Claves para entender la Conferencia de Lima.

Se celebra estos días en la ciudad de Lima la 20ª Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta reunión internacional, que se lleva a cabo de forma periódica a través de las denominadas Conferencias de las Partes (COP), es uno de los instrumentos más importantes del Derecho Ambiental global.

 Para entender el significado de esa Cumbre, lo que está en juego y el alcance y la eficacia del Derecho Ambiental que las COP alumbran, proponemos prestar atención a las siguientes claves:

 El planeta no entiende de jurisdicciones.

 La protección del Medio Ambiente no es eficaz si las medidas y soluciones no se adoptan por acuerdo de todos los países implicados. De poco sirven los elevados estándares de protección medioambiental que aplica, por ejemplo, la UE si en el continente más próximo las emisiones de gases de efecto invernadero, la producción y eliminación residuos o las acciones destructoras de la biodiversidad carecen de límite alguno. El planeta tierra no entiende de jurisdicciones.

 El paradigma “Kyoto”

 Las cumbres contra el cambio climático nacieron hacen más o menos tres décadas gracias a la 1ª Cumbre Mundial de Clima, que se celebró en Ginebra. Era el año 1979. El mundo empezaba a ser consciente de los graves daños que la industrialización provoca en la atmósfera. El encuentro aportó indicios razonables sobre algo que se ya se intuía: las chimeneas de las fábricas estaban modificando las pautas climáticas.

 El problema recibió la máxima atención en la conocida cumbre de Río, celebrada en la citada ciudad brasileña en el año 1992. Allí se acuñó un listado fundamental de principios de acción conjunta internacional para luchar contra el cambio climático (Agenda 21).

 En la siguiente cumbre, celebrada en 1997, se fraguó el conocido Protocolo de Kyoto que consiguió el compromiso de los países firmantes para recudir sus emisiones (mecanismo rígido). Además, se acordó que la reducción y el calendario para adoptarla tendría en cuenta el grado de desarrollo y circunstancias de cada país (mecanismo flexible). Kyoto fue el gran momento del derecho ambiental global.

 Pero todo tiene su cara “B”: la mala noticia fue que algunos de los países más relevantes en cuanto al volumen de emisiones nocivas, cono EE UU, Rusia o China, no se comprometieron totalmente con el acuerdo alcanzado.

 La esperanza se reúne en Lima

 Después de Kyoto se han celebrado diversas COP (Johannesburgo; Copenhague; Bali, etc). Todas ellas poco fructíferas.

 Se esperaba que Lima pusiera fin a las divergencias y diera lugar a un gran consenso sobre la cuestión. Sobre todo ahora que los dictámenes científicos son más apremiantes en cuanto a la necesidad urgente de tomar medidas.

 Sin embargo la Cumbre de Lima está fallando. Los países en desarrollo y menos favorecidos sienten que los países ricos quieren frenar su crecimiento a través de los protocolos medioambientales.

 Tampoco hay acuerdo sobre si el foco de atención debe ponerse sobre el foco de emisión o sobre los efectos.

 Principios para un buen acuerdo

 Teniendo en cuenta el estado en el que se encuentran las conversaciones en la COP de Lima y las fricciones que se están produciendo, tal vez convendría potenciar algunos de los principios informadores del Derecho Ambiental global. Proponemos los siguientes:

 -   Profundizar en las técnicas de softlaw y mecanismos flexibles. Estas técnicas son siempre hacen más accesibles los compromisos, aunque sea mediante cumplimientos graduales.

 -  Reforzar el principio de cooperación de las partes formulado en Río. Este principio permite paliar las rigideces el principio de soberanía de cada Estado para adoptar medidas. Recordemos que la biodiversidad no entiende de fronteras.

 -   Reforzar los mecanismos de ayuda a los países en vías de desarrollo (el 0.7% de ayuda al desarrollo que aún continúa sin cumplirse; el Fondo Verde que ha de permitir a los países emergentes sustentar los compromisos sobre emisiones, etc.).

 -  Defender las medidas que atacan en origen las emisiones, aunque sin olvidar los aspectos sobre responsabilidad por los resultados. Es la postura de la UE y la que se aplica en el Derecho comunitario. Los resultados son aceptables.

La inmigración a América Latina: efectos laborales ..

Tras varios años inmersos en una crisis económica de efectos prolongados, en España  nos encontramos con casi seis millones de desempleados en el primer trimestre del año 2014, y un número actual de cotizantes de unos 16 millones y 8 millones de pensionistas, lo que corresponde a dos cotizantes por cada pensionista.

Con estos datos se ha propiciado la emigración de muchos jóvenes a países de Sudamérica y Centroamérica, países compatriotas a los que nos unen unos lazos de hermandad muy fuertes y que esta crisis económica les ha servido para emerger a nivel mundial. Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, Panamá y Méjico se encuentran entre los más destacados por su crecimiento.

Este hecho nos muestra como la palabra “crisis”, tal y como la entienden en China, puede  tener dos caras: una la de la oportunidad y otra la del peligro.

“Oportunidad” para los países latinos a los que hago referencia, cuyo crecimiento es  debido a la inversión y estabilidad interna.

“Peligro”, por contra, para los países europeos, especialmente los del sur de Europa, a los que esta crisis ha golpeado con más virulencia.

Tras esta breve introducción, es hora de centrarnos en los efectos que este fenómeno ha propiciado en el campo del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

En primer lugar, en el campo de las relaciones laborales conviene señalar que se ha roto aquella regla clásica, por la cual España acogía a un elevado número de trabajadores latinos  que cruzaban nuestras fronteras con la esperanza  de  encontrar un contrato de trabajo y una prosperidad para sus familias. Por contra, y a consecuencia de  la crisis, el camino a tomar es en sentido inverso: los jóvenes españoles buscan su oportunidad en los países centro y sudamericanos.

Esta emigración tiene la necesidad de una legislación laboral a nivel internacional, ya que, existe una notoria carencia en este campo y necesita de la voluntad de los Estados por crear un marco legal estable que regule los efectos laborales, tanto en materia de competencia judicial como de ley de aplicable.

Así pues, en materia de competencia judicial, en Europa el Reglamento 44/2001 (Reglamento de Bruselas I) establece la competencia judicial internacional en materia de contratos individuales de trabajo en torno al domicilio del empresario demandado, o en el lugar donde se prestan los servicios cuando el trabajo se desarrolla habitualmente en el mismo país, o bien en el lugar del establecimiento contratante del trabajador cuando éste presta sus servicios en varios países.

Por otro lado, en materia de ley aplicable, de acuerdo con el Reglamento 593/2008 (Reglamento de Roma I), de no acordarse la ley a aplicar, el contrato de trabajo se regirá por la ley del país en el cual el trabajador presta sus servicios habitualmente. Si por el contrario, no se pudiera determinar un país habitual de trabajo, el contrato se regiría por la ley del Estado miembro en que se halla situado el establecimiento desde el cual fue contratado el trabajador.

Tras esta breve pincelada de la legislación laboral europea, podemos apreciar la carencia reguladora existente todavía a día de hoy fuera de la Unión Europea, y en la que habría que profundizar y aunar esfuerzos para establecer un marco común.

En segundo lugar, en el campo de la Seguridad Social se han dado grandes pasos entre España y la práctica totalidad de los Estados de Sudamérica y Centroamérica. Con los convenios bilaterales en esta materias lo que se pretende, esencialmente, es establecer un régimen para la conservación de derechos adquiridos en los casos de movilidad transnacional.

Con carácter general, todos estos convenios se sustentan sobre el principio de reciprocidad, lo que genera una igualdad de trato limitado, definido caso por caso y prestación por prestación.

