Banca rota

No quieran ver en este artículo un alegato contra los bancos. Un sistema bancario, convenientemente regulado, ha servido y sirve para el crecimiento y el progreso de muchas empresas y de la propia sociedad.

El papel desempeñado por los bancos en la época moderna influye, sin duda, dentro de la actividad económica general. El sistema bancario en la actualidad sirve para la intermediación del crédito, la intermediación de los pagos y para la administración de los capitales.

A nivel doméstico los bancos han sido y son una importante herramienta mediante la cual podemos  obtener créditos para adquirir viviendas, vehículos, etc., incluso han servido también para que no pocas familias hayan obtenido préstamos con los que han podido celebrar la Comunión o la boda de sus propios hijos.

Cabría preguntarse entonces el porqué de la mala prensa e imagen que se ha ido generalizando de la banca. La respuesta a esta pregunta es compleja y encierra muchas aristas y matices como para poderla resumir en estas pocas líneas.

Quizá una de las claves esté no tanto en satanizar a la banca sino en poner el foco en sus gestores y administradores. A este respecto es evidente que los últimos casos como el de Bankia en España o el más reciente Banco Madrid, con matriz en Andorra, no ayudan a generar confianza.

Será la Justicia la que sentencie sobre la culpabilidad o inocencia de los administradores ahora investigados, mientras tanto, a los consumidores de estos bancos les recomiendo que hagan como se hacía en la antigüedad cuando el comerciante y el prestamista se sentaban en un banco (del mobiliario urbano) a negociar: cuando los negociantes (banqueros) no podían cumplir con sus obligaciones, se les destruía su banco.

De ahí, por cierto, dicen que proviene el término banca rota…

 

Fuente: The Objective

 

La libertad de expresión en tiempos difíciles.

Cualquier observador más o menos atento a la realidad del presente es muy posible que se pregunte, extrañado, por qué en este tiempo se plantean, con ocasión y sin ella, determinados recortes, limitaciones, de las libertades, individuales y sociales. Es una pregunta que no es baladí y que manifiesta, a mi juicio, la temperatura democrática que realmente discurre por las venas de nuestro sistema político.

En efecto, por paradójico que parezca, la  llamada “extensión de los derechos civiles” ha conducido a flagrantes restricciones de las libertades  de quienes son considerados por la tecnoestructura dominante ciudadanos, hombres y mujeres, que no merecen disfrutar de determinadas posiciones y situaciones jurídicas porque no abrazan con la suficiente intensidad los nuevos dogmas que se pretenden imponer desde la cúpula. Por ejemplo, si se afirma que la libertad de expresión tiene límites, entonces que se atenga a las consecuencias de un juicio sin defensa y sin contradicción alguna. Es el caso de los que ahora plantean de forma razonable la existencia de restricciones a la libertad de expresión cuándo se usa, lisa y llanamente, para incitar al odio..

Así las cosas, no es difícil certificar que la libertad de expresión está amenazada, que la libertad educativa está en peligro, que la libertad de investigación se condiciona, que la libertad religiosa es objeto de mofa, que la libertad de expresión, la libertad ideológica, en definitiva, solo se permite según en la forma y dirección que determina la minoría dirigente.

Probablemente, la razón de tales prácticas reside  en el espíritu autoritario que anima todas estas operaciones de restricción de las libertades. Se trata de prácticas que se alojan en el espíritu autoritario que anima una forma de pensar, y de actuar, tanto en el mundo político, como en el financiero o en el mediático. Es decir, quienes mandan en estos espacios creen, a pies juntillas, que tienen  la sacrosanta tarea de liberarnos de determinadas formas de ver la vida y de entender la sociedad que a priori se juzgan peligrosas y nocivas para la salud ciudadana. Por eso, quienes no se alineen con las nuevas modas sociales deben ser expulsados del espacio público, y, por cierto,  que den gracias, de que sus ocurrencias las puedan desplegar ámbito de la conciencia individual.

Es decir, algunos, lesionando el pluralismo y la libertad, se irrogan el papel de decir, desde las terminales de la tecnoestrura, quien es demócrata y quien no lo es, quien ejerce legítima y lícitamente la libertad, y quien está en el camino del error. Y, casualmente, de esta sutil y orquestada operación suelen salir favorecidos quienes están matriculados en el tecnosistema dominante del pensamiento unilateral que hoy se exhibe como la gran verdad revelada por los únicos depositarios del genuino y primigenio sentido de la democracia.

Pues bien, frente a tanto desmán y censura: libertad, libertad y libertad; pluralismo, pluralismo y pluralismo; respeto a la diversidad, tolerancia positiva y menos prepotencia, menos autoritarismo, menos fundamentalismo y menos totalitarismo. Aunque no nos gusten las opiniones ajenas, tenemos que acostumbrarnos a convivir con ellas en un ambiente abierto, plural, dinámico y complementario siempre, claro está, que no supongan apología de la violencia o agresiones directas a las convicciones más íntimas de las personas.

Ciertamente, no son buenos tiempos para las libertades. Por eso, la lucha por  su realización se presenta  como tarea apasionante para quienes aspiren al libre pensamiento, a la visión crítica y  aexpresar sus propios puntos de vista con pleno respeto a las ideas y convicciones de los demás. No vale todo porque la libertad, como todas las expresiones de la dignidad del ser humano, cobra sentido en la medida que fomentan la convivencia pacífica, libre y solidaria entre todos los ciudadanos. Algo que se rompe cuándo aparece la violencia para matar en nombre de lo que sea y cuándo el respeto a las creencias ajenas brilla por su ausencia.

Constitución y Abogacía

Las revoluciones del siglo XVIII (un siglo antes en Inglaterra) pusieron las bases del régimen constitucional frente a los absolutismos monárquicos que los precedieron. La soberanía nacional, la organización equilibrada de los poderes, los derechos y sus garantías y la independencia del poder judicial cobraron carta de naturaleza en las excolonias británicas así como en Europa, tanto allende como aquende el Canal, y vertidos en textos normativos novedosos y singulares: las Constituciones. El Nuevo Régimen colocó el poder  al servicio de los derechos subjetivos de los ciudadanos, los cuales superaron su previa condición de súbditos de Su Majestad para ser sujetos de derechos civiles y políticos.

 

La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, texto bandera de la Revolución francesa, reza del siguiente tenor literal: “Toda sociedad en la que no están garantizados los derechos ni establecida la división de poderes carece de Constitución”.  El mensaje se extendió rápidamente: tener Constitución significaba estar incorporado a la Ilustración, al progreso, al pacto de convivencia, a la cultura de la libertad y a la primacía del Derecho. No tenerla era signo de que el país continuaba en el absolutismo, en la superstición y en el medievalismo, en el que las personas seguían siendo súbditos.

