La problemática de los permisos en el Derecho del Trabajo español.

En primer lugar, cabe señalar que un permiso podrá disfrutarlo cualquier trabajador previo aviso, para que la empresa pueda organizarse, y justificación, ya que, la finalidad de éstos son la de ayudarle a sobrellevar una determinada contingencia.

Así pues, aún no siendo una clasificación cerrada, ya que, el mínimo legal señalado en el artículo 37.3 Estatuto de los Trabajadores puede ser ampliado y mejorado por los convenios colectivos, las clases de permisos y los plazos para su disfrute son:

- Quince días naturales en caso de matrimonio.

- Dos días por el nacimiento de hijo y por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.

- Un día por traslado del domicilio habitual.

- Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o convencional un período determinado, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más del veinte por ciento de las horas laborables en un período de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia regulada en el apartado 1 del artículo cuarenta y seis de esta Ley.

En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o desempeño del cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera derecho en la empresa.

- Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o convencionalmente.

- Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.

En segundo lugar, la problemática debe centrarse en conocer si los días de disfrute son hábiles o naturales y cuando debe empezar a computarse el disfrute del permiso.

En cuanto a si son hábiles o naturales, aunque en el permiso por matrimonio son días naturales y en el resto de permisos el Estatuto de los Trabajadores no indica nada al respecto, los días de disfrute, como regla general, son naturales, es decir, computan tanto sábados como domingos y festivos.

Por último, y en relación a cuando debe empezar a computarse el disfrute del permiso, esta cuestión ha sido resuelta por el Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 17 de enero de 2008. El Alto Tribunal determina que debe iniciarse el día que se producen los hechos que dan lugar al mismo (ahora bien, si la continencia se origina fuera de la jornada de trabajo el inicio del cómputo debe iniciarse el día siguiente), salvo en el caso del permiso por hospitalización de un pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad del trabajador, pudiendo este último solicitarlo mientras perdure dicha situación e iniciándose su cómputo desde el día de su solicitud (sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 11 de marzo de 2003).

Ahora bien, esta jurisprudencia ha sufrido una bifurcación, ya que, el propio Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 12 de mayo de 2009 ha manifestado que en caso que un trabajador contraiga matrimonio un día no laborable, el inicio de dicho permiso deberá empezar a computarse en el primer día que sea laborable para éste. Por ejemplo, si un trabajador (de la banca) contrae matrimonio un sábado, el inicio de dicho permiso no comenzará a computarse desde ese sábado sino desde el lunes.

 

La contratación pública.

España tiene que trasponer las recientes directivas europeas de contratación pública antes de abril de 2016. En esta tarea tenemos una gran oportunidad para contar con una legislación contractual que prevenga y sanciones  frente a los frecuentes fenómenos de corrupción que se producen en esta materia. No hace mucho, el año pasado, la propia Unión Europea a través de la comisaría de justicia e interior advertía que la corrupción en el seno de la Unión se debía a la financiación de los partidos políticos, al urbanismo y, por supuesto a la contratación.

Siendo la contratación pública, efectivamente, una de las causas más evidentes de la creciente corrupción que sufrimos en España, parece lógico que ahora se puedan introducir en la norma que se debe aprobar previsiones y disposiciones que dificulten y sancionen estas prácticas inapropiadas tan abundantes en el mundo de la contratación a cargo de los diferentes Poderes públicos.

Por ejemplo, al igual que se ha hecho en materia de selección de personal prohibiéndose la presencia de políticos en los tribunales, los altos cargos y personal asimilado debieran salir de los órganos de contratación, dejando estas funciones a personas conocedoras de la materia. De esta manera, las adjudicaciones serían seguramente más objetivas y podrían evitarse muchos problemas. De igual manera, también debería regularse con detalle las prohibiciones para formar parte de los órganos rectores de la contratación en los casos en que los funcionarios de carrera presentes puedan incurrir en conflictos de interés.

También deberían exigirse mayores estándares y patrones de motivación cuándo se trata de dictar actos o normas por los que se declare la necesidad de acometer determinadas obras o servicios a través de contratos públicos. Igualmente, en estos casos, los futuros usuarios de dichas o servicios públicos deberían participar en alguna medida en el procedimiento contractual, incluso en las adjudicaciones.

La práctica de la negociación y los supuestos en los que se excluye la publicidad en la contratación deben ser excepcionalísimamente excepcionales,  de manera que las deliberaciones y decisiones adoptadas deberían ser públicas y transparentes. La transparencia en estos casos debe brillar por su presencia, algo que en modo alguno acontece en términos generales en la actualidad.

Las garantías para que la objetividad presida la contratación pública deben reforzarse. En este sentido, habría que facilitar que las personas al servicio de las Administraciones públicas, empleados públicos fundamentalmente, puedan denunciar las prácticas irregulares que conozcan sin que tales comportamientos sean heroicos,

La denominada contratación sostenible, también conocida como contratación social, exigencia ineludible de la denominada economía del bien común, debe estar presente transversalmente en todo el procedimiento contractual. Asimismo, la solvencia de los licitadores debe ser objeto de rigurosos exámenes para evitar las adjudicaciones a empresas oportunistas que se benefician de las bajas temerarias.

En fin, la contratación administrativa es una política pública muy relevante en cuya virtud es posible, o no, que la sociedad pueda disfrutar de bienes y servicios públicos de calidad, de bienes y servicios públicos que permitan que los ciudadanos vivan en mejores condiciones de vida. Tenemos una oportunidad más para diseñar técnicas administrativas más humanas y solidarias, algo que la tecnoestructura dominante no entiende o no quiere entender. Qué pena.

El triunfo sobre el miedo.

 

Tanto de forma individual como en el marco de nuestros contextos regionales, durante los últimos años venimos asistiendo a un progresivo e inexorable acercamiento de España y Corea a todos los niveles. Una buena muestra de esta mejora de relaciones es el constante incremento de nuestros intercambios comerciales. Entre los años 1995 y 2013, el comercio entre los dos países creció a un promedio del 5% anual hasta los 2.680 millones de euros, impulsado en el último tramo por la firma en 2011 del Tratado de Libre Comercio entre Corea y la Unión Europea.

El año 2014 parece que ha supuesto un hito en nuestra relación comercial. Durante el pasado año el volumen comercial entre España y Corea alcanzó los 3.630 millones de euros, nada menos que un 35% más, con un índice de cobertura para España del 120%.Esto supone una reversión de la situación de las relaciones comerciales entre ambos países, donde España siempre había contado con un balance comercial desfavorable.Las razones de este cambio las podemos encontrar, por un lado, en el espectacular aumento de las exportaciones españolas a Corea, que se incrementaron un 83% hasta los 1.970 millones. Y por otro lado, en la contención de las importaciones, que crecieron ‘solo’ un 3,6%. Esas cifras son sin duda un motivo de satisfacción y de esperanza. No obstante,merece la pena profundizar en ellas de cara a obtener información que nos permita mantener y mejorar la buena salud de nuestras relaciones comerciales.

