El mercado financiero y los nuevos modelos de comunicación.

 

“Los mercados financieros son generalmente impredecibles, entonces, uno tiene que tener diferentes escenarios.

La idea de que se puede predecir lo que va a suceder va en contra de mi manera de ver los mercados.”

George Soros.

 

En días pasados un grupo de doscientos jóvenes de todas partes de México, en el que me incluyo, tuvimos la grata oportunidad en participar en el III y VI Congreso Internacional Financial Litigation Network y de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, respectivamente; eventos que llevaron por título “El Nuevo Capitalismo de los Ciudadanos”, y en donde pudimos tener contacto, de primera mano, con líderes y expertos quienes desde su óptica nos brindaron sus perspectivas, realidades y retos que encara el mercado financiero en un mercado cada vez más globalizado.

De tal forma que de manera directa e indirecta la jornada de dos días de conferencias nos fue guiando a una realidad imperante no solo en el mercado financiero, sino en la vida diaria, que es el surgimiento de nuevos modelos de comunicación y es que hemos sufrido un boom en el desarrollo de tecnologías que han logrado una sociedad más informada, más activa y con una mayor cohesión social. En este sentido la actividad financiera, la oferta, la demanda que realizara una Institución Financiera, así como los competidores que enfrentara, hace diez o quince años es muy distinta a la que se desarrolla hoy en día, se han roto paradigmas y el ciudadano juega un papel toral en el rumbo de las actividades económicas.

Y es que ante los fuertes sin sabores que han dejado crisis económicas, abusos al ciudadano y desfalcos han generado el surgimiento de dos nuevos fenómenos que son la búsqueda de nuevos modelos de financiación, Crowdfunding, y una mayor interacción de todo tipo de accionistas en la toma de decisiones, que no es más que cumplir con un objetivo humano y natural: buscar no cometer los mismos errores del pasado.

Por lo que  el ejercicio que realizan el mercado financiero y los nuevos medios de comunicación estriban, esencialmente, en la perfección del dialogo, interacción y toma de decisiones por medio de tecnologías móviles, sin embargo la falta de confianza y la brecha tecnología existente aún en muchas partes del mundo han generado que este tópico se convierta en una asignatura pendiente, y por ende dando cabida a que tropecemos de nuevo con la misma piedra. La respuesta es obvia, gobiernos, ciudadanos y empresas debemos aportar por un mundo comunicativamente más globalizado.

La Justificación de subvenciones y su comprobación material y formal. La posibilidad del control financiero.

I. – La naturaleza jurídica de las subvenciones.

Las subvenciones, según la jurisprudencia (SSTS 22-11-2004), se configuran tradicionalmente como una de las medidas que utiliza la Administración Pública para fomentar la actividad de los particulares hacia fines considerados de interés general.

Con esa actividad administrativa de fomento, la Administración atiende de manera directa e inmediata a lograr el progreso y el bienestar social mediante el otorgamiento de ventajas al sujeto fomentado, generándose a su vez una relación jurídica entre éste y aquélla de naturaleza contractual, una relación sinalagmática en la que la entrega de la cantidad como subvención por la Administración no es expresión de un ánimo de liberalidad, sino que encuentra su justificación en la promoción de los fines perseguidos con la misma.

Existe, por tanto, carácter condicional en la subvención en el sentido de que su otorgamiento se produce bajo la condición resolutoria de que el beneficiario tenga un determinado comportamiento o realice una determinada actividad en los concretos términos en que procede su concesión.

En la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala tercera, de 18 de julio de 2006, rec. 165/2006, se recuerda que “… la subvención no responde a una «causa donandi», sino a la finalidad de intervenir en la actuación del beneficiario a través de unos condicionamientos o de un «modus», libremente aceptado por aquél. Por consiguiente, las cantidades otorgadas en concepto de subvención están vinculadas al cumplimiento de la actividad prevista. Se aprecia, pues, un carácter condicional en la subvención.”

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), recoge de forma expresa, un conjunto de principios generales que deben inspirar la actividad subvencional, procurando minimizar los efectos distorsionadores del mercado que pudieran derivarse del establecimiento de subvenciones. Asimismo, y tomando como referencia el régimen jurídico de la contratación administrativa, la LGS recoge los principios que han de informar la gestión de subvenciones (igualdad, publicidad, transparencia, objetividad, eficacia y eficiencia), y los requisitos que deben necesariamente cumplirse para proceder al otorgamiento de subvenciones y para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora.

Ha de tenerse en cuenta también el Derecho comunitario, porque las políticas internas de mercado deben respetar los principios de economía y libre competencia. Los Estados miembros tienen la potestad para establecer y para otorgar ayudas, pero con sometimiento a las limitaciones comunitarias, en especial los artículos 87 y 88 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea.

El establecimiento de subvenciones se inscribe dentro de la potestad discrecional de la Administración. Sin embargo, una vez que la subvención ha sido anunciada y regulada normativamente, termina la discrecionalidad y comienza la regla, y el reparto concreto escapa del puro voluntarismo de la Administración.

Más concretamente, el otorgamiento de la subvención ha de estar determinado por el cumplimiento de todas las condiciones exigidas por la normativa correspondiente, pues de lo contrario resultaría arbitraria la discrecionalidad de actuar de la Administración y totalmente atentatoria a la seguridad jurídica.

 

II.- El marco jurídico que rige en materia de subvenciones.

En toda concesión de subvención es muy importante conocer el marco jurídico que resulta aplicable y que depende, en todo caso, del órgano que la concede que –a su vez- marcará la normativa que hay que tener en cuenta en relación a la forma y constitución de la cuenta justificativa y los plazos para su realización, que pueden variar en cada caso.

También ha de determinarse el grado de prevalencia de las distintas normas aplicables, ya sean leyes o reglamentos, en relación con las bases reguladoras, las convocatorias y los posibles manuales, guías o instrucciones para la justificación de la mismas, y así poder determinar, en el caso de existir contradicciones entre unas y otras, cuáles tienen carácter vinculante.

Dependiendo de cada caso concreto, habrá que estar al órgano concedente de la subvención, pues de ello dependerá si será de aplicación la normativa de ámbito regional que resulte de aplicación junta con las normas estatales.

Así, hemos de tener en cuenta:

-          La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), en la parte que constituye normativa de carácter básico y que se refleja en su Disposición Final 1ª-.

-          El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones, también en la parte que constituye normativa de carácter básico y que se refleja                 en su Disposición Final 1ª-.

-          La Orden del organismo otorgante, en la que se establezcan las Bases Reguladoras para la concesión de incentivos a proyectos de investigación.

-          Cualquier otro tipo de resolución por la que se ponga fin al procedimiento para la concesión de incentivos a proyectos de investigación dentro del ámbito que proceda.

-          Podrían existir Manuales de Justificación o las llamadas Instrucciones técnicas de Justificación.

 

En cuanto a las Instrucciones de Justificación, tienen la naturaleza de meras instrucciones de contenido técnico.

Por último apuntar que, cuando las subvenciones sean con cargo a fondos de la Unión Europea, habrán de regirse necesariamente por las normas comunitarias aplicables en cada caso y por las normas nacionales de desarrollo o transposición de aquéllas, siendo aplicables sólo supletoriamente las normas de ámbito nacional en cuanto a los procesos de concesión y control.

 

III.- El régimen jurídico de la justificación y comprobación de la subvención.

Constituye un deber de todo beneficiario de una subvención “cumplir con las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido[1]”. Dentro del conjunto de obligaciones a cargo del beneficiario de la subvención se incluye la de justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de las condiciones, la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determina la concesión o disfrute de la subvención[2]. Para ello el beneficiario de aquella debe someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe el órgano concedente de la misma[3].

La justificación del cumplimiento de las condiciones y de los objetivos previstos, constituyen un acto con forma documental y de carácter obligatorio, que corresponde al beneficiario de la subvención y que da inicio a las actuaciones de comprobación del órgano concedente en orden a su verificación.

Entre las modalidades de justificación de las subvenciones, a tenor de lo indicado en el artículo 30 de la LGS, por lo que aquí interesa, destaca la forma de cuenta justificativa del gasto realizado de acuerdo con lo dispuesto en las bases reguladoras de la subvención.

La rendición de la cuenta, a la que debe acompañar los justificantes del gasto realizado y los documentos que acrediten el cumplimiento de la actividad, proyecto o finalidad que constituye su objeto, es un acto del particular por medio del cual acredita de una forma directa la realización de la función pública pretendida.

Sobre este particular se pronuncia el apartado 2 del artículo 30 de la LGS.

La obligación del beneficiario de justificar la aplicación de los fondos recibidos al fin propuesto ha de cumplirse dentro de un plazo fijado por las bases reguladoras de la subvención.