 

La Constitución, dice Loewenstein, fue durante mucho tiempo símbolo de la conciencia e independencia nacionales. Todos los países se aprestaron a dotarse de Constitución para presentarse ante el concierto de las naciones como modernos, avanzados y progresistas aunque la realidad social  y política fuera otra cosa. El falseamiento de las Constituciones fue, pues, un fenómeno que acompañó al constitucionalismo desde su origen. España no fue una excepción: antes incluso de tener una Constitución propia verdadera, tuvo una falsa: el documento de Bayona, que disponía la reducción de España a la condición de satélite perpetuo de Francia. El largo siglo y medio que lleva de Cádiz a 1978 transcurrió, salvo cortos periodos, tejiendo y destejiendo Constituciones salpicadas tristemente por guerras fratricidas.

 

La Constitución vigente, por el contrario, ha roto ese movimiento zigzagueante y ha presidido la mas dilatada etapa de convivencia democrática de nuestra Historia. Convivencia pacífica que se basa en la creación de un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores del Ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político, y que asume la dignidad de la persona, el libre desarrollo de su personalidad, los derechos inviolables y el respeto de la ley y de los derechos de los demás como fundamento de su orden político y de la paz social.

 

En un régimen constitucional como el descrito, la administración de justicia ocupa un lugar central, precisamente el que pone en relación directa al ciudadano con el aparato de poder estatal. El artículo 24.1 de la Constitución española proclama el derecho de todas las personas a obtener la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales y prohíbe tajantemente que queden en indefensión en ninguna fase del proceso. Y como derecho-garantía que, junto a otros, integran el macroderecho de tutela judicial efectiva, al apartado siguiente prescribe la asistencia letrada por ser considerado indispensable para cumplimiento de los principios de contradicción y de igualdad de las partes.

 

Consiguientemente, nuestra Constitución converge en este aspecto con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, art. 6.3, y con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14.3., textos a los que se ha unido la tan esperada Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47.2, in fine, que dispone con concisión y elegancia: “Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar”.

 

Los abogados españoles velamos para que nuestra Constitución no sea falseada como sus predecesoras, hacemos nuestro el mandato de su mencionado artículo 24, así como de los referidos preceptos supranacionales e internacionales convergentes, y ponemos nuestros conocimientos al servicio de esos valores, principios, y garantías. Del mismo modo, en nuestra función de defensa de los derechos e intereses legítimos de nuestros clientes, velamos por su seguridad jurídica y por la justicia material obtenida a través de los procedimientos formales establecidos.

 

Tenemos, pues, clara conciencia de ser un elemento colaborador insustituible en la administración de justicia, y en calidad de tales somos respetados por jueces y tribunales, que es sin duda la mejor forma de lograr el respeto para las personas que depositan su confianza en nosotros.

 

Boda eléctrica entre España y Francia.

Hace ya unas semanas los gobiernos francés y español pudieron, al fin, activar la interconexión eléctrica desde el Alt Empordà y el Rosellón. De este modo, Rajoy y Valls inauguraron la nueva interconexión eléctrica entre España y Francia. Han pasado siete años desde la firma del proyecto. Supone, desde luego, un gran hito para los dos países. No tan sólo por la envergadura económica y técnica de la obra, sino, y particularmente, por lo que representa en colaboración europea entre ejecutivos de distinto signo político tanto en la decisión inicial como en la conclusión de un proyecto.

 

La línea de alta tensión supone duplicar la capacidad actual de trasvase de energía. La interconexión ha supuesto una inversión de de 700 millones de euros, está declarada como proyecto de interés europeo y ha recibido ayudas por valor de 225 millones de euros del Programa Energético Europeo para la Recuperación (EEPR, por sus siglás en inglés), así como un préstamo de 350 millones del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

 

Red Eléctrica de España (REE) y  su análoga francesa, Réseau de Transport d’Electricité (RTE), firmaron en 2008 el acuerdo para la construcción de esta nueva línea de 400 kV con el objetivo de reforzar la seguridad de los dos sistemas eléctricos y favorecer la integración de un mayor volumen de energía renovable, especialmente, de energía eólica producida en la Península Ibérica. Actualmente se ha abierto un período de pruebas técnicas para la puesta en servicio de la interconexión a mediados de este año, en junio o julio. La línea garantiza la alimentación eléctrica de la provincia de Girona y del tren de alta velocidad gracias al complemento que discurre entre Bescanó y Santa Llogaia (Girona). Lo cierto es que quitando como se han disparado los costes previstos de manera inicial supone una buena noticia para los dos países, pero no nos debe de hacer caer en la autosatisfacción. De hecho, con dicha línea se alcanza una interconexión de 2.800 MW que se alcanzarán, aún lejos de los 10.000 exigidos por la UE. Esta interconexión va a elevar el nivel de interconexión de España hasta el 4,4 %, y si finalmente se desarrolla el cable submarino entre el País Vasco y Aquitania (Francia) a través del Golfo de Vizcaya, un proyecto que está en cuestión por su alto coste, esa capacidad se vería duplicada. Aun así, España todavía está lejos de alcanzar el 10 % marcado, motivo por el que la CE, que presentará una nueva lista de proyectos de infraestructuras prioritarios en octubre, está dispuesta a dar mayor importancia a otras interconexiones pirenaicas que ayuden a mejorar la situación de la península como las de Navarra-Burdeos, Sabiñánigo-Marsillon y Monzón-Cazaril. Lo cierto es que España se encuentra entre los países de la UE con una mayor tasa de dependencia energética, ya que necesita importar el 70,5% de la energía que consume, muy por encima del 53,2% de media comunitaria, según un informe publicado este lunes por la oficina estadística comunitaria, Eurostat.

Volviendo a la interconexión todas las obras concluyeron a finales del año pasado y se ha abierto un período de pruebas técnicas para la puesta en servicio de la interconexión a mediados de este año, en junio o julio. Red Eléctrica espera que la interconexión eléctrica esté en funcionamiento a mediados del 2015. La interconexión, declarada proyecto de interés europeo, permitirá además mejorar la calidad del suministro de las poblaciones del Roussillon y del Empordà, garantizar el suministro eléctrico necesario para el correcto funcionamiento del tren de alta velocidad en el lado español, e integrar un mayor volumen de energía renovable en la red, especialmente de energía eólica procedente del sistema ibérico.