Atendiendo a las exportaciones españolas a Corea, tres partidas concentraron el 60% del total: productos energéticos, productos químicos y automóviles. La más importante, la venta de productos energéticos, se incrementó en un 150% debido a las grandes partidas enviadas por las multinacionales españolas para cubrir los incrementos puntuales de demanda energética de Corea. No obstante, estos picos de demanda no es seguro que se vayan a repetir, con unos precios del crudo corrigiéndose al alza. La segunda partida en importancia fueron los productos químicos, que siempre han tenido gran peso en la cesta exportadora. Y en tercer lugar, en 2014 se vendieron un total de 20.550 coches españoles en Corea por 219 millones, cuando en 2012 apenas se habían vendido 339 unidades. También la mayor parte de las importaciones, el 58%, se concentró en cuatro partidas, productos químicos,automóviles, componentes de automoción y productos de electrónica de consumo, como telefonía móvil y electrodomésticos, que cuentan con ya con un espacio consolidado en el mercado español.

Sin embargo, dado el tamaño de nuestras economías, con productos que superan ampliamente el billón de euros anuales, nuestro nivel de comercio es extremadamente escaso. Corea representa para España únicamente el 0,7% de sus intercambios, y el 0,5% en el sentido inverso. La principal razón es la excesiva tendencia de ambos países, por cuestiones logísticas y geoestratégicas, al comercio con naciones del entorno y con aliados tradicionales.

Afortunadamente, España es cada vez más consciente de las grandes oportunidades comerciales que ofrece Asia, y hoy sus empresas miran hacia el Este mucho más que 5 años atrás. Desde principios de este siglo, el centro de gravedad de la economía mundial se está desplazando de forma acelerada hacia el Este de Asia. Según Ernst & Young, actualmente 525 millones de asiáticos se pueden considerar de clase media, es decir, con un alto potencial de consumo. Y se estima que en el año 2030 las dos terceras partes de la clase media a nivel mundial se encontrarán en Asia.

El mercado coreano, con más de 50 millones de consumidores, constituye una excelente puerta de entrada al mercado asiático de las empresas españolas. Según el LG Economic Research Institute, la renta per cápita de Corea en 2017 será de 30.000 dólares, sólo por debajo de potencias como Estados Unidos, Alemania o Japón. Este cambio en el poder adquisitivo ya está impulsando cambios en las pautas de consumo de los coreanos hacia productos de mayor calidad, que pueden suponer una gran oportunidad para productos españoles que gozan de gran prestigio internacional en el área de la moda, los complementos, el hábitat, la gastronomía o los productos de lujo. Fuera de los productos de consumo, no hay que perder de vista sectores como el medio ambiente, los componentes de automoción, que continúan presentando buenas expectativas; y los productos agroalimentarios, como el vino, el aceite de oliva o los derivados del cerdo. Asimismo, Corea tiene aún escasas dotaciones de infraestructuras turísticas y de ocio, por lo que es un campo con un fuerte potencial de desarrollo.

Las perspectivas para 2015 son esperanzadoras. Entre enero y marzo los intercambios han crecido un 36% con respecto al mismo periodo del año pasado. De continuar esta tendencia, significaría una razonable estabilización de nuestros intercambios en aquellas áreas en las que tenemos mayor experiencia comercial bilateral, lo cual dará lugar a crecimientos continuados en las cifras globales y permitirá sentar una base sólida para abrir paso a posibilidades de negocio en nuevos sectores. La visita del Rey Felipe VI a Corea este próximo otoño puede ser una buena ocasión para celebrar un Encuentro Empresarial entre empresas españolas, coreanas y latinoamericanas que permita seguir derribando viejos mitos y explorar nuevas áreas de cooperación comercial.

Recuerdo la historia de aquella fábrica de zapatos que envió a dos comerciales a un país subdesarrollado para ampliar mercado. Al cabo de unos días allí, el primer comercial telefoneó diciendo: ‘Envíenme de vuelta, el viaje ha sido un fracaso. ¡Aquí nadie usa zapatos!’. Poco después, el segundo comercial telefoneó entusiasmado, gritando: ‘¡Mándenme más muestrarios! ¡Aquí todavía nadie usa zapatos!’. Este es el camino que nos queda por recorrer, con valentía y perseverancia. Citando a Nelson Mandela, la valentía no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre el miedo.Confío en que los lazos económicos y comerciales que nos unen sean cada vez sean más y más fuertes, y que logren finalmente reflejar el buen estado de nuestras relaciones globales y la magnífica amistad que une a nuestros países desde hace ya 65 años.

 

 

Fuente: Cincodias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grecia y el ocaso de Europa.

El inacabado caso griego, independientemente de sus causas primeras, ha demostrado la fragilidad de la actual Unión Europea. Un proyecto que, centrado como única solución en dar viabilidad a la moneda única, ha perdido las esencias fundadoras, con lo que Europa como entorno político, económico y social a la vez, navega a la deriva. Europa como proyecto común de unos europeos que pretenden tener un lugar preponderante en el mundo, ha perdido todo el sentido. Una Europa reducida a los intereses monetarios y financieros en torno al euro no tiene nada que ofrecer, ni a los europeos ni al resto del mundo. ¿Dónde quedaron los valores que dieron origen a este proyecto común? ¿Quién se acuerda hoy de los postulados de los padres fundadores de la Europa unida? ¿Quién se acuerda de Robert Schuman, Jean Monnet, Alcide de Gasperis y Konrad Adenauer, que impulsaron un proyecto europeo basado en la idea de una comunidad supranacional sin divisiones ni luchas sangrientas, basados en unos principios de solidaridad, libertad y entendimiento entre los distintos pueblos que conforman Europa? Unas ideas que llevadas a la práctica pretendían asegurar los imprescindibles niveles de prosperidad de las naciones europeas, agrupando a los diferentes Estados en una entidad integrada política y económicamente. ¿Quién habla aún de la fenecida Constitución Europea, rechazada en referéndum por holandeses y franceses, cuando el Parlamento Europeo recomendaba, tras su aprobación con el 74 por ciento de los votos, su ratificación por los Estados miembros?

 

La Constitución fundamentaba como valores esenciales el «respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías» (Artículo I.2). Y, a su vez, proponía como importante finalidad «promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos» (Artículo I.3.1). Un texto cuyo Preámbulo, decía inspirarse«en la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, a partir de la cual se han desarrollado los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de la persona humana, la democracia, la igualdad, la libertad y el Estado de Derecho». Herencia, religiosa, cultural y humanista fundamentada en el individuo. El individuo —un descubrimiento de Europa, al decir de Salvador de Madariaga—, que no era un individuo cualquiera, sino el que hunde sus raíces en los valores de la civilización cristiana. Así lo aseguraba Madariaga[1]: «El individuo es un descubrimiento —sino una invención— de Europa. Aquí es donde se aprecia por primera vez la índole peculiar, única del individuo. Esto explicaría que el cristianismo fuera la religión predestinada de Europa; puesto que es la religión la que establece y proclama el carácter sagrado de todo ser humano, sea cualquiera su clase, situación, color u oficio».Lo que Madariaga completa diciendo que: «este principio eminentemente cristiano, proclamado desde un fondo espiritual, tenía que evocar una respuesta armónica en el alma individualista de Europa». Concluyendo que: «por eso el ideal europeo, aún cuando, por desgracia, falle con frecuencia en alcanzarlo y aún en buscarlo, es el de ser una unidad consciente de vida espiritual que avanza por los senderos del saber con pies de plomo y duda socrática, y por los senderos de la acción resueltamente y con un espíritu de amor cristiano».  Y esto es lo que ha sucedido: se han perdido las esencias que conformaron Europa.