El beneficiario de la subvención ha de cumplir pues, no sólo las condiciones de fondo que determinen el derecho a la subvención, sino también las condiciones formales referidas a la forma y el tiempo de acreditación de aquéllas[4], de manera que un incumplimiento meramente formal puede llevar consigo la exigencia del reintegro, puesto que, como indica el artículo 37 c) de la LGS, constituye causa de reintegro el “incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de esta ley, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención”.

Y es que como señala la Audiencia Nacional en Sentencia de 15 de abril de 2015 (Rec.311/2014) “debe subrayarse que el manejo de fondos públicos demanda una rigurosa justificación y acreditación de la aplicación y destino a tales fondos, que garantice el correcto cumplimiento de los fines que justificaron la subvención. Por ello, la falta de cumplimiento de los requisitos documentales determinados en la norma convocante, determina como consecuencia que no se tenga por justificado y aplicado en forma el gasto”.

A este respecto, el Tribunal Supremo ha fijado una reiterada doctrina referida al incumplimiento de requisitos formales. Sobre este particular, la STS de 7 de julio de 2005 (RJ 2005/5170) señala que «han de cumplirse las condiciones de fondo, pero también han de cumplirse las condiciones formales que se establezcan relativas al tiempo y forma de la acreditación y ese cumplimiento incumbe acreditarlo a la actora, que en el caso de autos, aun cuando se acepte su cumplimiento respecto del fondo, no lo hizo respecto de los requisitos formales»[5].

Por tanto, presentada la justificación de la subvención con la estructura y alcance que establece su normativa reguladora, la misma pueda ser discutida por el órgano competente para la comprobación.

En este sentido, el artículo 32 de la LGS dispone que «el órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención».

En consecuencia, y de acuerdo con la Ley, el órgano gestor de la subvención realiza dos tipos de comprobación, a saber, una comprobación formal de la justificación presentada por el beneficiario, y una comprobación material destinada a verificar la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad comprometida.

No obstante, debe tenerse presente, como precisa la STS de 20 de mayo de 2008 al establecer las notas que caracterizan a las subvenciones, que el establecimiento de la subvención puede inscribirse en el ámbito de las potestades discrecionales de las Administraciones públicas, pero una vez que la subvención ha sido regulada normativamente termina la discrecionalidad y comienza la previsión reglada cuya aplicación escapa al puro voluntarismo de aquéllas”.

Se concluye por tanto, que las exigencias en la forma de justificación de la subvención han de responder a lo establecido en la normativa que la rige, no teniendo la Administración discrecionalidad para exigir lo no reglamentado previamente, pues aprobadas las normas reguladoras de la misma se está a una previsión reglada del procedimiento.

Por otro lado, la escasa regulación legal de la comprobación de subvenciones a realizar por el órgano concedente de la misma, recogida en un único precepto de su articulado previamente transcrito, se completa someramente en el Capítulo IV del Título II del Reglamento, sobre el procedimiento de gestión.

Sin embargo, si bien la norma reglamentaria de desarrollo introduce la separación entre la comprobación formal y material del órgano gestor en sus artículos 84 y 85 respectivamente, no atiende a determinadas cuestiones de extraordinaria importancia si tenemos en cuenta que las actuaciones de control sobre los beneficiarios de la subvención se extienden más allá de las realizadas por este órgano administrativo, siendo de incuestionable trascendencia práctica precisar no sólo las facultades y los medios de comprobación de que dispone el órgano concedente, sino también la determinación del plazo de ejercicio de sus actuaciones comprobadoras, en relación con el procedimiento de control financiero que corresponde a la Intervención General.

  

  1. La comprobación formal.

 

Presentada la justificación por el beneficiario de la subvención, corresponde al órgano concedente de la misma llevar a cabo su comprobación de acuerdo con el método establecido en sus bases reguladoras, a cuyo fin, como indica el artículo 84.1 del RGS, «revisará la documentación que obligatoriamente debe aportar el beneficiario».

Ahora bien, tratándose en todo caso de una comprobación estrictamente formal, la misma se desarrolla por el órgano competente sobre la base de lo declarado por el beneficiario, con el propósito de revisar que la documentación presentada sea suficiente para entender cumplido su deber, y cotejar que los gastos subvencionables se corresponden con las actividades y resultados descritos en su declaración, pero sin entrar a valorar la realidad de lo declarado; labor que ha de realizarse en el seno de una comprobación material.

El objeto de la comprobación formal lo contempla el artículo 92.2 del RGS.

Los órganos concedentes de las subvenciones públicas no realizan una comprobación meramente formal de la justificación, llegando a comprobar la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad pública comprometida por el beneficiario de la subvención.

 

  1. La comprobación material.

 

Al margen de la comprobación documental realizada con carácter previo, el órgano concedente de la subvención ha de examinar la realización por los beneficiarios de las actividades subvencionadas, así como el cumplimiento de la finalidad que determina la concesión y disfrute de aquella.

Con el fin de proceder a esta comprobación de carácter material, el órgano gestor ha de elaborar un plan anual en el que indique el alcance de la comprobación, ya que la misma puede ser general, comprendiendo todas las subvenciones concedidas, o puede presentar un carácter parcial, al realizarse exclusivamente sobre una muestra de las concedidas. Asimismo este plan anual debe indicar el momento de su realización.

La inclusión del beneficiario de una subvención en el citado plan determina la iniciación de un auténtico procedimiento de comprobación, que en nuestra opinión ha de ser notificado al interesado precisando su alcance, esto es los aspectos de la subvención que van a ser objeto de examen por el órgano concedente.

Hemos de poner de manifiesto en este punto que la normativa reguladora de las subvenciones no establece el conjunto de actuaciones que el órgano gestor de la subvención puede realizar con la intención de precisar la veracidad de lo declarado por el beneficiario, ni regula tampoco el procedimiento que dicho órgano debe seguir en el ejercicio de sus funciones.

Ahora bien, creemos que el ejercicio de una potestad administrativa como la referida a la comprobación de las subvenciones públicas, exige el respeto de determinados derechos y garantías del beneficiario de la subvención, que sólo pueden protegerse por la vía de la tramitación de un procedimiento adecuado que evite el riesgo de discrecionalidad administrativa.

Y en este sentido, el artículo 5 de la LGS indica que, en ausencia de disposición expresa sobre un tema, habrá que acudir de forma supletoria a las normas de Derecho administrativo y de Derecho privado, siendo en este punto importantes las reglas que sobre el procedimiento administrativo establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Por lo que se refiere a las actuaciones de comprobación, el órgano concedente de la subvención puede examinar la justificación presentada por el beneficiario, incluidas las facturas y demás documentos probatorios del gasto subvencionable.

Efectuadas las actuaciones oportunas para la comprobación de la realización de las actividades que constituyen el objeto de la subvención, y el cumplimiento de la finalidad prevista, el órgano competente ha de terminar el procedimiento con un acto administrativo en el que haga constar la adecuación de la subvención a los objetivos propuestos, o en caso contrario la existencia de un incumplimiento parcial o total y la necesidad de iniciar un procedimiento de reintegro de la subvención[6].

 

IV.- CONCLUSIONES.

 

  1. - Constituye un deber de todo beneficiario de una subvención “cumplir con las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido”. Dentro del conjunto de obligaciones a cargo del beneficiario de la subvención se incluye la de justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de las condiciones, la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determina la concesión o disfrute de la subvención.
  2. - Corresponde a la Administración concedente, en el momento de la aprobación de las bases reguladoras de la subvención, la determinación del plazo y la forma de justificación. Pero una vez que la subvención ha sido regulada normativamente termina la discrecionalidad y comienza la previsión reglada cuya aplicación escapa al puro voluntarismo de aquélla. 

3-          El control de las subvenciones se desarrolla según la LGS en dos estadios claramente diferenciados dentro de la Administración, existiendo una primera comprobación formal y               material realizada por el órgano gestor y que puede finalizar con un acto administrativo de confirmación del cumplimento de las condiciones y resultados previstos, o bien con                 el inicio de un procedimiento de reintegro en caso de incumplimiento. Existe además un control posterior de la subvención llevado a cabo por la Intervención General, órgano                   encargado de las labores de control financiero.

      4 - Ambos controles tienen distinto alcance. Los órganos gestores no pueden requerir al beneficiario más de lo que éste está obligado a presentar como justificación de la                                 subvención de conformidad con las bases reguladoras. La LGS no les reconoce mayores facultades inquisitivas: no pueden pedir documentación que la normativa reguladora de              la subvención no les obligue a presentar. El control financiero que lleva a cabo la intervención es de alcance general.