Eso sí, no deja de ser una técnica demasiado insatisfactoria y primaria desde el punto de vista de la protección, en la que también se debe profundizar  con objeto de dar una mayor protección al trabajador desplazado y sus beneficiarios. Como norma general, los trabajadores desplazados están sometidos a la legislación de Seguridad Social del país en cuyo territorio están ejerciendo su actividad laboral. Ahora bien, podrán seguir cotizando para la Seguridad Social española los trabajadores por cuenta ajena que ejerzan su actividad en una empresa española y que sean desplazados por la misma para realizar temporalmente una actividad en un país latino que tenga convenio bilateral con España, y los trabajadores que ejerzan su actividad por cuenta propia en España y que se trasladen temporalmente a ejercer su actividad a éste. Para ello, se tendrá que solicitar ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social la expedición del correspondiente certificado de desplazamiento.

La posibilidad de seguir cotizando en España dependerá de cada convenio, existiendo como regla general una horquilla de entre 2 a 4 años y pudiéndose solicitar una prórroga.

En cuanto a las prestaciones a cubrir dependerá de cada convenio, pudiendo ser en unos casos más amplias que en otros.

En conclusión, se debería aunar esfuerzos para alcanzar un acuerdo general en el campo laboral estableciendo unas reglas de juego entre los países latinoamericanos y España, puesto que es necesario un marco legal conjunto en dicha materia, ya que, no sólo compartimos idioma sino intereses económicos y lazos comerciales. Asimismo, es necesario seguir profundizando en los convenios bilaterales, complementando el catálogo de coberturas previsto en los mismos para que ello redunde en una mayor protección de los trabajadores y sus beneficiarios.

 

Pedro Aparicio

El pasado 25 de Septiembre acudí a Málaga para asistir a la clausura del XIV Congreso de Centros Comerciales, de cuya Asociación fui Presidente en sus inicios. Aproveché la hora del almuerzo para reunirme con uno de los socios locales de Cremades – Calvo Sotelo y al final de nuestra conversación le pedí ayuda para contactar a mi viejo amigo Pedro Aparicio, con quien tuve una magnífica relación, profesional y personal, cuando él, en calidad de Alcalde, fue Presidente de Mercamálaga y yo era Presidente de MERCASA. Al regresar a la sede del Congreso me dicen que a la cena de clausura no puede venir el actual Alcalde, mi también buen amigo Francisco de la Torre, porque acaba de fallecer uno de sus antecesores. Se trataba desgraciadamente de Pedro Aparicio.

 Antes de referirme expresamente a él, he de decir que en mi calidad de Presidente de MERCASA, nombrado por Juan Antonio García Díez en 1977, tuve una experiencia única, derivada de la renovación de los gobiernos municipales en 1979: de los diecisiete MERCAS que existían entonces, en las 17 ciudades más importantes de España, 14 pasaron a tener Alcaldes socialistas. Fue un privilegio para mí iniciar un trato asiduo y enormemente satisfactorio con personas como Tierno Galván en Madrid, Narcís Serra en Barcelona, Julián Balduz en Pamplona y otros nombres, entre ellos dos médicos con lo que tuve especial relación personal: Jesús Málaga en Salamanca y Pedro Aparicio en Málaga. Quiero dedicar estas líneas a este último.

 La sintonía personal con Pedro Aparicio fue clara desde el principio, como lo fue mi progresiva admiración por él.

 En primer lugar, fue un ejemplo de vocación para entregarse al servicio de los intereses generales. Pasar a la vida política desde una profesión liberal es un testimonio de sensibilidad social que no era frecuente entonces y que contrasta con la actitud de quienes ven en la política una carrera.

 El segundo aspecto que me pareció admirable fue su amplitud de miras para buscar lo mejor en la gestión de los asuntos públicos, sin la estrechez partidista con la que, con desgraciada frecuencia, se afrontan decisiones en las que la expectativa del voto se pone por delante de los intereses generales en juego.

 Esta actitud fue clave en nuestra relación y debo decir que generalizada con los catorce alcaldes socialistas de los que fui “socio” en los respectivos MERCAS. Tuvimos la oportunidad de dar un giro de ciento ochenta grados en la gestión de estas empresas públicas, en las que, por regla general, faltaba la preocupación por la cuenta de resultados, y pasaron pronto a tener importantes ingresos  para MERCASA y para los Ayuntamientos.

 Mercamálaga progresó en su gestión empresarial y nuestro criterio estaba por encima de cualquier instrumentación política, que, donde existe, suele convertir a la empresa pública en un puro centro de gastos.

 Pedro era un activo militante socialista que dialogaba con quienes  remaban en la misma dirección que él en la gestión de los intereses de su ciudad, sin ningún grado de politización. Un ejemplo fue mi entendimiento con él. Aunque yo no ere militante de ningún partido, mi nombramiento emanaba del Gobierno de UCD que ganó las elecciones en 1977. Si se me permite la licencia creo que puedo considerar a Pedro Aparicio como un socialista liberal, sin que se me acuse de contradictio in terminis.

 Cuando, además del entendimiento profesional y empresarial, existe la sintonía personal antes mencionada, surge espontáneamente la amistad. Buena prueba de ello fue nuestro último encuentro: en febrero de 1983, sorprendido por mi relevo al frente de MERCASA, vino a verme a Madrid y me regaló un libro editado por el Ayuntamiento de Málaga en el centenario del nacimiento de Picasso, que guardo como oro en paño en mi biblioteca, no solo por ser una joya literaria y editorial, sino, sobre todo, por la cariñosa dedicatoria de Pedro a mi mujer y a mí, en recuerdo de una memorable comida de los tres en Málaga.

 Hasta aquí mi modesto homenaje a Pedro Aparicio. Para el encuentro tendré que esperar…

 

 

Publicado en Diario Sur el 30/10/2014

 

 

 

 

La supresión de licencias urbanísticas en la Ley 9/2014 de Telecomunicaciones.

La reciente publicación y entrada en vigor de la Ley 9/2014, de 9 de mayo de Telecomunicaciones, ha traído importantes novedades en la regulación de un sector en el que el legislador estatal pretende garantizar el cumplimiento de los objetivos recogidos por la Agencia Digital para Europa, la cual requiere, en la actual situación de evolución tecnológica e incertidumbre económica, asegurar un marco regulatorio claro y estable que fomente la inversión, proporcione seguridad jurídica y elimine las barreras que han dificultado el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas.

 Dentro del objetivo de facilitar el mencionado despliegue de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, la nueva norma lleva a cabo una importante simplificación administrativa, por un lado, eliminando licencias y autorizaciones por parte de la Administración competente en materia de telecomunicaciones para determinadas instalaciones que hacen uso del espectro radioeléctrico y, por otro lado, revisando las licencias o autorizaciones por parte de las Administraciones que sean competentes, eliminando su exigibilidad para determinadas instalaciones en propiedad privada.

 Es en el ámbito de las instalaciones en propiedad privada donde se producen relevantes novedades de cara a la agilización de las obras de instalación de infraestructuras de redes o estaciones radioeléctricas, suprimiéndose el régimen de control previo (mediante licencia o autorización), por un régimen de control posterior (mediante la correspondiente declaración responsable).

 La Ley 9/2014 establece al respecto que no puede exigirse la obtención de licencia o autorización previa de instalaciones, de funcionamiento o actividad, en dos supuestos: (i) ni para el caso de la instalación de las estaciones o infraestructuras radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas a las que se refiere la Disposición Adicional Tercera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y Determinados Servicios; (ii) ni para el caso de la instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de estaciones radioeléctricas en dominio privado distintas de la anteriores cuando el operador haya presentado a la Administración pública competente un plan de despliegue o instalación que haya sido aprobado.