La Europa de hoy es, tan sólo, la Europa del euro. Una Europa que ha perdido la base de sus principios fundacionales nacidos al término de la Segunda Guerra Mundial. Una Europa que, siguiendo lo establecido en 1992 por el Tratado de Maastricht, circula alrededor de la Unión Económica y Monetaria y del euro, puesto en marcha en 2002. Una Europa que, como aseguraba la Canciller alemana Angela Merkel en 2010 es totalmente dependiente del euro; o según sus propias palabras: «si el euro cae, entonces no sólo cae la moneda… caerá Europa, y con ella la idea de la unidad europea». Una declaración muy significativa de lo que hoy es Europa. Una Europa que, sin fuerzas para sostener sus principios, se balancea alrededor de cinco problemas que parecen irresolubles. Primero, la sostenibilidad del propio euro que mueve al pairo de la fragilidad económica y la mala gestión política de varios Estados miembros. Segundo(y quizás como consecuencia de la pérdida de valores y del proyecto común que impulsó la idea de la Europa unida), una Europa que hoy chalanea en medio de un mercantilismo excesivo, y da origen a la desafección de los ciudadanos que,con ello, ha abierto la puerta a partidos populistas y antieuropeos que no por eso dejan de beneficiarse de las prebendas que proporciona ser miembro de un Parlamento común. Tercero, la incomprensión y falta de criterios políticos para dar solución a las migraciones masivas que arriban a las costas europeas, sin comprender que nadie tiene la propiedad absoluta de los territorios, y que “bunkerizar” Europa no hará sino agravar los problemas. Cuarto, la ausencia de un proyecto de seguridad y defensa común que abre las puertas al terrorismo internacional que se cuela por los flancos más débiles de la Unión. Y, quinto, la ausencia de una visión estratégica que permita resolver la confrontación con Rusia en el inicio de una nueva Guerra Fría que deja a Europa sin un criterio propio al margen de los Estados Unidos, y que la enfrenta a otros problemas como podrían ser dejar en manos de Irán el futuro energético de la Europa central, necesitada de un constante suministro de gas del que carece totalmente.

Y en este contexto, se desarrolla el caso griego. Un país cuyos dirigentes llevan jugando con las debilidades europeas, de rescate financiero en rescate financiero, unas veces mintiendo y otras incumpliendo los acuerdos que ellos mismos firman, a la vez que empobrecen a su pueblo que ve como se limitan sus expectativas de futuro ante un próximo rescate financiero que no resolverá sus problemas. Y es que el caso griego, como puede ser el próximo caso español, no deja de tener sus orígenes en una Europa que ha perdido el sentido de su ser, por no decir la viveza de su alma que, fundamentada en unos sólidos principios,fue durante tantos años el faro que guió los destinos del mundo.

 

 

[1]Salvador de Madariaga. Bosquejo de Europa. Instituto Universitario de Estudios Europeos y Ediciones Encuentro. Madrid. 2010

La economía del interés general.

Las causas de la crisis económica y financiera cada vez están más claras. Existe, es cierto, una parte de responsabilidad de los poderes públicos por no haber realizado con diligencia las tareas de regulación, supervisión y vigilancia que al Estado corresponde. Pero también encontramos, qué duda cabe, la conversión del beneficio económico en el principal y único paradigma de la actividad empresarial al margen de otras consideraciones. Los derechos de los trabajadores, desde esta posición, son secundarios. Son irrelevantes, en este contexto, tanto la utilización de mano de obra infantil, como la insensibilidad ambiental, la transparencia o la justicia social. Cuestiones que acaban siendo asuntos menores si se comparan con el lucro que se debe conseguir a través de la actividad empresarial.

En este ambiente de capitalismo salvaje, la ética brilla por su ausencia y las apelaciones a la tan cacareada RSC se han demostrado inútiles salvo para edulcorar la conciencia de algunos dirigentes que por este camino han pretendido “blanquear” conductas empresariales incalificables. La crisis ha surgido en pleno auge de las apelaciones a la responsabilidad social corporativa. Algo que debería hacernos reflexionar seriamente acerca de los verdaderos objetivos de los directivos y gerentes empresariales, a veces más preocupados de incrementar exponencialmente sus bonus y variables que de ofrecer productos de calidad en sentido integral.

La denominada economía del bien común, que es una singular vuelta a los valores humanos en el mundo de la empresa, está realizando algunas importantes aportaciones en este campo. Por ejemplo, como señala su principal patrocinador, un profesor vienés de economía llamado Felber, se debe premiar a las empresas que se caractericen por las buenas prácticas de manera que quienes obtienen beneficios de forma poco clara o conculcando principios éticos sean sancionados y lo paguen. Es decir, las empresas que promuevan el comercio justo incorporando cláusulas en sus contratos que protejan el medio ambiente, que promuevan el empleo, que faciliten la transparencia o, por ejemplo, que colaboren con las principales causas sociales, deberían obtener ventajas fiscales y acceso a créditos en buenas condiciones. No puede ser, de ninguna manera, que quien ofrece productos más baratos como consecuencia de la lesión de los más elementales criterios éticos pueda beneficiarse de su maquiavélica forma de producción. Es más, a quien cumple con la justicia social, el sistema normativo debería permitirle que sus productos sean más competitivos.

Tales propuestas, bien relevantes, debieran, según Felber, ser objeto de referéndum ciudadano. De esta manera incentivar el comercio justo y bonificar a las empresas que actúan siguiendo criterios humanos tendría un blindaje y una legitimidad que probablemente animaría a quienes sólo buscan el lucro a actuar de otra forma.

El Parlamento Europeo realizó un estudio titulado: “La economía del bien común, ¿cambiando la forma en que la empresa y la economía funciona?”. Esperemos que la Cámara legislativa del viejo continente apueste por recuperar las señales de identidad que un día, también en esta materia, convirtieron a Europa en referencia de progreso, desarrollo y sensibilidad social.

El mercado financiero y los nuevos modelos de comunicación.

 

“Los mercados financieros son generalmente impredecibles, entonces, uno tiene que tener diferentes escenarios.

La idea de que se puede predecir lo que va a suceder va en contra de mi manera de ver los mercados.”

George Soros.

 

En días pasados un grupo de doscientos jóvenes de todas partes de México, en el que me incluyo, tuvimos la grata oportunidad en participar en el III y VI Congreso Internacional Financial Litigation Network y de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, respectivamente; eventos que llevaron por título “El Nuevo Capitalismo de los Ciudadanos”, y en donde pudimos tener contacto, de primera mano, con líderes y expertos quienes desde su óptica nos brindaron sus perspectivas, realidades y retos que encara el mercado financiero en un mercado cada vez más globalizado.

De tal forma que de manera directa e indirecta la jornada de dos días de conferencias nos fue guiando a una realidad imperante no solo en el mercado financiero, sino en la vida diaria, que es el surgimiento de nuevos modelos de comunicación y es que hemos sufrido un boom en el desarrollo de tecnologías que han logrado una sociedad más informada, más activa y con una mayor cohesión social. En este sentido la actividad financiera, la oferta, la demanda que realizara una Institución Financiera, así como los competidores que enfrentara, hace diez o quince años es muy distinta a la que se desarrolla hoy en día, se han roto paradigmas y el ciudadano juega un papel toral en el rumbo de las actividades económicas.

