La aplicación del art. 1973 del Código Civil en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

Por todos es sabido que las lesiones que los particulares sufran en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos de las Administraciones, genera responsabilidad patrimonial, es decir, un  derecho a reclamar una indemnización por los daños sufridos.

En el caso de las entidades locales, los administrados podrán reclamar esta responsabilidad patrimonial en el Ayuntamiento de la localidad donde se le han producido los daños.

Tal y como establece el art. 6 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, los particulares presentaran reclamación en la que al margen de cumplir con los requisitos establecidos en el art. 70 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante.

Conforme a la meritada norma, el plazo de que disponen los interesados para interponer dicha reclamación, será de un año desde el día en que ocurren los hechos, transcurrido el mismo, dicha acción se entenderá prescrita.

Una vez iniciado el procedimiento a instancia de parte, la Administración tendrá seis meses para instruir y resolver expresamente la reclamación presentada, o en su caso, acudir a la institución del silencio negativo para que el reclamante entienda la misma desestimada, quedando abierta la vía judicial para la interposición del correspondiente recurso contencioso-administrativo.

Éste, sería el cauce normal por el que debe de tramitarse una reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta ante una Administración local, aunque en la práctica es frecuente que se realicen reclamaciones de daños acudiendo a otras vías.

Así, por ejemplo, suele ocurrir que los daños producidos en viviendas o en vehículos, sean reclamados por los administrados a sus compañías de seguros, y éstas, una vez le hayan abonado la indemnización que estimen pertinente, repitan contra los Ayuntamientos.

Para iniciar el procedimiento generalmente suelen enviar al Ayuntamiento que corresponda fax, burofax o telegrama en el que  identifican al administrado, los hechos, el día en que ocurren, y lo más importante, y cito textualmente “interrumpimos prescripción judicial según el art. 1.973 del CC”.

Tras varios intentos (en varios años) sin haber obtenido respuesta alguna por la entidad local, interponen formalmente el escrito de responsabilidad patrimonial con el contenido exigido en la normativa aplicable.

Este es el escenario planteado en multitud de ocasiones a los Ayuntamientos por las compañías de seguros, cuya reclamación de daños por responsabilidad patrimonial, pretenden eternizarla en el tiempo bajo el prisma legal del art. 1973 del código civil.

Sin embargo, reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, como la Sentencia de 2 de marzo de 2011, viene a decir justamente lo contrario, es decir, los fax/telegramas/burofax enviados a las Administraciones locales pretendiendo efectos interruptivos de la prescripción, no producen tal  efecto.

En palabras del Alto Tribunal la invocación de este precepto “es superflua y carece de virtualidad en el seno de este proceso, ya que la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas es exigible exclusivamente de acuerdo con la Ley 30/92, que regula tanto sus  aspectos sustantivos como procesales y en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo”.

Y es que, según la citada ley, el derecho a reclamar prescribe al año y no es susceptible de interrupción, únicamente se producirá esa circunstancia si la reclamación se presenta ante órgano incompetente o como expresó la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo 2000 en virtud de cualquier “reclamación que manifiestamente no aparezca como no idónea o improcedente encaminada a lograr el resarcimiento del daño o perjuicio frente a la Administración responsable, siempre que comporte una manifestación de la voluntad de hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de la Administración por alguna de las vías posibles para ello”

En efecto, los fax/burofax/telegrama enviados a las Administraciones Públicas únicamente podrán entenderse como el ejercicio de la acción de responsabilidad y no como un acto de interrupción de la prescripción como una reclamación extrajudicial del deudor como entienden las compañías aseguradoras acogiéndose al art. 1973 CC.

En consecuencia, todas aquellas acciones que se ejerciten transcurrido el año de producirse los hechos aún en aquellos casos en que previamente se hayan enviado varios fax/burofax/telegramas, serán inadmisibles por extemporáneas.

 

 

 

 

OCDE y formación de juristas.

La OCDE nos acaba de decir que el nivel de los universitarios españoles es equiparable al de los bachilleres japoneses. No se sabe si porque los bachilleres japoneses tienen una altísima cualificación o porque los universitarios de nuestro país están muy mal preparados, aunque más bien parece lo segundo.

Se nos acusa de que la formación universitaria es muy generalista y teórica y que nuestros estudiantes tienen grandes dificultades para manejarse con soltura en un mundo en el que dominan las nuevas tecnologías y en el que los principios estorban para la vida cotidiana. Entre otras cosas, porque vivimos en una civilización en la que lo importante, y definitivo, es ganar cuanto más dinero y en el más breve plazo de tiempo posible, mejor. En este contexto, es en el que hemos de reflexionar acerca de la formación que se imparte en nuestras Facultades de Derecho y Jurisprudencia.

 Es bien sabido que la formación jurídica que se imparte en las Facultades europeas es deudora de la tradición positivista del Derecho que dominó  en el viejo continente desde el siglo XVIII. Seguramente, nuestro subconsciente jurídico opera, incluso sin que nos demos cuenta, en un contexto en el que el pensamiento único causa sus estragos, sobre todo en las razonables demandas de justicia que, sin embargo, el imperio de la forma y el procedimiento, dificultan enormemente.

 Por ejemplo, entre nosotros la jurisprudencia y los principios generales del Derecho siempre han tenido un cierto carácter polémico en lo que se refiere a su condición de fuentes del Derecho. Sobre todo, porque el pensamiento aún dominante prefiere amarrarse a unos aprioris que tantas veces no son más que la manifestación exacta del primado del poder sobre el Derecho, argumentándose tantas veces con el recurso a las mayorías, como si en la reciente historia del siglo pasado no haya testimonios bien elocuentes de lo que son capaces de hacer las mayorías bajo el yugo del totalitarismo.