 Dichas licencias o autorizaciones, que ya no pueden ser exigidas, deben ser sustituidas por declaraciones responsables relativas al cumplimiento de las previsiones legales establecidas en la normativa aplicable. Al igual que como se recoge en la normativa administrativa general, la declaración responsable debe contener una manifestación explícita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles, incluido estar en posesión de la documentación que así lo acredite, y habilita para la ejecución de la correspondiente instalación a partir del momento de su presentación, lo cual no prejuzga la situación y el efectivo acomodo de las condiciones de la infraestructura o estación radioeléctrica a la normativa aplicable, ni limita el ejercicio de las potestades administrativas de comprobación, inspección, sanción y control que a la administración competente le están atribuidas.

 Finalmente, la Ley 9/2014 introduce una importante previsión en su Disposición Final Tercera, de cara a coordinar sus disposiciones con la normativa a la que éstas pudieran afectar: la Disposición Adicional Octava en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Según este nuevo precepto, las obras de instalación de infraestructuras de red o estaciones radioeléctricas de dominio privado no requieren la obtención de licencia de obras o edificación ni otras autorizaciones, debiendo en todo caso el promotor de las mismas presentar ante la autoridad competente en materia de obras de edificación una declaración responsable donde conste que las obras se llevarán a cabo según un proyecto o una memoria técnica, suscritos por técnico competente, justificativos del cumplimiento de los requisitos aplicables del Código Técnico de la Edificación. Una vez ejecutadas y finalizadas dichas obras, el promotor debe presentar una comunicación de la finalización de las obras y de que las mismas se han llevado a cabo según el proyecto técnico o memoria justificativa.

 Las nuevas disposiciones recogidas por la Ley 9/2014, de 9 de mayo de Telecomunicaciones, en relación con la instalación de infraestructuras de red o estaciones radioeléctricas en edificaciones de dominio privado, constituyen un paso adelante muy importante en la implantación de la simplificación administrativa, tan necesaria para facilitar el despliegue de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.

 

Pero ¿realmente ha caído el Muro?

En los años 90, cuando el programa Erasmus de intercambio de estudiantes europeos empezaba a funcionar, era muy habitual encontrarse con una numerosa representación de universitarios alemanes. El Estado alemán, siempre muy potente en el terreno económico y muy atento a la inversión en educación, no escatimaba en gastos y facilitaba generosamente a sus nacionales la beca europea. La mayor parte de los estudiantes alemanes solían ser oriundos de los lugares más conocidos de la parte occidental del país. Pero algunos de ellos provenían de ciudades como Leipzig; Weimar (donde murió Goethe); Dresde o Magdeburgo, por poner algunos ejemplos. Eran ciudades que, en aquel momento, habían formado parte hasta hacía muy poco tiempo de la extinta República Democrática de Alemania, esto es, la Alemania del Este. De alguna manera aquella particularidad se percibía. No sólo era la manera de vestir. Era también el modo en que se relacionaban con los otros alemanes, los occidentales. Puede decirse que, al menos en ese momento preciso, un muro aún se levantaba entre aquellos estudiantes. Eran corteses y educados entre ellos, pero de un modo frío y distante. Y por lo general procuraban no frecuentar los mismos grupos y compañías.

 Nos lamentamos aquí muchas veces de la secular existencia de las “dos españas”, como si fuéramos el único pueblo que sufre divisiones internas (González Varas disertó acertadamente sobre este sentimiento tan generalizado y falso a la vez), pero lo cierto es que, por lo menos en esa época, existían también y muy claramente dos alemanias. El asunto ha debido cambiar a lo largo de las subsiguientes décadas y la situación, seguramente, se habrá normalizado en mayor grado. Pero lo cierto es que no del todo. Veinticinco años después probablemente aún no puede afirmarse con seguridad que “el Muro” ha desaparecido totalmente. Y no me refiero a los vestigios físicos de la pared berlinesa, conservados pensando especialmente en los numerosísimos turistas que inundan la capital germana (las oleadas son tales que se han lanzado iniciativas para frenar el exceso de visitas). Me refiero a la presencia de una brecha espiritual que aún pueden percibirse a través de muchos signos. Al margen de la anecdótica diferencia que aún pervive con claridad en el urbanismo de los núcleos de población de uno y otro lado, la muestra de diferenciación más significativa y tal vez la que exija una mayor atención para percibirla tiene que ver con la mentalidad y con la traducción de dicha mentalidad al terreno de las opciones políticas. Pensemo sino dónde se encuentra el mayor vivero de votos de Die Linke (el partido neocomunista que en buena parte ha heredado el núcleo ideológico de la RDA). Un partido que en acaba de ganar unas importantes elecciones en Estado Federal de Turingia (ubicado en la parte Oriental) y que espera fundadamente mejorar sus resultados en progresión geométrica de cara a las siguientes citas electorales. Hasta hace poco, en términos de promedio, votar a Die Linke resultaba impensable para un ciudadano de la apacible Bohn o de la burguesa Frankfurt o del “socialdemocráta” Estado de Baja Sajonia (ese segmento considera a Die Linke como la Stasi reciclada). No lo era sin embargo para un vecino de Liepzig, quien a largo de estos años ha visto como la homologación con sus nacionales de la parte Occidental no ha terminado de realizarse y ello a pesar de las generosísimas inversiones, ayudas y subvenciones estatales otorgadas para nivelar ambas zonas. Parece mentira que apenas 25 años hayan podido generar una fractura tan renuente a ser solventada. En términos de ciclo histórico veinticinco años es un periodo insignificante, pero el transcurrir de la Historia parece igualmente sometido a las leyes que sobre espacio-tiempo formuló Albert Einstein (alemán de nacimiento), de modo que el tiempo transcurrido puede ser relativo también en cuanto a sus efectos y consecuencias históricas. La época industrial, comparada con el larguísimo Paleolítico (la edad de piedra ocupa el 99% de nuestra presencia en la tierra) es una nimiedad de apenas doscientos años, pero en términos de “producto” final (tecnología, transformaciones, etc), los resultados son espectaculares. La aparición del muro de Berlín tal vez sea otro de esos periodos breves pero intensísimos y muy persistentes.

Sin embargo, no debe descartarse que la solución a tan cicatera y costosa división –se dice que gran parte de la factura que Alemania imputa a los llamados PIGS es en realidad producto del enorme gasto de la Unificación– venga de mano de unos sus más evidentes síntomas, esto es, el citado partido Die Linke. Alemania, aunque líder y locomotora europea en estos tiempos de dura crisis, dispone también de un emergente “precariado” producto de las severas medidas de austeridad basadas en instrumentos tan pintorescos como los microcontratos, los microsueldos, así como en los efectos devastadores de la desigual (al menos en términos de protección social y medioambiental) globalización. El precariado alemán, no importa si del este o del oeste, ve con buenos ojos a los “protestones” e idealistas integrantes de Die Linke, los único que junto a los Verdes parecen dispuestos ha hacer “política” más allá de las meras y poco estimulantes recetas económicas.

Así pues, las próximas elecciones podrían unificar Alemania a través de los herederos ideológicos de la RDA. Mientras que la Alemania más oficial parece que tan sólo puede ofrecer más desamparo, los neocomunistas, hasta ahora marginados en las confines orientales del país, han aprendido a vender esperanza. Y lo están haciendo con éxito.