Y es que ante los fuertes sin sabores que han dejado crisis económicas, abusos al ciudadano y desfalcos han generado el surgimiento de dos nuevos fenómenos que son la búsqueda de nuevos modelos de financiación, Crowdfunding, y una mayor interacción de todo tipo de accionistas en la toma de decisiones, que no es más que cumplir con un objetivo humano y natural: buscar no cometer los mismos errores del pasado.

Por lo que  el ejercicio que realizan el mercado financiero y los nuevos medios de comunicación estriban, esencialmente, en la perfección del dialogo, interacción y toma de decisiones por medio de tecnologías móviles, sin embargo la falta de confianza y la brecha tecnología existente aún en muchas partes del mundo han generado que este tópico se convierta en una asignatura pendiente, y por ende dando cabida a que tropecemos de nuevo con la misma piedra. La respuesta es obvia, gobiernos, ciudadanos y empresas debemos aportar por un mundo comunicativamente más globalizado.

La Justificación de subvenciones y su comprobación material y formal. La posibilidad del control financiero.

I. – La naturaleza jurídica de las subvenciones.

Las subvenciones, según la jurisprudencia (SSTS 22-11-2004), se configuran tradicionalmente como una de las medidas que utiliza la Administración Pública para fomentar la actividad de los particulares hacia fines considerados de interés general.

Con esa actividad administrativa de fomento, la Administración atiende de manera directa e inmediata a lograr el progreso y el bienestar social mediante el otorgamiento de ventajas al sujeto fomentado, generándose a su vez una relación jurídica entre éste y aquélla de naturaleza contractual, una relación sinalagmática en la que la entrega de la cantidad como subvención por la Administración no es expresión de un ánimo de liberalidad, sino que encuentra su justificación en la promoción de los fines perseguidos con la misma.

Existe, por tanto, carácter condicional en la subvención en el sentido de que su otorgamiento se produce bajo la condición resolutoria de que el beneficiario tenga un determinado comportamiento o realice una determinada actividad en los concretos términos en que procede su concesión.

En la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala tercera, de 18 de julio de 2006, rec. 165/2006, se recuerda que “… la subvención no responde a una «causa donandi», sino a la finalidad de intervenir en la actuación del beneficiario a través de unos condicionamientos o de un «modus», libremente aceptado por aquél. Por consiguiente, las cantidades otorgadas en concepto de subvención están vinculadas al cumplimiento de la actividad prevista. Se aprecia, pues, un carácter condicional en la subvención.”

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), recoge de forma expresa, un conjunto de principios generales que deben inspirar la actividad subvencional, procurando minimizar los efectos distorsionadores del mercado que pudieran derivarse del establecimiento de subvenciones. Asimismo, y tomando como referencia el régimen jurídico de la contratación administrativa, la LGS recoge los principios que han de informar la gestión de subvenciones (igualdad, publicidad, transparencia, objetividad, eficacia y eficiencia), y los requisitos que deben necesariamente cumplirse para proceder al otorgamiento de subvenciones y para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora.

Ha de tenerse en cuenta también el Derecho comunitario, porque las políticas internas de mercado deben respetar los principios de economía y libre competencia. Los Estados miembros tienen la potestad para establecer y para otorgar ayudas, pero con sometimiento a las limitaciones comunitarias, en especial los artículos 87 y 88 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea.

El establecimiento de subvenciones se inscribe dentro de la potestad discrecional de la Administración. Sin embargo, una vez que la subvención ha sido anunciada y regulada normativamente, termina la discrecionalidad y comienza la regla, y el reparto concreto escapa del puro voluntarismo de la Administración.

Más concretamente, el otorgamiento de la subvención ha de estar determinado por el cumplimiento de todas las condiciones exigidas por la normativa correspondiente, pues de lo contrario resultaría arbitraria la discrecionalidad de actuar de la Administración y totalmente atentatoria a la seguridad jurídica.

 

II.- El marco jurídico que rige en materia de subvenciones.

En toda concesión de subvención es muy importante conocer el marco jurídico que resulta aplicable y que depende, en todo caso, del órgano que la concede que –a su vez- marcará la normativa que hay que tener en cuenta en relación a la forma y constitución de la cuenta justificativa y los plazos para su realización, que pueden variar en cada caso.

También ha de determinarse el grado de prevalencia de las distintas normas aplicables, ya sean leyes o reglamentos, en relación con las bases reguladoras, las convocatorias y los posibles manuales, guías o instrucciones para la justificación de la mismas, y así poder determinar, en el caso de existir contradicciones entre unas y otras, cuáles tienen carácter vinculante.

Dependiendo de cada caso concreto, habrá que estar al órgano concedente de la subvención, pues de ello dependerá si será de aplicación la normativa de ámbito regional que resulte de aplicación junta con las normas estatales.

Así, hemos de tener en cuenta:

-          La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), en la parte que constituye normativa de carácter básico y que se refleja en su Disposición Final 1ª-.

-          El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones, también en la parte que constituye normativa de carácter básico y que se refleja                 en su Disposición Final 1ª-.

-          La Orden del organismo otorgante, en la que se establezcan las Bases Reguladoras para la concesión de incentivos a proyectos de investigación.

-          Cualquier otro tipo de resolución por la que se ponga fin al procedimiento para la concesión de incentivos a proyectos de investigación dentro del ámbito que proceda.

-          Podrían existir Manuales de Justificación o las llamadas Instrucciones técnicas de Justificación.

 

En cuanto a las Instrucciones de Justificación, tienen la naturaleza de meras instrucciones de contenido técnico.

Por último apuntar que, cuando las subvenciones sean con cargo a fondos de la Unión Europea, habrán de regirse necesariamente por las normas comunitarias aplicables en cada caso y por las normas nacionales de desarrollo o transposición de aquéllas, siendo aplicables sólo supletoriamente las normas de ámbito nacional en cuanto a los procesos de concesión y control.

 

III.- El régimen jurídico de la justificación y comprobación de la subvención.

Constituye un deber de todo beneficiario de una subvención “cumplir con las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido[1]”. Dentro del conjunto de obligaciones a cargo del beneficiario de la subvención se incluye la de justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de las condiciones, la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determina la concesión o disfrute de la subvención[2]. Para ello el beneficiario de aquella debe someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe el órgano concedente de la misma[3].

La justificación del cumplimiento de las condiciones y de los objetivos previstos, constituyen un acto con forma documental y de carácter obligatorio, que corresponde al beneficiario de la subvención y que da inicio a las actuaciones de comprobación del órgano concedente en orden a su verificación.

Entre las modalidades de justificación de las subvenciones, a tenor de lo indicado en el artículo 30 de la LGS, por lo que aquí interesa, destaca la forma de cuenta justificativa del gasto realizado de acuerdo con lo dispuesto en las bases reguladoras de la subvención.

La rendición de la cuenta, a la que debe acompañar los justificantes del gasto realizado y los documentos que acrediten el cumplimiento de la actividad, proyecto o finalidad que constituye su objeto, es un acto del particular por medio del cual acredita de una forma directa la realización de la función pública pretendida.

Sobre este particular se pronuncia el apartado 2 del artículo 30 de la LGS.

La obligación del beneficiario de justificar la aplicación de los fondos recibidos al fin propuesto ha de cumplirse dentro de un plazo fijado por las bases reguladoras de la subvención.

El beneficiario de la subvención ha de cumplir pues, no sólo las condiciones de fondo que determinen el derecho a la subvención, sino también las condiciones formales referidas a la forma y el tiempo de acreditación de aquéllas[4], de manera que un incumplimiento meramente formal puede llevar consigo la exigencia del reintegro, puesto que, como indica el artículo 37 c) de la LGS, constituye causa de reintegro el “incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de esta ley, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención”.

