocacional” (H.KÜNG). En la vida académica, y más tratándose de un docente, ello expresa en primer término y fundamentalmente una firme voluntad de razonar e incluso convencer, con argumentos,  a personas de pensamiento riguroso. En segundo lugar que los resultados de una  investigación seria y honesta adquieran valor por sí mismos con independencia de los inconvenientes o beneficios que de ahí puedan derivarse en el plano práctico. Mas aún: ningún intelectual, sea de la disciplina que sea, debe cultivar su ciencia en una torre de marfil. Al contrario: tiene que justificar en qué medida sus conocimientos contribuyen a la transformación de la sociedad y, tratándose de juristas, a la realización del ideal de justicia y equidad, que ya formulara siglos atrás Ulpiano. No sería en consecuencia lícito limitarse a pensar entre cuatro paredes lo que debe ser pregonado desde los tejados.

Hace años que tiene lugar en nuestro país, con mayor frecuencia e intensidad que en los países europeos avanzados, la “creative disaffiliation de un buen número de los catedráticos de Universidad en condiciones de hacerlo por razón de su actividad. Médicos, economistas, juristas, arquitectos y demás titulaciones liberales optan por desembarcar en el ejercicio libre de la profesión y lo hacen a sabiendas de que en la Universidad se enseña y se investiga y de que la investigación y la enseñanza, que son la razón de ser de este peculiar servicio público, exigen libertad de criterio y dedicación prioritaria. Se trata en ambos casos de piezas rigurosamente esenciales en sociedades en que la idea de control social sigue impregnando el tejido orgánico y funcional de la vida académica. El resultado es que excelentes profesores terminan apartándose de la Universidad. Algunos, unos pocos, sin perder su alto nivel en el mundo de la interdisciplinariedad y del pensamiento crítico e innovador. Otros, los más, renunciando de antemano a elaborar una obra científica  propia y  contentándose con artículos y pequeños escritos de ocasión al servicio del mercado, la economía y las finanzas. Finalmente los que consiguieron entrar  en la Universidad sin que la Universidad jamás entrara en ellos.

Esta feliz combinación de práctica profesional y alta preparación académica  -enriquecedora en tantos sentidos y de manifiesta relevancia en el desarrollo mismo de la ciencia, en este caso, de las disciplinas jurídicas-  puede desempeñar un importante papel en los procesos de modernización de la Universidad española. Basta con entender como infranqueables los límites de la profesionalidad, transparencia y honestidad sin los cuales seríamos falsificadores de monedas, haciendo pasar por verdadera la moneda falsa.

 

 

Modificación del Estatuto Jurídico del Administrador Concursal.

 

Con la reforma introducida en la Ley Concursal por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial, se introduce un nuevo capítulo II, dentro del titulo II de la Ley, integrado por un único artículo que recopila todas las funciones que ya venían atribuyéndose a la administración concursal en la propia Ley Concursal, las cuales se encontraban dispersas en todo el texto legal. Este nuevo artículo 33 distingue entre varios tipos de funciones: a) las de carácter procesal, b) las propias del deudor y de sus órganos de administración, c) las de materia laboral, d) las relativas a derechos de los acreedores, e) las de informe y evaluación, f) las de realización de valor y liquidación, g) y las funciones de secretaría.

En consecuencia, el anterior capítulo II, del titulo II, que regulaba el Estatuto jurídico del Administrador Concursal, pasa a ser el capítulo III. El contenido del actual Estatuto Jurídico del Administrador Concursal recogido en el capítulo III, salvo las modificaciones referentes a la retribución y separación de los administradores concursales que pasaré a detallar seguidamente, se corresponde con el recogido en el anterior capítulo II del mismo título.

En lo que respecta al régimen de retribución del administrador concursal, al igual que en la anterior redacción del artículo 34 de la Ley Concursal, se determinará mediante arancel que se aprobará reglamentariamente, no obstante, esta nueva redacción modifica los parámetros que deben inspirar este nuevo desarrollo reglamentario, introduciendo dos nuevos criterios a tener en consideración a la hora de establecer tal retribución, como son el número de acreedores y el tamaño del concurso, eliminando, asimismo, los criterios referentes al activo y pasivo del concurso, así como al carácter ordinario o abreviado del mismo. Esta modificación está íntimamente relacionada con la nueva clasificación de los concursos en pequeños, medianos y grandes.

El juez del concurso, sin necesidad del previo informe de la administración concursal exigido por la anterior redacción del artículo, por medio de Auto y conforme al aludido arancel, fijará la retribución del administrador concursal. Asimismo, en este Auto se establecerán los plazos en que la misma deberá ser satisfecha.