     5.- En todo caso las actuaciones de comprobación del órgano gestor son compatible con el posterior control financiero.

    6.-  Si bien la Administración tiene un plazo de 4 años para la revisión o comprobación de los documentos, debe hacerlo a través del procedimiento administrativo correspondiente.               E iniciado por el órgano concedente el procedimiento destinado a comprobar la subvención concedida al beneficiario, éste ha de continuar hasta su finalización. Sin embargo,                 ni la Ley ni el Reglamento de subvenciones indican el plazo de duración del mismo, a diferencia de lo que ocurre con el procedimiento de control financiero cuya finalización se               prevé en el plazo de doce meses. La falta de concreción de la Ley en este punto nos exige acudir a la normativa supletoria para determinar el tiempo de que dispone el órgano                     gestor de la subvención para realizar la comprobación, que será de tres meses desde la fecha del acuerdo de iniciación, según indica el artículo 42.3 de la LRJ-PAC. Transcurrido            el plazo previsto sin resolución expresa, y siendo éste un procedimiento iniciado de oficio susceptible de producir efectos desfavorables o de gravamen para el beneficiario, en la                medida en que puede derivar en el inicio de un procedimiento de reintegro, se producirá la caducidad del procedimiento con el archivo de las actuaciones.

 

[1] Artículo 2.1 b) in fine LGS.

[2] Artículo 14.1 b) LGS.

[3] Artículo 14.1. c) LGS.

[4] Así lo establece el artículo 2 b) de la LGS.

[5] Asimismo, véase también la STS de 12 de marzo de 2008 (RJ 2008, 3721) y la SAN de 19 de noviembre de 2008 ( PROV 2008, 380791).

[6] Constituye causa de reintegro, según el artículo 37 b) de la LGS, el «incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención».

Interposición de recurso contencioso.

 

Los modelos normalizados de solicitud, como dice la Ley 30/1992, son habituales en sede administrativa. Sin embargo, no lo son tanto en la vía jurisdiccional. ¿Pueden ser útiles? Recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha optado por establecer un formulario para la presentación de demandas- El tribunal de Estrasburgo considera que el formulario permite procedimientos más rápidos al estandarizar y sintetizar las alegaciones.  Facilita además el acceso a dicha instancia.

Cabe plantearse, ante el elevado número de casos que reciben algunos tribunales españoles, si sería útil adoptar el sistema de modelos o formularios normalizados y obligatorios.

Queremos contribuir a ese debate aportando un ejemplo de modelo de formulario para interponer recurso contencioso-administrativo. Por su configuración, consideramos que puede ser muy útil para casos sencillos.

Por supuesto, se admiten sugerencias, consejos y recomendaciones.

Aquí tienes el modelo:  http://www.cremadescalvosotelo.com/media/556325/interposici_n_de_recurso_contencioso_form__5_.pdf 

 

 

Stop desahucios y equidad.

En nuestra tradición clásica, la ética, entendida como el discernimiento sobre lo bueno y lo justo es inconcebible sin la política. Si lo resumo mucho, quedaría de la siguiente forma: para que algo sea éticamente correcto ha de ser reconocido como tal por la comunidad. En mi opinión, este principio aristotélico está plenamente vigente, pero no ocurre lo mismo con su inspiración, que no ha sido capaz, a fecha de hoy, de recuperarse de los quebrantos infligidos por la Ilustración y el post-modernismo. Esta pérdida de sentido es el resultado del volteo del anterior enunciado: todo aquello que la comunidad reconoce como correcto debe ser éticamente aceptado. ¿De qué comunidad hablamos? ¿Sólo de aquellos que la componen actualmente? ¿Pertenecen de algún modo a ella los muertos o los que aún no han nacido? El repudio por el pensamiento clásico a la reversión de dicho enunciado tiene mucho que ver con la plenitud ética, es decir, con el respeto hacia quienes nos precedieron y con la responsabilidad frente a quienes nos sucederán. Dicho de otro modo, la equidad como justicia tiene dos ejes de coordenadas, la intrageneracional y la intergeneracional, y la falta de cualquiera de ellas impide ubicar y, por tanto, calificar éticamente una decisión o conducta.

La democracia es, per se, un mecanismo de redistribución: cada voto vale igual con independencia de la riqueza de quien vota. Pero ni los muertos ni los por nacer pueden votar, por lo que la democracia no nos dice nada por sí misma sobre cómo ha de calificarse éticamente (y, por tanto, políticamente) el comportamiento entre generaciones. Este comportamiento se ordena mediante instituciones, normalmente espontáneas, que van dirigidas a asegurar la continuidad en el tiempo de los grupos sociales. La idea de fondo puede ser la de un saldo neto positivo: producir para los que vienen detrás más de lo que nosotros hemos consumido es la clave de la solidaridad intertemporal. La concatenación entre generaciones sólo se puede mantener cuando apreciamos lo recibido de nuestros mayores y, en consecuencia, nos sentimos moralmente –nunca mejor dicho- obligados a hacer lo mismo con los que vienen detrás. Los mecanismos presupuestarios de restricción del déficit y del endeudamiento públicos responden, por ejemplo, a la necesidad de limitar la carga fiscal que los votantes presentes dejan a los futuros. Pero hay muy variadas medidas de acción colectiva distintas de las presupuestarias que permiten, según se quiera, tanto preservar como saltarse el respeto entre generaciones y casi todas ellas tienen que ver con la transferencia de deudas hacia los que todavía no pueden participar de la decisión. La eliminación de los desahucios de viviendas habituales por impago de hipotecas es una de ellas.

Sin necesidad de que se haya producido –al menos todavía- una medida legislativa relevante, la desaparición de las ejecuciones hipotecarias es ya una victoria patente de los defensores de la medida, que se han fajado con enorme eficacia en la arena pública. Los Bancos, por razones estrictamente reputacionales, han renunciado a hacer efectivas las garantías hipotecarias sobre viviendas ocupadas mediante el ofrecimiento generalizado de refinanciaciones a deudores que no pueden pagar (si pudiesen no habría problema alguno), con periodos y condiciones de carencia descabelladas desde el punto de vista financiero. La famosa bancarización de nuestra economía (la europea y la española) hace que semejante patada a seguir convierta a todo el sistema de entidades de crédito en una red de alcantarillado que recibe muchos más detritos de los que puede canalizar y procesar. En lugar de liquidar deudas, las pateamos masivamente hacia el futuro. ¿Qué puede pasar? No se me ocurre otro escenario que el siguiente: nuestros hijos, nietos y bisnietos tendrán que pagar las hipotecas que no hemos pagado nosotros y, además, no obtendrán más créditos de los Bancos. En suma, la generación (de alegres políticos y banqueros y no menos alegres hipotecados) que ha provocado la crisis se la hace pagar en gran parte a la que le sucede y, por tanto, perpetúa la crisis y enseña una lección perversa: vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos.

Me sorprende mucho que quienes defienden enérgicamente, e incluso con buenos argumentos, la sostenibilidad ambiental se vayan de vareta con la sostenibilidad económica. Los fundamentos son los mismos, responsabilidad y solidaridad, las medidas, radicalmente contradictorias, por desgracia. La economía es una ciencia de la acción humana, como afirmaba Mises, y, según pienso, ha de ser entendida como una parte esencial de la ética y de la política, que nos capacita para entender cómo somos y cómo hemos de comportarnos.

Nuevo caso de nulidad esta vez por varias causales invocadas.

Mi mandante y su esposa contrajeron matrimonio canónico, el 1 de julio de 2.006 en la parroquia de Santa María, como se acredita con copia autentificada de certificado de matrimonio expedido por el encargado del Archivo Parroquial.

En el momento de celebrarse el matrimonio, Mario contaba con 21 años de edad y María  19 años de edad.

El matrimonio no ha tenido descendencia.

Los cónyuges en la actualidad se encuentran divorciados en virtud de sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 2 de fecha 29 de febrero de 2.008.

Mi representado es conductor de camiones; desconocemos la actual ocupación de María.

Mario conoció a María un año antes de casarse con ella. Para él era su segunda novia ya que al momento de conocer a María en una discoteca de Granada, acababa de romper con la novia que tenía en aquel momento y de la que estaba profundamente enamorado.

Ese día en la discoteca cuando conoció a María, Mario acababa de discutir con su novia, Pilar, y por despecho, se “lió” con María de la que le llamó la atención cómo iba vestida con ropa ajustada así como lo fácil que le resultó conquistarla. A los pocos días, se reconcilió con Pilar y cortó con María. Pero esta reconciliación duró poco y fue cuando cortaron la relación de manera definitiva y fue entonces cuando Mario llamó a María para olvidar a la anterior y comenzó el noviazgo que terminaría en matrimonio en poco menos de un año después.