Jean Claude Juncker —un apellido ciertamente poco tranquilizador dada su evocación a la nobleza prusiana más inmovilista—, el nuevo Presidente de la Comisión Europea, en su discurso sobe el aniversario de la caída del Muro ha querido destacar precisamente eso: que el Muro se levanta ahora en forma de desigualdad. Juncker y la Comisión Europea quieren luchar también contra ese muro, aunque —es una pena— el deseo no parece muy creíble viniendo de quien ahora mismo está bajo sospecha de haber consentido o aprobado en Luxemburgo un conjunto de instrumentos normativos que favorecen la evasión fiscal de las multinacionales en perjuicio de los Estados en los que esas empresas prestan sus servicios.

 La vinculación entre el Muro y la creciente desigualdad está provocando nuevos análisis sobre las causas y efectos del hundimiento del bloque oriental. Revisitar las nociones admitidas sobre el muro de Berlín es un ejercicio político e intelectual idéntico al que puede hacerse —de hecho se está haciendo— con respecto a nuestra Transición. Las preguntas son las mismas: ¿Realmente sucedió tal y como nos han contado? ¿Los objetivos eran los declarados públicamente? ¿Pudo hacerse de otro modo? ¿Hasta dónde ese hecho histórico puede legitimar lo que sucede ahora?

El conocido historiador Tony Judt, que gozó indudablemente de una clarividente visión de la reciente historia europea, cifraba el éxito de la construcción del Estado de bienestar en Europa en dos procesos fundamentales ocurridos al término de la Segunda Guerra mundial. Uno de ellos era el poderoso auge económico que sucedió al terrible periodo bélico; un auge totalmente vinculado a la reconstrucción del desolado solar del Viejo Continente. El otro factor vino dado por la presencia, al otro lado del “muro”, del bloque comunista, cuyo objetivo, al menos en teoría, era la redención de los trabajadores. Los Estados encargados de gestionar la posguerra tomaron nota de lo ocurrido y, lógicamente, comprendieron que la estabilidad y la paz social venían de la mano una elevada protección social. Judt destaca que es precisamente la disolución del bloque soviético y su amenaza la que trae consigo y en la misma proporción la degradación del Estado de Bienestar. De alguna manera el argumento imperante, lazando desde el bloque antagónico, ya abiertamente neoliberal, venía a proclamar algo así como “si acertamos en la caducidad del comunismo, también lo hacemos en nuestras recetas sobre economía”. Se ha consagrado de alguna manera una especie de determinismo histórico en el que sólo un discurso y sus argumentos se consideran aceptables. Por tanto, la revisión del “mito del muro” para los sectores más disconformes y desencantados de la sociedad actual pasa por rechazar todas esas narraciones que con la excusa de la apertura, incontestable, a las libertades políticas lo en realidad pretenden es justificar el modelo económico que junto al muro derribó los cimientos del Estado social de corte europeo, ese tipo de organización estatal tan característica que fue reivindicada por el expresidentes brasileño Lula como Patrimonio de la Humanidad.

Los turistas pasean por lo que fue, hasta el 9 de noviembre de 2009, el punto fronterizo o chekpoint “Charlie”. Ahora es un lugar de visita obligada. Miles de personas posan para la foto (o para los selfies) con la despreocupación propia del turista. Compran algunas postales o incluso algunos vestigios del equipamiento del ejército soviético y luego se dirigen a almorzar a las hamburgueserías y locales de comida rápida más cercanos. El aniversario de la caída del Muro, veinticinco años ya, se diluye rápidamente tras las crónicas de los grandes discursos institucionales. En el mejor de los casos, pueden ser el punto de partida de políticas inteligentes. En el peor de los casos, como en la canción de Pink Floyd, tal vez no sean más que ladrillos añadidos para formar un nuevo muro.

 

Imputación Judicial.

 

Una razón más para repetir que a las cosas hay que llamarlas por su nombre

1.- Son frecuentes los comentarios, en los medios de comunicación y también en los rincones jurídicos, sobre los perturbadores efectos que –dicen- produce la llamada imputación judicial de una persona en el proceso penal. Una razón más para repetir que a las cosas hay que llamarlas por su nombre

 Incluso en el Anteproyecto de Código Procesal Penal reciente se quiere sustituir la palabra imputado por la de encausado, alegando que la imputación estigmatiza al imputado, perjudica su reputación y es contraria a la presunción de inocencia. Como si un cambio de palabras solucionara la cuestión de fondo o cambiara la verdadera posición procesal del ahora denominado imputado.

 2.- El problema jurídico del imputado y su repercusión social no vienen de la denominación, pienso yo, sino del desconocimiento de lo que significa en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) la imputación judicial penal, fruto de la confusa e incoherente regulación de la propia Ley, y de otros factores ajenos. Obsérvese que el procesamiento pervivió “sin levantar tanto polvo” durante muchos años en nuestra vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque todo ciudadano sabía lo que significaba estar procesado. A diferencia de lo que ocurre ahora cuando alguien es judicialmente imputado.

 Pero hay otras circunstancias actuales que también contribuyen a complicar la cuestión desde el punto de vista social. Entre ellas se encuentra: la Justicia como pozo de noticias, la utilización de esta para lograr publicidad personal, o para crear juicios paralelos que causen perjuicios políticos o personales, el generalizado y consentido incumplimiento de la Ley –salvo contados y determinados casos- respecto del secreto de las actuaciones penales, o el exhibicionismo de algunos –pocos pero ruidosos- Jueces estrella.

 Véase un mal ejemplo reciente, que sirve al caso aunque se trate de un asunto distinto: la policía anuncia que puede ser perjudicial para la investigación (reconocimiento en rueda) la publicación de la foto del detenido como supuesto violador; pues bien; no obstante la advertencia la foto ha aparecido después en todos los medios, reiteradamente inserta, lo cual evoca la necesidad de un cambio y de una clarificación de ideas, que falta. Lo mismo ocurre cuando se ve, sin consecuencia alguna, a ciertos abogados salir a la calle delante del Juzgado a comentar –quebrantando el secreto de las actuaciones- con los periodistas las declaraciones que, según ellos, han prestado en la instrucción sus representados u otros.

 3.- La imputación judicial es un término acuñado en la LECr., al principio de la democracia (1978), de manera casi subrepticia y no explicado ni resaltado debidamente a lo largo del articulado de la vieja Ley, ni tampoco adaptado explícitamente al básico proceso ordinario.

 La prueba es que el originario artículo 384 de la LECr –referido al procedimiento ordinario: sumario- sigue diciendo que desde que resultare del sumario algún indicio racional de criminalidad contra determinada persona se la declarará procesada y desde ese momento podrá aconsejarse de Letrado e intervenir en el procedimiento- (La cursiva es mía). Y ello a pesar de que la Ley 53/1978, de 4 de diciembre, que modificó los artículos 118 y 302 de la LECr., introdujo –con carácter general- la contradicción en la instrucción desde su inicio, reforzando el derecho de defensa y la intervención del implicado en la causa, estableciendo que <<toda persona a quien se impute un acto punible, podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, cualquiera que este sea>>.

 Por lo tanto, desde 1978 la imputación judicial alcanza a todos los procesos (también al sumario) aunque ello no se desprenda del citado art. 384. Y se produce la imputación: a) desde que al imputado [querellado, denunciado] “se le comunique la existencia del procedimiento” (es decir: desde que se ha admitido a trámite la denuncia o la querella y se ha incoado un proceso penal); b) “desde que haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar” (entiéndase, medida adoptada en vía judicial, porque el detenido en dependencias policiales –salvo que sea menor: 17. 2. 2º LRPM- no tiene derecho a servirse de Letrado sino después de haber declarado ante la Policía o de haberse negado a hacerlo (520. 6 c. y 775. 2 LECr, interpretados por la Circular FGE 1/2003 y la Consulta 2/2003 FGE); o, c) “desde que se haya acordado su procesamiento”.