Sin duda una buena noticia, no hablemos hoy del déficit de tarifa, de la dependencia energética de España  y  de su carácter de isla energética. Con este Proyecto somos menos dependientes y menos isla. Por fin, una buena noticia en el ámbito eléctrico. Una pequeña tregua, que puede durar menos que un relámpago: ya está circulando el rumor de que va a volver a subir el precio de la luz. Se especula con un 15% más en 2015; ¿No era bueno fomentar las interconexiones y el favorecer las competencia para que bajase el precio de la luz?, ¿En qué quedamos?

 

3D: ¿es menester ”imprimir” un nuevo marco legal?

Aparece en los diarios de prensa general y especializada con mucha asiduidad artículos y noticias relativas a la impresión 3D. Desde la construcción de un arma, cuyo proceso resultó muy sencillo ya que sólo era necesario descargarse los planos y realizar una pequeña modificación de los mismos e imprimirlos, hasta la fabricación de órganos y tejidos humanos a partir de un modelo tridimensional creado por ordenador, pasando por los objetos más diversos como soportes para el móvil, calzado, bisutería, tuercas y tornillos, etc.

Este sistema de impresión permite a quién las utiliza imprimir productos, o partes de éstos, simplemente utilizando un procedimiento informático, a través de un software, y un medio mecánico como es el periférico que realiza la impresión, todo ello mediante la obtención de un archivo de diseño tridimensional tipo CAD. Ello se puede realizar ya desde el propio domicilio del usuario si dispone de una impresora 3D o bien remitir dicho archivo a una compañía de servicios de impresión como Shapeways

La realidad próxima es que esta impresión se está desarrollando para la creación rápida de prototipos, al reducir en una parte importante el ciclo del mismo así como sus costes, y la producción de una amplia gama de productos terminados. Incluso, a pesar de parecer que la impresión en materiales compuestos puede quedar lejos en el horizonte próximo, lo cierto es que existen técnicas de desarrollo que permiten fabricar casi cualquier objeto físico como puede ser el ejemplo del MIT que a través de su departamento CSAIL (Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory) trabaja en un proyecto que permite fabricar carcasas para robots, o como la tecnología láser para la creación de material sólido mediante la aplicación de una resina líquida para productos relacionados con la nanotecnología y aplicaciones médicas.

La cuestión que debe suscitarse es cuál será el devenir de los derechos de propiedad intelectual e, incluso industrial, ante esta imparable realidad, en la cuál cualquiera desde cualquier lugar del mundo podrá imprimir en tres dimensiones productos sometidos a esta protección y cómo se debe o se puede regular las autorizaciones o licencias de los titulares de los mismos. Igualmente las ventajas tecnológicas son tantas que tendrá un efecto aún desconocido en la industria y en la manufactura por el impacto de la reducción de costo y tiempo de fabricación de los productos.

Así es que todos estos acontecimientos traerán toda una serie de cuestiones en torno a la propiedad intelectual que se deberían tener en cuenta y que pasan desde la descarga de modelos en 3D, ámbito de la propiedad intelectual, hasta la marca tridimensional, en su aspecto de propiedad industrial, pasando por el derecho a la imagen en el caso de la impresión de figuras del cuerpo humano. O qué ocurre en los casos de las impresoras de ámbito doméstico en relación con el derecho a la copia privada o cuál es o debe ser su límite. Evidentemente un artículo de impresión 3D para uso personal no infringe los derechos de diseño o patentes registradas o no registradas si tal uso es privado y no comercial, otra cuestión es si el artículo copiado tiene una marca, o encarna una forma que está protegida como marca, la copia de ésta puede no constituir infracción ya no implica su uso en el “tráfico económico”.

Diferente es que dicho artículo se ofrezca para la venta, y en ese caso, es plausible que pueda constituir una infracción de marca, del diseño o de la patente. Lo fundamental es, como se dijo anteriormente, la facilidad de la copia y la distribución instantánea de los archivos de diseño a través de Internet, que después pueden ser impresos en cualquier lugar del mundo, significa una amenaza real a la falsificación sin precedentes a todo lo conocido hasta ahora, incluso la personalización de éstos, pondrá en dificultades prácticas a los titulares de estos derechos a la hora de velar por sus intereses y protegerse de ataques a dicha propiedad, fundamentalmente en aspectos como el merchandising.

¿Ante esta perspectiva qué es lo que se puede plantear?

El Nuevo Derecho Marítimo Español.

 

El día 25 de septiembre de 2014, entró en vigor la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima. Su redacción es la respuesta del legislador a las inveteradas demandas del sector marítimo para solucionar los graves defectos de los que adolecía el Derecho Marítimo español, que bien pueden resumirse en: dispersión normativa, contradicción entre distintos los convenios internacionales suscritos por España y la normativa interna, y la existencia de una vetusta regulación de cabecera del comercio marítimo contenida en el Libro III del Código de Comercio de 1885. Con la nueva ley se pretende, en definitiva, actualizar, codificar y armonizar el hasta ahora desfasado y destartalado Derecho Marítimo español.

Para formarnos una primera idea de esta nueva Ley de Navegación Marítima, propongo un recorrido por su articulado siguiendo la senda de los títulos en que se divide y destacando en cada uno de ellos los puntos más relevantes a mi entender.

Su Título I “De la ordenación administrativa de la navegación”, contiene una regulación básica y sistemática de la policía de navegación que se completa con la normativa en materia de puertos del Estado y marina mercante y con continuas referencias a los convenios internacionales sobre la materia, y que se aplica a buques nacionales y extranjeros que navegan o se detienen en aguas españolas.

En el Título II “De los vehículos de la navegación”, se trata del estatuto jurídicodel buque, su publicidad y los modos de adquirir la propiedad. Se regula la definición de buque, su pabellón, su seguridad, y también situaciones transitorias como el buque en construcción, fondeado, varado o en desguace; y se distingue de la “embarcación”, término éste aplicado a “vehículos” de eslora inferior a veinticuatro metros y el que carezca de cubierta corrida, salvo que sea calificado reglamentariamente como unidad menor en atención a sus características de propulsión o utilización, y de los “artefactos navales” descritos como construcciones flotantes con capacidad y estructura para albergar personas o cosas, cuyo destino es permanecer en un punto fijo de las aguas. El Título II regula también la publicidad registral mediante el Registro de Bienes Muebles (Sección de Buques) para las titularidades y gravámenes, en coordinación con el Registro de Buques y Empresas Navieras, éste, de carácter administrativo.Destaco igualmente la expresa referencia a los contratos de construcción naval y compraventa de buques como propios de la adquisición de la propiedad del buque, y a los derechos de garantía sobre el buque, hipoteca naval y privilegios marítimos para cuya regulación la ley se remite a los convenios vigentes sobre la materia.