 Por ello, pienso que hemos de recibir como balones de oxígeno las últimas noticias que nos llegan de los Estados Unidos referidas a la creación de  nuevas Facultades de Derecho  y a la ampliación del abanico de opciones jurídicas que se ocupan del problema de la fundamentación del Derecho. Estas nuevas aproximaciones ponen el acento en los derechos fundamentales de la persona y en la vertiente ética y moral de la práctica del Derecho por todos los operadores jurídicos.

 Desde estos nuevos enfoques se insiste en el conocimiento del Derecho como saber instrumental enmarcado en la búsqueda constante de la justicia, planteamiento hoy no muy practicado, valga la redundancia, en la “práctica”, dónde con tanta frecuencia el fin justifica los medios. Por eso, el ejercicio del Derecho no puede desconectarse de la protección de los derechos fundamentales derivados de la dignidad de la persona, derechos que, bien lo sabemos, no son creación del Estado. Más bien, el Estado debe reconocerlos y facilitar su ejercicio. En una de estas nuevas Facultades recientemente creadas se recuerda algo que suena hoy muy nuevo pero que  un jurista entiende muy bien: las fuentes del Derecho no están sólo en la política, sino también se encuentran en la historia, en la naturaleza humana y en el orden moral del universo.

 En el fondo, me parece que detrás de estos nuevos estudios de Derecho se encuentra la preocupación por evitar que la escisión entre el Derecho y la Moral siga proporcionando argumentos para justificar decisiones inmorales, planteamientos insolidarios; en definitiva, cuando el Derecho y la Moral campan cada uno por su cuenta, entonces el poder siempre gana al Derecho, porque  éste se convierte en su vasallo más sumiso. En cambio, cuando la dignidad de la persona se erige en fundamento del Derecho, entonces el poder no tiene más remedio que operar en un ambiente en el que existen límites a su ejercicio.

 Desde estos planteamientos, el estudio del Derecho no se reduce a la exposición, sin más, del Derecho vigente, sino que incorpora el pensamiento crítico para ayudar a que los alumnos piensen por sí mismos y se formulen determinadas preguntas sobre la adecuación a la justicia y a la dignidad de la persona de las  instituciones, categorías y conceptos que les explican los profesores. Se trata de facilitar el pensamiento libre, sin imposiciones, con la sana de pretensión de que los alumnos tengan el hábito de cuestionarse los conocimientos recibidos desde el pensamiento abierto, plural y dinámico, evitando la dictadura del pensamiento único tan frecuente en este tiempo. En este sentido, los planes de estudio de estas Facultades incluyen asignaturas como Fundamentos Morales del Derecho, Jurisprudencia, Deontología Jurídica, Etica o Política pública, entre otras. Los tres elementos sobre los que basculan todas las enseñanzas que se imparten son: la defensa de los derechos humanos, la preocupación por la justicia social y la cultura de la vida, sin duda el primero de los derechos fundamentales, aunque paradójicamente el más castigado en estos tiempos de tanta esquizofrenia.

 Ciertamente, va siendo hora de que en los enfoques jurídicos empiece a tomarse más en serio, a juzgar también por los resultados obtenidos, la sustancia que justifica la existencia del Derecho,  el permanente dar a cada uno lo que es suyo. Si no fomentamos que los alumnos se hagan preguntas sobre el fin del Derecho estamos siendo cómplices de la mentalidad jurídica dominante en la que el poder político y el poder financiero doblegan, y de qué manera, al Derecho.

 En fin, un episodio más de la lucha por el Derecho que ha caracterizado la historia del hombre. Frente al despotismo blando, es menester la lucha por la justicia y los derechos humanos en todo tiempo y circunstancia. La tarea no es fácil pero vale la pena. Desde luego, prefiero que nuestros alumnos no sepan utilizar una tarjeta de crédito o confeccionar una factura a que sean insensibles a la continua y permanente deshumanización de la sociedad. ¿Y usted querido lector?.

Seguridad e intimidad.

La tensión entre la libertad y la seguridad, entre el derecho a la intimidad y orden público, está, en este tiempo en que vivimos, de palpitante y rabiosa actualidad. No sólo porque en la lucha contra el delito organizado y el terrorismo internacional  es necesario detener a los asesinos y evitar que se consumen tales crímenes. También porque estamos conociendo que determinadas agencias de inteligencia, en solitario o con el auxilio de sus homónimas, han encabezado una ingente operación de espionaje a millones de personas.

 

Estos días, por ejemplo, el gobierno británico acaba de anunciar un proyecto de ley por la vía de urgencia que obligará a las compañías telefónicas y proveedores de servicios a que mantengan almacenados a disposición de los servicios de seguridad durante un año los datos de comunicaciones. Se trata de la reacción del gobierno inglés a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que anuló una norma comunitaria de 2006 que obligaba a mantener los datos electrónicos  durante dos años. Ahora,  el máximo intérprete del Derecho Comunitario Europeo consideró que un período tan largo atentada contra los derechos ciudadanos por obvias razones.

El problema, a mi juicio, no es de orden temporal, sino de orden moral. Si un servicio de seguridad sospecha fundadamente, con razones que debe alegar y someter a  contraste jurídico de un colegio de personas independientes, jueces por ejemplo, ningún problema en el acceso a esa comunicación. Pero tener de forma masiva y a disposición general de las autoridades de seguridad los datos de las comunicaciones de los ciudadanos, no se compadece, de ninguna manera con el Estado de Derecho, en el que bajo ningún concepto puede existir un poder general e indeterminado de las autoridades para intervenir en la vida de los ciudadanos. Existen intervenciones concretas y precisas para las que se debe solicitar, también de forma concreta y precisa, la pertinente autorización. Siempre hay formas de garantizar el Estado de Derecho por muy urgente  que sea la necesidad de intervención. No hay más que preverlas en el Ordenamiento. Sabemos que en materia de intervención el principio de precisión es elemental para que se garantice el Estado de Derecho.