Asimismo, como principal novedad, el artículo 34 introduce el principio de eficiencia, este principio persigue incentivar la diligencia y calidad del trabajo del administrador concursal, penalizando con una reducción de su retribución a aquellos que (i) incumplan sus obligaciones, (ii) se retrasen en el cumplimiento de las mismas, (iii) o las desempeñen con una calidad deficiente.

El Auto por el que se fije o modifique la retribución de los administradores concursales se publicará en el nuevo Registro Público Concursal que pasa a sustituir a las actuales listas en los decanatos de los juzgados.

Ahondando en lo anterior, el artículo 34 establece que, en todo caso, se considerará que la calidad del trabajo es deficiente y, por tanto, deberá reducirse la retribución: (i) cuando la administración concursal incumpla cualquier obligación de información a los acreedores; (ii) cuando exceda en más de un cincuenta por ciento cualquier plazo que deba observar; (iii) o cuando se resuelvan impugnaciones sobre el inventario o la lista de acreedores a favor de los demandantes por una proporción igual o superior al 10% de la masa activa o pasiva presentada por la administración concursal en su informe. Todo ello salvo que el juez, atendiendo a las circunstancias objetivas o a la conducta diligente del administrador, resuelva lo contrario. En estos casos, su retribución sería reducida al menos en la misma proporción.

Debe tenerse en consideración que esta modificación no entrará en vigor hasta que no lo haga su desarrollo reglamentario, que deberá aprobarse a iniciativa de los Ministerios de Justicia y de Economía y Competitividad en un plazo máximo de seis meses, conforme establece la disposición transitoria segunda de la citada Ley, esto es antes de abril de 2015.

Otra de las novedades incorporadas en el Estatuto Jurídico del Administrador Concursal es la introducción de nuevas causas de separación en el artículo 37 de la Ley Concursal: (i) En primer lugar, la separación del representante legal de una persona jurídica implicará automáticamente el cese automático de ésta como administrador concursal, con la anterior redacción no tenía carácter automático; (ii) En segundo lugar, salvo que el juez atendiendo a circunstancias objetivas resuelva lo contrario, el incumplimiento grave de las funciones de administrador, así como la resolución de impugnaciones sobre el inventario o la lista de acreedores en favor de los demandantes por una cuantía igual o superior al 20% del valor de la masa activa o de la lista de acreedores presentada por la administración concursal en su informe.

Está modificación del artículo 37 entró en vigor el pasado 2 de octubre de 2014.

Partidos e interés general.

La democracia se ha definido de diferentes formas. Una de las más utilizadas entiende por tal  el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo (Lincoln) Es  gobierno del pueblo porque quienes ganan las elecciones han de dirigir la cosa pública con el pensamiento y la mirada puesta en el conjunto de la población, no en una parte o en una fracción de los habitantes por importante que esta sea. Es gobierno para el pueblo porque la acción política por excelencia de los gobiernos democráticos ha de estar situada en el interés general; esto es, en la mejora continua e integral de las condiciones de vida de los ciudadanos, con especial referencia a los más desfavorecidos. Y es gobierno por el pueblo porque la acción política se realiza a favor del pueblo, no en beneficio de cúpula que en cada momento está al mando.

 Por eso los partidos son instituciones vinculadas al interés general. Por eso la ley de transparencia y acceso a la información les es de aplicación y por eso los partidos tienen la relevante tarea de encauzar las ideas presentes en la sociedad con el fin de regir los asuntos de interés general, de acuerdo con sus idearios, para la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Que so deba ser así no quiere decir que en la realidad lo sea. Efectivamente, encuestas y sondeos de cualquier procedencia y formato revelan, no hace falta ser  muy listo para deducirlo, que hoy los partidos son las instituciones más desprestigiadas,  incluso consideradas por capas importante de la sociedad, como espacios de corrupción que se permiten trastocar los compromisos adquiridos con los electores a la par que constituyen poderosas maquinarias en las que algunos parece que fraguan grandes fortunas.

 En este sentido,  cuándo la finalidad de la actividad del partido no reside en el servicio a la comunidad a partir de una serie de propuestas y compromisos, sino que se instala en el bien de la propia organización y de sus dirigentes o colaboradores, entonces estas organizaciones se burocratizan porque la propia estructura se convierte en el fin y los aparatos se convierten en los dueños y señores de los procesos, hasta el punto de que todo, absolutamente todo, ha de pasar por ellos instaurándose un sistema de control e intervención que ahoga las iniciativas y termina por laminar a quienes las plantean.  El interés particular de los dirigentes de la tecnoestructura se impone sobre cualquier consideración de interés general. El partido se convierte en un coto cerrado para los deseos de mando y poder de quienes están al frente.

