Corea refuerza lazos con España.

Bajo la presidencia de honor del Excelentísimo Embajador de Corea del Sur en España, Hee-kwon Park y del ex ministro de Industria,  Josep Piqué Camps,  Javier Cremades  desempeña la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio España-Corea desde donde procura no sólo optimizar las relaciones económicas entre los dos países, sino fomentar el intercambio empresarial entre ambos.

Potencia mundial en el ámbito de la automoción, la tecnología y la electrónica de consumo, Corea del Sur  presume de una inversión extranjera directa de 13.100 millones de dólares (9.450.000 euros) y de tener presencia de más de 10.000 compañías internacionales en su territorio. Parte de este éxito reside en sus relaciones bilaterales y en la labor de su Cámara de Comercio, con sedes en países claves como España.

Así, desde Cremades & Calvo-Sotelo, sede de la Cámara de Comercio España-Corea, no sólo se procura la inversión de empresas nacionales en territorio de ese país asiático sino que también se allana el camino a todas aquellas compañías y organismos que requieren información y ayuda para implantarse en el mercado español.

Por otra parte, en el Despacho se coordinan y organizan encuentros, foros y actividades varias que alimentan el ‘networking’ empresarial y personal entre dos naciones amigas con grandes intereses comunes. Valga como ejemplo el reciente viaje de Javier Cremades y de Jorge Salaverry  a Corea para dar a conocer la Cámara y realizar contactos con organizaciones empresariales y comerciales de ese país o las reuniones mantenidas en Madrid con sociedades de la envergadura internacional de Samsung, LG, Hyundai, Kia o Hanjin para potenciar la República Surcoreana.

La labor del Despacho ha sido ampliamente reconocida por las partes interesadas, así como por los gobiernos correspondientes, cuya soporte ha sido fundamental en la labor realizada.

El carácter obligatorio de la citación personal en la impugnación de los procesos selectivos.

Una reciente Sentencia del TS ha establecido la obligatoriedad de la citación personal para los casos en que exista un interés directo, como puede ser el caso de tener la condición de participante en un proceso selectivo cuya resolución se haya podido impugnar.

En este caso, los interesados, pueden tener una condición especial.

Así, reiteradas resoluciones judiciales del Tribunal Constitucional, han afirmado la importancia de la comunicación personal respecto de aquellos que puedan tener interés en procedimientos judiciales que les afecten.

Es evidente que cabe la citación por medio de edictos, pero de debe acudir a ella para casos absolutamente excepcionales, como establecen sendas Sentencias del TC de 14 de septiembre 1999 y 31 de enero de 2000.

En la misma línea, la STC de 28 de junio de 1999, no niega la validez constitucional al emplazamiento por edictos, pero establece una serie de requisitos rigurosos para su aplicación.

Así, en el caso de un proceso selectivo, en el que la administración tiene los datos de los interesados, siendo estos perfectamente identificables en virtud del expediente administrativo, la doctrina jurisprudencial establece una serie de exigencias como son la diligencia en la comparecencia del interesado no emplazado y que haya un perjuicio real y efectivo en las posibilidades de defensa de aquella persona que no haya sido notificada.

Otra Sentencia del TC de 28 de mayo de 2000, establece los requisitos exigibles para el otorgamiento del amparo por falta de emplazamiento personal en un procedimiento contencioso administrativo, que son:

  • La titularidad de un derecho o interés legítimo del demandante de amparo.
  • La posibilidad de identificación del demandante.
  • Que el demandante pueda acreditar un perjuicio real y efectivo por su indefensión, esto es, que se haya producido una indefensión material.

Sobre estos requisitos en los que se fundamenta la Sentencia del Tribunal Supremo, de 18 de diciembre de 2015, se ha establecido una situación de indefensión, con vulneración del artículo 24 de la CE, respecto a una participante en un proceso selectivo que- una vez publicada la lista de admitidos- se vio afectada por el recurso de un tercero al que se le asignó la plaza de aquella, sin que la misma pudiera personarse en el procedimiento contencioso- administrativo.

 

 

 

 

Fuente: Blog Ideal . El imperio de la Ley.

 

El Estado social y democrático de Derecho.

La supremacía constitucional, a pesar de conformar uno de los principales criterios del Ordenamiento jurídico, todavía, entre nosotros, no es, ni mucho menos, una realidad. La primacía de los valores y principios constitucionales, la centralidad de la dignidad del ser humano en una palabra, reclama que las leyes y las normas administrativas caminen por este sendero. Tal tarea, “in fieri” todavía,  debe superar algunos sólidos valladares, casi inexpugnables, procedentes del viejo Estado liberal,  que impiden que, efectivamente, la luz de esos valores y principios constitucionales impregne también el quehacer de las Administraciones públicas

 

En efecto,   el servicio objetivo al interés general, la centralidad de la dignidad del ser humano, la función promocional de los Poderes públicos, y, por supuesto, una concepción más abierta de los derechos fundamentales de la persona, entre los que se encuentran también los denominados derechos fundamentales sociales, conforman buena parte de los valores, objetivos, principios y opciones constitucionales del Denominado Estado social y democrático de Derecho que deben realizarse en la cotidianeidad.

 

La cláusula del Estado social ha significado una profunda transformación en el tradicional entendimiento del sentido del Estado y sus principales instituciones. Así es, el Estado debe promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impiden su efectividad y fomentando la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural. Por tanto, esta impronta constitucional, en España reconocida en el artículo 9.2 de la Carta Magna, debe presidir el sentido y funcionalidad de la acción del Gobierno y del conjunto de las Administraciones públicas, para lo que se precisará de instituciones, categorías y técnicas jurídico-públicas adecuadas a las nuevas finalidades previstas nada menos que en la Constitución..

 

Especialmente relevante en este tema es la participación ciudadana pues, como ya señaló el Tribunal Constitucional Español en una sentencia de 7 de febrero de 1984, el interés general debe definirse con participación social. Atrás quedaron las versiones cerradas y unilaterales del interés general, abriéndose las puertas a nuevas perspectivas que han de contar con la presencia y participación de los ciudadanos. Es decir, el interés general ya no se define unilateral y patrimonial por la Administración pública, como antaño. Ahora es preciso convocar y recibir la vitalidad real que emerge de la vida social, lo que reclama una cada vez más intensa y honda participación social.

 

En este sentido, el concepto de interés general, ahora abierto a la participación por exigencias de un Estado que se presenta como social y democrático de Derecho, presenta un irreductible núcleo básico conformado precisamente por la efectividad de los derechos fundamentales de la persona, los individuales y los sociales. Es más, no se comprendería que las realizaciones y operaciones administrativas promovidas desde el interés general no estuvieran acompañadas en todo momento de su compromiso radical con la defensa, protección y promoción de los derechos fundamentales de la persona.