El Estado de Derecho parte de un aserto que es fundamental y que no se puede olvidar: la dignidad del ser humano dispone de tal calibre y relieve jurídico, que se yergue omnipotente frente a cualquier intento del poder de pisotearla. Así fue concebido este modelo de Estado y, sin embargo,  así está siendo lesionado sin que la ciudadanía, hábilmente edulcorada y narcotizada por las terminales de la tecnoestructura dominante, reaccione adecuadamente ante tanto desmán y arbitrariedad.

La vigilancia debe ser respetuosa con el derecho a la intimidad y a la libertad de las conciencias de las personas. Claro que es posible conciliar libertad y seguridad, intimidad y vigilancia. Se puede hacer, pero tal empeño es más complicado que autorizar masivamente, en general, interceptaciones de llamadas telefónicas o de correos electrónicos. Esta práctica, tan extendida, no sólo es ilegal, sino profundamente inmoral. Ilegal porque precisa de la previsión normativa y  de la autorización “ad casum” del juez o colegio de miembros del poder judicial. Y es inmoral, rotundamente inmoral, porque despojar la intimidad o violar la libertad de conciencia es uno de los más colosales crímenes que se pueden cometer en una sociedad abierta contra la dignidad del ser humano.

Es verdad que en la crisis económica han fracasado también los controles y la vigilancia del Estado. Pero eso no justifica que ahora la vigilancia y la supervisión se realicn en las condiciones que estamos conociendo. El dogma de tanta intervención como sea posible y tanta libertad como sea imprescindible es propio del pasado. Hoy no se puede justificar de modo alguno como no tiene justificación de ningún género que se pueda espiar a gogó sin límite.

La verdad es que la calidad del Estado de Derecho en que vivimos está bajo mínimos en muchas de sus principales manifestaciones materiales, también en lo que se refiere a la calidad de la libertad y de la participación.  Cuando pasen los años nuestros descendientes no acertarán a explicarse el grado de deterioro de la calidad democrática en que estamos instalados y, sobre todo, la escasa o nula capacidad de reacción popular. Hoy parte de la sociedad prefiere mirar para otro lado y de vez en cuando, para que no se diga, acudir a algún acto de protesta que otro, para que no se diga. Algo bien conocido, y promovido, por aquellos que están haciendo su agosto  con este estado de cosas en el que con ocasión y sin ella es menester aprovisionarse de toda clase de  sistemas de seguridad. Ahora, sin embargo, el pueblo está despertando más o menos y, de manos de planteamientos interesados, se agita y reclama nuevas políticas. Nuevas políticas que los nuevos movimientos políticos y sociales, canalizando hábilmente el descontento reinante, convertirán, sino reaccionan quienes deben hacerlo, en la base para un ejercicio totalitario del poder. Ejemplos hay están en la mente de todos. Y no muy lejanos territorial ni temporalmente.

Las desventuras de ser accionista minoritario.

El texto normativo del proyecto de Código Mercantil ya ha sido terminado por la Comisión General de Codificación y está a la espera de su remisión al Congreso de los Diputados por el Gobierno, es decir, está a punto de iniciarse el trámite parlamentario por el que se articulará la nueva ley que constituirá el marco general del Derecho mercantil y del Derecho de sociedades.

 Se ha producido un salto en el tiempo – desde el primer Código de Sainz de Andino de 1829 hasta el vigente de 1885 – transcurriendo más de 130 años desde la legislación mercantil se codificara, produciéndose mientras tanto una dispersión de leyes mercantiles especiales. Y ahora estamos en un nuevo período codificador.

 A la vista de lo anterior, la pregunta que se hace actualmente la doctrina es qué encaje tiene el anteproyecto de ley por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, que el pasado diciembre de 2013 fue publicado, concediéndose, en trámite de audiencia pública, un plazo para realizar las observaciones que se considerasen convenientes, plazo que expiró el pasado día 15 de enero de 2014.

 Este anteproyecto de Ley – ahora en Moncloa – va a ser objeto de un dictamen por el Consejo de Estado, pero la cohabitación de, por un lado, el texto del proyecto de Código Mercantil, de carácter codificador, y, por otro, del anteproyecto de ley citado se nos antoja de difícil encaje y cuando menos inoportuno.

 Este anteproyecto arranca de la comisión de expertos nombrada por el Consejo de Ministros, a propuesta de la CNMV, y está dirigido a reformar la Ley de Sociedades de Capital. Sin embargo, los postulados que asume no son exactamente los mismos que el proyecto de Código Mercantil auspiciado por el Ministerio de Justicia.

 La comisión de expertos ha hecho un trabajo ad hoc, con un mandato específico para implementar una legislación también especial. Sin embargo, parece que hubiera sido más lógico haberlo hecho de una forma coordinada con la Comisión General de Codificación y que además hubiera ahorrado complicaciones en la tramitación parlamentaria.

 Desde el punto de vista de la política jurídica, consideramos que su contenido normativo va dirigido a poner cortapisas al activismo accionarial. No cabe duda que ello va en contra de los vientos que corren por Europa, más aún desde la publicación de la Directiva 2007/36/CE, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas en las sociedades cotizadas.

 Se comenta en ámbitos profesionales que igual que hubo un Código Olivencia o un Código Conthe, podría haberse elaborado un Código Elvira Rodríguez de gobierno corporativo, pero lo que no parece ya tan lógico es que la reforma de la legislación de sociedades de capital en España se haga de manera descoordinada y bajo postulados que no son exactamente iguales a los que impregnan el proyecto de Código Mercantil.