 En estos casos, nos encontramos ante partidos cerrados a la realidad, a la vida, prisioneros de las ambiciones de poder de quienes han decidido anteponer al bienestar general del pueblo su bienestar propio. Se pierde la conexión con la sociedad y, en última instancia, cuándo no hay un proyecto que ofrecer a la ciudadanía más que la propia permanencia, el centro de interés se sitúa en el control-dominio que, además de ser la garantía de supervivencia de quienes así conciben la vida partidaria, constituye una de las formas menos democráticas de ejercicio político. La autoridad moral se derrumba, la ciudadanía, empezando por militantes y simpatizantes, termina por desconectar de los políticos, se pierde la iniciativa, el proyecto se vacía y la organización ordinariamente se vuelve autista, sin capacidad para discernir las necesidades y preocupaciones colectivas de la gente, sin capacidad para detectar los intereses del pueblo. Algo que, a juzgar por la opinión general que la gente tiene de la política y de los políticos, no parece muy lejano de la realidad que nos rodea.

 Por el contrario, una organización pegada a la realidad, que atiende preferente y eficazmente a los bienes que la sociedad demanda y que permitirá probablemente hacerla mejor, es capaz de aglutinar las voluntades y de concitar las energías de la propia sociedad. Estos partidos, así configurados y dirigidos, atienden a los ámbitos de convivencia y colaboración y escuchan sinceramente las propuestas y aspiraciones colectivas convirtiéndose en centro de las aspiraciones de una mayoría social y en perseguidora incansable del bien de todos.  Son organizaciones centradas en el interés social, no simplemente en el interés de una determinada mayoría, o minoría, social por importante o relevante que esta sea.

 Si los partidos quieren que la gente preste más atención a los asuntos públicos, han de abandonar la perspectiva tecnocrática, hoy mayoritaria en muchas formaciones atenazadas por liderazgos autoritarios que impiden el afloramiento de ciertas iniciativas y, sobre todo, de la autocrítica. Los partidos han de bajar al ruedo, a la calle, a  hablar realmente con la gente, a escuchar al pueblo y, sobre todo,   a recuperar la dimensión humana en la solución de los problemas.  Los partidos, que son tan importantes en la vida democrática,  se encuentran en una difícil encrucijada, sobre todo los tradicionales. O se convierten a la democracia interna en alguna medida o irán perdiendo fuelle y temple  envueltos en las mil y una batallas que se librarán para buscar, como sea, un buen puesto en las listas electorales. Tiempo para el cambio hay, pero no mucho.

Banca rota

No quieran ver en este artículo un alegato contra los bancos. Un sistema bancario, convenientemente regulado, ha servido y sirve para el crecimiento y el progreso de muchas empresas y de la propia sociedad.

El papel desempeñado por los bancos en la época moderna influye, sin duda, dentro de la actividad económica general. El sistema bancario en la actualidad sirve para la intermediación del crédito, la intermediación de los pagos y para la administración de los capitales.

A nivel doméstico los bancos han sido y son una importante herramienta mediante la cual podemos  obtener créditos para adquirir viviendas, vehículos, etc., incluso han servido también para que no pocas familias hayan obtenido préstamos con los que han podido celebrar la Comunión o la boda de sus propios hijos.

Cabría preguntarse entonces el porqué de la mala prensa e imagen que se ha ido generalizando de la banca. La respuesta a esta pregunta es compleja y encierra muchas aristas y matices como para poderla resumir en estas pocas líneas.

Quizá una de las claves esté no tanto en satanizar a la banca sino en poner el foco en sus gestores y administradores. A este respecto es evidente que los últimos casos como el de Bankia en España o el más reciente Banco Madrid, con matriz en Andorra, no ayudan a generar confianza.

Será la Justicia la que sentencie sobre la culpabilidad o inocencia de los administradores ahora investigados, mientras tanto, a los consumidores de estos bancos les recomiendo que hagan como se hacía en la antigüedad cuando el comerciante y el prestamista se sentaban en un banco (del mobiliario urbano) a negociar: cuando los negociantes (banqueros) no podían cumplir con sus obligaciones, se les destruía su banco.

De ahí, por cierto, dicen que proviene el término banca rota…

 

Fuente: The Objective

 

La libertad de expresión en tiempos difíciles.

Cualquier observador más o menos atento a la realidad del presente es muy posible que se pregunte, extrañado, por qué en este tiempo se plantean, con ocasión y sin ella, determinados recortes, limitaciones, de las libertades, individuales y sociales. Es una pregunta que no es baladí y que manifiesta, a mi juicio, la temperatura democrática que realmente discurre por las venas de nuestro sistema político.

En efecto, por paradójico que parezca, la  llamada “extensión de los derechos civiles” ha conducido a flagrantes restricciones de las libertades  de quienes son considerados por la tecnoestructura dominante ciudadanos, hombres y mujeres, que no merecen disfrutar de determinadas posiciones y situaciones jurídicas porque no abrazan con la suficiente intensidad los nuevos dogmas que se pretenden imponer desde la cúpula. Por ejemplo, si se afirma que la libertad de expresión tiene límites, entonces que se atenga a las consecuencias de un juicio sin defensa y sin contradicción alguna. Es el caso de los que ahora plantean de forma razonable la existencia de restricciones a la libertad de expresión cuándo se usa, lisa y llanamente, para incitar al odio..