Y es que como señala la Audiencia Nacional en Sentencia de 15 de abril de 2015 (Rec.311/2014) “debe subrayarse que el manejo de fondos públicos demanda una rigurosa justificación y acreditación de la aplicación y destino a tales fondos, que garantice el correcto cumplimiento de los fines que justificaron la subvención. Por ello, la falta de cumplimiento de los requisitos documentales determinados en la norma convocante, determina como consecuencia que no se tenga por justificado y aplicado en forma el gasto”.

A este respecto, el Tribunal Supremo ha fijado una reiterada doctrina referida al incumplimiento de requisitos formales. Sobre este particular, la STS de 7 de julio de 2005 (RJ 2005/5170) señala que «han de cumplirse las condiciones de fondo, pero también han de cumplirse las condiciones formales que se establezcan relativas al tiempo y forma de la acreditación y ese cumplimiento incumbe acreditarlo a la actora, que en el caso de autos, aun cuando se acepte su cumplimiento respecto del fondo, no lo hizo respecto de los requisitos formales»[5].

Por tanto, presentada la justificación de la subvención con la estructura y alcance que establece su normativa reguladora, la misma pueda ser discutida por el órgano competente para la comprobación.

En este sentido, el artículo 32 de la LGS dispone que «el órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención».

En consecuencia, y de acuerdo con la Ley, el órgano gestor de la subvención realiza dos tipos de comprobación, a saber, una comprobación formal de la justificación presentada por el beneficiario, y una comprobación material destinada a verificar la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad comprometida.

No obstante, debe tenerse presente, como precisa la STS de 20 de mayo de 2008 al establecer las notas que caracterizan a las subvenciones, que el establecimiento de la subvención puede inscribirse en el ámbito de las potestades discrecionales de las Administraciones públicas, pero una vez que la subvención ha sido regulada normativamente termina la discrecionalidad y comienza la previsión reglada cuya aplicación escapa al puro voluntarismo de aquéllas”.

Se concluye por tanto, que las exigencias en la forma de justificación de la subvención han de responder a lo establecido en la normativa que la rige, no teniendo la Administración discrecionalidad para exigir lo no reglamentado previamente, pues aprobadas las normas reguladoras de la misma se está a una previsión reglada del procedimiento.

Por otro lado, la escasa regulación legal de la comprobación de subvenciones a realizar por el órgano concedente de la misma, recogida en un único precepto de su articulado previamente transcrito, se completa someramente en el Capítulo IV del Título II del Reglamento, sobre el procedimiento de gestión.

Sin embargo, si bien la norma reglamentaria de desarrollo introduce la separación entre la comprobación formal y material del órgano gestor en sus artículos 84 y 85 respectivamente, no atiende a determinadas cuestiones de extraordinaria importancia si tenemos en cuenta que las actuaciones de control sobre los beneficiarios de la subvención se extienden más allá de las realizadas por este órgano administrativo, siendo de incuestionable trascendencia práctica precisar no sólo las facultades y los medios de comprobación de que dispone el órgano concedente, sino también la determinación del plazo de ejercicio de sus actuaciones comprobadoras, en relación con el procedimiento de control financiero que corresponde a la Intervención General.

  

  1. La comprobación formal.

 

Presentada la justificación por el beneficiario de la subvención, corresponde al órgano concedente de la misma llevar a cabo su comprobación de acuerdo con el método establecido en sus bases reguladoras, a cuyo fin, como indica el artículo 84.1 del RGS, «revisará la documentación que obligatoriamente debe aportar el beneficiario».

Ahora bien, tratándose en todo caso de una comprobación estrictamente formal, la misma se desarrolla por el órgano competente sobre la base de lo declarado por el beneficiario, con el propósito de revisar que la documentación presentada sea suficiente para entender cumplido su deber, y cotejar que los gastos subvencionables se corresponden con las actividades y resultados descritos en su declaración, pero sin entrar a valorar la realidad de lo declarado; labor que ha de realizarse en el seno de una comprobación material.

El objeto de la comprobación formal lo contempla el artículo 92.2 del RGS.

Los órganos concedentes de las subvenciones públicas no realizan una comprobación meramente formal de la justificación, llegando a comprobar la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad pública comprometida por el beneficiario de la subvención.

 

  1. La comprobación material.

 

Al margen de la comprobación documental realizada con carácter previo, el órgano concedente de la subvención ha de examinar la realización por los beneficiarios de las actividades subvencionadas, así como el cumplimiento de la finalidad que determina la concesión y disfrute de aquella.

Con el fin de proceder a esta comprobación de carácter material, el órgano gestor ha de elaborar un plan anual en el que indique el alcance de la comprobación, ya que la misma puede ser general, comprendiendo todas las subvenciones concedidas, o puede presentar un carácter parcial, al realizarse exclusivamente sobre una muestra de las concedidas. Asimismo este plan anual debe indicar el momento de su realización.

La inclusión del beneficiario de una subvención en el citado plan determina la iniciación de un auténtico procedimiento de comprobación, que en nuestra opinión ha de ser notificado al interesado precisando su alcance, esto es los aspectos de la subvención que van a ser objeto de examen por el órgano concedente.

Hemos de poner de manifiesto en este punto que la normativa reguladora de las subvenciones no establece el conjunto de actuaciones que el órgano gestor de la subvención puede realizar con la intención de precisar la veracidad de lo declarado por el beneficiario, ni regula tampoco el procedimiento que dicho órgano debe seguir en el ejercicio de sus funciones.

Ahora bien, creemos que el ejercicio de una potestad administrativa como la referida a la comprobación de las subvenciones públicas, exige el respeto de determinados derechos y garantías del beneficiario de la subvención, que sólo pueden protegerse por la vía de la tramitación de un procedimiento adecuado que evite el riesgo de discrecionalidad administrativa.

Y en este sentido, el artículo 5 de la LGS indica que, en ausencia de disposición expresa sobre un tema, habrá que acudir de forma supletoria a las normas de Derecho administrativo y de Derecho privado, siendo en este punto importantes las reglas que sobre el procedimiento administrativo establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Por lo que se refiere a las actuaciones de comprobación, el órgano concedente de la subvención puede examinar la justificación presentada por el beneficiario, incluidas las facturas y demás documentos probatorios del gasto subvencionable.

Efectuadas las actuaciones oportunas para la comprobación de la realización de las actividades que constituyen el objeto de la subvención, y el cumplimiento de la finalidad prevista, el órgano competente ha de terminar el procedimiento con un acto administrativo en el que haga constar la adecuación de la subvención a los objetivos propuestos, o en caso contrario la existencia de un incumplimiento parcial o total y la necesidad de iniciar un procedimiento de reintegro de la subvención[6].

 

IV.- CONCLUSIONES.

 

  1. - Constituye un deber de todo beneficiario de una subvención “cumplir con las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido”. Dentro del conjunto de obligaciones a cargo del beneficiario de la subvención se incluye la de justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de las condiciones, la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determina la concesión o disfrute de la subvención.
  2. - Corresponde a la Administración concedente, en el momento de la aprobación de las bases reguladoras de la subvención, la determinación del plazo y la forma de justificación. Pero una vez que la subvención ha sido regulada normativamente termina la discrecionalidad y comienza la previsión reglada cuya aplicación escapa al puro voluntarismo de aquélla. 