 Pero no todo son críticas al anteproyecto de ley. El mismo tiene algunas virtudes. Entre estas últimas se encuentra que se permita conocer por parte de las asociaciones a los socios de las sociedades cotizadas, lo que permite articular mejor los intereses de los asociados, o la existencia de la puesta en marcha del registro administrativo de asociaciones.

 Pasemos a exponer alguno de los defectos de los que adolece el anteproyecto de ley, como por ejemplo que se exija un número mínimo de miembros para la constitución de una asociación de accionistas – 100 –, su registro en el Registro Mercantil o la obligación de tener auditorías, obligaciones estas más propias de las sociedades mercantiles que de las asociaciones sin ánimo de lucro.

 En conclusión, el anteproyecto, y en este punto también el proyecto de Código Mercantil, no puede ser más desafortunado para los accionistas minoritarios, porque parece ir dirigido a recortar el activismo accionarial, y lo que es peor, desalienta el activismo cooperativo, llamado a ser un gran instrumento de las sociedades cotizadas en relación con sus accionistas minoritarios. Esto solo favorecerá el activismo de juntas de pancarta y vocerío, algo muy en contra de lo que cualquier legislador debiera haber pretendido y que desde luego aparece muy alejado de los vientos que recorren Europa y de las legislaciones nacionales en Derecho Comparado Europeo.

 “Hasta que el legislador entienda que los accionistas minoritarios son un aliado fiel de los intereses de la compañía no habrá “capitalismo popular” ”

 Véase, por ejemplo, el caso de la legislación alemana, donde se legitima para ejercitar el derecho a completar el orden del día de la junta general (complemento de convocatoria) a los accionistas cuya participación alcance el 5% del capital social o la suma de 500.000 euros, lo que implica que, acogiéndose a este último supuesto, los accionistas minoritarios tienen mayores posibilidades de intervenir o participar en la vida societaria.

 Hasta que el legislador entienda que los accionistas minoritarios, debidamente articulados en los NEM (núcleos estables de accionistas minoritarios), son un aliado fiel de los intereses de la compañía no se producirá lo que ya venía en los años cincuenta anticipando y denominando el profesor Garrigues como “capitalismo popular”.

 Esta visión restrictiva de los derechos de los accionistas minoritarios no solo es antigua, sino que además evita la identificación de los accionistas con su compañía y va en contra de doctrinas sólidas como la alemana de la teoría de la empresa del profesor Wieland y que divulgara en España en los años cincuenta el profesor Girón Tena, según la cual la empresa debe conjugar los factores de capital y trabajo teniendo en cuenta siempre a sus accionistas, directivos y empleados.

 

Fuente: Cincodías

Las claves de la Reforma Fiscal 2014.

Tras la publicación del anteproyecto de Ley de reforma fiscal diseñada por el gobierno, a continuación pasamos a exponerles los principales aspectos a tener en cuenta:

I. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF ) 

Las principales modificaciones en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas son las siguientes:

A) Nueva escala de gravamen aplicable a la Base Liquidable General.

Uno los aspectos más relevantes introducidos por el Anteproyecto de ley, es la reducción a 5 tramos de la tarifa general del IRPF, siendo su desglose el siguiente:

 BASE IMPONIBLE HASTA  TIPO % (2015)  TIPO % (2016)
EUROS 12.450 20% 19%
12.450 20.200 25% 24%
20.200 34.000 31% 30%
34.000 60.000 39% 37%
60.000 EN ADELANTE 47% 45%

 

B) Nueva reducción general para obtención de rendimientos del trabajo.

 

Se establece un incremento en la reducción de los rendimientos del trabajo para rentas inferiores a 14.400 euros. Con la reforma del IRPF, los trabajadores podrán minorar sus rendimientos del trabajo en una cuantía fija de 2.000 euros en concepto de otros gastos, pudiendo incrementarse dicha cantidad en los siguientes supuestos:

 

- traslado a otro municipio con motivo de un nuevo contrato laboral

- trabajadores activos con discapacidad.

 

Por otro lado, para el caso de los trabajadores autónomos o por cuenta propia la reducción actual se ve incrementada, a la vez que se crea una nueva reducción general para autónomos con menores recursos.

 

Así, la reducción seguirá el siguiente esquema

 

-          rendimientos del trabajo inferiores a 11.250 euros: 3.700 euros anuales.

-          rendimientos del trabajo entre 11.250 euros y 14.450 euros: restar 3.700 euros al resultado de multiplicar por 1,15625 la diferencia entre el rendimiento del trabajo 11.250 euros anuales.

 

Esta reducción será aplicable siempre que el resto de rentas distintas a las del trabajo no superen los 6.500 euros anuales. Asimismo, como hemos mencionado, a esta reducción se le ha de adicionar otra de 2.000 euros en concepto de otros gastos deducibles.

 

C) Retenciones.

 

  • Porcentaje de retención e ingreso a cuenta de los rendimientos del trabajo percibidos por la condición de administradores y miembros de los consejos de administración: 35%

 

Sin embargo, si dichos rendimientos proceden de entidades con un importe neto de la cifra de negocios inferior a 100.000 euros será del 19%

 

  • Porcentaje de retención e ingreso a cuenta  sobre los rendimientos del capital mobiliario: 19%. Sin embargo, si tienen derecho a deducción en cuota, el porcentaje se reducirá a la mitad.