Así las cosas, no es difícil certificar que la libertad de expresión está amenazada, que la libertad educativa está en peligro, que la libertad de investigación se condiciona, que la libertad religiosa es objeto de mofa, que la libertad de expresión, la libertad ideológica, en definitiva, solo se permite según en la forma y dirección que determina la minoría dirigente.

Probablemente, la razón de tales prácticas reside  en el espíritu autoritario que anima todas estas operaciones de restricción de las libertades. Se trata de prácticas que se alojan en el espíritu autoritario que anima una forma de pensar, y de actuar, tanto en el mundo político, como en el financiero o en el mediático. Es decir, quienes mandan en estos espacios creen, a pies juntillas, que tienen  la sacrosanta tarea de liberarnos de determinadas formas de ver la vida y de entender la sociedad que a priori se juzgan peligrosas y nocivas para la salud ciudadana. Por eso, quienes no se alineen con las nuevas modas sociales deben ser expulsados del espacio público, y, por cierto,  que den gracias, de que sus ocurrencias las puedan desplegar ámbito de la conciencia individual.

Es decir, algunos, lesionando el pluralismo y la libertad, se irrogan el papel de decir, desde las terminales de la tecnoestrura, quien es demócrata y quien no lo es, quien ejerce legítima y lícitamente la libertad, y quien está en el camino del error. Y, casualmente, de esta sutil y orquestada operación suelen salir favorecidos quienes están matriculados en el tecnosistema dominante del pensamiento unilateral que hoy se exhibe como la gran verdad revelada por los únicos depositarios del genuino y primigenio sentido de la democracia.

Pues bien, frente a tanto desmán y censura: libertad, libertad y libertad; pluralismo, pluralismo y pluralismo; respeto a la diversidad, tolerancia positiva y menos prepotencia, menos autoritarismo, menos fundamentalismo y menos totalitarismo. Aunque no nos gusten las opiniones ajenas, tenemos que acostumbrarnos a convivir con ellas en un ambiente abierto, plural, dinámico y complementario siempre, claro está, que no supongan apología de la violencia o agresiones directas a las convicciones más íntimas de las personas.

Ciertamente, no son buenos tiempos para las libertades. Por eso, la lucha por  su realización se presenta  como tarea apasionante para quienes aspiren al libre pensamiento, a la visión crítica y  aexpresar sus propios puntos de vista con pleno respeto a las ideas y convicciones de los demás. No vale todo porque la libertad, como todas las expresiones de la dignidad del ser humano, cobra sentido en la medida que fomentan la convivencia pacífica, libre y solidaria entre todos los ciudadanos. Algo que se rompe cuándo aparece la violencia para matar en nombre de lo que sea y cuándo el respeto a las creencias ajenas brilla por su ausencia.

Constitución y Abogacía

Las revoluciones del siglo XVIII (un siglo antes en Inglaterra) pusieron las bases del régimen constitucional frente a los absolutismos monárquicos que los precedieron. La soberanía nacional, la organización equilibrada de los poderes, los derechos y sus garantías y la independencia del poder judicial cobraron carta de naturaleza en las excolonias británicas así como en Europa, tanto allende como aquende el Canal, y vertidos en textos normativos novedosos y singulares: las Constituciones. El Nuevo Régimen colocó el poder  al servicio de los derechos subjetivos de los ciudadanos, los cuales superaron su previa condición de súbditos de Su Majestad para ser sujetos de derechos civiles y políticos.

 

La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, texto bandera de la Revolución francesa, reza del siguiente tenor literal: “Toda sociedad en la que no están garantizados los derechos ni establecida la división de poderes carece de Constitución”.  El mensaje se extendió rápidamente: tener Constitución significaba estar incorporado a la Ilustración, al progreso, al pacto de convivencia, a la cultura de la libertad y a la primacía del Derecho. No tenerla era signo de que el país continuaba en el absolutismo, en la superstición y en el medievalismo, en el que las personas seguían siendo súbditos.

 

La Constitución, dice Loewenstein, fue durante mucho tiempo símbolo de la conciencia e independencia nacionales. Todos los países se aprestaron a dotarse de Constitución para presentarse ante el concierto de las naciones como modernos, avanzados y progresistas aunque la realidad social  y política fuera otra cosa. El falseamiento de las Constituciones fue, pues, un fenómeno que acompañó al constitucionalismo desde su origen. España no fue una excepción: antes incluso de tener una Constitución propia verdadera, tuvo una falsa: el documento de Bayona, que disponía la reducción de España a la condición de satélite perpetuo de Francia. El largo siglo y medio que lleva de Cádiz a 1978 transcurrió, salvo cortos periodos, tejiendo y destejiendo Constituciones salpicadas tristemente por guerras fratricidas.