El Titulo III “De los sujetos de la navegación” comienza con la figura del armador que distingue de la del propietario del buque: se considerará armador (y por tanto, podrá estar inscrito como tal) si posee el buque y lo utiliza en la navegación, sin que sea necesario ejercer actividad empresarial. La ley conserva el concepto de “naviero” aplicado a quienes se dedican a la explotación de buques mercantes salvo los destinados a la pesca. En cuanto a la dotación, la ley también coordina las normas administrativas y mercantiles con las del Derecho del Trabajo y convenios internacionales aplicables. Es de resaltar que queda garantizada la primacía profesional del capitán para tomar decisiones autónomas en materia de seguridad personal y protección del medio marino.

El Título IV trata “De los contratos de utilización del buque”. Se han incluido los contratos de arrendamiento de buque, fletamento, pasaje, remolque (en su doble modalidad de maniobra y transporte) y arrendamiento náutico. El fletamento se configura como un contrato de transporte en la que además de las disposiciones generales reguladoras de la “vida del contrato”, se prevén las especialidades del fletamento por tiempo, por viaje, y el transporte de mercancías bajo conocimiento de embarque. La ley mantiene la regulación de la responsabilidad del porteador por daños y averías de las cosas transportadas contenido en las Reglas de La Haya-Visby, que regulan actualmente el 95% del comercio marítimo mundial.

El Titulo V “De los contratos auxiliares de la navegación” regula el contrato de gestión naval, el contrato de consignación de buques, el contrato de practicaje y el contrato de manipulación portuaria. El primero de ellos se articula en torno a los modelos de responsabilidad propia de los contratos de comisión o de agencia como prototipos de contratos de gestión de intereses ajenos, estableciéndose la responsabilidad solidaria del gestor si éste, al contratar, no indica el nombre del armador o naviero cuyo interés gestiona. En el caso del consignatario, la ley clarifica su posición considerando exonerándolo de responsabilidad como transportista en la medida en que no cobra flete para sí mismo aunque esté legitimado para firmar conocimientos de embarque. El practicaje se configura como asesoramiento e implica una actuación interactiva con el capitán y dotación del buque. Correspondiendo al capitán la decisión última de la maniobra, se atribuye sin embargo responsabilidad exclusiva al práctico en caso de asesoramiento defectuoso o inexistente. No obstante la ley establece la responsabilidad solidaria frente a terceros del armador, capitán y práctico sin perjuicio de las acciones de regreso que correspondan entre ellos. De la regulación del contrato de manipulación portuaria destacamos el carácter inderogable del sistema de responsabilidad establecido en beneficio de los usuarios de las empresas de carga y descarga.

El Título VI “De los accidentes de la navegación” comienza por el abordaje, cuya regulación se remite principalmente al Convenio de Bruselas de 1910, y declara expresamente la responsabilidad solidaria frente a terceros de los armadores involucrados en culpa compartida. En materia de avería común se siguen las Reglas de York y Amberes, previéndose además un procedimiento para los casos en que no exista acuerdo entre los interesados sobre el liquidador. En relación con el salvamento marítimo, la ley se remite expresamente al Convenio de Londres de 1989 y declarando la jurisdicción civil competente para conocer las correspondientes reclamaciones salvo, claro está, que las partes acuerden someterse a un sistema de arbitraje marítimo o cuando la intervención de órganos especializados de la Armada sea necesaria por tratarse de salvamento de bienes abandonados en la mar y de titularidad desconocida. En materia de naufragio o hundimiento de buques la ley regula la situación de los bienes afectados, el derecho de propiedad sobre los mismos, y la extracción previa autorización administrativa. En caso de contaminación marina se impone una responsabilidad cuasi objetiva del armador del buque o del titular del artefacto causante y la exigencia del correspondiente seguro obligatorio, de conformidad con los convenios internacionales aplicables a los que la ley remite.

El Título VII trata “De la limitación de la responsabilidad”. La ley simplifica los regímenes anteriores tanto internos como internacionales a partir del Convenio de Londres de 1976 (CMLR/LLMC). Se implanta un sistema de baremo o tarifa que ofrece mayor seguridad jurídica y se exige la constitución de un fondo de limitación como requisito para la válida alegación del derecho a limitar ante los órganos jurisdiccionales españoles.

Título VIII “Del contrato de seguro marítimo”. Como novedad, la ley regula la cobertura aseguradora de la responsabilidad civil del armador, que sigue la Ley de Contrato de Seguro y que se establece, además, como régimen supletorio en los supuestos en los que la Ley de Navegación Marítima exige contratación de seguros obligatorios que gocen de su propio régimen específico(responsabilidad civil por contaminación y por daños a los pasajeros).En las disposiciones especiales de algunas clases de seguros la ley,“por razones prácticas” -como explica la Exposición de Motivos- ha seguido los modelos de pólizas y cláusulas de tipo anglosajón, pero bajo moldes conceptuales más propios de nuestra tradiciónjurídica.Se establece con carácter indisponible la acción directa del perjudicado contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar pudiendo, lógicamente el asegurador, oponer a esa reclamación las limitaciones de responsabilidad que correspondan al asegurado.

El Título IX “De las especialidades procesales” y en materia de jurisdicción y competencia, declara nulas las cláusulas de sumisión a una jurisdicción o arbitraje extranjeros si no han sido negociadas individual y separadamente. En relación con el embargo preventivo de buques, la ley se remite al Convenio de Ginebra de 1999 completando las especialidades procesales propias de nuestro ordenamiento jurídico. Del mismo modo, con remisión expresa al Convenio de Ginebra de 1993, se regula la venta forzosa del buque.

Finalmente, en el Título X “Certificación pública de determinados expedientes de derecho marítimo” se regulan los expedientes de jurisdicción voluntaria que actualmente mantienen su razón de ser y cuya tramitación y resolución se atribuyen a los Notarios: la protesta de mar e incidencias del viaje, la liquidación de la avería gruesa, el depósito y venta de mercaderías y equipajes, el expediente sobre extravío, sustracción o destrucción del conocimiento de embarque (introducido como novedad) y el expediente de enajenación de efectos mercantiles alterados o averiados.

Aun sin profundizar en su contenido, hemos constatado que esta bienvenida Ley de Navegación Marítima, regula prácticamente todas las materias relacionadas con el Derecho Marítimo. Sin duda, un estudio doctrinal más detallado revelaría mayores virtudes -desde luego- y quizá algún defecto. Pero tales virtudes y defectos se revelarán, como en toda norma, durante su continua aplicación por los operadores marítimos y jurídicos.