 Consiguientemente la imputación judicial, desde que se introdujo en la LECr (artículo 118), constituyó un acto procesal de distinto contenido que el procesamiento, al que en gran parte superó (adelantando el derecho de defensa) y en otra absorbió (incluyendo la inculpación).

 No tiene pues sentido pensar que el artículo 118, reformado en 1978, haya introducido el derecho de defensa solo en el Procedimiento Abreviado (Diligencias Previas) y no en el sumario (ver artículo 384. 1 y 2 LECr, que se mantiene sustancialmente sin retoques), siendo así que se trata de un derecho fundamental (art. 24 CE) y debe regir con carácter general.

 Lo que dice el art. 118 “o se haya acordado su procesamiento” solo admite una interpretación: que la imputación del querellado o denunciado –su derecho a la defensa- haya concurrido en esa ocasión con la existencia de indicios racionales de criminalidad sobre él, y que –apreciados por el Juez- en el mismo acto se le notifique la existencia del procedimiento, su derecho de defensa y la situación de inculpación que sufre (vg., detenido con indicios racionales de haber cometido delito). Supuesto en que la imputación coincide excepcionalmente con el procesamiento. En lo demás casos no será así, y se limitará la imputación judicial a ser una mera consecuencia de la valoración de la participación en un delito hecha por los denunciantes o querellantes con cierto fundamento, el necesario para que el Juez decida incoar un proceso penal.

 Y es que realmente hoy el procesamiento, desprovisto de otras consecuencias, es el acto judicial cuya principal finalidad es la de concretar el sujeto o sujetos pasivos de la relación procesal, que serán los únicos que puedan ser acusados en las conclusiones provisionales (650. 3ª LECr). Sustancialmente semejante a los efectos que produce el Auto que dicta el Juez en las Diligencias Previas, cuando las transforma en Procedimiento Abreviado, con la obligación de determinar “los hechos punibles y la identificación de la persona a la que se le imputan” (art. 779. 1. 4ª LECr, que recibió su nueva redacción por la Ley 38/2002).

 4.- Puede sorprender que se critique tanto la imputación judicial y no se haya presentado socialmente el mismo reparo para el procesamiento. Quizá se deba a que cuando se procesa a una persona todos pensamos que el Juez la consideraba razonablemente cercana al juicio oral y quizá a una posible condena (indicios racionales de criminalidad) y ella misma sabe que contra su persona se han encontrado pruebas (o diligencias de cargo) que el Juez de instrucción ha valorado. Mientras que, cuando se declara imputada a una persona (vg., por haberse admitido a trámite una querella), las consecuencias reputacionales en el imputado pueden ser muchas veces desproporcionadas a su actual situación procesal, de simple sujeto con derecho a defenderse de una denuncia, que aún no ha sido valorada por el Juez como inculpación.

 Por eso me parece que la Ley debía haber distinguido los dos momentos procesales, atribuyéndoles una denominación distinta: la imputación como resolución judicial que abre el derecho a defenderse, y la inculpación –por ejemplo- para indicar el momento en que el Juez, a la vista de lo investigado, señala a los que podrán ser acusados en juicio oral como únicos sujetos pasivos de la relación procesal.  

 

La demanda de profesionales del Derecho por el sector de las TIC.

Seguramente, mientras lee estas líneas, tenga su teléfono móvil a menos de un metro de distancia. Probablemente, hoy revisará su correo electrónico en su teléfono, en su ordenador o en una tablet. Posiblemente, a través de alguno de estos medios navegue hoy en Internet y lea la prensa, lea algún blog, vea algún vídeo o compre unas entradas para asistir a un espectáculo. Todo lo anterior tiene una explicación muy sencilla: la evolución de las telecomunicaciones y del comercio electrónico, su acercamiento al consumidor, y la prestación de servicios en un entorno de seguridad jurídica y de competencia.

 Ello no es fruto de la casualidad sino de un desarrollo cuyo origen lo encontramos hace muy pocos años, con la configuración jurídica de un mercado que debía existir en libre competencia. Con la aparición y generalización del uso de Internet gracias a nuevas redes y medios de acceso, la indiscutible consolidación de la movilidad como concepto básico para entender las comunicaciones electrónicas y, en general, la desaparición de las fronteras hasta ahora existentes por la vinculación red y servicio (donde ahora sólo tendremos convergencia de redes y servicios, con operadores globales en este sentido) estamos inmersos en esta segunda edad de las nuevas tecnologías de la información: la de consolidación en convergencia.

 El sector de las TIC´s, inapreciable desde el punto de vista económico para el conjunto nacional décadas atrás y que ahora supone una vital contribución al PIB nacional, crece y crecerá sin lugar a dudas. Ha necesitado y necesitará empresas que lo desarrollen: grandes, medianas y pequeñas empresas que presten servicios, que los comercialicen, que instalen redes, que atiendan a los usuarios, que los utilicen a su vez para existir y crecer (como el comercio electrónico), etc. Y con ellas, ha necesitado y necesitará órganos que tutelen los derechos de los consumidores y órganos reguladores que supervisen el buen funcionamiento de estos mercados vinculados a las telecomunicaciones, al comercio electrónico o al sector audiovisual. Todo ello no será posible sin profesionales muy capacitados tanto desde el punto de vista técnico, empresarial como jurídico. De hecho, el sector demanda sin descanso este tipo de profesionales y así continuará sucediendo.

 Las operadoras, los prestadores de servicios de la sociedad de la información, el sector audiovisual, las administraciones públicas, las asociaciones de consumidores, cualquier empresa –grande o pequeña- presente en Internet, los despachos de abogados o las consultoras, necesitan esos profesionales; profesionales especializados, formados desde, por y para la experiencia, que desarrollen su trabajo con rigor y aporten seguridad y confianza a sus clientes, a los consumidores y a la Sociedad. Son y serán imprescindibles. Y el primer paso para convertirse en tales se halla en la formación de calidad. El Master en Negocio y Derecho de las Telecomunicaciones, Internet y del Audiovisual, dirigido por Despacho Cremades & Calvo-Sotelo, es un referente en este sentido desde su aparición en el año 1998. Desde entonces, cientos de profesionales se han formado bajo este programa y hoy desarrollan con éxito y prestigio su labor en el campo de las TIC´s. El alto nivel de exigencia y rigor con el que se desarrolla, sus aspectos jurídicos y de mercado, con la constante colaboración de los primeros juristas y empresarios en su claustro, hacen del MNDTIA un punto de referencia en la formación y desarrollo laboral del sector en España. Este programa, además, es pionero en ofrecer distintas modalidades de realización, como la opción de beca de hasta el 50% del importe de su matrícula con prácticas de tres meses en empresas del sector o en el Despacho que lo dirige, o la modalidad de realización del programa con contrato laboral de un año de duración en el Despacho).

 Cuando vuelva a utilizar el teléfono, enviar un mensaje, un correo, volar sobre las redes sociales, leer la prensa online o, simplemente, ver la televisión, recuerde que ya hay detrás miles de profesionales trabajando en ello, aportando valor, seguridad y calidad, cualidades que tienen un denominador común: el conocimiento.

 

Una vacuna para el Ébola y un antídoto para la Corrupción.