 

La Constitución vigente, por el contrario, ha roto ese movimiento zigzagueante y ha presidido la mas dilatada etapa de convivencia democrática de nuestra Historia. Convivencia pacífica que se basa en la creación de un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores del Ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político, y que asume la dignidad de la persona, el libre desarrollo de su personalidad, los derechos inviolables y el respeto de la ley y de los derechos de los demás como fundamento de su orden político y de la paz social.

 

En un régimen constitucional como el descrito, la administración de justicia ocupa un lugar central, precisamente el que pone en relación directa al ciudadano con el aparato de poder estatal. El artículo 24.1 de la Constitución española proclama el derecho de todas las personas a obtener la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales y prohíbe tajantemente que queden en indefensión en ninguna fase del proceso. Y como derecho-garantía que, junto a otros, integran el macroderecho de tutela judicial efectiva, al apartado siguiente prescribe la asistencia letrada por ser considerado indispensable para cumplimiento de los principios de contradicción y de igualdad de las partes.

 

Consiguientemente, nuestra Constitución converge en este aspecto con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, art. 6.3, y con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14.3., textos a los que se ha unido la tan esperada Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47.2, in fine, que dispone con concisión y elegancia: “Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar”.

 

Los abogados españoles velamos para que nuestra Constitución no sea falseada como sus predecesoras, hacemos nuestro el mandato de su mencionado artículo 24, así como de los referidos preceptos supranacionales e internacionales convergentes, y ponemos nuestros conocimientos al servicio de esos valores, principios, y garantías. Del mismo modo, en nuestra función de defensa de los derechos e intereses legítimos de nuestros clientes, velamos por su seguridad jurídica y por la justicia material obtenida a través de los procedimientos formales establecidos.

 

Tenemos, pues, clara conciencia de ser un elemento colaborador insustituible en la administración de justicia, y en calidad de tales somos respetados por jueces y tribunales, que es sin duda la mejor forma de lograr el respeto para las personas que depositan su confianza en nosotros.

 

Boda eléctrica entre España y Francia.

Hace ya unas semanas los gobiernos francés y español pudieron, al fin, activar la interconexión eléctrica desde el Alt Empordà y el Rosellón. De este modo, Rajoy y Valls inauguraron la nueva interconexión eléctrica entre España y Francia. Han pasado siete años desde la firma del proyecto. Supone, desde luego, un gran hito para los dos países. No tan sólo por la envergadura económica y técnica de la obra, sino, y particularmente, por lo que representa en colaboración europea entre ejecutivos de distinto signo político tanto en la decisión inicial como en la conclusión de un proyecto.

 

La línea de alta tensión supone duplicar la capacidad actual de trasvase de energía. La interconexión ha supuesto una inversión de de 700 millones de euros, está declarada como proyecto de interés europeo y ha recibido ayudas por valor de 225 millones de euros del Programa Energético Europeo para la Recuperación (EEPR, por sus siglás en inglés), así como un préstamo de 350 millones del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

 

Red Eléctrica de España (REE) y  su análoga francesa, Réseau de Transport d’Electricité (RTE), firmaron en 2008 el acuerdo para la construcción de esta nueva línea de 400 kV con el objetivo de reforzar la seguridad de los dos sistemas eléctricos y favorecer la integración de un mayor volumen de energía renovable, especialmente, de energía eólica producida en la Península Ibérica. Actualmente se ha abierto un período de pruebas técnicas para la puesta en servicio de la interconexión a mediados de este año, en junio o julio. La línea garantiza la alimentación eléctrica de la provincia de Girona y del tren de alta velocidad gracias al complemento que discurre entre Bescanó y Santa Llogaia (Girona). Lo cierto es que quitando como se han disparado los costes previstos de manera inicial supone una buena noticia para los dos países, pero no nos debe de hacer caer en la autosatisfacción. De hecho, con dicha línea se alcanza una interconexión de 2.800 MW que se alcanzarán, aún lejos de los 10.000 exigidos por la UE. Esta interconexión va a elevar el nivel de interconexión de España hasta el 4,4 %, y si finalmente se desarrolla el cable submarino entre el País Vasco y Aquitania (Francia) a través del Golfo de Vizcaya, un proyecto que está en cuestión por su alto coste, esa capacidad se vería duplicada. Aun así, España todavía está lejos de alcanzar el 10 % marcado, motivo por el que la CE, que presentará una nueva lista de proyectos de infraestructuras prioritarios en octubre, está dispuesta a dar mayor importancia a otras interconexiones pirenaicas que ayuden a mejorar la situación de la península como las de Navarra-Burdeos, Sabiñánigo-Marsillon y Monzón-Cazaril. Lo cierto es que España se encuentra entre los países de la UE con una mayor tasa de dependencia energética, ya que necesita importar el 70,5% de la energía que consume, muy por encima del 53,2% de media comunitaria, según un informe publicado este lunes por la oficina estadística comunitaria, Eurostat.