 

  • Porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos derivados de actividades económica:

 

  1. 19%: rendimientos de actividades profesionales establecidos reglamentariamente. Siendo este porcentaje del 9% o del 15%, cuando el volumen de rendimientos íntegros sea inferior a 12.000 euros anuales, y se disponga reglamentariamente.

 

  1. 2%: actividades forestales, agrícolas o ganaderas, salvo actividades de engorde de porcino o avicultura que sea del 1%.

 

  1. 1%: otras actividades empresariales que determinen su rendimiento por estimación objetiva.

 

  • Porcentaje de pagos a cuenta sobre las ganancias patrimoniales derivadas de las transmisiones o reembolso de acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva; derivadas de aprovechamientos forestales de montes públicos; y derivadas de transmisión de derechos de suscripción: 19%.

 

D) Mínimo personal y familiar.

 

Las principales reformas en este ámbito se desglosan en dos:

 

1. Nuevas ayudas a las familias y a personas con discapacidad.

 

Se mantiene las ayudas para las madres trabajadoras, y se crean nuevas figuras de protección social:

 

¨       Familia con hijos dependientes con discapacidad. (< 33%).

¨       Familia con ascendientes dependientes con discapacidad (< 33%).

¨       Familia numerosa:

  • Con 3 o más hijos
  • Con 2 hijos, y uno de ellos con discapacidad (< 33%).

¨       Familia numerosa de categoría especial:

  • Con 5 o más hijos.
  • Con 4 hijos, y al menos tres por parto o adopción múltiple.
  • Con 4 hijos, e ingresos anuales no superiores al 75% del IPREM.

 

El importe de la deducción será de 1.200 euros anuales, acumulables para cada una de las anteriormente citadas situaciones familiares. Pudiendo cobrarse por adelantado y siendo, ampliable según la situación personal de cada uno de los contribuyentes

 

2. Aumento de los mínimos familiares:

 

IRPF 2014 IRPF 2015
Descendientes 1º: 1.8362º: 2.0403º: 3.6724º: 4.182 1º: 2.4002º: 2.7003º: 4.0004º: 4.500
Menores de 3 años 2.244 2.800
Ascendientes entre 65 y 75 años 1º: 9182º: 2.040 1º: 1.1502º: 2.550
- Discapacidad entre 33% y 65% con movilidad reducida. - Discapacidad < 65%. 1º: 2.3162º: 4.6323º: 9.354 1º: 3.0002º: 6.0003º: 12.000

 

E) Nueva Tarifa de la Base Liquidable del Ahorro.

 

 Base imponible  Tipo % 2014  Tipo %  2015  Tipo % 2016
Hasta 6.000 21% 20% 19%
6.000 – 24.000 25% 22% 21%
24.000 – 50.000 27% 22% 21%
50.000 En adelante 27% 24% 23%

 

Asimismo y, en cuanto a la base imponible del ahorro se establece una nueva modificación referida a la incorporación en la misma de las ganancias y perdidas patrimoniales cualquiera que sea el plazo de permanencia en el patrimonio del contribuyente.

 

F) Plan Ahorro a largo plazo o  “PLAN AHORRO 5”.

 

Se crea un nuevo instrumento dirigido a pequeños inversores, caracterizado por la exención de las rentas generadas por la cuenta del depósito o seguro de vida, siempre que se aporten cantidades inferiores a 5.000 euros anuales durante un plazo de al menos 5 años.

 

Estos planes podrán adoptar la forma de cuenta bancaria o seguro, siempre que garanticen la restitución de, al menos el 85% de la inversión.

 

G) Supresión de la deducción por alquiler.

 

Articulándose un régimen transitorio para los alquileres efectuados con anterioridad a 2015.

 

H) Nueva fiscalidad de las reducciones de capital social con devolución de aportaciones y del reparto de la prima de emisión.

 

Así la parte de las mismas correspondientes a reservas generadas por la entidad durante el tiempo de tenencia de la participación tributará de forma análoga a si se hubieran repartido directamente tales reservas.

 

En lo relativo a la venta de derechos de suscripción, se procede a homogeneizar su tratamiento entre sociedades cotizadas y no cotizadas.

 

I) Supresión de la exención por dividendos y de los denominados “coeficientes de abatimiento”.

 

J) Modificación de la fiscalidad de la exención aplicable a las indemnizaciones por despido.

 

Quedando la exención tal y como muestra este cuadro:

 

 SUELDO ANUAL  INDEMNIZACIÓN % INDEMNIZACIÓN EXENTA 2014 % INDEMNIZACIÓN EXENTA 2015
12.000 1.100 100% 100%
15.000 1.375 100% 100%
20.000 1.833 100% 100%
30.000 2.750 100% 72,72%
40.000 3.666 100% 54,55%
50.000 4.583 100% 43,64%
100.000 9.166 100% 21,82%
150.000 13.750 100% 14,54%

 

K) Supresión de la exención por entrega de acciones gratuitas a los trabajadores de la propia empresa en la que trabajan.

 

L) Se minora al 30% el porcentaje de reducción aplicable a los rendimientos con período de generación superior a 2 años u obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo.

 

M) Se refuerzan los requisitos para aplicar la transparencia fiscal internacional.

 

N) Se establece la tributación de las ganancias tácitas derivadas de acciones o participaciones en entidades relevantes, puesta de manifiesto cuando el contribuyente traslada su residencia fiscal a otro país, antes de que se produzca la enajenación de la cartera.

 

Ñ) Modificación del método de estimación objetiva aplicable en la determinación del rendimiento neto de determinadas actividades.

 

A partir de 2016 se introducen nuevos requisitos para su aplicación, mediante la reducción de los limites objetivos, y cualitativos. Asimismo, sólo podrán acogerse a este método las actividades que por su naturaleza se relacionan fundamentalmente con los consumidores finales.