3-          El control de las subvenciones se desarrolla según la LGS en dos estadios claramente diferenciados dentro de la Administración, existiendo una primera comprobación formal y               material realizada por el órgano gestor y que puede finalizar con un acto administrativo de confirmación del cumplimento de las condiciones y resultados previstos, o bien con                 el inicio de un procedimiento de reintegro en caso de incumplimiento. Existe además un control posterior de la subvención llevado a cabo por la Intervención General, órgano                   encargado de las labores de control financiero.

      4 - Ambos controles tienen distinto alcance. Los órganos gestores no pueden requerir al beneficiario más de lo que éste está obligado a presentar como justificación de la                                 subvención de conformidad con las bases reguladoras. La LGS no les reconoce mayores facultades inquisitivas: no pueden pedir documentación que la normativa reguladora de              la subvención no les obligue a presentar. El control financiero que lleva a cabo la intervención es de alcance general.

     5.- En todo caso las actuaciones de comprobación del órgano gestor son compatible con el posterior control financiero.

    6.-  Si bien la Administración tiene un plazo de 4 años para la revisión o comprobación de los documentos, debe hacerlo a través del procedimiento administrativo correspondiente.               E iniciado por el órgano concedente el procedimiento destinado a comprobar la subvención concedida al beneficiario, éste ha de continuar hasta su finalización. Sin embargo,                 ni la Ley ni el Reglamento de subvenciones indican el plazo de duración del mismo, a diferencia de lo que ocurre con el procedimiento de control financiero cuya finalización se               prevé en el plazo de doce meses. La falta de concreción de la Ley en este punto nos exige acudir a la normativa supletoria para determinar el tiempo de que dispone el órgano                     gestor de la subvención para realizar la comprobación, que será de tres meses desde la fecha del acuerdo de iniciación, según indica el artículo 42.3 de la LRJ-PAC. Transcurrido            el plazo previsto sin resolución expresa, y siendo éste un procedimiento iniciado de oficio susceptible de producir efectos desfavorables o de gravamen para el beneficiario, en la                medida en que puede derivar en el inicio de un procedimiento de reintegro, se producirá la caducidad del procedimiento con el archivo de las actuaciones.

 

[1] Artículo 2.1 b) in fine LGS.

[2] Artículo 14.1 b) LGS.

[3] Artículo 14.1. c) LGS.

[4] Así lo establece el artículo 2 b) de la LGS.

[5] Asimismo, véase también la STS de 12 de marzo de 2008 (RJ 2008, 3721) y la SAN de 19 de noviembre de 2008 ( PROV 2008, 380791).

[6] Constituye causa de reintegro, según el artículo 37 b) de la LGS, el «incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención».

Interposición de recurso contencioso.

 

Los modelos normalizados de solicitud, como dice la Ley 30/1992, son habituales en sede administrativa. Sin embargo, no lo son tanto en la vía jurisdiccional. ¿Pueden ser útiles? Recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha optado por establecer un formulario para la presentación de demandas- El tribunal de Estrasburgo considera que el formulario permite procedimientos más rápidos al estandarizar y sintetizar las alegaciones.  Facilita además el acceso a dicha instancia.

Cabe plantearse, ante el elevado número de casos que reciben algunos tribunales españoles, si sería útil adoptar el sistema de modelos o formularios normalizados y obligatorios.

Queremos contribuir a ese debate aportando un ejemplo de modelo de formulario para interponer recurso contencioso-administrativo. Por su configuración, consideramos que puede ser muy útil para casos sencillos.

Por supuesto, se admiten sugerencias, consejos y recomendaciones.

Aquí tienes el modelo:  http://www.cremadescalvosotelo.com/media/556325/interposici_n_de_recurso_contencioso_form__5_.pdf 

 

 

Stop desahucios y equidad.

En nuestra tradición clásica, la ética, entendida como el discernimiento sobre lo bueno y lo justo es inconcebible sin la política. Si lo resumo mucho, quedaría de la siguiente forma: para que algo sea éticamente correcto ha de ser reconocido como tal por la comunidad. En mi opinión, este principio aristotélico está plenamente vigente, pero no ocurre lo mismo con su inspiración, que no ha sido capaz, a fecha de hoy, de recuperarse de los quebrantos infligidos por la Ilustración y el post-modernismo. Esta pérdida de sentido es el resultado del volteo del anterior enunciado: todo aquello que la comunidad reconoce como correcto debe ser éticamente aceptado. ¿De qué comunidad hablamos? ¿Sólo de aquellos que la componen actualmente? ¿Pertenecen de algún modo a ella los muertos o los que aún no han nacido? El repudio por el pensamiento clásico a la reversión de dicho enunciado tiene mucho que ver con la plenitud ética, es decir, con el respeto hacia quienes nos precedieron y con la responsabilidad frente a quienes nos sucederán. Dicho de otro modo, la equidad como justicia tiene dos ejes de coordenadas, la intrageneracional y la intergeneracional, y la falta de cualquiera de ellas impide ubicar y, por tanto, calificar éticamente una decisión o conducta.

La democracia es, per se, un mecanismo de redistribución: cada voto vale igual con independencia de la riqueza de quien vota. Pero ni los muertos ni los por nacer pueden votar, por lo que la democracia no nos dice nada por sí misma sobre cómo ha de calificarse éticamente (y, por tanto, políticamente) el comportamiento entre generaciones. Este comportamiento se ordena mediante instituciones, normalmente espontáneas, que van dirigidas a asegurar la continuidad en el tiempo de los grupos sociales. La idea de fondo puede ser la de un saldo neto positivo: producir para los que vienen detrás más de lo que nosotros hemos consumido es la clave de la solidaridad intertemporal. La concatenación entre generaciones sólo se puede mantener cuando apreciamos lo recibido de nuestros mayores y, en consecuencia, nos sentimos moralmente –nunca mejor dicho- obligados a hacer lo mismo con los que vienen detrás. Los mecanismos presupuestarios de restricción del déficit y del endeudamiento públicos responden, por ejemplo, a la necesidad de limitar la carga fiscal que los votantes presentes dejan a los futuros. Pero hay muy variadas medidas de acción colectiva distintas de las presupuestarias que permiten, según se quiera, tanto preservar como saltarse el respeto entre generaciones y casi todas ellas tienen que ver con la transferencia de deudas hacia los que todavía no pueden participar de la decisión. La eliminación de los desahucios de viviendas habituales por impago de hipotecas es una de ellas.

Sin necesidad de que se haya producido –al menos todavía- una medida legislativa relevante, la desaparición de las ejecuciones hipotecarias es ya una victoria patente de los defensores de la medida, que se han fajado con enorme eficacia en la arena pública. Los Bancos, por razones estrictamente reputacionales, han renunciado a hacer efectivas las garantías hipotecarias sobre viviendas ocupadas mediante el ofrecimiento generalizado de refinanciaciones a deudores que no pueden pagar (si pudiesen no habría problema alguno), con periodos y condiciones de carencia descabelladas desde el punto de vista financiero. La famosa bancarización de nuestra economía (la europea y la española) hace que semejante patada a seguir convierta a todo el sistema de entidades de crédito en una red de alcantarillado que recibe muchos más detritos de los que puede canalizar y procesar. En lugar de liquidar deudas, las pateamos masivamente hacia el futuro. ¿Qué puede pasar? No se me ocurre otro escenario que el siguiente: nuestros hijos, nietos y bisnietos tendrán que pagar las hipotecas que no hemos pagado nosotros y, además, no obtendrán más créditos de los Bancos. En suma, la generación (de alegres políticos y banqueros y no menos alegres hipotecados) que ha provocado la crisis se la hace pagar en gran parte a la que le sucede y, por tanto, perpetúa la crisis y enseña una lección perversa: vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos.