Volviendo a la interconexión todas las obras concluyeron a finales del año pasado y se ha abierto un período de pruebas técnicas para la puesta en servicio de la interconexión a mediados de este año, en junio o julio. Red Eléctrica espera que la interconexión eléctrica esté en funcionamiento a mediados del 2015. La interconexión, declarada proyecto de interés europeo, permitirá además mejorar la calidad del suministro de las poblaciones del Roussillon y del Empordà, garantizar el suministro eléctrico necesario para el correcto funcionamiento del tren de alta velocidad en el lado español, e integrar un mayor volumen de energía renovable en la red, especialmente de energía eólica procedente del sistema ibérico.

Sin duda una buena noticia, no hablemos hoy del déficit de tarifa, de la dependencia energética de España  y  de su carácter de isla energética. Con este Proyecto somos menos dependientes y menos isla. Por fin, una buena noticia en el ámbito eléctrico. Una pequeña tregua, que puede durar menos que un relámpago: ya está circulando el rumor de que va a volver a subir el precio de la luz. Se especula con un 15% más en 2015; ¿No era bueno fomentar las interconexiones y el favorecer las competencia para que bajase el precio de la luz?, ¿En qué quedamos?

 

3D: ¿es menester ”imprimir” un nuevo marco legal?

Aparece en los diarios de prensa general y especializada con mucha asiduidad artículos y noticias relativas a la impresión 3D. Desde la construcción de un arma, cuyo proceso resultó muy sencillo ya que sólo era necesario descargarse los planos y realizar una pequeña modificación de los mismos e imprimirlos, hasta la fabricación de órganos y tejidos humanos a partir de un modelo tridimensional creado por ordenador, pasando por los objetos más diversos como soportes para el móvil, calzado, bisutería, tuercas y tornillos, etc.

Este sistema de impresión permite a quién las utiliza imprimir productos, o partes de éstos, simplemente utilizando un procedimiento informático, a través de un software, y un medio mecánico como es el periférico que realiza la impresión, todo ello mediante la obtención de un archivo de diseño tridimensional tipo CAD. Ello se puede realizar ya desde el propio domicilio del usuario si dispone de una impresora 3D o bien remitir dicho archivo a una compañía de servicios de impresión como Shapeways

La realidad próxima es que esta impresión se está desarrollando para la creación rápida de prototipos, al reducir en una parte importante el ciclo del mismo así como sus costes, y la producción de una amplia gama de productos terminados. Incluso, a pesar de parecer que la impresión en materiales compuestos puede quedar lejos en el horizonte próximo, lo cierto es que existen técnicas de desarrollo que permiten fabricar casi cualquier objeto físico como puede ser el ejemplo del MIT que a través de su departamento CSAIL (Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory) trabaja en un proyecto que permite fabricar carcasas para robots, o como la tecnología láser para la creación de material sólido mediante la aplicación de una resina líquida para productos relacionados con la nanotecnología y aplicaciones médicas.

La cuestión que debe suscitarse es cuál será el devenir de los derechos de propiedad intelectual e, incluso industrial, ante esta imparable realidad, en la cuál cualquiera desde cualquier lugar del mundo podrá imprimir en tres dimensiones productos sometidos a esta protección y cómo se debe o se puede regular las autorizaciones o licencias de los titulares de los mismos. Igualmente las ventajas tecnológicas son tantas que tendrá un efecto aún desconocido en la industria y en la manufactura por el impacto de la reducción de costo y tiempo de fabricación de los productos.

Así es que todos estos acontecimientos traerán toda una serie de cuestiones en torno a la propiedad intelectual que se deberían tener en cuenta y que pasan desde la descarga de modelos en 3D, ámbito de la propiedad intelectual, hasta la marca tridimensional, en su aspecto de propiedad industrial, pasando por el derecho a la imagen en el caso de la impresión de figuras del cuerpo humano. O qué ocurre en los casos de las impresoras de ámbito doméstico en relación con el derecho a la copia privada o cuál es o debe ser su límite. Evidentemente un artículo de impresión 3D para uso personal no infringe los derechos de diseño o patentes registradas o no registradas si tal uso es privado y no comercial, otra cuestión es si el artículo copiado tiene una marca, o encarna una forma que está protegida como marca, la copia de ésta puede no constituir infracción ya no implica su uso en el “tráfico económico”.