Tanto la familia de Mario como la de María está compuesta por personas sencillas. Al parecer, Mario sí fue el primer novio de María, a la que sus padres la trataban con excesivo mimo. Este trato no chocaba a Mario aunque con posterioridad descubrió a que se debía.

El noviazgo pues comenzó aunque su desarrolló era anormal debido a circunstancias geográficas: Mario residía en La Zubia y María del Pilar en Armilla. Así pues, se veían los fines de semana y siempre y cuando las obligaciones de trabajo de Mario se lo permitían puesto que en aquel momento él ya trabajaba como camionero al igual que el padre de María. Y decimos esto porque dada la afinidad profesional de suegro y yerno, Mario cayó bien en la familia de su novia. Otro de los factores que ayudaban a la anormalidad es que Mario seguía enamorado de su antigua novia. Incluso en una ocasión, María “le pilló” un mensaje de aquella y al que María  no pareció darle importancia. Mario buscaba la forma de cortar con María pero esta siempre le perdonaba y le consentía todos sus desaires hacia ella.

Un buen día, María  le dijo a Mario que quería que conociese a sus padres; Mario le manifestó que era demasiado pronto y ella le respondió que si quería que saliese más por las noches sus padres tenían que conocerlo. Mario aceptó y el vínculo con su novia se cerró un poco más.

Una noche, María le propuso el matrimonio y Mario aceptó. Debido pues a que apenas se veían y que Mario seguía despechado con su antigua novia a la que seguía queriendo y anhelaba su regreso, éste dio un paso más en la relación de manera totalmente inconsciente. Hizo, como se suele decir vulgarmente, un huida hacia delante, sin pensar en las consecuencias de ello y movido por el corazón.  La noticia fue bien acogida en ambas casas, si bien, fueron aconsejados que lo pensasen bien puesto que eran muy jóvenes. El consejo se agotó en unos minutos. Nadie más insistió en este asunto.

Comenzaron en aquellos momentos los preparativos de la boda que se celebró en Armilla. A medida que se acercaba la celebración, Mario empezaba a reaccionar y se daba cuenta que iba a cometer una estupidez casándose con María. Incluso llegó a comentar a un primo suyo que le dijese a su antigua novia, Pilar, que se iba a casar ya que era la única persona por la que podía romper el compromiso puesto que seguía enamorado de la misma. El día de la boda pensó en salir huyendo pero por todo el lío que se hubiese montado, terminó dando el “sí quiero” y pasó uno de los días más tristes de su vida.

Se fueron de viaje de novios al Caribe y allí Mario comprobó que María no se comportaba de manera totalmente normal ya que estaba todo el día cansada y no quería hacer nada. A Mario ya le habían comentado que de pequeña, María había sufrido un golpe en la cabeza en el colegio y que esa era la causa de que se comportase de manera un poco lenta en sus comportamientos ordinarios.

Una vez que regresaron de su viaje se instalaron en una casa en La Zubia. Mario seguía con su trabajo de camionero y María se dedicaba a las tareas del hogar aunque con escasa voluntad y rendimiento. Seguía cansada e inapetente.

Al poco tiempo (aproximadamente un mes), María sufrió un ataque epiléptico. Mario era la primera vez que lo veía y se asustó mucho. No tenía ni idea de lo que eso significaba ni sus consecuencias. Fue entonces cuando ya le explicaron que Maria sufría esa enfermedad y que una de las consecuencias de la misma era que no podía tener hijos. Este hecho nunca se lo dijeron y él era un ignorante en estos asuntos. La madre de María se fue a vivir con ellos y la situación en la casa se terminó de complicar. María no quería vivir en La Zubia y le dijo que se iba a casa de sus padres.  Mario no puso objeción y se marchó y el matrimonio quedó roto en aquel momento. Esto ocurrió en mayo de 2.007.

La convivencia matrimonial no llegó al año y se iniciaron los trámites de divorcio que culminaron en la sentencia aportada.

Parece claro pues que en el presente caso se dan una serie de datos, presunciones y evidencias que hacen que el matrimonio contraído por Mario  y María sea nulo de pleno derecho.

Lo fundamental de todo este asunto, es que ni Mario había pensado el matrimonio de una manera profunda, ni además, estaba enamorado de María . Él seguía enamorado de Pilar y mantuvo una relación de noviazgo simplemente por despecho y por cobardía. Su escasa preparación mental se unió a las mismas características de María y entre los dos tomaron una decisión de manera precipitada y sin sentido. La edad, su nula formación humana y religiosa y los malos consejos fueron determinantes en la decisión.

El corazón de Mario estaba en otro sitio el día que dijo el sí quiero. Es un hecho del que está profundamente arrepentido y por esta razón ha pedido perdón. Se comportó en aquellos días como un auténtico “niñato” y además el entorno en el que se movía tampoco ayudó.

Este son las razones principales del error en la decisión de casarse, pero a estas hay que unirle dos circunstancias más. La primera fue que María sufría una enfermedad que podía ser un obstáculo para casarse. Y la segunda que Mario fue engañado ya que esta enfermedad fue ocultada de manera deliberada por parte de María.

María , conocía perfectamente que no podía tener hijos y por tanto esto podría obstaculizar que una persona quisiese casarse con ella. Consecuencia de esto fue que se engañase a Manuel y no se le informase de esta circunstancia y en consecuencia, éste tomó una decisión sin una información esencial para poder construir de manera correcta su voluntad de contraer matrimonio.

No nos cabe duda de que si Mario hubiese conocido la forma de ser de María así como sus alteraciones físicas y psíquicas no se hubiese casado.

Mario no tenía la voluntad bien formada el día que dijo el sí quiero, pero María no estaba  en condiciones igualmente de dar el paso del matrimonio y engañó a Mario.

Vemos pues en definitiva que mi representado tomó una decisión basada en un error acerca de las cualidades de su esposa.

Esta parte no ha podido contrastar datos en estos momentos, se hará en la fase probatoria correspondiente, que avalen la totalidad de las causales invocadas, pero no cabe duda alguna que las propias manifestaciones y comportamientos de la demandada, son prueba suficiente para sostener la simulación y el engaño. Estas manifestaciones y comportamientos no son esporádicos y aislados sino que han sido sostenidos en el tiempo en varias ocasiones y así vienen avalados por el propio testimonio de mi mandante.

Vemos pues que la simulación que se recoge en el cn. 1.101.2 se adapta al supuesto que estamos planteando: simulación total o parcial del matrimonio en si mismo o de algunos de los elementos esenciales que lo conforman (prole, sacramento o bien de los cónyuges –amor-)

Entendemos pues que el consentimiento prestado el día de la boda estaba plenamente viciado ya que si partimos de la base de que nada es querido sin haberse conocido antes, Mario no hubiese prestado su consentimiento de forma libre formándolo con voluntad e inteligencia si hubiese conocido las circunstancias concretas acerca de María.

A las anteriores circunstancias, esta parte entiende que podrían darse igualmente los requisitos recogidos en el canon 1.095.2 de la falta de discreción de juicio por parte de ambos esposos a la hora de conocer los deberes y derechos del matrimonio que mutuamente se han de dar y de la misma manera, el canon 1.095. 3 puesto que la epilepsia es una enfermedad neurológica que afecta a la mente y que provoca una alteración de carácter psíquico que impide el consentimiento en un primer momento y la vida conyugal con posterioridad.

Silbidos al Rey

De la monarquía absoluta, en la que el Rey era el Estado, según frase atribuida a Luis XIV, a la monarquía parlamentaria actualmente vigente en Europa hay un trecho considerable. El monarca absoluto era amado por unos y temido por otros. Pero Maquiavelo, en su obra más conocida, “El Príncipe”, recomendó al Medicis que, si tenía que elegir, eligiera ser temido porque el temor es un sentimiento menos volátil que el amor y facilita saber a qué atenerse. Seguramente los actuales monarcas parlamentarios no son ni tan amados ni tan temidos como aquéllos, ni les hace falta tanto amor ni tanto temor, sino respeto. Esto no es mejor ni peor que lo anterior; sencillamente es lo que hay, sobre todo en España, donde los monarcófilos eran pocos en la transición, vuelven a ser pocos ahora y en los 39 años intermedios lo que había era juancarlistas.

Ciertamente se puede encontrar en el Código Penal un tipo para esa indeseable práctica de saludar al Rey con silbidos hostiles o despectivos; ineducados en todo caso. Pero no se puede castigar a 5.000 o 10.000 personas cada vez, si es que se las puede identificar; con eso sólo se conseguiría aumentar en la misma proporción la hostilidad de los desafectos e incluso provocaría la aparición de sesudos artículos en la prensa y en las redes sociales pontificando sobre la libertad de expresión y el pluralismo político, y no serían pocos los que volvieran a reclamar un referendo sobre la forma política del Estado.