 

Los derechos fundamentales de la persona, concebidos en su origen como derechos de libertad, derechos ante los que el Estado debía declinar toda actuación, por mor de la cláusula del Estado social y democrático de Derecho se amplían hacia nuevos espacios, imprescindibles para una vida digna. Es el caso de los derechos sociales fundamentales,  entre los que se encuentran, por ejemplo, el derecho a la alimentación, al vestido, a una vivienda digna, a la protección social, a la igualdad en el acceso al mercado de trabajo, a la educación o a la salud. En estos casos la sociedad y la institución estatal han de facilitar a las personas realmente necesitadas los medios necesarios para la satisfacción de estos derechos, concibiéndose como obligaciones de hacer en favor de ciudadanos. El derecho fundamental al mínimo vital o existencial debe estar cubierto en nuestras sociedades y, a partir de este suelo mínimo, a través de los principios de  progresividad y prohibición de la regresividad de las medidas sociales, se debe caminar, en el marco del principio a una buena Administración pública, hacia mayores cotas de dignidad en el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona.

 

Entiéndase bien, corresponde en primer lugar a la sociedad, en virtud del superior criterio de la subsidiariedad, facilitar los medios necesarios a sus integrantes, para desarrollarse libre y solidariamente. En el seno de la sociedad debieran existir instituciones sólidas y fuertes con capacidad para subvenir a las necesidades vitales más elementales de las personas y solo en caso de su inexistencia, que sería excepcional, entrarían en juego el Estado y las Administraciones públicas. La realidad, también en España, enseña que salvo casos muy aislados, es menester, a causa de la debilidad social, que desde los Poderes públicos se atiendan estas necesidades vitales básicas de los ciudadanos.

 

AEMEC sigue en la defensa de los minoritarios un año más.

El pasado mes de mayo, como suele ser habitual, tuvo lugar la celebración del VI Congreso de AEMEC, que en esta ocasión coincidió con el décimo aniversario de su creación. En el Congreso contamos con la participación de la International Financial Litigation Network y la asistencia y participación de miembros de EuroFinUse y de la World Federation of Investors.

En el ámbito internacional, el pasado mes de octubre AEMEC asistió a la Asamblea anual de la World Federation of Investors (WFI) y ahora en diciembre asistirá a la Asamblea de EuroFinUse, en ambos casos representada por José F. Estévez, Presidente del Comité Jurídico de EuroFinUse y socio director del Despacho Cremades & Calvo-Sotelo.

AEMEC sigue con su labor de lobby como interlocutor con las instituciones y organismos públicos, actividades mediáticas, publicaciones, seminarios y foros para mantener viva la sensibilización del papel que los accionistas minoritarios tienen en la estructura del mercado.

Este otoño, en su labor institucional de servir de interlocutora con los distintos organismos e instituciones , tuvo lugar una reunión con Steven Major, presidente de ESMA en la que se le plantearon diversos temas de interés con el fin de seguir trabajando en la labor de coordinar y armonizar la legislación en los Estados miembros de la UE, así se trató el tema del reconocimiento por la ley de la class action, el reconocimiento legal en España de las asociaciones de minoritarios, la supresión de los obstáculos con los que todavía se encuentran los accionistas a la hora de ejercer su voto transfronterizo, i.e. los fees que cargan los intermediarios.

Por otro lado, AEMEC continúa al frente de los procedimientos legales en los que, bajo su paraguas, se encuentran personados accionistas minoritarios afectados en casos como los que siguen:

• Pescanova: Además de seguir con el procedimiento penal en la Audiencia Nacional, defendiendo a los accionistas minoritarios, se ha conseguido en la junta general extraordinaria del pasado 29 de septiembre sacar adelante una propuesta presentada por los minoritarios en la que dentro de la reestructuración del grupo y en la ampliación de capital, a éstos se les asignaba un 20% del capital social en la Nueva Pescanova en lugar del 5% previsto en el convenio resultante del concurso. Actualmente, se está trabajando para conseguir que la CNMV levante la suspensión cautelar de cotización y Pescanova vuelva a cotizar.

Gowex: bajo el paraguas de AEMEC más de un centenar de accionistas están personados en el procedimiento penal que se sigue en la Audiencia Nacional con el fin de recuperar sus inversiones. Además, se ha iniciado el concurso el pasado mes de julio, donde personaremos a todos nuestros accionistas para que puedan recuperar parte de lo invertido cuando llegue la liquidación.

• Bankia: El 93% de los accionistas que han reclamado en la vía civil están recuperando su inversión dado que los tribunales españoles dan la razón a los inversores, ya que la salida a Bolsa no reflejaba la imagen fiel de las cuentas. Además la Audiencia Nacional continúa con el procedimiento penal donde los asociados de AEMEC representan más del 95% de la fianza prestada por Bankia por importe de 30 millones de euros.

• Volkswagen: tras haber mantenido algún contacto con la asesoría jurídica de Volkswagen en Alemania y con Seat en España, estamos a la espera de un pronunciamiento por parte de la compañía para ver la estrategia a seguir tanto de los accionistas como de los adquirentes de vehículos que han contactado con nosotros.

La estabilidad social.

La estabilidad social es, todos lo sabemos, una de las propiedades más importantes para la existencia de un desarrollo equilibrado y sostenible que contribuya al progreso real dela sociedad. La estabilidad social tiene muchas variantes, muchas dimensiones. Hoy me quiero detener en el tratamiento que el poder público en este tiempo ha dado a la principal institucional social:la familia. Una institución social,  primera y principal,  abierta a la vida, a la trasmisión de la vida, a la perpetuación del género humano.

 

Si partimos de que la estabilidad familiar proporciona estabilidad social y de que, en sentido contrario, la inestabilidad familiar ocasiona, a su vez, inestabilidad social, con sólo comparar las cifras de los divorcios y rupturas de este tiempo con períodos anteriores, tendremos una rápida conclusión acerca del tema que me ocupa en el artículo de hoy.

 

En el gobierno de Zapatero, segundo mandato, se aprobó  una de las leyes más machistas y discriminadoras de la reciente democracia española. Me refiero a la ley del divorcio exprés, en cuya virtud se podía destruir un matrimonio con la sola voluntad de uno de los cónyuges y sin causa especial. Es decir, se deja la institución matrimonial en manos de la parte más fuerte, condenando a la parte más débil a sufrir las consecuencias de semejante norma jurídica. Las consecuencias no se han hecho esperar y ahí están para quien los quiera consultar.