Diferente es que dicho artículo se ofrezca para la venta, y en ese caso, es plausible que pueda constituir una infracción de marca, del diseño o de la patente. Lo fundamental es, como se dijo anteriormente, la facilidad de la copia y la distribución instantánea de los archivos de diseño a través de Internet, que después pueden ser impresos en cualquier lugar del mundo, significa una amenaza real a la falsificación sin precedentes a todo lo conocido hasta ahora, incluso la personalización de éstos, pondrá en dificultades prácticas a los titulares de estos derechos a la hora de velar por sus intereses y protegerse de ataques a dicha propiedad, fundamentalmente en aspectos como el merchandising.

¿Ante esta perspectiva qué es lo que se puede plantear?

El Nuevo Derecho Marítimo Español.

 

El día 25 de septiembre de 2014, entró en vigor la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima. Su redacción es la respuesta del legislador a las inveteradas demandas del sector marítimo para solucionar los graves defectos de los que adolecía el Derecho Marítimo español, que bien pueden resumirse en: dispersión normativa, contradicción entre distintos los convenios internacionales suscritos por España y la normativa interna, y la existencia de una vetusta regulación de cabecera del comercio marítimo contenida en el Libro III del Código de Comercio de 1885. Con la nueva ley se pretende, en definitiva, actualizar, codificar y armonizar el hasta ahora desfasado y destartalado Derecho Marítimo español.

Para formarnos una primera idea de esta nueva Ley de Navegación Marítima, propongo un recorrido por su articulado siguiendo la senda de los títulos en que se divide y destacando en cada uno de ellos los puntos más relevantes a mi entender.

Su Título I “De la ordenación administrativa de la navegación”, contiene una regulación básica y sistemática de la policía de navegación que se completa con la normativa en materia de puertos del Estado y marina mercante y con continuas referencias a los convenios internacionales sobre la materia, y que se aplica a buques nacionales y extranjeros que navegan o se detienen en aguas españolas.

En el Título II “De los vehículos de la navegación”, se trata del estatuto jurídicodel buque, su publicidad y los modos de adquirir la propiedad. Se regula la definición de buque, su pabellón, su seguridad, y también situaciones transitorias como el buque en construcción, fondeado, varado o en desguace; y se distingue de la “embarcación”, término éste aplicado a “vehículos” de eslora inferior a veinticuatro metros y el que carezca de cubierta corrida, salvo que sea calificado reglamentariamente como unidad menor en atención a sus características de propulsión o utilización, y de los “artefactos navales” descritos como construcciones flotantes con capacidad y estructura para albergar personas o cosas, cuyo destino es permanecer en un punto fijo de las aguas. El Título II regula también la publicidad registral mediante el Registro de Bienes Muebles (Sección de Buques) para las titularidades y gravámenes, en coordinación con el Registro de Buques y Empresas Navieras, éste, de carácter administrativo.Destaco igualmente la expresa referencia a los contratos de construcción naval y compraventa de buques como propios de la adquisición de la propiedad del buque, y a los derechos de garantía sobre el buque, hipoteca naval y privilegios marítimos para cuya regulación la ley se remite a los convenios vigentes sobre la materia.

El Titulo III “De los sujetos de la navegación” comienza con la figura del armador que distingue de la del propietario del buque: se considerará armador (y por tanto, podrá estar inscrito como tal) si posee el buque y lo utiliza en la navegación, sin que sea necesario ejercer actividad empresarial. La ley conserva el concepto de “naviero” aplicado a quienes se dedican a la explotación de buques mercantes salvo los destinados a la pesca. En cuanto a la dotación, la ley también coordina las normas administrativas y mercantiles con las del Derecho del Trabajo y convenios internacionales aplicables. Es de resaltar que queda garantizada la primacía profesional del capitán para tomar decisiones autónomas en materia de seguridad personal y protección del medio marino.

El Título IV trata “De los contratos de utilización del buque”. Se han incluido los contratos de arrendamiento de buque, fletamento, pasaje, remolque (en su doble modalidad de maniobra y transporte) y arrendamiento náutico. El fletamento se configura como un contrato de transporte en la que además de las disposiciones generales reguladoras de la “vida del contrato”, se prevén las especialidades del fletamento por tiempo, por viaje, y el transporte de mercancías bajo conocimiento de embarque. La ley mantiene la regulación de la responsabilidad del porteador por daños y averías de las cosas transportadas contenido en las Reglas de La Haya-Visby, que regulan actualmente el 95% del comercio marítimo mundial.