Diez medidas para combatir el fraude y la corrupción .

 

El adelanto del Barómetro del CIS del mes de noviembre revela que para los españoles la corrupción y el fraude son el segundo problema –detrás del paro— más grave del país. La percepción no es errónea. Según los datos de 2013, la corrupción sustrae a los españoles unos recursos equivalentes al 1% del PIB.

 

La corrupción –sobre todo la que se produce en las instituciones– puede afectar gravemente al funcionamiento de una sociedad. Puede decirse que la primera victima de la corrupción es la confianza. La cohesión de una sociedad se logra en buena medida a través de la confianza (en las instituciones; en la economía; en el bienestar, en los mecanismos de resolución de conflictos, en la seguridad, etc.). Sin esa cohesión la convivencia democrática se ve seriamente amenazada.

 

En un intento de buscar fórmulas para atajar la corrupción diversas organizaciones (Jueces Decanos; Transparencia Internacional, etc) e incluso el mismo Gobierno han lanzado un conjunto de propuestas y medidas.

 

Hemos recogido las que nos han parecido más interesantes y añadido algunas de nuestra propia cosecha para configurar un decálogo de medidas con el que contribuir al debate de la lucha contra las conductas fraudulentas en la vida política e institucional.

 

1ª. Creación de un “FBI contra el fraude” con amplias competencias para investigar  en todos los niveles institucionales y en todas las Administraciones (Estatal, autonómica y local). La nueva “Oficina antifraude” contaría con personal multidisciplinar (la corrupción tienes muchas caras), cualificado y dotados de amplios medios materiales (sobre todo alta tecnología de la información). Su personal ha de dispone de una gran capacidad para trabajar en equipo, pues los asuntos de corrupción suelen ser enormemente complejos (medida adaptada a partir de una propuesta de los Jueces Decanos y tomando como referencia la Oficina Antifraude de la UE).

 

2ª.Recuperar el Juicio de Residencia. En la Administración española colonial existió la figura del “juicio de residencia”, según la cual los cargos salientes se sometían a una evaluación de su cometido y de las variaciones que se hubieran producido en su patrimonio personal. Es decir, un juicio ex ante y ex post de los recursos de los servidores públicos con el objetivo de comprobar la legitimidad de las eventuales ganancias (esta medida deriva de las medidas sobre transparencia que piden todos los listados).

 

3ª.Prohibición de contratar con el Sector Público. La legislación de contratación del Sector Público prohibirá a los condenados por casos de corrupción y fraude  contratar con cualquier entidad que maneje fondos públicos (esta medida, más o menos similar, ha sido pedida por el Gobierno y por los Jueces Decanos).

 

4ª. Ampliación del plazo de prescripción de los delitos relacionados con la corrupción y el fraude institucional (medida propuesta por los Jueces Decanos).

 

5ª. Agravar las penasde los delitos relacionados con la corrupción y de aquellas conductas que indirectamente amparen, oculten o faciliten la corrupción (Jueces Decanos).

 

6ª. Creación de programas de Clemencia. Similares a los que existen en el ámbito del derecho tributario y derecho de la competencia.Su objetivo es facilitar los arrepentimientos y de las delaciones de entramados de corrupción. Quienes se someten a estos programas, a cambio de sus declaraciones, denuncias y testimonios, obtienen ciertos “beneficios” en cuanto a las responsabilidades que se deriven de su conducta. Lo recaudado mediante este programa podría constituir un Fondo Nacional Antifradue (esta medida es una adaptación nuestra a partir de las petición de “facilitar las denuncias” presentada por Transparencia Internacional).

 

7ª. Captura del último responsable. Se trata de instrumentar técnicas que permitan el levantamiento del velo de las personas jurídicas para responsabilizar a los verdaderos autores, personas físicas, de los entramados de fraude y corrupción (elaborada a partir de otras instituciones de responsabilidad en otros ámbitos del derecho).

 

8ª.Establecer un tope o límite máximo de mandatos en los cargos políticos (evitando que la política sea un modusvivendi) (Transparencia internacional y otros).

 

9ª.Las cuentas claras.Publicidad obligatoria de todos los recursos de financiación de los partidos políticos (préstamos, subvenciones, cuotas, donaciones, etc.). Prohibición de las donaciones a los partidos, o sus fundaciones, procedentes de las empresas vinculadas de algún modo al sector público (Transparencia Internacional y Jueces Decanos).

10ª. Asesoramiento y Educación. Puede sonar extraño, pero si para otro tipo de asuntos es habitual, también podría aplicarse a este. Nos referimos al asesoramiento en la lucha anticorrupción por parte de expertos de países en los que ese problema se haya combatido eficazmente. Una comisión de expertos daneses, por ejemplo. También debe incidirse (como pide el IESE) en el sistema educativo, enseñando sobre los efectos perniciosos para la convivencia del fraude; mostrando la necesidad de tener “tolerancia 0” con los defraudadores.

 

¿Cómo actuar ante un despido?

Una vez que el trabajador reciba la carta y finiquito (dado que el despido verbal conlleva la improcedencia del mismo), siempre y cuando no esté de acuerdo con las causas, es conveniente que firme “no conforme” porque de este modo estaría reservándose el ejercicio de acciones legales ante los Juzgados de lo Social.

El siguiente paso, y recomendable, es que se ponga en manos de un abogado laboralista, ya que, es el profesional más adecuado para la defensa de sus intereses con plenas garantías.

El trabajador, antes de acudir a los Juzgados de lo Social, deberá presentar una papeleta de conciliación por despido ante el Servicio de Mediación, Conciliación y Arbitraje de su comunidad autónoma, órgano cuya principal función es la de conciliación.

Si hubiese acuerdo, el árbitro conciliador, que es un funcionario, levantará acta de conciliación “con avenencia” y el incumplimiento por la empresa, en los términos que se pacte en la misma, conllevará que el trabajador pueda instar la ejecución de dicha acta ante los Juzgados de lo Social, la cual tiene carácter de sentencia firme.

Por el contrario, en el caso de que no hubiese acuerdo, el árbitro conciliador levantará acta de conciliación “sin avenencia”. Tras esto, el plazo, que quedó suspendido el día que el trabajador presentó la papeleta de conciliación, se reactivará de nuevo al día siguiente de la celebración del acto de conciliación. Este plazo es de 20 día hábiles (no se tienen en cuenta los sábados, domingos y festivos).

Una vez el trabajador haya cumplido con dicho trámite podrá acudir ante los Juzgados de lo Social para interponer la respectiva demanda por despido. El Juzgado de lo Social que por turno corresponda citará a las partes a una vista, en la cual se verán los hechos alegados por las mismas y las pruebas que cada una aporte para hacer valer sus pretensiones.