Uno de los principios fundamentales del moderno Derecho penal es el de intervención mínima o intervención sólo en última instancia, ala que se acude únicamente después de haber agotado infructuosamente otros medios menos coercitivos. Y, si hoy un Maquiavelo redivivo fuera preguntado por el monarca sobre si es preferible ser aplaudido o silbado, le respondería: Majestad, este mundo no es el de Savonarola; ahora el simple hecho de ser y de estar cuesta ya bastante trabajo como para que os preocupéis sobre esa minucia; seguid trabajando como hasta ahora, que lo estáis haciendo muy bien, para que en el futuro sean más los aplausos, pero tened bien presente que siempre habrá de todo porque, tal como va el mundo, todo –lo bueno y lo malo– entra hoy en el sueldo de los Reyes.

 

El ejército de Junker

Hace unas semanas, el Presidente de la Comisión Europea, el luxemburgués Sr. Jean-Claude Juncker, ha tenido la peregrina propuesta de creación de un Ejército europeo.

Opino que el Sr. Juncker ha tenido una ocurrencia en solitario, y estamos viendo el rechazo mayoritario de la citada propuesta. Parece olvidarse de que existe la OTAN y que en lustros pasados se creo la UEO, de efímera existencia, a por su inviabilidad operativa.

Un ejército necesita, entre muchas exigencias, ser operativo y técnicamente bueno, en forma y contenido, es decir caro y no conflictivo. El entorno de Juncker ha tratado de justificar la propuesta, al ser las reacciones de sorpresa y rechazo de la idea-ocurrencia, como complementaria a las organizaciones actuales, tales como la OTAN o el Consejo de Seguridad de la ONU ( los cascos  azules), que vienen ofreciendo con mayor o menor operatividad en conflictos bélicos internacionales.

Justificar también la propuesta de un ejercito, a largo plazo, en tener un efecto disuasorio sobre la Rusia del Presidente Putin, y el actual conflicto en Ucrania, Crimea y la zona de río Don, es buscar política de ilusionismo, olvidándose de las medidas diplomáticas, económicas, etc.

La sensatez, el sentido común, el análisis de la situación, el intentar resolver el problema creando otro mal grave y duradero, es exigible.

Sepamos utilizar el mejor instrumento que tenemos de carácter, técnica y doctrinalmente militar, que es la OTAN, moviendo sobre el terreno operacional, con fuerzas armadas, combinadas y conjuntas, con las aportaciones de las tropas, disuasorias aportados por cada país participante en solucionar el conflicto. Para eso no se necesita nuevos ejércitos y FAS, cuya estructura, tipo de clase de armamento- sistema de armas, ubicación territorial sobre los terrenos-escenarios de los Estados  y Naciones, y quien ejercería el mando supremo de esas FAS “europeas”.

Seamos realistas dejémonos de inventos complejos y ocurrentes, y perfeccionemos los instrumentos actuales, Consejo de Seguridad de la ONU y OTAN. Un Ejercito con operatividad internacional, es algo muy serio. Empezando por el CONSENSO internacional en la toma de decisiones políticas, diplomáticas y militares.

Evitemos reproducir escenarios y circunstancias de los lejanos tiempos de la “guerra  fría”.

No es bueno que la propuesta del Sr. Junker o de sus “inspiradores”, la acabe de activar el correoso Presidente ruso, Sr. Putin, al iniciar una exhibición de la fuerza militar de Rusia, con unas significativas maniobras u ordenes de alerta de sus unidades militares del mar Negro, Cáucaso Norte y el Antártico.

 

Restituir el patrimonio. La constitución de un Closed-End fund.

Hace un par de semanas fuimos a los cines Odeon al norte de Hide Park mi mujer y yo invitados por una pareja de amigos ingleses a los que había conocido en una cena en beneficio del Old Possum´s practical Trust, un fondo dedicado al desarrollo, fomento y la restitución del arte que consigue a través de aportaciones voluntarias más de diez millones de euros anuales. Eric Pettigrew y su mujer Christina son buenos aficionados al arte y en concreto les apasiona la pintura, a comienzos de febrero de este año coincidimos en una importante casa de subastas en Old Brompton road.

Ese día se subastaba por un precio estimado de entre once y quince millones de euros una pintura del que hoy es reconocido ampliamente, junto a Pablo Picasso como uno de los grandes artistas del siglo XX, me refiero a Henri Matisse y su retrato “Odalisque au fauteuil noir” (1942). Se trataba de una de las piezas de la serie “Odaliscas” en las que el genio francés pintó varias figuras de concubinas, un conjunto de cuadros que constituye uno de los emblemas más reconocibles del erotismo en el arte moderno. En este cuadro, Matisse retrató a la princesa Nézy-Hamidé Chawkat, la bisnieta del último sultán de Turquía. La princesa Nézy, se trasladó a vivir a Niza con su abuela después de la proclamación de la República de Turquía. Fue precisamente en Niza donde Matisse a sus setenta años de edad la reconoció por la calle, quedando prendado de su belleza hasta tal punto que pidió formalmente a su abuela que Nézy fuera su modelo durante dos años, siempre acompañada por un chaperón que la vigilaba en todo momento durante las sesiones con el pintor. En palabras de Helena Newman, codirectora del departamento de arte moderno e impresionista de Sotheby´s, “este cuadro de exquisitos colores es uno de los más brillantes de la celebrada serie del artista que ha salido nunca al mercado”.  ¡¡Qué maravilla!!, me dije a mí mismo el día aquel en que pude ver de cerca el famoso óleo sobre lienzo y apreciar la pasión de Matisse por la estética oriental.  La subasta duró poco tiempo, alguien por teléfono decidió comprarla por unos veintidós millones de euros e incorporarla a su colección privada, quizás nunca más vuelva a verla tan cerca.

La película que vimos, inspirada en la historia real de Maria Altmann trataba sobre la recuperación del patrimonio que los nazis robaron a la familia de la protagonista durante la segunda guerra mundial y de cómo un joven abogado consigue restituirla a la heredera. Trascurridos sesenta años, Maria Altmann una mujer judía tras escapar de Viena durante la Segunda Guerra Mundial, regresa a su país de origen para recuperar el  Retrato de Adele Bloch-Baauer I, obra de Gustav Klim realizada en 1907 y en el que aparece la tía de María Altmann. Su abogado Randy Schoenberg lucha junto a ella llegando hasta la cúspide del gobierno de Austria y la Corte Suprema de Estados Unidos. Gran actuación de Helen Mirren con un final feliz que llena de esperanza otros muchos casos que a día de hoy quedan por resolver.

A mediados de la semana próxima comenzará a cotizar en la bolsa londinense Fondul Propietatea, un closed-end fund creado por el gobierno rumano en 2005 con el objetivo de compensar a sus ciudadanos por los activos que les fueron confiscados bajo el régimen comunista. Actualmente es el quinto fondo de este tipo con más valor en activos llegando a los 2.900 millones de euros. Naturalmente la ventaja más importante que surge a partir de que un fondo privado realiza una emisión de acciones en la bolsa es que obtiene financiamiento en condiciones competitivas para el fondo, si además lo hace en Reino Unido, imagínense!!!

Londres tiene un número de ventajas únicas comparado con otros mercados internacionales, cuenta con el fondo de capital internacional bajo administración más grande del mundo con 2.500 billones de euros. Esto es, un 30% más que Nueva York y mucho más que cualquier otro centro financiero importante. Londres como centro financiero tiene un modelo regulatorio británico basado en principios menos prescriptivos y, por lo tanto, menos rígidos.  Sin embargo, una ventaja de conservar la emisión en la bolsa proviene del interés que mantienen los inversores sobre el desempeño de la empresa debido a los rendimientos potenciales que pudieran obtener por el incremento en valor de su inversión. Para ello el impulsor y principal accionista del Fondo, Elliot Advisors que cuenta con casi un 20% de participación, para atraer más capital se ha comprometido a dotar al fondo de un mayor control. La operación estará capitaneada por un economista que hará las veces de controller y un grupo de abogados que serán destinados a Rumania por un periodo indefinido y cuya tarea principal será la monitorización de todas las operaciones para asegurar que se vaya a generar valor. El fondo en cuestión está compuesto por diversas participaciones, aproximadamente el 20% del valor está compuesto por participaciones en compañías rumanas controladas por el estado y activos en diversas infraestructuras. Gracias a la privatización de muchas compañías rumanas, casi la mitad de los activos del fondo se encuentran en empresas cotizadas en sectores como hidrocarburos, telecomunicaciones, aeropuertos, eléctricas tanto generación como distribución, etc.