El Titulo V “De los contratos auxiliares de la navegación” regula el contrato de gestión naval, el contrato de consignación de buques, el contrato de practicaje y el contrato de manipulación portuaria. El primero de ellos se articula en torno a los modelos de responsabilidad propia de los contratos de comisión o de agencia como prototipos de contratos de gestión de intereses ajenos, estableciéndose la responsabilidad solidaria del gestor si éste, al contratar, no indica el nombre del armador o naviero cuyo interés gestiona. En el caso del consignatario, la ley clarifica su posición considerando exonerándolo de responsabilidad como transportista en la medida en que no cobra flete para sí mismo aunque esté legitimado para firmar conocimientos de embarque. El practicaje se configura como asesoramiento e implica una actuación interactiva con el capitán y dotación del buque. Correspondiendo al capitán la decisión última de la maniobra, se atribuye sin embargo responsabilidad exclusiva al práctico en caso de asesoramiento defectuoso o inexistente. No obstante la ley establece la responsabilidad solidaria frente a terceros del armador, capitán y práctico sin perjuicio de las acciones de regreso que correspondan entre ellos. De la regulación del contrato de manipulación portuaria destacamos el carácter inderogable del sistema de responsabilidad establecido en beneficio de los usuarios de las empresas de carga y descarga.

El Título VI “De los accidentes de la navegación” comienza por el abordaje, cuya regulación se remite principalmente al Convenio de Bruselas de 1910, y declara expresamente la responsabilidad solidaria frente a terceros de los armadores involucrados en culpa compartida. En materia de avería común se siguen las Reglas de York y Amberes, previéndose además un procedimiento para los casos en que no exista acuerdo entre los interesados sobre el liquidador. En relación con el salvamento marítimo, la ley se remite expresamente al Convenio de Londres de 1989 y declarando la jurisdicción civil competente para conocer las correspondientes reclamaciones salvo, claro está, que las partes acuerden someterse a un sistema de arbitraje marítimo o cuando la intervención de órganos especializados de la Armada sea necesaria por tratarse de salvamento de bienes abandonados en la mar y de titularidad desconocida. En materia de naufragio o hundimiento de buques la ley regula la situación de los bienes afectados, el derecho de propiedad sobre los mismos, y la extracción previa autorización administrativa. En caso de contaminación marina se impone una responsabilidad cuasi objetiva del armador del buque o del titular del artefacto causante y la exigencia del correspondiente seguro obligatorio, de conformidad con los convenios internacionales aplicables a los que la ley remite.

El Título VII trata “De la limitación de la responsabilidad”. La ley simplifica los regímenes anteriores tanto internos como internacionales a partir del Convenio de Londres de 1976 (CMLR/LLMC). Se implanta un sistema de baremo o tarifa que ofrece mayor seguridad jurídica y se exige la constitución de un fondo de limitación como requisito para la válida alegación del derecho a limitar ante los órganos jurisdiccionales españoles.

Título VIII “Del contrato de seguro marítimo”. Como novedad, la ley regula la cobertura aseguradora de la responsabilidad civil del armador, que sigue la Ley de Contrato de Seguro y que se establece, además, como régimen supletorio en los supuestos en los que la Ley de Navegación Marítima exige contratación de seguros obligatorios que gocen de su propio régimen específico(responsabilidad civil por contaminación y por daños a los pasajeros).En las disposiciones especiales de algunas clases de seguros la ley,“por razones prácticas” -como explica la Exposición de Motivos- ha seguido los modelos de pólizas y cláusulas de tipo anglosajón, pero bajo moldes conceptuales más propios de nuestra tradiciónjurídica.Se establece con carácter indisponible la acción directa del perjudicado contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar pudiendo, lógicamente el asegurador, oponer a esa reclamación las limitaciones de responsabilidad que correspondan al asegurado.

El Título IX “De las especialidades procesales” y en materia de jurisdicción y competencia, declara nulas las cláusulas de sumisión a una jurisdicción o arbitraje extranjeros si no han sido negociadas individual y separadamente. En relación con el embargo preventivo de buques, la ley se remite al Convenio de Ginebra de 1999 completando las especialidades procesales propias de nuestro ordenamiento jurídico. Del mismo modo, con remisión expresa al Convenio de Ginebra de 1993, se regula la venta forzosa del buque.

Finalmente, en el Título X “Certificación pública de determinados expedientes de derecho marítimo” se regulan los expedientes de jurisdicción voluntaria que actualmente mantienen su razón de ser y cuya tramitación y resolución se atribuyen a los Notarios: la protesta de mar e incidencias del viaje, la liquidación de la avería gruesa, el depósito y venta de mercaderías y equipajes, el expediente sobre extravío, sustracción o destrucción del conocimiento de embarque (introducido como novedad) y el expediente de enajenación de efectos mercantiles alterados o averiados.

Aun sin profundizar en su contenido, hemos constatado que esta bienvenida Ley de Navegación Marítima, regula prácticamente todas las materias relacionadas con el Derecho Marítimo. Sin duda, un estudio doctrinal más detallado revelaría mayores virtudes -desde luego- y quizá algún defecto. Pero tales virtudes y defectos se revelarán, como en toda norma, durante su continua aplicación por los operadores marítimos y jurídicos.