 

En efecto,  si leemos los datos publicados, comprobamos el crecimiento exponencial en estos años de los divorcios y las separaciones, a veces incluso por encima del 40% de los matrimonios celebrados. Es decir, se facilita la ruptura de la principal institución social. ¿Por qué razón?. Sencillamente, porque interesa  facilitar un ambiente de inestabilidad, de desequilibrio social en el que la disolución de las principales instituciones sociales permita el fabuloso y colosal primado de la manipulación. Cuanto más inerme y desprotegida esté la familia, más fácil manejar a los ciudadanos, sobre todo a los que más sufren en estas crisis.

 

Un caso paradigmático lo encontramos en la influencia de los tipos de familia en el rendimiento familiar. Como ha demostrado Nicholas Zill en un informe publicado en Familiy Studies en octubre de este año, los hijos de padres no divorciados son los que menos experimentan conductas depresivas, impulsivas o de ansiedad, son los más protegidos frente a la tristeza, la introversión o la preocupación. Es más, la estabilidad familiar, según este razonable estudio, protege el desarrollo emocional y académico de los niños y las niñas.

 

En efecto, la estabilidad social, consecuencia de la fortaleza de las instituciones sociales, es, por el contrario, el contexto en el que mejor crecen y se desarrollan las personas y, también, es el ámbito más propicio para que la estabilidad política y económica sea una venturosa realidad. Hacia la estabilidad social es hacia dónde tenemos que orientarnos, hacia la construcción de familias generadoras de armonía social abiertas nuevos seres humanos, hacia un ordenamiento jurídico pensado para construir, no para destruir, para proteger, no para desproteger. ¿Tan difícil avanzar en esta dirección?

8 de diciembre.

Este 8 de diciembre de 2.015, junto al inicio del Año de la Misericordia decretado por el Papa Francisco, también ha entrado en vigor la Reforma del proceso matrimonial canónico sobre las causas de nulidad que el mismo Papa decretó en forma de “motu proprio” este verano pasado.

A pesar de que el documento mencionado se establece que esta reforma entraría en vigor el 8 de diciembre, no es menos cierto que no todos los Tribunales Eclesiásticos podrán llevarlo a cabo en el plazo que se indicaba. Aquí en España ya se habla que por lo menos que hasta dentro de unos 5 o 6 meses no estará plenamente en vigor la modificación que como es sabido ha sustituido por completo el Proceso de nulidad, en concreto, los cánones 1671 a 1691.

En días pasados, he tenido la oportunidad de asistir en el Tribunal Metropolitano de Granada a unas clases magistrales impartidas por el Profesor Arroba Conde, profesor ordinario de Derecho Procesal en la Universidad Lateranense, Juez del Tribunal de Primera Instancia del Vicariato de Roma y referendario del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica.

Como buen procesalista, el Profesor Arroba puso el centro de su intervención en todo lo referente a los aspectos procesales de la reforma del procedimiento especial de nulidad. Pero antes de eso, enunció una serie de argumentos que a mi particularmente me gustaron y con los que totalmente de acuerdo como fue el que debemos de despojar de los aspectos inmovilistas y formalistas que nos llevan muchas veces a quedar encajonados y con falta de respuesta ante las demandas de nuestros clientes.

Obviamente, es pronto para analizar con detalle todos los aspectos positivos que nos trae la reforma pero para el citado profesor, como para mí también, es indudable que todas las novedades introducidas son altamente positivas y van a ayudar a que los procesos de nulidad sean más ágiles, rápidos y efectivos. La Reforma ha hecho hincapié de manera prioritaria en uno de los principios del derecho procesal cual es el de Economía Procesal que como es sabido, se aplica para racionalizar al máximo el proceso y agiliza trámites, aunque no en términos que quebranten el sentido de la norma ni de las instituciones procesales.

De esta manera y como decía el Profesor Arroba, el Papa no ha tratado con esta reforma el cambiar la presunción que establece el canon 1.060 del Código de Derecho Canónico (“El matrimonio goza del favor del derecho; por lo que en la duda se ha de estar por la validez del matrimonio”), sino que a raíz del fracaso matrimonial, tenemos la obligación de analizar las causas y factores que llevaron a esa ruptura y una vez analizados, disponer de las armas procesales adecuadas para poder establecer jurídicamente si el vinculo matrimonial llegó o no a formarse.

No cabe duda de que la hasta ahora normativa procesal de nulidad, no terminaba de ayudar teóricamente a analizar el fracaso matrimonial. Y digo teóricamente puesto que en la práctica los operadores de los Tribunales Eclesiásticos, sabíamos y veíamos como se procuraba adaptar el derecho a las circunstancias del caso en sí.

Esta manera de actuar que muchos Tribunales Eclesiásticos venían haciendo en el Mundo Católico, junto al espíritu profundamente pastoral del Papa Francisco y todo ello aderezado por la virtud de la Misericordia, es lo que ha llevado al Sumo Pontífice a realizar la reforma.

Éste, haciendo honor al significado etimológico de su cargo (máximo constructor de puentes) quiere con esta reforma ofrecer a los fieles cristianos un documento que ayude a que aquellos que en conciencia lo necesiten, “con mucha frecuencia se desaniman ante las estructuras jurídicas de la Iglesia, a causa de la distancia física o moral”.

En definitiva, estamos ante una reforma que no olvida el procedimiento y que por supuesto, como no podía ser de otra manera, garantiza los “sagrados” principios y derechos que todo proceso debe tener, y que todo abogado debe defender en su labor cotidiana, sea ante un Tribunal eclesiástico o civil, esto es, entre otros, la contradicción, defensa y motivación entre otros, aunque el análisis de esto será ocasión de otro post.

Youtubers: Guía legal.

 

Con este artículo paso a aclarar los aspectos legales más importantes para un youtuber. Concretamente voy a hablar de:

  • Tipos de Usuarios de YouTube y su naturaleza jurídica.
  • El canal y la web de un youtuber.
  • Publicidad.
  • Contenidos de los vídeos.
  • Propiedad intelectual.
  • Impuestos.

 

  1. A) Tipos de usuarios de YouTube.

Antes de nada hay que distinguir los dos tipos de usuarios que hay en YouTube: Los “privados” y los “profesionales“. Los primeros son aquellos que crean y suben contenido sin fines económicos, para los segundos crear contenido es su profesión habitual y su fuente de ingresos en mayor o menor medida. Ejemplo de los “usuarios profesionales” son los archiconocidos elrubiusOMG, VEGETTA777, TheWillyrex

Estos usuarios profesionales son a los que me refiero cuando hablo de youtubers. La distinción es relevante pues a los usuarios privados no se les aplicará las normas y obligaciones que explico en este artículo.