Es además un tipo de fondos que tiene un número fijo de acciones o unidades. Los closed-end funds se diferencian de los open-ended mutual funds, en que los primeros no están abiertos a nuevas emisiones o rescates de acciones de forma continua. En este tipo de fondos cualquiera n puede vender sus participaciones de la manera en que se hace con los fondos más tradicionales. Los fondos closed-end se comportan más como acciones ya que al emitirse un número cerrado de participaciones para el público en una oferta pública inicial, éstas sólo pueden ser intercambiadas en posteriores operaciones de compra o venta en la bolsa. Tampoco están obligados este tipo de fondos a tener que emitir nuevas participaciones como si los están los fondos open-end. El precio de una participación en un fondo closed-end está totalmente determinado por la demanda de mercado, así que las participaciones pueden estar por debajo de su Valor Actualizado Neto cotizando con descuento o por encima del VAN cotizando por tanto con prima

Con esta estructura se consigue dar fiabilidad a la inversión, se consigue atraer capital y se ofrecen garantías al respecto y quizás sea este el mejor vehículo o por lo menos el más claro y fácil de ofrecer a inversores en busca de rentabilidades.

La historia verídica que aparece en la película “la dama de oro” y el lanzamiento de este nuevo fondo compuesto en gran medida por propiedades robadas a los rumanos son claros ejemplos de cómo la restitución del patrimonio a sus herederos legales no sólo consigue beneficiosos efectos a todos los niveles, tanto el afectivo como también el económico.  Quizás sea la restitución de obras de arte uno de los ejercicios judiciales más complicados para ejercer con justicia ya que en ella entran en juego tanto el derecho propio del propietario del cuadro como lo recomendable de que este sea expuesto para el disfrute del público. Algo que Maria Altmann solucionó en cierta manera ya que tras conseguir el traslado del cuadro de su tía Adéle Bloch-Bauer a Estados Unidos en 2006, lo vendió a Ronald Lauder el heredero de la casa de cosméticos Estée Lauder por casi 150 millones de euros y actualmente se expone al público en la Neue Gallery de Nueva York.

Apuesten por tanto a que en el corto y medio plazo a instancia no sólo de particulares sino de gobiernos e instituciones afectadas, veremos casos similares de restitución del patrimonio, es tan sólo cuestión de tiempo.

Datos macroeconómicos.

Estos días, como si de algo novedoso se tratara, se constata de nuevo la elevada deuda del sector público español. Nada menos que  1,0 33  billones de euros, lo que representa el  97.7% del PIB A la par, resulta que el desembolso por intereses de la deuda asciende ya a 34.533 millones de euros, 10.000 millones más que el gasto dedicado al desempleo. El dato de lo que pagamos por los intereses de la duda ha ido subiendo desde 2007 de forma exponencial.

En efecto, hemos pasado de los 387.798 millones de euros precisamente en 2007 al billón de euros de 2014. Los intereses de la duda, pasaron de los 16.892 millones d 2007 a los 34.533 millones con que se cerró el año pasado. O lo que es lo mismo, del 35.5 % del PIB de deuda pública en 2007 al 97.7% en 2014.

Estos datos ponen de manifiesto varias tendencias. Primera, que el recurso a la deuda continúa, es verdad que ahora en menor proporción, pero continua,  sin que se adviertan cambios sustanciales en la forma de gestión económico-financiera de los Entes y de los fondos públicos.  Segunda, el gasto en intereses de la deuda supera al gasto social en desempleo, la gran lacra que junto a la corrupción está golpeando duramente a nuestro país y a tantos millones de compatriotas. Tercera, y la más grave, mientras aumenta la deuda pública, cae el gasto en prestaciones por desempleo incluyendo las contributivas y las asistenciales. En concreto en 2014 la bajada ha sido  de 5.000 millones: de los 29.805 desembolsados en 2013 hemos pasado a los 24.811 en 2014, lo que supone una caída del 17% como consecuencia del menor número  de beneficiarios, de casi un 12%.

En este contexto, los gastos en intereses de la deuda de la Administración del Estado han subido un 5.8% hasta los 30.359 millones de euros, el de las Administraciones Autonómicas creció un 1.9% llegando a los 7.410 millones de euros, y los de los Entes locales bajaron un 16% llegando a los 1.139 millones de euros.

Estos datos de la contabilidad nacional que ofrece el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas siguen registrando un aumento de gasto público considerable que, sin embargo, en buena parte se va a pagar intereses de la deuda. Mientras los salarios, los de la mayoría, todos sabemos en qué niveles se encuentran.  En febrero de 2015 teníamos 2´1 millones de personas desocupadas sin subsidio o prestación frente a los 2 millones de 2014, los 1´98 millones de 2013 o  los 1´6 millones de 2012.

Mientras tanto, muchos españoles  se siguen preguntando porque las cosas siguen como están, por qué continuamos condenados a mantener esta irracional estructura pública y las legiones de paniaguados y adeptos que hasta el momento, salvo honrosas excepciones, permanecen como antes.

Mario Draghi señalaba recientemente  algo tan sencillo como evidente, bajen el gasto público y alivien la presión fiscal a los ciudadanos. En otras palabras, primero las personas, después las estructuras. Las estructuras están para las personas no las personas para las estructuras. Sin embargo….

Delenda est Universitas?

 

El ideal histórico de una educación científica y humanista a la vez, incorporado al concepto moderno de Universidad merced a las aportaciones, entre otros, de Kant, Fichte  y Humboldt vive desde hace años una crisis profunda. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que en el momento actual sólo algunos vestigios, un eco lejano, devuelven a nuestra memoria aquel modelo de Universidad, que durante los dos últimos siglos ha conformado el alma mater de la élite política e intelectual   de los países de nuestro entorno. El hecho, huelga decirlo, reviste trascendencia no sólo en el marco europeo sino de forma especial en el mundo académico español, un sector en el que las señas identitarias de la secular institución universitaria se han ido desdibujando hasta prácticamente desaparecer. Una  mirada a este último siglo, a partir sobre todo de los  años setenta, ilustra con claridad meridiana que  los procesos de especialización emprendidos en las diferentes áreas de conocimiento, lejos de atenerse a patrones de excelencia y modernidad, son la respuesta coyuntural y a todas luces insuficiente al  desafío de las nuevas tecnologías, los postulados de eficiencia económica y el progreso social. Durante décadas se ha venido desmantelando,  hasta su definitiva liquidación,  un sistema educativo anclado en el modelo  napoleónico de Universidad, cuando ni entonces ni ahora se disponía de las estructuras organizativas y funcionales que los nuevos tiempos reclaman. O dicho de otra manera: en el ámbito universitario las sucesivas propuestas de política educativa  no  han cristalizado en  una reforma digna de  tal nombre. Salvo excepciones por todos conocidas, los centros e institutos de enseñanza superior, permanentemente masificados, no pasan de ser modestas fábricas de cuadros técnicos, cuyas  muchas limitaciones y escasas ambiciones la crisis  se ha encargado de poner crudamente de manifiesto. Mas allá de lo que en Alemania se conoce como “disciplina de orquídeas”  (Orquideenfächer)  -entre las que cabría incluir las distintas filologías, la literatura o la numismática, por poner sólo ejemplos destacados-   el resto de las especialidades, tanto en letras como en ciencias, han abandonado su tradicional  dimensión humanista y con el reducto del  pensamiento crítico. Para decirlo en corto y por derecho: la banalización se ha adueñado de espacios centrales de la vida académica , quedando reducidas investigación y docencia a funciones meramente curriculares. El fracaso parcial de  la  perspectiva técnico-económica en términos de racionalización tecnológica y competitividad mantiene abiertas algunas de las viejas querelles  –endogamia, pedagogía rutinaria burocratización de la enseñanza, ausencia de interdisciplinaridad y de espacios intelectuales extracurriculares y un largo etcétera- a la espera de un modelo de innovación y modernidad, que no acaba de llegar. No parece que el Plan Bolonia y sus  benéficos efectos sean, por sí solos, la solución. Entenderlo así sería pecar de falta de sensibilidad y de realismo

2.    No es posible detenerse ahora en los  complejos factores que han contribuido al declive imparable de la Universidad. Tampoco cabe aventurar un diagnóstico y menos aún un  pronóstico   sobre el diseño institucional o los recursos humanos y materiales que requeriría un genuino proceso de modernización regeneración requeriría. En esta oportunidad me limitaré a analizar una sola  de las piezas  del proceso de modernización del sistema académico, que creo conocer bien. Me refiero al  estamento docente y, en particular, al papel determinante  -y la responsabilidad-  asignados al catedrático de Universidad.