Al tiempo de escribir este artículo, una ciudadana española, de profesión auxiliar de enfermería, se debate entre la vida y la muerte en un hospital de la Comunidad de Madrid. El motivo que ha llevado a Teresa Romero al Hospital Carlos III de Madrid es de sobra conocido, casi en todos los rincones, no solo de España, también de Europa y del resto del mundo: La auxiliar de enfermería se contagió por el virus ébola por cuidar, como profesional y voluntaria, al misionero español Manuel García Viejo, que contrajo la enfermedad en Sierra Leona; Anteriormente, esta misma auxiliar de enfermería también colaboró en el equipo que intentó salvar la vida de Miguel Pajares, el sacerdote español que, a su vez, contrajo la infección al estar en contacto con el director del Hospital de San José en Monrovia (Liberia), el camerunés Patrick Nshamdze, al que le habían realizado un test que dio un falso negativo.

Como ven estamos ante una enfermedad viral, la cual, al menos en estos dos casos apuntados, podríamos denominar, además, como enfermedad de la solidaridad. Efectivamente, tanto el Padre Miguel Pajares, como la auxiliar de enfermería, Teresa Romero, contrajeron el virus ébola por intentar ayudar y salvar a los que también pasaron por este triste y desconcertante trance.

En estos días en los que en los noticiarios de medio mundo la palabra más repetida es ‘Ébola’ y en el que raro es el día en que no vemos o escuchamos por radio, televisión, prensa o redes sociales, que una parte de la población dice A, y la otra, dice B, en los que parece que todos buscan culpables o, al menos, “al Culpable”, de la atemorizante situación que ahora paraliza a buena parte de los países más desarrollados (los menos desarrollados llevan años paralizados, no solo por el ébola), en estos días de tanto decir y desdecir, he querido apagar la radio y la televisión y desconectarme de las redes sociales para, en el silencio de la noche y sin el ruido de fondo que, en ocasiones, contamina nuestro pensamiento, intentar captar una visión menos estática de la situación, concentrarme en lo global en detrimento de tantos particulares que hoy nos invaden.

Y, puedo asegurarles, que en el gran estruendo de este silencio he podido alcanzar mucha claridad a mi mente y sentimientos confusos.

Les explico lo que he logrado ver, más bien sentir:

El temor que tenemos a contagiarnos por el virus ébola no es tal, al menos, no es tan fundado como aparentemente creemos. Obviamente, a ninguno de nosotros nos gustaría vernos en una situación de pasar por esta enfermedad, pero el verdadero temor de todos nosotros es lo que subyace, casi sin ser conscientes de ello. Nuestro temor está fundado en el terrible hecho de que se rompa esa eterna barrera (casi psicológica) entre los “dos mundos aislados”, el mundo desarrollado y el mundo menos desarrollado (el término subdesarrollado, nunca me gustó).

En mi silencio de esta noche he imaginado a “nuestro mundo desarrollado” desmoronarse, venirse abajo por otra epidemia aún peor que el ébola. Esa epidemia se llama “Corrupción” y lejos de haber una vacuna eficaz para tratar de prevenirla, en nuestro mundo desarrollado no parece que existan ni siquiera los primeros ensayos para dicha epidemia.

En mi silencio de esta noche he visto llorar a familias enteras de muchos políticos, directivos de Cajas de Ahorros, sindicalistas, empresarios y de otros muchos representantes sociales y profesionales de diferentes sectores económicos. Y saben ¿por qué lloraban esas familias?, no, no lloraban por saber que esos políticos, directivos, sindicalistas u otros representantes sociales se hubieran contagiado por ayudar a otras personas, lloraban de vergüenza, les produce una gran vergüenza comprobar que sus familiares se han contagiado por (presuntamente) mentir, traicionar y robar a sus semejantes.

Pues bien, sepan que, en el silencio de esta noche, sin ruidos ni condicionantes de ninguno de los que opinan ‘A’ o ‘B’, ni de los que tratan de buscar culpables, me ha llegado y he sentido una reveladora Verdad: Nuestro mundo desarrollado, ya se ha contaminado sin remedio. Pero no de ébola, sino de una pandemia mucho peor: La Corrupción.

¿Saben por qué estoy convencido que la pandemia de la corrupción es mucho peor que el virus ébola? Se lo explicaré, brevemente, en estos tres motivos:

1º El virus ébola no se contagió (según lo publicado por los investigadores), en su origen, por un acto de avaricia o codicia como el que ha contagiado a nuestro mundo desarrollado por la corrupción.

2º Los profesionales que, hasta la fecha, se han contagiado por ébola, han sido personas que pusieron en riesgo sus vidas, para intentar salvar a los demás. Los que se contagiaron de corrupción, nunca, jamás, pensaron en ayudar a sus semejantes, antes al contrario, se valieron de la confianza de éstos, para enriquecerse de forma injusta.

3º El contagio de Ébola, por desgracia, aún no está controlado y podrá afectar a muchas otras personas en el mundo pero, afortunadamente, muchos científicos e investigadores están avanzando en su estudio y, más pronto que tarde, se logrará dar con la vacuna eficaz para su prevención y tratamiento. La vacuna o el antídoto para la corrupción, no creo que se logre averiguar jamás, ya que solo la posee y la controla cada hombre o mujer, de forma individualizada y, en estos casos, hay un único factor que la podría erradicar: Que todos los hombres y mujeres del mundo fueran honestos, consigo mismos y con sus semejantes.

En el silencio de esta noche sólo espero y deseo tres cosas: Que se recupere pronto la auxiliar de enfermería y voluntaria de cuidar por el estado de salud del Padre Miguel Pajares (Q.E.P.D.); Que se averigüe muy pronto una vacuna eficaz para prevenir y tratar el virus ébola; Y que haya tantos hombres y mujeres honestos, como la desaparición de la corrupción necesita nuestro mundo.

Una vacuna para el Ébola y un antídoto para la Corrupción.

Formación interna de los despachos de abogados.

La actualidad laboral y el desarrollo tecnológico exigen continuo aprendizaje en todos los niveles profesionales. Los grandes despachos de abogados, desde hace tiempo y concienciados por esa realidad, han sabido compaginar su actividad profesional con la enseñanza, llevados por el espíritu de excelencia que cada día es aún más necesario en un mundo globalizado y con un alto porcentaje de licenciados.

Muchas son ahora las firmas que apuestan por la formación, como es el caso de Garrigues, que desde su centro de estudios, oferta programas que van desde los Másters oficiales a los másters executive en ramas como la Asesoría Fiscal, Corporate Finance, Recursos Humanos o Tributación, entre otros.

El despacho Gómez Acebo y Pombo  imparte el Máster en Derecho del Deporte,  el cual está llevado de manera conjunta con el ISDE-Fundación Estudiantes. Con ello incluyen una materia de formación que es poco frecuente dentro de las oportunidades que suelen aparecer en el mercado de postgrado.

Por último, otro de los despachos que desde hace años compagina su asistencia jurídica con la enseñanza es Cremades & Calvo-Sotelo. La firma española, oferta cuatro programas diferentes: en Derecho de las Telecomunicaciones, en Derecho y negocio de la energía, en dirección jurídica de empresas y en Comunicación política e institucional. Estos cuatro programas, reconocidos de gran calado dentro del mercado de los postgrados, ofrecen no solamente una formación sólida en las materias a las que se dedican un curso completo, sino que fortalecen con un contenido práctico que se trabaja en las aulas y que se compagina con varios meses de prácticas en el propio despacho o empresas relacionadas de los diferentes sectores objeto de estudio.

Programas como el de Derecho de las Telecomunicaciones, se encuentra a la cabeza de sus competidores, si bien fue el primero que se creó, en 1996, en relación a este sector.

Así, tanto este como los otros ofertados por Cremades & Calvo-Sotelo, hacen de la firma una de las que más apuesta por el futuro, dando una formación académica eminentemente práctica y encaminada al futuro profesional.