Por último, el juez señalará en su sentencia si el despido es procedente (las causas alegadas por la empresa son ciertas y su actuación es conforme a derecho), improcedente (las causas alegadas por la empresa son inciertas y se le da a la misma la opción de que opte por la readmisión, con el abono al trabajador de las nóminas dejadas de percibir desde su despido, o por el abono de una indemnización, calculada conforme a su antigüedad en la empresa hasta la fecha de su despido) o nulo (la empresa no ha actuado conforme a derecho y sólo cabe la readmisión).

En el caso de que el despido sea declarado improcedente y el trabajador despedido sea representante legal de los trabajadores, la opción sobre la readmisión o indemnización recaerá sobre este último.

El Derecho del arte, el gran desconocido.

 

Hace unos días acudía en Madrid una vez más a mi antiguo lugar de trabajo, Subastas Segre. Esta vez, y como muchas otras veces, el objetivo de tan esperada visita era claro, hacerme con cuatro de los más de 500 lotes que componían la subasta de otoño de “Pintura y Artes Decorativas”. Y fui y vencí. No sólo me hice con los cuatro lotes que coleccionistas de provincias me habían encargado para engordar sus “museillos” sino que incluso pude permitirme comprar un quinto. “Ya sé a quién colocárselo” pensé, para automáticamente rectificar y corregirme a mi mismo en un susurro ilegible “no, éste te lo quedas, que te lo has ganado”.

Bajaba triunfante Paseo de la Habana, feliz por él éxito de la subasta, por la compra, por haber visto a mis antiguos compañeros y, sobre todo, por haber pasado dos horas disfrutando de una auténtica pasión, el Arte. Fue entonces cuando surgió en mi cabeza una idea, la de unir pasión, que en mi caso es el Arte, y profesión, el Derecho.

 El Derecho del Arte en España se presenta como un mundo difuso y, sobre todo, muy poco profesionalizado. En las Universidades de nuestro país no existen cátedras ni asignaturas dedicadas a ésta especialidad y uno tiene que conformarse con hacer pequeños cursos o incluso, en muchos de los casos, formarse en el extranjero. Aunque en realidad, la mayoría de lo aprendido es de forma autodidacta, robando horas de la vida personal para potenciar la profesional.

 El Arte es un gran ausente en los despachos de abogados más flamantes de nuestro país y las pequeñas “boutiques jurídicas” realmente especializadas y dedicadas al sector podrían contarse con los dedos de una mano. Desconocimiento, es simplemente eso. Eso, y que el arte siempre se ha topado con la pared de la incomprensión. Es un mundo que la mayoría de la gente no se toma en serio y, sin embargo, vamos que si es serio. No solamente es serio sino que, además, mueve dinero, y mucho.

 Son muchos los sectores que abarca este Derecho dentro de un despacho de abogados y que van desde el ámbito civil hasta el fiscal (IVA, ITPO, IRPF o IS), pasando por penal, mercantil (multitud de contratos), administrativo y, en gran medida, propiedad intelectual. La consultoría también es importante, para gestionar todas aquellas operaciones que no llegan al litigio como la redacción de contratos de compraventa o la planificación fiscal.

 Vamos a poner un pequeño ejemplo de la presencia que el Arte tiene en el Derecho y en los textos jurídicos:

 Propiedad Intelectual: En nuestro país, los artistas plásticos cobran derechos de propiedad intelectual cada vez que una obra suya sea revendida más allá de la transmisión inicial. Esta particular “regalía” en beneficio de los artistas, nace hace casi doscientos años en el derecho de propiedad francés con el nombre de “Droit de Suite” (Derecho Participación) y así lo recoge la Ley de Propiedad Intelectual vigente, sin embargo, a pesar de ser un derecho ampliamente extendido en el resto de Europa y de estar reconocido en España desde hace varios años, su aplicación ha sido más bien residual hasta el momento actual. Éste derecho de participación es inalienable e irrenunciable, transmitiéndose únicamente por sucesión mortis causa y extinguiéndose transcurridos 70 años de la muerte del autor.

 Administrativo: Dentro de éste ámbito es importante referirnos también al sector de las “antigüedades” ya que muchos de estos objetos gozan de una especial protección por parte de las autoridades públicas debido a su singular valor o interés histórico. Son tres los niveles de protección en función de la singular relevancia del bien que, ordenados de menor a mayor son los siguientes:

 1-      Patrimonio Histórico Español.

2-      Inventario General de Bienes Muebles.

3-      Bienes de Interés Cultural.

 La protección de estos bienes muebles implica que los propietarios o titulares tendrán unos derechos y obligaciones establecidas en el Título III de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español que establece un riguroso régimen de autorizaciones (que personas físicas y jurídicas deberán solicitar si quieren que uno de estos bienes catalogados salga del país), así como el derecho de adquisición preferente que ostenta el Estado (derecho de tanteo) sobre aquellas piezas que pretenden ser vendidas y se encuentran inscritas en alguno de éstos tres grupos.

 Fiscal: El ámbito fiscal no escapa a los inabarcables brazos del Derecho del Arte. Aquí señalar que la actividad de compraventa de objetos de arte quedará gravada por el Impuesto sobre el Valor Añadido, concretamente se regirá por el Régimen especial de bienes usados, antigüedades y objetos de arte, regulado por los artículos 135 a 139 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. En la Ley, se recoge que estas transacciones cuentan con un régimen especial, que se aplica a las entregas efectuadas por los revendedores de los bienes que se engloben dentro de alguna de las categorías del artículo 136.2º y 3º de la LIVA.

 Lo que acabamos de señalar es sólo un pequeño ejemplo de las inabarcables posibilidades que ofrece esta especialidad. Es cierto que no cabe ignorar las diversidades entre el Derecho y el Arte, sobre todo por el sentido fuerte de realidad fáctica presente en el primero, pero como suele decirse, es más fuerte lo que los une que lo que los separa y son muchas, como hemos visto, las semejanzas y vinculaciones a tener en cuenta. El Derecho debe integrarse con el Arte y con todas las manifestaciones culturales, siendo el Derecho del Arte el camino acertado para tratar de vincular el mundo jurídico con el conjunto del mundo de la cultura.

 

 

 

 

Claves para entender la Conferencia de Lima.

Se celebra estos días en la ciudad de Lima la 20ª Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta reunión internacional, que se lleva a cabo de forma periódica a través de las denominadas Conferencias de las Partes (COP), es uno de los instrumentos más importantes del Derecho Ambiental global.