3.      Cualquier académico avezado, y más si tiene experiencia en centros extranjeros, sabe que la estructura gradualizada de la carrera docente no es un capricho en la distribución de privilegios, un reparto convencional de papeles. Se trata de algo consustancial a la profesión científica, cuya peculiaridad tiene difícil analogía con las demás profesiones.  Un profesor universitario no es alguien que da una clase recitando un manual. Es alguien que hace ciencia y es capaz de hacer ciencia y de formar científicos. Su condición de sujeto activo del proceso científico y no de mero transmisor del saber, le obliga a acreditar mediante el doctorado su primera aptitud creadora que, acompañada de otras pruebas de habilitación adicionales, permite cualificarle para la docencia.

En los países universitariamente maduros  el reconocimiento definitivo del especial y difícil hábito científico  -lo que suele llamarse profesorado ordinario y, entre  nosotros, catedrático-  no se alcanza en esta fase inicial sino que se otorga al final de una larga trayectoria, una vez se ha incorporado a la propia personalidad esa capacidad segura para dirigir un equipo de trabajo científico y universitario y se han superado las etapas anteriores. Y aunque es más que obvio que no todos llegan ahí, que son pocos los catedráticos maestros acreditados y que las pruebas con que han sido seleccionados tal vez no sean las más apropiadas, nadie podrá negarnos a muchos de nosotros el haber pretendido alcanzar esa meta dentro de un sistema de valores construido desde tales criterios.

4.       La Universidad española, forzoso es reconocerlo, ya no descansa sobre este modelo. Para muchos de los jóvenes que en estos años han iniciado su carrera docente, la investigación es un quehacer de jornada laboral, la tesis doctoral un trámite administrativo a plazo fijo y la docencia una pura contraprestación rutinaria a ingresos siempre escasos. Conocidos durante años con el remoquete de “penenes”, estos recién incorporados a la Universidad venían condenados a la inseguridad en el empleo y a la intemperie en cuestión de sueldos y salarios. Un trabajo docente idéntico al de los funcionarios pero sin reconocerles la estabilidad y permanencia en el empleo ni exigirles competencia alguna. En ese limbo profesional los problemas de la calidad de la enseñanza, de su propia formación científica,  el estímulo intelectual y vocacional, pronto un pequeño reducto olvidado, pasaron a ocupar en la mayoría de ellos un pequeño reducto olvidado. Desde aquellas batallas inevitablemente perdidas en pro de la seguridad por el empleo, aun a costa de los tradicionales filtros de calidad de las prestaciones académicas, en un clima crispado y sumamente degradado, el modelo de acceso a los distintos estamentos de la actividad docente ha experimentado cambios significativos al compás de las sucesivas reformas legales, que con frecuencia no han servido de bálsamo ni de solución. La idea central sigue siendo empero la misma: sin ciencia no hay Universidad. Este es una valor que hay que rescatar de nuevo. Yo lo he aprendido de mis maestros, pues he tenido la fortuna de encontrarlos.

5.   A caballo entre el fantasma del “localismo”  – nadie se muda  ya a  centros docentes  a extramuros de la Comunidad Autónoma e incluso de la propia Universidad , transmutada en un auténtico bastión con barreras de entrada y de salida-  y  el viejo “maltusianismo corporativista” dotado aún de vigor,  los catedráticos, irónicamente llamados en su día “mandarines” asumen, como parte del proceso de modernización de la enseñanza y por ende la de sociedad, una grave responsabilidad en su calidad de profesorado más profesionalizado, depositario de una tradición tan trabajosamente formada,  y tan insuficientemente, contra la rutina y la vulgaridad . Otra cosa es su disposición a afrontar retos  ásperos y de grano tan menudo. Mas allá de que en los últimos años el aura de catedrático se haya visto contaminada por la degradación de la vida académica,  para muchos sigue representado  algo así como una profesión ideal, envidiable en no pocos aspectos. Adornado de  la autoridad y prestigio público que la comunidad académica confiere a una obra científica de calidad contrastada, el catedrático en el que concurren tales circunstancias goza del privilegio de la independencia. No solo su condición de funcionario le libera de preocupaciones materiales perentorias sino que cuenta con la más amplia libertad para en el diseño  del plan docente e investigador, las materias concretas de análisis monográfico así como el donde, cuándo y cómo llevar a cabo tales actividades. Y lo que es aún más importante: la legitimación, llegado el caso, para la palabra oportuna e inoportuna, a tiempo y a destiempo acompañada de una total  autonomía en el ámbito de las evaluaciones técnicas tanto personales como de orden programático. La contrapartida al ejercicio del este poder  es la responsabilidad, un binomio que descansa por lo general en su propia autodisciplina y la voluntad de contribuir eficazmente al desarrollo de la actividad educativa e investigadora. Un discurso en suma libre de injerencias, avalado por un “expertise” fundamentado en decisiones racionales y dispuesto a reconocer sus errores sin calificar de tales las opiniones divergentes. Sólo así, como dice HABERMAS, se hace acreedor  a carisma y  liderazgo por partes iguales. Nada que ver en suma con aquellos profesores exclusivamente consagrados a una parcela  limitada  de su especialidad y en ocasiones a un solo epígrafe del programa de la asignatura.

Este modelo de magisterio obliga en todo caso a clarificar qué es esencial a la institución universitaria, qué hay en ella de mudable y qué debería  ser conservado. No es fácil identificar el significado real y profundo del “alma mater”. Lo que sí cabe afirmar es que no  se trata de“un principio, un axioma, una actitud fundamental, sino lisa y llanamente una moción vocacional” (H.KÜNG). En la vida académica, y más tratándose de un docente, ello expresa en primer término y fundamentalmente una firme voluntad de razonar e incluso convencer, con argumentos,  a personas de pensamiento riguroso. En segundo lugar que los resultados de una  investigación seria y honesta adquieran valor por sí mismos con independencia de los inconvenientes o beneficios que de ahí puedan derivarse en el plano práctico. Mas aún: ningún intelectual, sea de la disciplina que sea, debe cultivar su ciencia en una torre de marfil. Al contrario: tiene que justificar en qué medida sus conocimientos contribuyen a la transformación de la sociedad y, tratándose de juristas, a la realización del ideal de justicia y equidad, que ya formulara siglos atrás Ulpiano. No sería en consecuencia lícito limitarse a pensar entre cuatro paredes lo que debe ser pregonado desde los tejados.

Hace años que tiene lugar en nuestro país, con mayor frecuencia e intensidad que en los países europeos avanzados, la “creative disaffiliation de un buen número de los catedráticos de Universidad en condiciones de hacerlo por razón de su actividad. Médicos, economistas, juristas, arquitectos y demás titulaciones liberales optan por desembarcar en el ejercicio libre de la profesión y lo hacen a sabiendas de que en la Universidad se enseña y se investiga y de que la investigación y la enseñanza, que son la razón de ser de este peculiar servicio público, exigen libertad de criterio y dedicación prioritaria. Se trata en ambos casos de piezas rigurosamente esenciales en sociedades en que la idea de control social sigue impregnando el tejido orgánico y funcional de la vida académica. El resultado es que excelentes profesores terminan apartándose de la Universidad. Algunos, unos pocos, sin perder su alto nivel en el mundo de la interdisciplinariedad y del pensamiento crítico e innovador. Otros, los más, renunciando de antemano a elaborar una obra científica  propia y  contentándose con artículos y pequeños escritos de ocasión al servicio del mercado, la economía y las finanzas. Finalmente los que consiguieron entrar  en la Universidad sin que la Universidad jamás entrara en ellos.

Esta feliz combinación de práctica profesional y alta preparación académica  -enriquecedora en tantos sentidos y de manifiesta relevancia en el desarrollo mismo de la ciencia, en este caso, de las disciplinas jurídicas-  puede desempeñar un importante papel en los procesos de modernización de la Universidad española. Basta con entender como infranqueables los límites de la profesionalidad, transparencia y honestidad sin los cuales seríamos falsificadores de monedas, haciendo pasar por verdadera la moneda falsa.

 

 

Modificación del Estatuto Jurídico del Administrador Concursal.

 

Con la reforma introducida en la Ley Concursal por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial, se introduce un nuevo capítulo II, dentro del titulo II de la Ley, integrado por un único artículo que recopila todas las funciones que ya venían atribuyéndose a la administración concursal en la propia Ley Concursal, las cuales se encontraban dispersas en todo el texto legal. Este nuevo artículo 33 distingue entre varios tipos de funciones: a) las de carácter procesal, b) las propias del deudor y de sus órganos de administración, c) las de materia laboral, d) las relativas a derechos de los acreedores, e) las de informe y evaluación, f) las de realización de valor y liquidación, g) y las funciones de secretaría.