 

O) Reducción de la tributación aplicable a los rendimientos del trabajo en especie derivados de la cesión de uso de vehículos menos contaminantes.

 

 

II. IMPUESTO DE LA RENTA SOBRE NO RESIDENTES.

 

En el ámbito del Impuesto de la Renta sobre no residentes, las principales modificaciones son las siguientes:

 

A) Se establece una distinción para contribuyentes sin establecimiento permanente, entre personas físicas y jurídicas.

 

Diferenciando para cada uno de los supuestos los gastos deducibles, de acuerdo a las normativas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades.

 

B) Se permite a los contribuyentes residentes en otros Estados Miembros de la Unión Europea, tributar como contribuyentes del IRPF.

 

C) Las ganancias patrimoniales obtenidas por contribuyentes no residentes quedarán excluidas de gravamen cuando se obtengan con motivo de la transmisión de su vivienda habitual en territorio español, siempre y cuando, el importe obtenido por la transmisión se reinvierta en la adquisición de una nueva vivienda habitual.

 

D) Modificación de los tipos de gravamen.

 

-          Tipo General: 24%

-          Residentes en un Estado Miembro de la UE: 19%

 

E) Modificación de las cláusulas anti-abuso.

 

En lo relativo a la no aplicación de la exención de los beneficios distribuidos por sociedades residentes en territorio nacional a sus matrices residentes en otros Estados miembros de la UE.

 

Asimismo, no será de aplicación la exención en los cánones pagados por sociedades residentes en territorio español a sus sociedades asociadas residentes en otros Estados miembros de la UE.

 

F) Se adapta la atribución de beneficios a los establecimientos permanentes, a la legislación aplicable de acuerdo con los Convenios para evitar la doble imposición suscritos por España.

 

III. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

 

Las principales novedades legislativas en este ámbito son:

 

A) Incorporación del concepto de actividad económica.

 

El artículo 5 del Anteproyecto de Ley entiende por actividad económica “la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes y servicios. En el caso de arrendamiento de bienes inmuebles, se entenderá que existe actividad económica, únicamente cuando para su ordenación se utilice, al menos una persona empleada con contrato laboral y jornada completa.”

 

B) Las sociedades civiles que tienen objeto mercantil pasan a ser consideradas contribuyentes del impuesto.

 

C) Modificaciones a la Base Imponible.

 

-          Se actualiza el principio de devengo en consonancia con el Plan General Contable de 2007.

-          Se difiere en el tiempo la integración en la base imponible  de las rentas negativas generadas en la transmisión de elementos del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, intangibles y valores representativos de deuda, siempre y cuando la transmisión se produzca en el ámbito de un grupo de sociedades.

-          Simplificación de las tablas de amortización.

-          Se mantiene la libertad de amortización para elementos vinculados a la actividad de I+D+i, y se incorpora para elementos nuevos del inmovilizado material, cuyo valor unitario no exceda de 300 euros, hasta el límite de 25.000 euros por ejercicio

-          Se establece la no deducibilidad de cualquier tipo de deterioro, siendo únicamente deducibles los correspondientes a existencias, y créditos y partidas a cobrar.

-          En lo relativo a gastos deducibles, las principales novedades introducidas por el Anteproyecto de Ley son las siguientes:

 

Préstamos participativos otorgados por entidades pertenecientes al mismo grupo de sociedades: se equipara su tratamiento fiscal al de la financiación propia.

 

  1. Instrumentos financieros representativos de participaciones en el capital o fondos propios de entidades que contablemente tienen la consideración de pasivos financieros: se otorga el mismo tratamiento fiscal de cualquier participación en el capital o fondos propios de entidades.

 

  1. Limitación de gastos de atención a clientes: se limitan al 1% del importe de la cifra de negocios de la entidad.

 

  1. Retribución de los administradores: no tendrán la consideración de donativo o liberalidad las retribuciones a administradores por desempeño de funciones distintas a las correspondientes a su cargo.

 

  1. Gastos relativos a operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas: no serán deducibles cuando como consecuencia de una calificación fiscal diferente de las vinculadas, no generen ingreso o generen un ingreso exento o sometido a un tipo de gravamen inferior al 10%.

 

  1. Limitación a la deducibilidad de los gastos financieros: se mantienen los límites actuales en cuanto a la deducibilidad de dichos gastos. Si bien, adicionalmente se limitan los gastos financieros asociados a la adquisición de participaciones, cuando la entidad se incorpore a un grupo de consolidación fiscal, o es objeto de una operación de reestructuración.

 

-          En el ámbito de las operaciones vinculadas, aparecen las siguientes novedades:

 

  1. Se simplifican las obligaciones de documentación de las entidades o grupo de entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 45 millones de euros.

 

  1. El perímetro de vinculación en el ámbito de la relación socio-sociedad queda fijado en un 25% de participación.

 

  1. Vuelve a considerarse la existencia de vinculación entre dos sociedades en el supuesto que una pueda ejercer poder de decisión sobre la otra.

 

  1. Se elimina la jerarquía de métodos de valoración de operaciones

 

  1. Se ajusta la valoración de operaciones de los socios con las sociedades profesionales a la realidad económica.

 

  1. Se establece un régimen sancionador menos gravoso.

 

-          En lo relativo a la compensación de Bases Imponibles negativas, las principales novedades son:

 

  1. Se permite la aplicabilidad de las bases imponibles negativas en un futuro sin límite temporal.

 

  1. Se introduce una limitación cuantitativa del 60% de la base imponible previa a su compensación, y admitiéndose, en todo caso, un importe mínimo de 1 millón de euros. Sin embargo, esta limitación no será de aplicación en el supuesto de quitas o esperas  consecuencia de acuerdo de acreedores del cliente.