Desde el punto de vista legal, Los youtubers son:

A partir de esta clasificación podemos saber qué obligaciones legales tienen los youtubers. Las más relevantes son las siguientes:

  1. B) Respecto su canal y web. (LSSI)
  • Deber de información general: el youtuber deberá informar sobre nombre o denominación social, residencia o domicilio, correo electrónico o cualquier otro dato con el que se pueda establecer una comunicación directa y efectiva, CIF en caso e sociedad. Si no puede hacerlo en la plataforma YouTube, debe disponer de un sitio web con esa finalidad.
  • Deber de información sobre cookies: se necesita el consentimiento del usuario para poder hacer uso de ciertas cookies. Se deberá informar y pedir dicho consentimiento mediante un banner en el inicio de la página y redactar una política de privacidad en la que se explique, entre otra cosas, qué tipos de cookies se usan, con qué finalidad y modos de desactivarlas. Esto ya lo hace YouTube en su web, pero deberá tenerlo en cuenta el youtuber en caso de tener web propia.
  • Términos y condiciones de uso de la web: Con este texto se debe informar, al detalle, a todos los usuarios los términos de prestación del servicio y las condiciones de uso de la web (propiedad industrial, exención de responsabilidad, código de conducta…). Al igual que con las cookies, YouTube es el obligado a hacerlo en su web, pero los youtubers deben tener esto en cuenta en caso de contar con web propia.

 

  1. C) Respecto a la Publicidad. (LGCA y Ley General de Publicidad)

 

  • Publicidad propia: Es aquella que el youtuber haga sobre sus propios productos o servicios (merchandising, libros, asesoramiento de cualquier clase…).

 

  1. a) Prohibida la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución.

 

  1. b) Prohibida la publicidad engañosa, desleal y agresiva.

 

  1. c) Prohibida la publicidad dirigida a menores explotando su inexperiencia o credulidad.

 

  1. d) Prohibida la publicidad subliminal. No confundir con el emplazamiento de producto. Este último sí está permitido (excepto en los contenidos infantiles).
  1. e) Prohibida la publicidad de algunos productos y servicios sanitarios, todos los que generen riesgo para la salud, el tabaco y los juegos de azar.

 

  1. f) Obligado a diferenciar, claramente, las afirmaciones que se hagan como publicista de las que no.

 

  1. g) Prohibida la publicidad que fomente comportamientos nocivos para la salud.

 

  1. h) Prohibida la publicidad de bebidas alcohólicas <20º cuando esté dirigida a menores, fomente el consumo inmoderado o asocie el consumo a la mejora del rendimiento físico, el éxito social o la salud.

 

  1. i) Prohibida la publicidad que fomente comportamientos nocivos para el medio ambiente.

 

  1. j) Prohibida la publicidad que fomente comportamientos peligrosos para la seguridad de las personas.

 

  • Publicidad de terceros: Es aquella que se haga sobre productos o servicios ajenos. Aquí, el youtuber está actuando como un medio de difusión de publicidad. En estos casos, el youtuber no será responsable de lo que publiciten otros a través de su canal. Sin embargo, deberá dejar de emitir dicha publicidad al primer requerimiento que se le haga. De lo contrario, sí entrará a ser responsable.

 

  1. D) Respecto a los contenidos de sus vídeos:(LGCA)

 

  • Prohibido todo contenido que:

 

  • Incite al odio o discriminación por razón de género o cualquier circunstancia personal o social
  • Sea irrespetuoso con la dignidad humana y los valores constitucionales (sobretodo igualdad de las mujeres)
  • Ataque el honor, la intimidad y la propia imagen de las personas
  • Pueda perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores. En particular, aquellos programas que incluyan escenas de pornografía, maltrato, violencia de género o violencia gratuita.

 

  • Menores: su imagen y voz no pueden ser utilizadas sin su consentimiento o el de su representante legal. De todas formas, está completamente prohibido difundir el nombre, la imagen u otros datos que permitan la identificación de los menores relacionados con delitos o casos en los que se que discuta su tutela o quiénes son los padres biológicos.

 

  1. E) Respecto a la Propiedad Intelectual. (Ley de Propiedad Intelectual)

 

El youtuber no debe utilizar obras ajenas sin autorización de su autor. Esto es:

 

  • Reproducción: realizar copias de parte o la totalidad de una obra.
  • Distribución: vender en un soporte físico (DVD, CD, pendrive…)
  • Comunicación pública: dar acceso a una obra a un grupo de personas sin que hayan tenido acceso legal a la misma previamente. Por ejemplo, poner una película en el cine. Todo lo que subimos a Internet es un acto de comunicación pública.
  • Transformación: traducir, adaptar y cualquier otra modificación en su forma que la convierta en una obra diferente.

 

El youtuber sí podrá utilizar, dentro de una obra propia, fragmentos de otras con finalidades educativas, de acceso a la cultura, a la información, obras en lugares público, parodias de películas o canciones, etc.

 

  1. F) Respecto a los Impuestos: (Ley General Tributaria)

 

Es importante tener claro que, al iniciar la actividad en YouTube como “usuario profesional” se está entrando a ejercer una actividad económica, con todas sus consecuencias. Las más inmediatas son la obligación de regularizar la situación del youtuber, dándose de alta como autónomo o mediante la creación de una sociedad, y pagar los tributos correspondientes.

 

Así pues, si el youtuber escoge darse de alta como autónomo, deberá pagar el IAE,  IRPF e IVA. Si prefiere crear una sociedad, deberá pagar el IAE, IS e IVA. Para conocer más sobre éstos impuestos, u otras obligaciones tributarias, y decidir que opción es la más recomendable (autónomo o sociedad) recomiendo encarecidamente informarse en la página web de Emprendedores.

 

Si quieres saber más sobre Youtube y los youtubers visita el blog de Guillermo Marcet Señor.

Cambio en las sociedades civiles a partir del 1 de enero de 2016: tributación en el impuesto sobre sociedades.