 Para entender el significado de esa Cumbre, lo que está en juego y el alcance y la eficacia del Derecho Ambiental que las COP alumbran, proponemos prestar atención a las siguientes claves:

 El planeta no entiende de jurisdicciones.

 La protección del Medio Ambiente no es eficaz si las medidas y soluciones no se adoptan por acuerdo de todos los países implicados. De poco sirven los elevados estándares de protección medioambiental que aplica, por ejemplo, la UE si en el continente más próximo las emisiones de gases de efecto invernadero, la producción y eliminación residuos o las acciones destructoras de la biodiversidad carecen de límite alguno. El planeta tierra no entiende de jurisdicciones.

 El paradigma “Kyoto”

 Las cumbres contra el cambio climático nacieron hacen más o menos tres décadas gracias a la 1ª Cumbre Mundial de Clima, que se celebró en Ginebra. Era el año 1979. El mundo empezaba a ser consciente de los graves daños que la industrialización provoca en la atmósfera. El encuentro aportó indicios razonables sobre algo que se ya se intuía: las chimeneas de las fábricas estaban modificando las pautas climáticas.

 El problema recibió la máxima atención en la conocida cumbre de Río, celebrada en la citada ciudad brasileña en el año 1992. Allí se acuñó un listado fundamental de principios de acción conjunta internacional para luchar contra el cambio climático (Agenda 21).

 En la siguiente cumbre, celebrada en 1997, se fraguó el conocido Protocolo de Kyoto que consiguió el compromiso de los países firmantes para recudir sus emisiones (mecanismo rígido). Además, se acordó que la reducción y el calendario para adoptarla tendría en cuenta el grado de desarrollo y circunstancias de cada país (mecanismo flexible). Kyoto fue el gran momento del derecho ambiental global.

 Pero todo tiene su cara “B”: la mala noticia fue que algunos de los países más relevantes en cuanto al volumen de emisiones nocivas, cono EE UU, Rusia o China, no se comprometieron totalmente con el acuerdo alcanzado.

 La esperanza se reúne en Lima

 Después de Kyoto se han celebrado diversas COP (Johannesburgo; Copenhague; Bali, etc). Todas ellas poco fructíferas.

 Se esperaba que Lima pusiera fin a las divergencias y diera lugar a un gran consenso sobre la cuestión. Sobre todo ahora que los dictámenes científicos son más apremiantes en cuanto a la necesidad urgente de tomar medidas.

 Sin embargo la Cumbre de Lima está fallando. Los países en desarrollo y menos favorecidos sienten que los países ricos quieren frenar su crecimiento a través de los protocolos medioambientales.

 Tampoco hay acuerdo sobre si el foco de atención debe ponerse sobre el foco de emisión o sobre los efectos.

 Principios para un buen acuerdo

 Teniendo en cuenta el estado en el que se encuentran las conversaciones en la COP de Lima y las fricciones que se están produciendo, tal vez convendría potenciar algunos de los principios informadores del Derecho Ambiental global. Proponemos los siguientes:

 -   Profundizar en las técnicas de softlaw y mecanismos flexibles. Estas técnicas son siempre hacen más accesibles los compromisos, aunque sea mediante cumplimientos graduales.

 -  Reforzar el principio de cooperación de las partes formulado en Río. Este principio permite paliar las rigideces el principio de soberanía de cada Estado para adoptar medidas. Recordemos que la biodiversidad no entiende de fronteras.

 -   Reforzar los mecanismos de ayuda a los países en vías de desarrollo (el 0.7% de ayuda al desarrollo que aún continúa sin cumplirse; el Fondo Verde que ha de permitir a los países emergentes sustentar los compromisos sobre emisiones, etc.).

 -  Defender las medidas que atacan en origen las emisiones, aunque sin olvidar los aspectos sobre responsabilidad por los resultados. Es la postura de la UE y la que se aplica en el Derecho comunitario. Los resultados son aceptables.

La inmigración a América Latina: efectos laborales ..

Tras varios años inmersos en una crisis económica de efectos prolongados, en España  nos encontramos con casi seis millones de desempleados en el primer trimestre del año 2014, y un número actual de cotizantes de unos 16 millones y 8 millones de pensionistas, lo que corresponde a dos cotizantes por cada pensionista.

Con estos datos se ha propiciado la emigración de muchos jóvenes a países de Sudamérica y Centroamérica, países compatriotas a los que nos unen unos lazos de hermandad muy fuertes y que esta crisis económica les ha servido para emerger a nivel mundial. Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, Panamá y Méjico se encuentran entre los más destacados por su crecimiento.

Este hecho nos muestra como la palabra “crisis”, tal y como la entienden en China, puede  tener dos caras: una la de la oportunidad y otra la del peligro.

“Oportunidad” para los países latinos a los que hago referencia, cuyo crecimiento es  debido a la inversión y estabilidad interna.

“Peligro”, por contra, para los países europeos, especialmente los del sur de Europa, a los que esta crisis ha golpeado con más virulencia.

Tras esta breve introducción, es hora de centrarnos en los efectos que este fenómeno ha propiciado en el campo del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

En primer lugar, en el campo de las relaciones laborales conviene señalar que se ha roto aquella regla clásica, por la cual España acogía a un elevado número de trabajadores latinos  que cruzaban nuestras fronteras con la esperanza  de  encontrar un contrato de trabajo y una prosperidad para sus familias. Por contra, y a consecuencia de  la crisis, el camino a tomar es en sentido inverso: los jóvenes españoles buscan su oportunidad en los países centro y sudamericanos.

Esta emigración tiene la necesidad de una legislación laboral a nivel internacional, ya que, existe una notoria carencia en este campo y necesita de la voluntad de los Estados por crear un marco legal estable que regule los efectos laborales, tanto en materia de competencia judicial como de ley de aplicable.

Así pues, en materia de competencia judicial, en Europa el Reglamento 44/2001 (Reglamento de Bruselas I) establece la competencia judicial internacional en materia de contratos individuales de trabajo en torno al domicilio del empresario demandado, o en el lugar donde se prestan los servicios cuando el trabajo se desarrolla habitualmente en el mismo país, o bien en el lugar del establecimiento contratante del trabajador cuando éste presta sus servicios en varios países.

Por otro lado, en materia de ley aplicable, de acuerdo con el Reglamento 593/2008 (Reglamento de Roma I), de no acordarse la ley a aplicar, el contrato de trabajo se regirá por la ley del país en el cual el trabajador presta sus servicios habitualmente. Si por el contrario, no se pudiera determinar un país habitual de trabajo, el contrato se regiría por la ley del Estado miembro en que se halla situado el establecimiento desde el cual fue contratado el trabajador.