 

  1. Se establece la no prescripción del derecho de la Administración tributaria a realizar comprobaciones e investigaciones en relación con las bases imponibles negativas, con las mismas potestades que en la comprobación de ejercicios no prescritos.

 

D) Se reduce tipo de gravamen.

 

  • En 2015, el tipo de gravamen será el 28%.
  • En 2016, el tipo será del 25%.
  • Para entidades de nueva creación que realicen actividades económicas: se mantiene 15% para el primer periodo impositivo en que se obtiene una base imponible positiva y el siguiente.

 

Se mantiene  el tipo de gravamen del 30% para entidades de crédito.

 

E) Deducción por doble Imposición.

 

Se establece un régimen general de exención para participaciones significativas, tanto nacional como internacional.

 

F) Incentivos fiscales.

 

  1. Eliminación de deducción por inversiones medioambientales, reinversión de beneficios extraordinario y por reinversión de beneficios.

 

  1. Establecimiento de la reserva indisponible de capitalización: se introduce una reducción en la base imponible del 10% del incremento de los fondos propios.

 

  1. Deducción de I+D+i: se mantienen los porcentajes para aquellas entidades que destinen más del 10% del importe neto de la cifra de negocios a este tipo de gastos.

 

  1. Deducción por inversión en producciones cinematográficas: el porcentaje de la deducción se incrementa al 20% para el primer millón de euros. Si la producción supera dicho importe, el exceso tendrá una deducción del 18%, no pudiendo superar el límite de los 3 millones de euros.

 

Para grandes producciones internacionales se establece una deducción del 15% de los gastos realizados en territorio español.

 

G) Se modifican los requisitos del régimen especial de consolidación fiscal.

 

  1. En lo relativo a la configuración del grupo fiscal se exige que se posean la mayoría de los derechos de voto de las entidades incluidas en el perímetro de consolidación.

 

  1. Se permite la incorporación en el grupo fiscal de entidades indirectamente participadas a través de otras que no formen parte del grupo fiscal, como puede ser el caso de entidades no residentes en territorio español.

 

  1. La integración de un grupo fiscal en otro no conlleva los efectos de la extinción de aquel, de forma que la fiscalidad permanezca neutral en operaciones de reestructuración que afectan a grupos de consolidación fiscal.

 

H) Régimen especial de operaciones de reestructuración.

 

  1. Se configura como régimen general aplicable

 

  1. Se establece una obligación genérica de comunicaron a la Administración tributaria de la realización de operaciones que aplican este régimen especial.
  2. Desaparece el tratamiento fiscal del fondo de comercio de fusión.

 

  1. Se establece la subrogación de la entidad adquirente en las bases imponibles negativas generadas por una rama de actividad, cuando la misma es objeto de transmisión por otra entidad.

 

  1. La Administración tributaria tiene atribuida la facultad de determinar la inaplicabilidad del régimen y la facultad de circunscribir regularizaciones en este ámbito.

 

I) Régimen especial de empresas de reducida dimensión.

 

  1. Este régimen no será de aplicación para entidades cuya actividad principal sea la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con los términos del artículo 4.Ocho.Dos. a) de la Ley del Impuesto sobre Patrimonio:

 

i.      Que durante más de 90 días del ejercicio social  más de la mitad del activo esté constituido por valores, o

ii.      Más de la mitad del activo no esté afecto a actividades económicas.

 

  1. Se elimina la escala de tributación de este régimen especial.

 

  1. Se crea la llamada “Reserva de nivelación de bases imponibles”: se permite la reducción de la base imponible hasta un 10% de su importe, permitiendo minorar la tributación de un determinado periodo impositivo respecto de las bases imponibles negativas que se vayan a generar en los 5 ejercicios siguientes, anticipando en el tiempo la aplicación de bases imponibles negativas. Siempre con el límite anual de 1 millón de euros.

 

En caso de que no generen bases imponibles negativas en este período, se produce un diferimiento durante 5 años de la tributación de la reserva constituida.

 

IV. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA)

 

A) Nueva regla de localización de los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y de las prestaciones de servicios efectuadas por vía electrónica.

 

Cuando se presten a una persona que no tenga la consideración de empresario o profesional, se entenderán gravados en el lugar donde el destinatario del servicio esté establecido, tenga su domicilio o residencia habitual, independientemente del lugar donde esté establecido el prestador de servicios. Tanto si el prestador del servicio es un empresario establecido en la Comunidad Europea o fuera de esta.

 

Para ello se añade un nuevo Capítulo XI en el Título IX de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que prevé la aplicación de dos nuevos regimenes:

 

  1. Régimen exterior de la Unión
  2. Régimen de la Unión.

 

B) Elevación del tipo de gravamen aplicable a los productos sanitarios.

 

Los equipos médicos, aparatos, productos sanitarios y demás instrumental, de uso médico y hospitalario pasan a tributar a un tipo del 21%.

 

Manteniéndose el tipo reducido del 10% para aquellos productos  que, por sus características objetivas, estén diseñados para aliviar o tratar deficiencias, para uso personal y exclusivo de personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, especificados en el Anexo octavo de la ley del impuesto.

 

C) Modificación del régimen especial de agencias de viajes.

 

Introduciéndose la posibilidad de la aplicación del régimen general, siempre y cuando el destinatario de las operaciones sea un empresario o profesional que, tenga derecho a la deducción del impuesto.

 

D) Modificación de la valoración de las operaciones cuya contraprestación no sea carácter monetario.

 

Se fija como base imponible de la operación, el valor acordado entre las partes, que tendrá que expresarse en forma monetaria, acudiendo como criterio residual a las reglas de valoración del autoconsumo.