A partir del próximo 1 de enero 2016 se producirá un cambio en la fiscalidad de las sociedades civiles, que tributarán en el Impuesto sobre Sociedades (en adelante, IS), teniendo también este cambio legislativo relevancia en el IRPF y, en su caso, en el IVA. Esta modificación normativa afectaría a todas aquellas sociedades civiles con actividades relacionadas con el Derecho Mercantil, tales como las de hostelería, la compraventa de productos o la prestación de determinados servicios. En líneas generales serán consideradas con objeto mercantil aquellas actividades que tengan asignado IAE. Hay determinados grupos de actividades (agrícolas, ganaderas, sociedades de profesionales…etc.) que inicialmente no tendrían objeto mercantil según la redacción actual del Código de Comercio, pero hay que esperar al desarrollo reglamentario y al nuevo Código Mercantil que se está preparando para confirmar definitivamente sobre cuando se considerará que una sociedad civil tiene carácter mercantil. Los impuestos que se verían afectados por este cambio de normativa serían los siguientes:

 

  • IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.

Según lo estipulado en el art. 7.1.a) de la Ley 27/2014 del IS en su redacción aplicable a partir de 1.1.2016, serán sujetos pasivos del IS todas las personas jurídicas con residencia en territorio español, excluidas las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil. Por tanto, aquellas sociedades civiles que tengan personalidad jurídica (según la última jurisprudencia, las que realizan actividades en nombre propio) y que tengan objeto mercantil sí estarán sometidas al IS desde 1.1.2016, tributando por el régimen general o por el régimen especial que les corresponda (por ejemplo, el de entidades de reducida dimensión) y estando obligadas a partir de la citada fecha a registrar los movimientos contables en una contabilidad creada conforme a la normativa mercantil. Por consiguiente:

  1. Las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil seguirían tributando en el régimen de atribución de rentas (es decir, como hasta ahora).
  2. Las sociedades civiles con objeto mercantil y personalidad jurídica tributarían a partir de 1.1.2016 en el Impuesto sobre Sociedades, regulándose un régimen transitorio en la Disposición Transitoria 32 ª de la Ley del IS para la distribución de beneficios y rentas obtenidas en la transmisión de participaciones de estas entidades, generados en ejercicios en los que tributaban por atribución de rentas y que se reparten en períodos iniciados desde 1.1.2016.
  3. Las sociedades civiles que decidan no tributar por IS podrían acogerse al régimen de disolución y liquidación descrito en la Disposición Transitoria 19ª de la Ley 35/2006 del IRPF, con determinados beneficios fiscales, para lo cual deberá acordarse la disolución con liquidación en el primer semestre de 2016 y su extinción tendrá que producirse en los seis meses siguientes, tal y como explicaremos más adelante.
    • Disposición Transitoria 32 ª de la Ley del IS

La DT32ª regula la fiscalidad de las sociedades civiles que tributen en el régimen de atribución de rentas hasta 31.12.2015 y a partir del 2016 sean contribuyentes del IS. Se establecen mecanismos para evitar la doble imposición y para articular y evitar eventuales cambios de criterio de imputación temporal de las rentas tributables en IRPF / IS.

Se regula igualmente la distribución de beneficios obtenidos en períodos impositivos en los que haya sido de aplicación el régimen de atribución de rentas, cualquiera que sea la entidad que reparta los beneficios obtenidos por las sociedades civiles, el momento en el que el reparto se realice y el régimen fiscal especial aplicable a las entidades en ese momento, en los casos en que la sociedad civil ha tenido la obligación de llevar contabilidad en los ejercicios 2014 y 2015. Se establece el tratamiento en función del impuesto al que esté sujeto el perceptor: IRPF, IS o Impuesto de la Renta de No Residentes (IRNR). Igualmente se regula la fiscalidad de las rentas de transmisiones de participaciones en sociedades civiles que se correspondan con reservas procedentes de beneficios no distribuidos obtenidos en ejercicios en los que haya sido de aplicación el régimen de atribución de rentas.

Si la sociedad civil no ha tenido que llevar contabilidad en los ejercicios 2014 y 2015, el legislador entiende que fiscalmente a 1.1.2016 la totalidad de sus fondos propios están formados por las aportaciones de los socios, con el límite de la diferencia entre el valor del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias, reflejados en los correspondientes libros registros, y el pasivo exigible, salvo que se pruebe la existencia de otros elementos patrimoniales. En este caso las participaciones a 1.1.2016 en la sociedad civil adquiridas antes de dicha fecha, tienen como valor de adquisición el derivado de lo expuesto anteriormente.

La nueva disposición transitoria 19ª de la Ley del IRPF, denominada Disolución y liquidación de determinadas sociedades civiles, establece un régimen fiscal especial con beneficios fiscales en ITP y AJD (exención en O. Societarias), en IIVTNU (no devengo de plusvalía urbana municipal) y en IRPF. Este régimen es de carácter optativo, para aquellas sociedades civiles que decidan acordar su disolución y liquidación en 2016, siempre que cumplan las siguientes condiciones:

  1. Que antes de 1.1.2016 vinieran aplicando el régimen de atribución de rentas previsto en la Sección 2.ª del Título X de la Ley del IRPF.
  2. Que a partir de 1.1.2016 cumplan los requisitos para adquirir la condición de contribuyente del IS (es decir que tengan objeto mercantil).
  3. Que el acuerdo de disolución con liquidación se adopte dentro de los seis primeros meses del ejercicio 2016 y todos los actos o negocios jurídicos necesarios para la extinción de la sociedad civil se ejecuten con posteriori-dad al acuerdo, dentro del plazo de los seis meses siguientes a su adopción.

A falta de opción, o si el acuerdo de opción por el régimen fiscal especial incumple los plazos anteriores, la sociedad civil tendrá la consideración de contribuyente del IS desde 1.1.2016.

  • IVA: Cese en el régimen especial del recargo de equivalencia por sociedades civiles.

Según el art. 155 de la Ley 37/1992 del IVA y el art. 60 del Real Decreto 1624/1992 del IVA, las sociedades civiles que desde 1.1.2016 pasen a tener la condición de contribuyentes en el IS y, por tanto, cesen en el régimen especial del recargo de equivalencia de IVA, podrán deducir en la autoliquidación correspondiente al período en que se produzca dicho cese, la cuota resultante de aplicar al valor de adquisición de sus existencias inventariadas en la fecha del cese, IVA y recargo de equivalencia excluidos, los tipos de dicho impuesto y recargo vigentes en la misma fecha.

Opciones:

En cuanto a las oportunidades de planificación fiscal ante el cambio normativo referido, podrían citarse las siguientes sin perjuicio de que se aborde cada caso concreto de manera más específica y particularizada en función de la casuística del asunto, en concreto:

  1. i) Disolución de sociedad civil y traspaso de actividad empresarial a una o varias personas físicas.
  2. ii) Disolución de sociedad civil y transformación en sociedad limitada.