Me sorprende mucho que quienes defienden enérgicamente, e incluso con buenos argumentos, la sostenibilidad ambiental se vayan de vareta con la sostenibilidad económica. Los fundamentos son los mismos, responsabilidad y solidaridad, las medidas, radicalmente contradictorias, por desgracia. La economía es una ciencia de la acción humana, como afirmaba Mises, y, según pienso, ha de ser entendida como una parte esencial de la ética y de la política, que nos capacita para entender cómo somos y cómo hemos de comportarnos.

Nuevo caso de nulidad esta vez por varias causales invocadas.

Mi mandante y su esposa contrajeron matrimonio canónico, el 1 de julio de 2.006 en la parroquia de Santa María, como se acredita con copia autentificada de certificado de matrimonio expedido por el encargado del Archivo Parroquial.

En el momento de celebrarse el matrimonio, Mario contaba con 21 años de edad y María  19 años de edad.

El matrimonio no ha tenido descendencia.

Los cónyuges en la actualidad se encuentran divorciados en virtud de sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 2 de fecha 29 de febrero de 2.008.

Mi representado es conductor de camiones; desconocemos la actual ocupación de María.

Mario conoció a María un año antes de casarse con ella. Para él era su segunda novia ya que al momento de conocer a María en una discoteca de Granada, acababa de romper con la novia que tenía en aquel momento y de la que estaba profundamente enamorado.

Ese día en la discoteca cuando conoció a María, Mario acababa de discutir con su novia, Pilar, y por despecho, se “lió” con María de la que le llamó la atención cómo iba vestida con ropa ajustada así como lo fácil que le resultó conquistarla. A los pocos días, se reconcilió con Pilar y cortó con María. Pero esta reconciliación duró poco y fue cuando cortaron la relación de manera definitiva y fue entonces cuando Mario llamó a María para olvidar a la anterior y comenzó el noviazgo que terminaría en matrimonio en poco menos de un año después.

Tanto la familia de Mario como la de María está compuesta por personas sencillas. Al parecer, Mario sí fue el primer novio de María, a la que sus padres la trataban con excesivo mimo. Este trato no chocaba a Mario aunque con posterioridad descubrió a que se debía.

El noviazgo pues comenzó aunque su desarrolló era anormal debido a circunstancias geográficas: Mario residía en La Zubia y María del Pilar en Armilla. Así pues, se veían los fines de semana y siempre y cuando las obligaciones de trabajo de Mario se lo permitían puesto que en aquel momento él ya trabajaba como camionero al igual que el padre de María. Y decimos esto porque dada la afinidad profesional de suegro y yerno, Mario cayó bien en la familia de su novia. Otro de los factores que ayudaban a la anormalidad es que Mario seguía enamorado de su antigua novia. Incluso en una ocasión, María “le pilló” un mensaje de aquella y al que María  no pareció darle importancia. Mario buscaba la forma de cortar con María pero esta siempre le perdonaba y le consentía todos sus desaires hacia ella.

Un buen día, María  le dijo a Mario que quería que conociese a sus padres; Mario le manifestó que era demasiado pronto y ella le respondió que si quería que saliese más por las noches sus padres tenían que conocerlo. Mario aceptó y el vínculo con su novia se cerró un poco más.

Una noche, María le propuso el matrimonio y Mario aceptó. Debido pues a que apenas se veían y que Mario seguía despechado con su antigua novia a la que seguía queriendo y anhelaba su regreso, éste dio un paso más en la relación de manera totalmente inconsciente. Hizo, como se suele decir vulgarmente, un huida hacia delante, sin pensar en las consecuencias de ello y movido por el corazón.  La noticia fue bien acogida en ambas casas, si bien, fueron aconsejados que lo pensasen bien puesto que eran muy jóvenes. El consejo se agotó en unos minutos. Nadie más insistió en este asunto.

Comenzaron en aquellos momentos los preparativos de la boda que se celebró en Armilla. A medida que se acercaba la celebración, Mario empezaba a reaccionar y se daba cuenta que iba a cometer una estupidez casándose con María. Incluso llegó a comentar a un primo suyo que le dijese a su antigua novia, Pilar, que se iba a casar ya que era la única persona por la que podía romper el compromiso puesto que seguía enamorado de la misma. El día de la boda pensó en salir huyendo pero por todo el lío que se hubiese montado, terminó dando el “sí quiero” y pasó uno de los días más tristes de su vida.

Se fueron de viaje de novios al Caribe y allí Mario comprobó que María no se comportaba de manera totalmente normal ya que estaba todo el día cansada y no quería hacer nada. A Mario ya le habían comentado que de pequeña, María había sufrido un golpe en la cabeza en el colegio y que esa era la causa de que se comportase de manera un poco lenta en sus comportamientos ordinarios.

Una vez que regresaron de su viaje se instalaron en una casa en La Zubia. Mario seguía con su trabajo de camionero y María se dedicaba a las tareas del hogar aunque con escasa voluntad y rendimiento. Seguía cansada e inapetente.

Al poco tiempo (aproximadamente un mes), María sufrió un ataque epiléptico. Mario era la primera vez que lo veía y se asustó mucho. No tenía ni idea de lo que eso significaba ni sus consecuencias. Fue entonces cuando ya le explicaron que Maria sufría esa enfermedad y que una de las consecuencias de la misma era que no podía tener hijos. Este hecho nunca se lo dijeron y él era un ignorante en estos asuntos. La madre de María se fue a vivir con ellos y la situación en la casa se terminó de complicar. María no quería vivir en La Zubia y le dijo que se iba a casa de sus padres.  Mario no puso objeción y se marchó y el matrimonio quedó roto en aquel momento. Esto ocurrió en mayo de 2.007.

La convivencia matrimonial no llegó al año y se iniciaron los trámites de divorcio que culminaron en la sentencia aportada.

Parece claro pues que en el presente caso se dan una serie de datos, presunciones y evidencias que hacen que el matrimonio contraído por Mario  y María sea nulo de pleno derecho.

Lo fundamental de todo este asunto, es que ni Mario había pensado el matrimonio de una manera profunda, ni además, estaba enamorado de María . Él seguía enamorado de Pilar y mantuvo una relación de noviazgo simplemente por despecho y por cobardía. Su escasa preparación mental se unió a las mismas características de María y entre los dos tomaron una decisión de manera precipitada y sin sentido. La edad, su nula formación humana y religiosa y los malos consejos fueron determinantes en la decisión.

El corazón de Mario estaba en otro sitio el día que dijo el sí quiero. Es un hecho del que está profundamente arrepentido y por esta razón ha pedido perdón. Se comportó en aquellos días como un auténtico “niñato” y además el entorno en el que se movía tampoco ayudó.

Este son las razones principales del error en la decisión de casarse, pero a estas hay que unirle dos circunstancias más. La primera fue que María sufría una enfermedad que podía ser un obstáculo para casarse. Y la segunda que Mario fue engañado ya que esta enfermedad fue ocultada de manera deliberada por parte de María.