 

 

 

 

Aforados y justicia independiente.

 

Recientemente el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha propuesto reducir el número de aforados en España, pasando de 17.621 a 22 aforados

Ruiz-Gallardón ha manifestado que los aforamientos que deberían subsistir en España, aparte de los que afectan a la Familia Real, son los que ostentan “los titulares de los poderes del Estado”: el presidente del Gobierno, los presidentes del Congreso y del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente del Tribunal Supremo, más los 17 presidentes de las comunidades autónomas, “y esto suma 22 personas”.

Por otro lado, ha reconocido que esta propuesta no seráposible realizarla a través de la ley orgánica porque alguno de esos aforamientos están recogidos en la Constitución o en los Estatutos de autonomía, “que no pueden ser modificados por una ley orgánica”.

De esta manera ha recalcado que se trata de una intención “de carácter político” porque la ley orgánica a lo único que podría afectar es a los órganos del Estado que no están recogidos expresamente en la Constitución, a los jueces y a los fiscales.

Por último, también ha indicado que el aforamiento “no tiene por quéconstituir un privilegio”, porque puede ser una merma de un derecho fundamental, “que es el derecho a la revisión de una sentencia condenatoria”.

Sobre esta propuesta del ministro de Justicia, voy a intentar aclarar algunos aspectos que me parecen importantes para centrar y poner en su justa medida el alcance de aquélla.

Para empezar, conviene repasar cuál es el significado y consecuencia jurídica de la figura del aforado en España:

El aforamiento es la situación jurídica según la cual determinadas personas por el cargo que ocupan o por la función que desempeñan no son juzgadas por los tribunales de primera instancia sino por los tribunales superiores, (en España existen, según reconoce el propio ministro de Justicia, 17.621 aforados) que son juzgados por el Tribunal Supremo o por los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, a diferencia de otros países europeos donde no existe la figura del aforado o se aplica a muy pocas personas (en Italia o en Alemania, por ejemplo, sólo goza del «privilegio»del aforamiento el presidente de la República o en Francia, donde además del presidente de la República, sólo están aforados los miembros del gobierno).

Aforamiento e inmunidad parlamentaria son dos conceptos diferentes. La inmunidad parlamentaria existe en todos los países democráticos (a excepción de Gran Bretaña y de Estados Unidos). Sin embargo en España, donde los diputados y senadores también gozan de inmunidad, cuando éstos son acusados de un delito y sus compañeros acuerdan levantar la inmunidad atendiendo el suplicatorio presentado ante la Cámara respectiva, no son juzgados por los tribunales ordinarios, como ocurre en el resto de los Estados democráticos, sino por el Tribunal Supremo.

En cuanto al objetivo o la finalidad que se pretende con el aforamiento, por una parte, se trata de que los cargos públicos y los parlamentarios, asícomo los jueces y fiscales, estén protegidos frente a demandas falsas; por otra parte, que los jueces de los tribunales de primera instancia no sufran presiones al juzgar a las personas destacadas de la vida política y a sus compañeros de profesión.

Los expertos que defienden el aforamiento consideran que en el supuesto de los jueces y de los fiscales es donde más sentido tiene pues se evita que les investigue y juzgue «un igual», un compañero de su misma instancia judicial.

En cambio, para muchos otros expertos, entre los que me incluyo, el hecho de que un cargo público estéaforado, en realidad estáimplicando que aquéllos sean juzgados por tribunales más cercanos al poder ejecutivo.

Efectivamente, desde mi punto de vista, la verdadera clave para dar sentido a esta pretendida regeneración democrática (en este caso, de la Justicia, uno de los poderes fundamentales en un Estado de Derecho) del Gobierno, cuyo origen podemos situar en el debate político, cuando en abril de 2014 el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, incluyó en la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial el aforamiento de la reina Sofía de Grecia y los Príncipes de Asturias, no es tanto eliminar o prescindir de la figura del aforamiento, cuanto síreformar el sistema de nombramiento de los jueces, que actualmente se regula bajo la Ley Orgánica del Poder Judicial desde 1985.

Si reparamos en la composición actual de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, comprobamos que estápresidido por el Presidente del Tribunal Supremo de España y compuesto por veinte vocales, nombrados por Su Majestad el Rey a propuesta del Senado y del Congreso de los Diputados. Cada Cámara propone a cuatro juristas de reconocida competencia y además selecciona seis Jueces o Magistrados propuestos en lista triple por los miembros de la Carrera Judicial, en elecciones internas.

El Consejo General del Poder Judicial tiene competencia en la selección y nombramiento de los Jueces, en la propuesta al Rey de nombramiento de los Presidentes y Magistrados de todos los Tribunales de la Nación y en materia administrativa, de inspección y disciplinaria.

Pues bien, si lo que de verdad se pretende es impulsar una regeneración democrática en España, tan necesaria en los tiempos actuales, de poco servirála propuesta del ministro de Justicia de reducir el número de aforados (por otra parte, tan difícil de llevar a la práctica como hemos apuntado, pues se necesita de una previa reforma de la Constitución), mientras no se reforme el sistema de elección de los jueces, para que el poder judicial vuelva a ser independiente del resto de poderes del Estado.

Es fácil pensar que, aunque sólo quedaran esos 22 aforados anunciados por Gallardón, tanto a aquéllos, como al resto de los cargos políticos que dejaran de estar aforados, mientras no exista un poder judicial independiente del poder ejecutivo y legislativo, algunos jueces seguirán plegándose (presuntamente) a los corruptos o prevaricadores, precisamente por estar nombrados por aquéllos para ocupar sus cargos como Magistrados.

La aplicación del art. 1973 del Código Civil en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

Por todos es sabido que las lesiones que los particulares sufran en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos de las Administraciones, genera responsabilidad patrimonial, es decir, un  derecho a reclamar una indemnización por los daños sufridos.

En el caso de las entidades locales, los administrados podrán reclamar esta responsabilidad patrimonial en el Ayuntamiento de la localidad donde se le han producido los daños.

Tal y como establece el art. 6 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, los particulares presentaran reclamación en la que al margen de cumplir con los requisitos establecidos en el art. 70 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante.

Conforme a la meritada norma, el plazo de que disponen los interesados para interponer dicha reclamación, será de un año desde el día en que ocurren los hechos, transcurrido el mismo, dicha acción se entenderá prescrita.

Una vez iniciado el procedimiento a instancia de parte, la Administración tendrá seis meses para instruir y resolver expresamente la reclamación presentada, o en su caso, acudir a la institución del silencio negativo para que el reclamante entienda la misma desestimada, quedando abierta la vía judicial para la interposición del correspondiente recurso contencioso-administrativo.

Éste, sería el cauce normal por el que debe de tramitarse una reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta ante una Administración local, aunque en la práctica es frecuente que se realicen reclamaciones de daños acudiendo a otras vías.

Así, por ejemplo, suele ocurrir que los daños producidos en viviendas o en vehículos, sean reclamados por los administrados a sus compañías de seguros, y éstas, una vez le hayan abonado la indemnización que estimen pertinente, repitan contra los Ayuntamientos.

Para iniciar el procedimiento generalmente suelen enviar al Ayuntamiento que corresponda fax, burofax o telegrama en el que  identifican al administrado, los hechos, el día en que ocurren, y lo más importante, y cito textualmente “interrumpimos prescripción judicial según el art. 1.973 del CC”.

Tras varios intentos (en varios años) sin haber obtenido respuesta alguna por la entidad local, interponen formalmente el escrito de responsabilidad patrimonial con el contenido exigido en la normativa aplicable.