 

¿Qué hacer tras el 13-N?

La fecha del 13-N ya ha quedado marcada en ese calendario de sangre y dolor que es el que nunca nos gustaría repetir, el de las páginas del terror, del fanatismo y de la maldad infinita. El pasado viernes 13 será recordado como la fecha en la que París volvió a derramar lágrimas y a reivindicar, aún con más fuerza, la bandera de la Libertad.

 

Hace poco escribí un artículo titulado “El polvo del 11-S”(https://elkalzador.wordpress.com/2015/09/12/el-polvo-del-11-s/ ) para recordar otro tristeaniversario, por los atentados terroristas en las Torres Gemelas y otros lugares de EE.UU

 

En aquella ocasión escribí que: “…Echando la vista atrás, veo demasiada sangre derramada, a un mundo enfermo y marcado por el odio y por el desprecio de los derechos humanos. Demasiadas vidas por vivir aniquiladas y enterradas por fundamentalismos y guerras tan incomprensibles como injustas.”

 

También, añadí entonces, que seguía creyendo en los hombres.Tenía la esperanza de que el bien acabara triunfando, sobreponiéndose ante el mal. Creía y sigo creyendo en la Democracia y en la Libertad. Detestaba y detesto la tiranía, me revelaba y, me revelo, ante los abusos y las violaciones de los derechos humanos. No quería, ni quiero, resignarme ante el terror.

 

No obstante, existen demasiados riesgos que conviene tener en cuenta de cara a preservar los valores de, entre otros, el que significa vivir en libertad dentro de una sociedad. Mientras haya grupos de fanáticos dispuestos a propagar odio y a desestabilizar los principios básicos de cualquier democracia, no habrá rincón seguro en el mundo.

 

Qué fácil es acabar con la vida de las personas; Y qué cobarde, repugnante e inútil es defender cualquier idea asesinando…

 

Ahora toca preguntarse cómo parar esta oleada de terror. Desde los atentados del 11-S, hay una mecha  que lleva tiempo encendida y amenaza con volar por los aires los pilares de muchas de las sociedades que lucharon y luchan por traer la Igualdad y la Libertad a sus pueblos.

 

La respuesta, a mi modo de ver,tiene que seguir pasando por estas pautas, no siempre bien observadas por todas las sociedades y gobiernos de estos países amenazados:

 

1º Acciones preventivas de educación (o reeducación) sobre los principios básicos que deben regir cualquier sociedad, tanto en las democracias ya consolidadas (a veces, es necesario recordar, desde las escuelas y colegios, valores fundamentales como el respeto por la vida, el derecho a la libertad e igualdad, así como algunos deberes de obligado cumplimiento como, por ejemplo, el sometimiento y respeto a la Constitución y al resto de las leyes), como también en las democracias aún por consolidar o en aquellos países gobernados por dictaduras en los que habría que realizar una labor fundamental desde organismos supranacionales, en aras de, al menos, vigilar y sancionar conductas totalmente contrarias al respeto por los derechos humanos.

 

2º Unidad, sin fisuras, de todas las democracias contra las dictaduras del terror. En este apartado, es imprescindible no dejar margen para ningún desencuentro interno, sea de sesgo político, ideológico o de otro ámbito. La propia sociedad francesa, al igual que hiciera antes la americana, nos dieron un ejemplo de ello. En el caso de los franceses, saliendo todos juntos del estadio de fútbol donde se produjo la primera amenaza de bomba, cantando al unísono su himno nacional, la Marsellesa. Un gesto de unidad, sin duda, muy oportuno y necesario.

 

3º Como medidas correctivas y de defensa, conviene distinguir entre los autores materiales, cómplices o colaboradores necesarios de estos u otros atentados terroristas, y los autores intelectuales o la propia estructura criminalque promueve y facilita esas células terroristas que ejecutan lo ordenado. En el primer caso, hay que utilizar todas las herramientas que nos proporciona un Estado de Derecho. En este sentido, se deberán aplicar las leyes, nacionales e internacionales. Cualquiera de estos terroristas y asesinos deberá ser procesado y juzgado mediante un juicio con todas las garantías de legalidad, respetando la presunción de inocencia y el derecho de defensa y, finalmente, de probarse su autoría, condenarlos a la pena de prisión que corresponda mediante una sentenciamotivada. Todo esto no es otra cosa que aplicar las reglas del juego de un Estado de Derecho, el mismo que estos terroristas quieren derribar y cambiar por otras leyes que permiten, por ejemplo, lapidar a las mujeres en plazas públicas o tirar desde la azotea de un edificio a un hombre, por el simple hecho de ser homosexual.

 

4º Para acabar con los autores intelectuales y con las estructuras complejas de estos grupos terroristas será mucho más difícil aplicar el procedimiento apuntado en el punto anterior, ya que no siempre será posible llegar hasta ellos para juzgarlos ante un tribunal, como pudiera ser el caso de la Corte Penal Internacional (CPI). En estos casos, no quedará más remedio que utilizar la fuerza, como arma de legítima defensa. La propia Carta de las Naciones Unidas, de forma excepcional, habilita a los Estados miembros a utilizar el uso de la fuerza en dos supuestos autorizados: En primer lugar, el Consejo de Seguridad, de acuerdo con los artículos 24 y 25 y el Capítulo VII de la Carta, puede autorizar acciones colectivas para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. En segundo lugar, el artículo 51 reconoce el derecho de legítima defensa al afirmar que “Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas

 

Como bien apuntó Edmund Burke: “La única cosa necesaria para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada”

 

Es tiempo, pues, de aplicar todas las herramientas al alcance de la mano de estas Democracias. Las mismas que están viviendo y sufriendo en sus carnes los ataques terroristas de los grupos fundamentalistas que pretenden desestabilizar y derribar los pilares básicos en los que aquéllas se asientan.

 

In memoriam de las víctimas de los atentados de París, del 13-N (D.E.P.)

 

Nueva legislación y nuevas necesidades jurídicas de la Administración Local.