Tras esta breve pincelada de la legislación laboral europea, podemos apreciar la carencia reguladora existente todavía a día de hoy fuera de la Unión Europea, y en la que habría que profundizar y aunar esfuerzos para establecer un marco común.

En segundo lugar, en el campo de la Seguridad Social se han dado grandes pasos entre España y la práctica totalidad de los Estados de Sudamérica y Centroamérica. Con los convenios bilaterales en esta materias lo que se pretende, esencialmente, es establecer un régimen para la conservación de derechos adquiridos en los casos de movilidad transnacional.

Con carácter general, todos estos convenios se sustentan sobre el principio de reciprocidad, lo que genera una igualdad de trato limitado, definido caso por caso y prestación por prestación.

Eso sí, no deja de ser una técnica demasiado insatisfactoria y primaria desde el punto de vista de la protección, en la que también se debe profundizar  con objeto de dar una mayor protección al trabajador desplazado y sus beneficiarios. Como norma general, los trabajadores desplazados están sometidos a la legislación de Seguridad Social del país en cuyo territorio están ejerciendo su actividad laboral. Ahora bien, podrán seguir cotizando para la Seguridad Social española los trabajadores por cuenta ajena que ejerzan su actividad en una empresa española y que sean desplazados por la misma para realizar temporalmente una actividad en un país latino que tenga convenio bilateral con España, y los trabajadores que ejerzan su actividad por cuenta propia en España y que se trasladen temporalmente a ejercer su actividad a éste. Para ello, se tendrá que solicitar ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social la expedición del correspondiente certificado de desplazamiento.

La posibilidad de seguir cotizando en España dependerá de cada convenio, existiendo como regla general una horquilla de entre 2 a 4 años y pudiéndose solicitar una prórroga.

En cuanto a las prestaciones a cubrir dependerá de cada convenio, pudiendo ser en unos casos más amplias que en otros.

En conclusión, se debería aunar esfuerzos para alcanzar un acuerdo general en el campo laboral estableciendo unas reglas de juego entre los países latinoamericanos y España, puesto que es necesario un marco legal conjunto en dicha materia, ya que, no sólo compartimos idioma sino intereses económicos y lazos comerciales. Asimismo, es necesario seguir profundizando en los convenios bilaterales, complementando el catálogo de coberturas previsto en los mismos para que ello redunde en una mayor protección de los trabajadores y sus beneficiarios.

 

Pedro Aparicio

El pasado 25 de Septiembre acudí a Málaga para asistir a la clausura del XIV Congreso de Centros Comerciales, de cuya Asociación fui Presidente en sus inicios. Aproveché la hora del almuerzo para reunirme con uno de los socios locales de Cremades – Calvo Sotelo y al final de nuestra conversación le pedí ayuda para contactar a mi viejo amigo Pedro Aparicio, con quien tuve una magnífica relación, profesional y personal, cuando él, en calidad de Alcalde, fue Presidente de Mercamálaga y yo era Presidente de MERCASA. Al regresar a la sede del Congreso me dicen que a la cena de clausura no puede venir el actual Alcalde, mi también buen amigo Francisco de la Torre, porque acaba de fallecer uno de sus antecesores. Se trataba desgraciadamente de Pedro Aparicio.

 Antes de referirme expresamente a él, he de decir que en mi calidad de Presidente de MERCASA, nombrado por Juan Antonio García Díez en 1977, tuve una experiencia única, derivada de la renovación de los gobiernos municipales en 1979: de los diecisiete MERCAS que existían entonces, en las 17 ciudades más importantes de España, 14 pasaron a tener Alcaldes socialistas. Fue un privilegio para mí iniciar un trato asiduo y enormemente satisfactorio con personas como Tierno Galván en Madrid, Narcís Serra en Barcelona, Julián Balduz en Pamplona y otros nombres, entre ellos dos médicos con lo que tuve especial relación personal: Jesús Málaga en Salamanca y Pedro Aparicio en Málaga. Quiero dedicar estas líneas a este último.

 La sintonía personal con Pedro Aparicio fue clara desde el principio, como lo fue mi progresiva admiración por él.

 En primer lugar, fue un ejemplo de vocación para entregarse al servicio de los intereses generales. Pasar a la vida política desde una profesión liberal es un testimonio de sensibilidad social que no era frecuente entonces y que contrasta con la actitud de quienes ven en la política una carrera.

 El segundo aspecto que me pareció admirable fue su amplitud de miras para buscar lo mejor en la gestión de los asuntos públicos, sin la estrechez partidista con la que, con desgraciada frecuencia, se afrontan decisiones en las que la expectativa del voto se pone por delante de los intereses generales en juego.

 Esta actitud fue clave en nuestra relación y debo decir que generalizada con los catorce alcaldes socialistas de los que fui “socio” en los respectivos MERCAS. Tuvimos la oportunidad de dar un giro de ciento ochenta grados en la gestión de estas empresas públicas, en las que, por regla general, faltaba la preocupación por la cuenta de resultados, y pasaron pronto a tener importantes ingresos  para MERCASA y para los Ayuntamientos.

 Mercamálaga progresó en su gestión empresarial y nuestro criterio estaba por encima de cualquier instrumentación política, que, donde existe, suele convertir a la empresa pública en un puro centro de gastos.

 Pedro era un activo militante socialista que dialogaba con quienes  remaban en la misma dirección que él en la gestión de los intereses de su ciudad, sin ningún grado de politización. Un ejemplo fue mi entendimiento con él. Aunque yo no ere militante de ningún partido, mi nombramiento emanaba del Gobierno de UCD que ganó las elecciones en 1977. Si se me permite la licencia creo que puedo considerar a Pedro Aparicio como un socialista liberal, sin que se me acuse de contradictio in terminis.

 Cuando, además del entendimiento profesional y empresarial, existe la sintonía personal antes mencionada, surge espontáneamente la amistad. Buena prueba de ello fue nuestro último encuentro: en febrero de 1983, sorprendido por mi relevo al frente de MERCASA, vino a verme a Madrid y me regaló un libro editado por el Ayuntamiento de Málaga en el centenario del nacimiento de Picasso, que guardo como oro en paño en mi biblioteca, no solo por ser una joya literaria y editorial, sino, sobre todo, por la cariñosa dedicatoria de Pedro a mi mujer y a mí, en recuerdo de una memorable comida de los tres en Málaga.

 Hasta aquí mi modesto homenaje a Pedro Aparicio. Para el encuentro tendré que esperar…

 

 

Publicado en Diario Sur el 30/10/2014