En consecuencia, el anterior capítulo II, del titulo II, que regulaba el Estatuto jurídico del Administrador Concursal, pasa a ser el capítulo III. El contenido del actual Estatuto Jurídico del Administrador Concursal recogido en el capítulo III, salvo las modificaciones referentes a la retribución y separación de los administradores concursales que pasaré a detallar seguidamente, se corresponde con el recogido en el anterior capítulo II del mismo título.

En lo que respecta al régimen de retribución del administrador concursal, al igual que en la anterior redacción del artículo 34 de la Ley Concursal, se determinará mediante arancel que se aprobará reglamentariamente, no obstante, esta nueva redacción modifica los parámetros que deben inspirar este nuevo desarrollo reglamentario, introduciendo dos nuevos criterios a tener en consideración a la hora de establecer tal retribución, como son el número de acreedores y el tamaño del concurso, eliminando, asimismo, los criterios referentes al activo y pasivo del concurso, así como al carácter ordinario o abreviado del mismo. Esta modificación está íntimamente relacionada con la nueva clasificación de los concursos en pequeños, medianos y grandes.

El juez del concurso, sin necesidad del previo informe de la administración concursal exigido por la anterior redacción del artículo, por medio de Auto y conforme al aludido arancel, fijará la retribución del administrador concursal. Asimismo, en este Auto se establecerán los plazos en que la misma deberá ser satisfecha.

Asimismo, como principal novedad, el artículo 34 introduce el principio de eficiencia, este principio persigue incentivar la diligencia y calidad del trabajo del administrador concursal, penalizando con una reducción de su retribución a aquellos que (i) incumplan sus obligaciones, (ii) se retrasen en el cumplimiento de las mismas, (iii) o las desempeñen con una calidad deficiente.

El Auto por el que se fije o modifique la retribución de los administradores concursales se publicará en el nuevo Registro Público Concursal que pasa a sustituir a las actuales listas en los decanatos de los juzgados.

Ahondando en lo anterior, el artículo 34 establece que, en todo caso, se considerará que la calidad del trabajo es deficiente y, por tanto, deberá reducirse la retribución: (i) cuando la administración concursal incumpla cualquier obligación de información a los acreedores; (ii) cuando exceda en más de un cincuenta por ciento cualquier plazo que deba observar; (iii) o cuando se resuelvan impugnaciones sobre el inventario o la lista de acreedores a favor de los demandantes por una proporción igual o superior al 10% de la masa activa o pasiva presentada por la administración concursal en su informe. Todo ello salvo que el juez, atendiendo a las circunstancias objetivas o a la conducta diligente del administrador, resuelva lo contrario. En estos casos, su retribución sería reducida al menos en la misma proporción.

Debe tenerse en consideración que esta modificación no entrará en vigor hasta que no lo haga su desarrollo reglamentario, que deberá aprobarse a iniciativa de los Ministerios de Justicia y de Economía y Competitividad en un plazo máximo de seis meses, conforme establece la disposición transitoria segunda de la citada Ley, esto es antes de abril de 2015.

Otra de las novedades incorporadas en el Estatuto Jurídico del Administrador Concursal es la introducción de nuevas causas de separación en el artículo 37 de la Ley Concursal: (i) En primer lugar, la separación del representante legal de una persona jurídica implicará automáticamente el cese automático de ésta como administrador concursal, con la anterior redacción no tenía carácter automático; (ii) En segundo lugar, salvo que el juez atendiendo a circunstancias objetivas resuelva lo contrario, el incumplimiento grave de las funciones de administrador, así como la resolución de impugnaciones sobre el inventario o la lista de acreedores en favor de los demandantes por una cuantía igual o superior al 20% del valor de la masa activa o de la lista de acreedores presentada por la administración concursal en su informe.

Está modificación del artículo 37 entró en vigor el pasado 2 de octubre de 2014.

Partidos e interés general.

La democracia se ha definido de diferentes formas. Una de las más utilizadas entiende por tal  el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo (Lincoln) Es  gobierno del pueblo porque quienes ganan las elecciones han de dirigir la cosa pública con el pensamiento y la mirada puesta en el conjunto de la población, no en una parte o en una fracción de los habitantes por importante que esta sea. Es gobierno para el pueblo porque la acción política por excelencia de los gobiernos democráticos ha de estar situada en el interés general; esto es, en la mejora continua e integral de las condiciones de vida de los ciudadanos, con especial referencia a los más desfavorecidos. Y es gobierno por el pueblo porque la acción política se realiza a favor del pueblo, no en beneficio de cúpula que en cada momento está al mando.

 Por eso los partidos son instituciones vinculadas al interés general. Por eso la ley de transparencia y acceso a la información les es de aplicación y por eso los partidos tienen la relevante tarea de encauzar las ideas presentes en la sociedad con el fin de regir los asuntos de interés general, de acuerdo con sus idearios, para la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Que so deba ser así no quiere decir que en la realidad lo sea. Efectivamente, encuestas y sondeos de cualquier procedencia y formato revelan, no hace falta ser  muy listo para deducirlo, que hoy los partidos son las instituciones más desprestigiadas,  incluso consideradas por capas importante de la sociedad, como espacios de corrupción que se permiten trastocar los compromisos adquiridos con los electores a la par que constituyen poderosas maquinarias en las que algunos parece que fraguan grandes fortunas.

 En este sentido,  cuándo la finalidad de la actividad del partido no reside en el servicio a la comunidad a partir de una serie de propuestas y compromisos, sino que se instala en el bien de la propia organización y de sus dirigentes o colaboradores, entonces estas organizaciones se burocratizan porque la propia estructura se convierte en el fin y los aparatos se convierten en los dueños y señores de los procesos, hasta el punto de que todo, absolutamente todo, ha de pasar por ellos instaurándose un sistema de control e intervención que ahoga las iniciativas y termina por laminar a quienes las plantean.  El interés particular de los dirigentes de la tecnoestructura se impone sobre cualquier consideración de interés general. El partido se convierte en un coto cerrado para los deseos de mando y poder de quienes están al frente.

 En estos casos, nos encontramos ante partidos cerrados a la realidad, a la vida, prisioneros de las ambiciones de poder de quienes han decidido anteponer al bienestar general del pueblo su bienestar propio. Se pierde la conexión con la sociedad y, en última instancia, cuándo no hay un proyecto que ofrecer a la ciudadanía más que la propia permanencia, el centro de interés se sitúa en el control-dominio que, además de ser la garantía de supervivencia de quienes así conciben la vida partidaria, constituye una de las formas menos democráticas de ejercicio político. La autoridad moral se derrumba, la ciudadanía, empezando por militantes y simpatizantes, termina por desconectar de los políticos, se pierde la iniciativa, el proyecto se vacía y la organización ordinariamente se vuelve autista, sin capacidad para discernir las necesidades y preocupaciones colectivas de la gente, sin capacidad para detectar los intereses del pueblo. Algo que, a juzgar por la opinión general que la gente tiene de la política y de los políticos, no parece muy lejano de la realidad que nos rodea.

 Por el contrario, una organización pegada a la realidad, que atiende preferente y eficazmente a los bienes que la sociedad demanda y que permitirá probablemente hacerla mejor, es capaz de aglutinar las voluntades y de concitar las energías de la propia sociedad. Estos partidos, así configurados y dirigidos, atienden a los ámbitos de convivencia y colaboración y escuchan sinceramente las propuestas y aspiraciones colectivas convirtiéndose en centro de las aspiraciones de una mayoría social y en perseguidora incansable del bien de todos.  Son organizaciones centradas en el interés social, no simplemente en el interés de una determinada mayoría, o minoría, social por importante o relevante que esta sea.

 Si los partidos quieren que la gente preste más atención a los asuntos públicos, han de abandonar la perspectiva tecnocrática, hoy mayoritaria en muchas formaciones atenazadas por liderazgos autoritarios que impiden el afloramiento de ciertas iniciativas y, sobre todo, de la autocrítica. Los partidos han de bajar al ruedo, a la calle, a  hablar realmente con la gente, a escuchar al pueblo y, sobre todo,   a recuperar la dimensión humana en la solución de los problemas.  Los partidos, que son tan importantes en la vida democrática,  se encuentran en una difícil encrucijada, sobre todo los tradicionales. O se convierten a la democracia interna en alguna medida o irán perdiendo fuelle y temple  envueltos en las mil y una batallas que se librarán para buscar, como sea, un buen puesto en las listas electorales. Tiempo para el cambio hay, pero no mucho.