En estos tiempos de cierta perplejidad política y legislativa sigue siendo unánime la opinión que considera a la administración local como la más cercana a los ciudadanos. Y en concreto a los Ayuntamientos como verdadera administración de proximidad. Pero es precisamente esa cercanía un factor que produce roces y genera conflictos. Por esta razón las relaciones del poder local con sus administrados y con otras Administraciones Públicas son cada vez más complejas, tanto desde el punto de vista político como, sobre todo, en su vertiente jurídica. A esta situación han contribuido de forma notable las últimas modificaciones legislativas que traen causa de la reforma del artículo 135 de la Constitución y de la obligación que todas las Administraciones Públicas tienen de adecuar sus actos al principio de estabilidad presupuestaria junto a la lucha sin cuartel contra el déficit público. A esta reforma constitucional le dio continuidad y alcance normativo la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que en el caso de la Administración Local ha tenido su discutible y particular reflejo en la Ley 7/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. No ha ocurrido algo similar con la Administración General del Estado ni con las Comunidades Autónomas. No en los términos ni con el rigor con el que los focos anti déficit se han colocado sobre las Entidades Locales y muy en especial sobre los Ayuntamientos. Para colmo, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, introduce elementos de complejidad organizativa que, hoy por hoy, no son cosa fácil ni están al alcance de todas las Entidades Locales. Esta situación dará sin duda nuevos argumentos a favor de los partidarios de reducir la estructura local de nuestro país. Finalmente y para terminar de complicar el panorama nos encontramos con los desarrollos normativos autonómicos de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Dadas las circunstancias no resulta desencaminado afirmar que los ayuntamientos precisan de una asistencia jurídica cada vez más experta y sofisticada que no sólo cubra el ámbito contencioso y la asistencia letrada en juicio, sino que también procure asesoría y cobertura legal ante la toma de decisiones acerca de su ámbito competencial y financiero. En definitiva, sobre la esencia misma de la existencia de un municipio y la razón de ser de un ayuntamiento que lo dirija y gestione. Hay muchos asuntos clásicos que siguen siendo competencia municipal y que se encuentran normalmente cubiertos por los servicios jurídicos propios de la corporación. Me refiero al área urbanística, medio ambiental o patrimonial. Sin embargo, y esto es sólo un ejemplo, a partir del 31 de diciembre de 2015 los Ayuntamientos deberán traspasar sus competencias en materia de servicios sociales a las Comunidades Autónomas, siempre que estas lo hayan previsto y organizado. En cualquier caso los servicios sociales tal y como se venían gestionando hasta este momento desde el ámbito local dejarán de ser competencia municipal. Y mientras tanto, ¿qué harán los ciudadanos?. Pues llamar a la puerta. De los ayuntamientos, claro.

Beps, Doble Irlandés y Sándwich Holandés.

BEPS, doble irlandés y sándwich holandés pueden parecer unos términos que caracterizan a una bebida o comida, pero nada más lejos de la realidad, ya que estos nombres, muy de actualidad por las declaraciones de los Ministros de Hacienda, identifican unos sistemas de ingeniería fiscal utilizados por las multinacionales tecnológicas para trasladar sus beneficios a países de escasa o nula tributación aprovechándose de una normativa claramente obsoleta e ineficiente de los sistemas fiscales internacionales.

 

BEPS, son las siglas de Base erosion profit shifting, o lo que es lo mismo, la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios, que las grandes corporaciones multinacionales consiguen a través del movimiento de capitales y de la localización de sus activos intangibles (derechos de propiedad intelectual) en paraísos fiscales.

 

El doble irlandés y el sándwich holandés son las estructuras más conocidas que utilizan estas multinacionales para hacer “desaparecer” beneficios a efectos fiscales, o bien trasladarlos a zonas de baja o nula tributación dónde no tienen actividad real.

 

Concretamente el doble irlandés lo forman una sociedad situada en Irlanda y otra que radica en un paraíso fiscal, en este caso, en las Islas Bermudas. Valiéndose de la existencia de un convenio especial entre los dos citados países, la sociedad domiciliada en Bermudas aglutina los intangibles y los cede a la entidad irlandesa, que es la encargada de facturar en toda Europa, y que le paga en concepto de royalties cantidades millonarias por el uso de esos derechos de propiedad intelectual, de manera que el beneficio que se queda en Irlanda es muy pequeño.

 

Para más inri, y aún siendo el Impuesto sobre Sociedades uno de los menos gravosos (12,5%) de los países europeos, las grandes corporaciones utilizan el sándwich holandés para llevar al mínimo su tributación. Esta estructura implica que a las sociedades ya creadas se les suman otras dos: una en Holanda que se aprovecha del tratamiento especial previsto en ese estado para los Holdings de entidades, y de la existencia de acuerdos de doble imposición con paraísos fiscales, en uno de los cuales, en este caso las Antillas Holandesas se crea la segunda, la cual sólo necesita el nombre de un administrador para ser operativa. Estas dos últimas entidades permiten que los pocos beneficios que quedan en la sociedad de Irlanda se traspasen a Holanda mediante el reparto de dividendos, aprovechándose para ello de la exención que la legislación irlandesa contempla para el movimiento de dividendos desde ese país a otros estados europeos. Posteriormente, la sociedad holandesa, valiéndose de un convenio por el cual se permite trasladar beneficios a las Antillas Holandesas pagando únicamente el 2% de impuestos, trasladan estas cantidades a ese paraíso fiscal.

 

De esta manera, conjugando las dos estructuras, los beneficios obtenidos por estas multinacionales terminan en las Islas Bermudas o en las Antillas Holandesas prácticamente libres de impuestos.

 

Estas estructuras fiscales provocan que las filiales de las grandes corporaciones en diversas naciones únicamente tributen por una pequeña parte de las ganancias generadas en el país, pues las filiales únicamente facturan a sus delegaciones en Irlanda por la prestación de servicios (ya sean de marketing, de agencia comercial, intermediación, etc.) actuando en la mayoría de los casos como meros comisionistas.

 

Esta situación, en el caso español, ha derivado en que la mayoría de estas compañías hayan sido o estén siendo inspeccionadas por la Agencia Tributaria por no utilizar el principio de plena competencia en las políticas de precios de transferencia aplicadas en sus operaciones intragrupo, al dejar unos márgenes de beneficio demasiado pequeños o incluso pérdidas en España pese a generar una actividad de muchos millones de euros. Sirven de ejemplo para este caso compañías del renombre de Amazon, Google o Microsoft.

 

Toda esta ingeniería fiscal hace que tanto los contribuyentes personas físicas como las restantes sociedades que no se benefician de estas estructuras soporten una mayor carga impositiva que las multinacionales generando problemas tanto al Estado, al mermar gravemente su capacidad recaudatoria, como al resto de empresas que operan en el mercado nacional, que no pueden competir en igualdad de condiciones con ellas.