Este es el escenario planteado en multitud de ocasiones a los Ayuntamientos por las compañías de seguros, cuya reclamación de daños por responsabilidad patrimonial, pretenden eternizarla en el tiempo bajo el prisma legal del art. 1973 del código civil.

Sin embargo, reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, como la Sentencia de 2 de marzo de 2011, viene a decir justamente lo contrario, es decir, los fax/telegramas/burofax enviados a las Administraciones locales pretendiendo efectos interruptivos de la prescripción, no producen tal  efecto.

En palabras del Alto Tribunal la invocación de este precepto “es superflua y carece de virtualidad en el seno de este proceso, ya que la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas es exigible exclusivamente de acuerdo con la Ley 30/92, que regula tanto sus  aspectos sustantivos como procesales y en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo”.

Y es que, según la citada ley, el derecho a reclamar prescribe al año y no es susceptible de interrupción, únicamente se producirá esa circunstancia si la reclamación se presenta ante órgano incompetente o como expresó la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo 2000 en virtud de cualquier “reclamación que manifiestamente no aparezca como no idónea o improcedente encaminada a lograr el resarcimiento del daño o perjuicio frente a la Administración responsable, siempre que comporte una manifestación de la voluntad de hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de la Administración por alguna de las vías posibles para ello”

En efecto, los fax/burofax/telegrama enviados a las Administraciones Públicas únicamente podrán entenderse como el ejercicio de la acción de responsabilidad y no como un acto de interrupción de la prescripción como una reclamación extrajudicial del deudor como entienden las compañías aseguradoras acogiéndose al art. 1973 CC.

En consecuencia, todas aquellas acciones que se ejerciten transcurrido el año de producirse los hechos aún en aquellos casos en que previamente se hayan enviado varios fax/burofax/telegramas, serán inadmisibles por extemporáneas.

 

 

 

 

OCDE y formación de juristas.

La OCDE nos acaba de decir que el nivel de los universitarios españoles es equiparable al de los bachilleres japoneses. No se sabe si porque los bachilleres japoneses tienen una altísima cualificación o porque los universitarios de nuestro país están muy mal preparados, aunque más bien parece lo segundo.

Se nos acusa de que la formación universitaria es muy generalista y teórica y que nuestros estudiantes tienen grandes dificultades para manejarse con soltura en un mundo en el que dominan las nuevas tecnologías y en el que los principios estorban para la vida cotidiana. Entre otras cosas, porque vivimos en una civilización en la que lo importante, y definitivo, es ganar cuanto más dinero y en el más breve plazo de tiempo posible, mejor. En este contexto, es en el que hemos de reflexionar acerca de la formación que se imparte en nuestras Facultades de Derecho y Jurisprudencia.

 Es bien sabido que la formación jurídica que se imparte en las Facultades europeas es deudora de la tradición positivista del Derecho que dominó  en el viejo continente desde el siglo XVIII. Seguramente, nuestro subconsciente jurídico opera, incluso sin que nos demos cuenta, en un contexto en el que el pensamiento único causa sus estragos, sobre todo en las razonables demandas de justicia que, sin embargo, el imperio de la forma y el procedimiento, dificultan enormemente.

 Por ejemplo, entre nosotros la jurisprudencia y los principios generales del Derecho siempre han tenido un cierto carácter polémico en lo que se refiere a su condición de fuentes del Derecho. Sobre todo, porque el pensamiento aún dominante prefiere amarrarse a unos aprioris que tantas veces no son más que la manifestación exacta del primado del poder sobre el Derecho, argumentándose tantas veces con el recurso a las mayorías, como si en la reciente historia del siglo pasado no haya testimonios bien elocuentes de lo que son capaces de hacer las mayorías bajo el yugo del totalitarismo.

 Por ello, pienso que hemos de recibir como balones de oxígeno las últimas noticias que nos llegan de los Estados Unidos referidas a la creación de  nuevas Facultades de Derecho  y a la ampliación del abanico de opciones jurídicas que se ocupan del problema de la fundamentación del Derecho. Estas nuevas aproximaciones ponen el acento en los derechos fundamentales de la persona y en la vertiente ética y moral de la práctica del Derecho por todos los operadores jurídicos.

 Desde estos nuevos enfoques se insiste en el conocimiento del Derecho como saber instrumental enmarcado en la búsqueda constante de la justicia, planteamiento hoy no muy practicado, valga la redundancia, en la “práctica”, dónde con tanta frecuencia el fin justifica los medios. Por eso, el ejercicio del Derecho no puede desconectarse de la protección de los derechos fundamentales derivados de la dignidad de la persona, derechos que, bien lo sabemos, no son creación del Estado. Más bien, el Estado debe reconocerlos y facilitar su ejercicio. En una de estas nuevas Facultades recientemente creadas se recuerda algo que suena hoy muy nuevo pero que  un jurista entiende muy bien: las fuentes del Derecho no están sólo en la política, sino también se encuentran en la historia, en la naturaleza humana y en el orden moral del universo.

 En el fondo, me parece que detrás de estos nuevos estudios de Derecho se encuentra la preocupación por evitar que la escisión entre el Derecho y la Moral siga proporcionando argumentos para justificar decisiones inmorales, planteamientos insolidarios; en definitiva, cuando el Derecho y la Moral campan cada uno por su cuenta, entonces el poder siempre gana al Derecho, porque  éste se convierte en su vasallo más sumiso. En cambio, cuando la dignidad de la persona se erige en fundamento del Derecho, entonces el poder no tiene más remedio que operar en un ambiente en el que existen límites a su ejercicio.

 Desde estos planteamientos, el estudio del Derecho no se reduce a la exposición, sin más, del Derecho vigente, sino que incorpora el pensamiento crítico para ayudar a que los alumnos piensen por sí mismos y se formulen determinadas preguntas sobre la adecuación a la justicia y a la dignidad de la persona de las  instituciones, categorías y conceptos que les explican los profesores. Se trata de facilitar el pensamiento libre, sin imposiciones, con la sana de pretensión de que los alumnos tengan el hábito de cuestionarse los conocimientos recibidos desde el pensamiento abierto, plural y dinámico, evitando la dictadura del pensamiento único tan frecuente en este tiempo. En este sentido, los planes de estudio de estas Facultades incluyen asignaturas como Fundamentos Morales del Derecho, Jurisprudencia, Deontología Jurídica, Etica o Política pública, entre otras. Los tres elementos sobre los que basculan todas las enseñanzas que se imparten son: la defensa de los derechos humanos, la preocupación por la justicia social y la cultura de la vida, sin duda el primero de los derechos fundamentales, aunque paradójicamente el más castigado en estos tiempos de tanta esquizofrenia.

 Ciertamente, va siendo hora de que en los enfoques jurídicos empiece a tomarse más en serio, a juzgar también por los resultados obtenidos, la sustancia que justifica la existencia del Derecho,  el permanente dar a cada uno lo que es suyo. Si no fomentamos que los alumnos se hagan preguntas sobre el fin del Derecho estamos siendo cómplices de la mentalidad jurídica dominante en la que el poder político y el poder financiero doblegan, y de qué manera, al Derecho.

 En fin, un episodio más de la lucha por el Derecho que ha caracterizado la historia del hombre. Frente al despotismo blando, es menester la lucha por la justicia y los derechos humanos en todo tiempo y circunstancia. La tarea no es fácil pero vale la pena. Desde luego, prefiero que nuestros alumnos no sepan utilizar una tarjeta de crédito o confeccionar una factura a que sean insensibles a la continua y permanente deshumanización de la sociedad. ¿Y usted querido lector?.