María , conocía perfectamente que no podía tener hijos y por tanto esto podría obstaculizar que una persona quisiese casarse con ella. Consecuencia de esto fue que se engañase a Manuel y no se le informase de esta circunstancia y en consecuencia, éste tomó una decisión sin una información esencial para poder construir de manera correcta su voluntad de contraer matrimonio.

No nos cabe duda de que si Mario hubiese conocido la forma de ser de María así como sus alteraciones físicas y psíquicas no se hubiese casado.

Mario no tenía la voluntad bien formada el día que dijo el sí quiero, pero María no estaba  en condiciones igualmente de dar el paso del matrimonio y engañó a Mario.

Vemos pues en definitiva que mi representado tomó una decisión basada en un error acerca de las cualidades de su esposa.

Esta parte no ha podido contrastar datos en estos momentos, se hará en la fase probatoria correspondiente, que avalen la totalidad de las causales invocadas, pero no cabe duda alguna que las propias manifestaciones y comportamientos de la demandada, son prueba suficiente para sostener la simulación y el engaño. Estas manifestaciones y comportamientos no son esporádicos y aislados sino que han sido sostenidos en el tiempo en varias ocasiones y así vienen avalados por el propio testimonio de mi mandante.

Vemos pues que la simulación que se recoge en el cn. 1.101.2 se adapta al supuesto que estamos planteando: simulación total o parcial del matrimonio en si mismo o de algunos de los elementos esenciales que lo conforman (prole, sacramento o bien de los cónyuges –amor-)

Entendemos pues que el consentimiento prestado el día de la boda estaba plenamente viciado ya que si partimos de la base de que nada es querido sin haberse conocido antes, Mario no hubiese prestado su consentimiento de forma libre formándolo con voluntad e inteligencia si hubiese conocido las circunstancias concretas acerca de María.

A las anteriores circunstancias, esta parte entiende que podrían darse igualmente los requisitos recogidos en el canon 1.095.2 de la falta de discreción de juicio por parte de ambos esposos a la hora de conocer los deberes y derechos del matrimonio que mutuamente se han de dar y de la misma manera, el canon 1.095. 3 puesto que la epilepsia es una enfermedad neurológica que afecta a la mente y que provoca una alteración de carácter psíquico que impide el consentimiento en un primer momento y la vida conyugal con posterioridad.

Silbidos al Rey

De la monarquía absoluta, en la que el Rey era el Estado, según frase atribuida a Luis XIV, a la monarquía parlamentaria actualmente vigente en Europa hay un trecho considerable. El monarca absoluto era amado por unos y temido por otros. Pero Maquiavelo, en su obra más conocida, “El Príncipe”, recomendó al Medicis que, si tenía que elegir, eligiera ser temido porque el temor es un sentimiento menos volátil que el amor y facilita saber a qué atenerse. Seguramente los actuales monarcas parlamentarios no son ni tan amados ni tan temidos como aquéllos, ni les hace falta tanto amor ni tanto temor, sino respeto. Esto no es mejor ni peor que lo anterior; sencillamente es lo que hay, sobre todo en España, donde los monarcófilos eran pocos en la transición, vuelven a ser pocos ahora y en los 39 años intermedios lo que había era juancarlistas.

Ciertamente se puede encontrar en el Código Penal un tipo para esa indeseable práctica de saludar al Rey con silbidos hostiles o despectivos; ineducados en todo caso. Pero no se puede castigar a 5.000 o 10.000 personas cada vez, si es que se las puede identificar; con eso sólo se conseguiría aumentar en la misma proporción la hostilidad de los desafectos e incluso provocaría la aparición de sesudos artículos en la prensa y en las redes sociales pontificando sobre la libertad de expresión y el pluralismo político, y no serían pocos los que volvieran a reclamar un referendo sobre la forma política del Estado.

Uno de los principios fundamentales del moderno Derecho penal es el de intervención mínima o intervención sólo en última instancia, ala que se acude únicamente después de haber agotado infructuosamente otros medios menos coercitivos. Y, si hoy un Maquiavelo redivivo fuera preguntado por el monarca sobre si es preferible ser aplaudido o silbado, le respondería: Majestad, este mundo no es el de Savonarola; ahora el simple hecho de ser y de estar cuesta ya bastante trabajo como para que os preocupéis sobre esa minucia; seguid trabajando como hasta ahora, que lo estáis haciendo muy bien, para que en el futuro sean más los aplausos, pero tened bien presente que siempre habrá de todo porque, tal como va el mundo, todo –lo bueno y lo malo– entra hoy en el sueldo de los Reyes.

 

El ejército de Junker

Hace unas semanas, el Presidente de la Comisión Europea, el luxemburgués Sr. Jean-Claude Juncker, ha tenido la peregrina propuesta de creación de un Ejército europeo.

Opino que el Sr. Juncker ha tenido una ocurrencia en solitario, y estamos viendo el rechazo mayoritario de la citada propuesta. Parece olvidarse de que existe la OTAN y que en lustros pasados se creo la UEO, de efímera existencia, a por su inviabilidad operativa.

Un ejército necesita, entre muchas exigencias, ser operativo y técnicamente bueno, en forma y contenido, es decir caro y no conflictivo. El entorno de Juncker ha tratado de justificar la propuesta, al ser las reacciones de sorpresa y rechazo de la idea-ocurrencia, como complementaria a las organizaciones actuales, tales como la OTAN o el Consejo de Seguridad de la ONU ( los cascos  azules), que vienen ofreciendo con mayor o menor operatividad en conflictos bélicos internacionales.

Justificar también la propuesta de un ejercito, a largo plazo, en tener un efecto disuasorio sobre la Rusia del Presidente Putin, y el actual conflicto en Ucrania, Crimea y la zona de río Don, es buscar política de ilusionismo, olvidándose de las medidas diplomáticas, económicas, etc.

La sensatez, el sentido común, el análisis de la situación, el intentar resolver el problema creando otro mal grave y duradero, es exigible.

Sepamos utilizar el mejor instrumento que tenemos de carácter, técnica y doctrinalmente militar, que es la OTAN, moviendo sobre el terreno operacional, con fuerzas armadas, combinadas y conjuntas, con las aportaciones de las tropas, disuasorias aportados por cada país participante en solucionar el conflicto. Para eso no se necesita nuevos ejércitos y FAS, cuya estructura, tipo de clase de armamento- sistema de armas, ubicación territorial sobre los terrenos-escenarios de los Estados  y Naciones, y quien ejercería el mando supremo de esas FAS “europeas”.

Seamos realistas dejémonos de inventos complejos y ocurrentes, y perfeccionemos los instrumentos actuales, Consejo de Seguridad de la ONU y OTAN. Un Ejercito con operatividad internacional, es algo muy serio. Empezando por el CONSENSO internacional en la toma de decisiones políticas, diplomáticas y militares.

Evitemos reproducir escenarios y circunstancias de los lejanos tiempos de la “guerra  fría”.

No es bueno que la propuesta del Sr. Junker o de sus “inspiradores”, la acabe de activar el correoso Presidente ruso, Sr. Putin, al iniciar una exhibición de la fuerza militar de Rusia, con unas significativas maniobras u ordenes de alerta de sus unidades militares del mar Negro, Cáucaso Norte y el Antártico.