 

Tras años de trabajo, la OCDE ha publicado, el pasado 7 de octubre, los informes finales de su plan de acción sobre BEPS con una serie de medidas encaminadas a reducir la evasión fiscal de las multinacionales. Este paquete de medidas pretende situar el foco de la tributación en la sustancia económica del lugar en el que se desarrolla la actividad empresarial y conseguir un entorno de mayor transparencia mediante la adopción de cambios en la normativa interna de los estados, especialmente en lo referente a operaciones vinculadas (precios de transferencia), así como introducir modificaciones en los convenios de doble imposición.

 

Actualmente, la OCDE sigue trabajando para que en un futuro no muy lejano se pueda conseguir un Acuerdo Multilateral en materia de convenios fiscales para la aplicación de todas las medidas sobre BEPS que permita a los estados moverse en un escenario de una cierta seguridad jurídica que difiera de la confusión normativa que reina actualmente, y que da cobijo a un alto grado de elusión fiscal.

¿Qué supone el Reglamento de Bruselas I bis para las demandas transfronterizas de daños personales?

¿Qué supone el Reglamento de Bruselas I bis para las demandas transfronterizas de daños personales?

 Desde el 10 de enero es aplicable un nuevo reglamento comunitario, el Reglamento 1215/2012 o Reglamento de Bruselas I bis, que ha introducido importantes cambios en las normas de determinación de la competencia judicial, es decir, aquellas que determinan qué tribunales tienen competencia para conocer de un asunto con elementos internacionales, como lo son aquellos derivados de un accidente ocurrido en el extranjero.

 Suspensión del procedimiento

En los últimos años se ha generado un gran debate acerca de si el tribunal competente de un Estado Miembro puede declinar su competencia a favor del tribunal de un tercer Estado, cuando existe un pacto de sumisión.

El nuevo reglamento no solo no ha dado una respuesta clara a esta cuestión sino que, ha dado lugar a una problemática aun mayor. El artículo 33 establece esta posibilidad únicamente cuando otro procedimiento con el mismo objeto, causa y partes haya sido iniciado con anterioridad en un tercer Estado. Fuera de ese caso, no existe la posibilidad de declinar la competencia. Además, aun en el caso de que se den dichos requisitos, la decisión de suspender el procedimiento por parte del tribunal del Estado Miembro que empezó a conocer con posterioridad, es totalmente facultativa.

El artículo 34, en cambio, regula las acciones conexas, en las que es conveniente oír y resolver las demandas conexas conjuntamente para evitar el riesgo de resoluciones contradictoras. Como sería el caso de la demanda de un Tour Operador contra un hotel extranjero en el que uno de los huéspedes ha sufrido un daño, en aquellos casos en que el huésped haya dirigido la demanda contra el Tour Operador en virtud de las disposiciones que regulan el Viaje Combinado.

Los contratos celebrados por consumidores y los conflictos laborales

El nuevo artículo 18.1 es probable que sea de especial ayuda para los demandantes en reclamaciones por accidentes ocurridos en las vacaciones en un país extranjero, ya que permite a los consumidores iniciar el procedimiento en el órgano jurisdiccional de su domicilio, independientemente de que el demandado esté o no esté domiciliado en un Estado Miembro. Sin embargo, a tenor del artículo 17.1.c, sigue siendo un requisito que el demandado ejerza actividades comerciales o profesionales en el Estado Miembro del domicilio del consumidor.

El artículo 21.2 amplía el ámbito de aplicación para que los tribunales de los Estados Miembro tengan competencia para conocer de conflictos laborales. Si el empresario no está domiciliado en un Estado Miembro, ahora podrá ser demandado ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que el trabajador desempeñe habitualmente su trabajo o, ante el tribunal del lugar en el que esté situado el establecimiento que haya empleado al trabajador.

El artículo 26.2 refuerza la protección en los casos en los que el demandado sea el tomador del seguro, el asegurado, un beneficiario del contrato de seguro, la persona perjudicada, el consumidor o el trabajador, requiriendo al órgano jurisdiccional para que, antes de asumir la competencia, se asegure de que el demandado ha sido informado de su derecho a impugnar la competencia del órgano jurisdiccional.

 

Competencia  exclusiva y el “torpedo italiano”

Con la anterior regulación, los casos relacionados con acuerdos de competencia exclusiva, fueron objeto de abusos. Si el órgano jurisdiccional de otro Estado Miembro –uno distinto al que tuviera competencia exclusiva para conocer- conocía primero del asunto, entonces el órgano que conoció después tenía que suspender el procedimiento y esperar a que el tribunal que estuviera conociendo con anterioridad se declarara incompetente, produciéndose de ese modo grandes dilaciones en el proceso.  Esta estrategia procesal es la conocida como el “torpedo italiano”, conforme a la cual, la parte que incumplía o que preveía incumplir un contrato, presentaba una demanda ante el tribunal de un país incompetente y con una administración de justicia muy lenta, como es Italia, ya que dicho país podía tardar años en declarar su incompetencia, manteniéndose mientras tanto la segunda demanda suspendida.

Con el nuevo reglamento se intenta mejorar la eficacia de la competencia exclusiva y evitar éstas estrategias procesales temerarias. A ese respecto, el artículo 31.2 establece que, si se presenta una demanda ante un órgano jurisdiccional de un Estado Miembro que tenga competencia exclusiva en virtud de un acuerdo entre las partes, cualquier órgano jurisdiccional de otro Estado Miembro que estuviera conociendo del asunto, suspenderá el procedimiento hasta que el órgano jurisdiccional ante el que se presentó la demanda en virtud del acuerdo declare si tiene o no competencia.

Las cláusulas de competencia exclusiva son habituales en demandas de indemnización con aseguradoras. Sin una cláusula de competencia exclusiva, existe el riesgo de que la parte lesionada sea “torpedeada” a un órgano jurisdiccional de un Estado Miembro incompetente. Esto puede ocurrir cuando una aseguradora extranjera busca una declaración de incompetencia del órgano jurisdiccional de su domicilio, una táctica cada vez mas usada con la intención de dilatar el procedimiento y frustrar la demanda.

Conclusión

El nuevo reglamento facilita las cosas a los demandantes que han sufrido un daño en el extranjero, estableciendo que el órgano jurisdiccional de su domicilio tiene competencia para conocer de su demanda. Sin embargo, no debe olvidarse que, cualquier incertidumbre en cuanto a la regulación y los nuevos conceptos introducidos por el Reglamento de Bruselas I bis serán sometidos a la decisión del TJUE, lo que puede dar lugar a una resolución que no es la esperada. Por lo tanto, es importante que, quienes deseen demandar por haber sufrido algún daño fuera de su país, actúen con rapidez para evitar ser atados a una jurisdicción extranjera, buscando consejo de un especialista desde el primer momento.