 

E) Se establece una separación entre subvenciones no vinculadas al precio de las operaciones, que no forman parte de la base imponible, y las contraprestaciones pagadas por un tercero.

 

F) Se suprime la exención de los servicios prestados por los fedatarios públicos en operaciones financieras exentas o no sujetas al impuesto.

 

G) Se amplía el supuesto de no sujeción de las operaciones realizadas por entes públicos.

 

H) Se suprime la exención por las entregas y adjudicaciones de terrenos realizadas entre las Juntas de Compensación y los propietarios de aquellos.

 

I) Se amplía el ámbito objetivo de aplicación de la renuncia a las exenciones inmobiliarias.

 

No se vincula el ejercicio de la renuncia a las exenciones inmobiliarias del artículo 20, al requisito de que el empresario o profesional tenga derecho a la deducción total del impuesto soportado en función del destino previsible en la adquisición del inmueble.

 

Si bien, se exigirá que el empresario tenga derecho a la deducción total o parcial del impuesto soportado al realizar la adquisición o en función del destino previsible del inmueble adquirido.

 

J) Nueva fiscalidad de las entregas de bienes objetos de instalación o montaje antes de la puesta a disposición en territorio de aplicación del impuesto.

 

Tributaran como entregas de bienes con independencia de que el coste de la instalación exceda o no del 15% en relación con el total de la contraprestación.

 

K) Flexibilización del procedimiento de modificación de la base imponible, recogido por el artículo 80 de la ley del impuesto.

 

a)      Deudor en concurso: se amplían a 3 meses el plazo para modificar la base imponible.

 

b)      Créditos incobrables: las PYMES podrán modificar la base imponible transcurrido el plazo de 6 meses o, podrán esperar al plazo general de 1 año exigido al resto de empresarios

 

Con respecto a alas operación sometidas al régimen especial del criterio de caja, se podrá declarar como crédito incobrable, y por tanto, se permitirá la modificación de la base imponible  cuando se produzca el devengo del régimen por aplicación de la fecha límite de 31 de diciembre del año inmediato posterior a la fecha de realización de la operación.

 

L) Ampliación del ámbito de aplicación de la prorrata especial.

 

Se establece un tipo del 10% de la diferencia admisible en cuanto a montante de cuotas deducibles en un año natural que resulten por aplicación de la prorrata general en comparación con las que resulten por aplicación de la prorrata especial.

 

M) Se excepciona la exigencia del principio de reciprocidad en el régimen especial de devoluciones a determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto  ni en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla.

 

Esta excepción será aplicable a las cuotas soportadas en las adquisiciones e importaciones de determinados bienes y servicios, como los de hostelería, restauración y transporte vinculados a la asistencia a ferias, congresos y exposiciones.

 

N) Modificación del régimen especial del grupo de entidades.

 

Se exige la existencia de tres ordenes de vinculación, económica, financiera y de organización, a las entidades del grupo.

 

La vinculación financiera exige un control efectivo de la entidad a través de una participación del 50% en el capital o en los derechos de voto de las mismas.

 

Ñ) Se posibilita el diferimiento  del impuesto sobre la importación y las cuotas del IVA a la importación.

 

O) Se amplían los supuestos de aplicación de la regla de inversión de sujeto pasivo.

 

La inversión del sujeto pasivo se podrá aplicar en los supuestos de entregas de teléfonos móviles, consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas digitales, así como de plata, platino y paladio.

 

P) Nuevos tipos de infracciones y sanciones.

 

  1. Falta de comunicación o la comunicación incorrecta por parte de los empresarios o profesionales destinatarios de determinadas operaciones a las que resulta aplicable la regla de inversión del sujeto pasivo, tratándose de ejecuciones de obra para la construcción o rehabilitación de edificios o urbanización de terrenos y transmisiones de inmuebles en ejecución de garantía: estableciéndose una sanción del 10% de las cuotas devengadas respecto a las que se ha producido el incumplimiento en la comunicación.

 

  1. Falta de consignación de las cuotas liquidadas del impuesto a la importación para aquellos operadores que puedan diferir al tiempo de la presentación de la correspondiente declaración-liquidación.

 

Q) Nuevo régimen de depósito distinto del aduanero.

 

Este régimen será de aplicación con objeto de restringir la exención de las importaciones de bienes que se vinculen a dicho régimen.

 

 

 

Compromiso y mentalidad de victoria.

El deporte, las competiciones deportivas, sobre todo si son por equipos, constituyen, quien lo podrá negar, un buen exponente del sentido y del valor del liderazgo. En efecto, la composición de los  equipos, el compromiso, la asignación de tareas a los jugadores, la definición de la estrategia, las tácticas a emplear, el factor sorpresa, el análisis del rival y, sobre todo, el arte de la iniciativa y de “tomar” la posición, son elementos fundamentales para cualquier entrenador, y, también para cualquier director de equipos humanos.

 Para ganar un partido de baloncesto, por ejemplo, es menester querer ganarlo. Y querer ganarlo implica convicción, compromiso y determinación para la victoria. La voluntad de victoria  es básica para alcanzarla. Algo tan obvio como esto, sin embargo, explica que algunos proyectos colectivos, que algunos equipos humanos se hayan quedado a las puertas del triunfo en tantas ocasiones. Porque prefieren estar, flotar a alto nivel si es posible, pero nada más. Porque tienen miedo al riesgo y adoptan posiciones conservadoras en evitación de la posibilidad de la equivocación o el error.

 Junto a la mentalidad ganadora y al compromiso, el entrenador que pretenda ganar ha de contar con los mejores jugadores posibles en cada momento. Cuando los tiene, ha de alinearlos, ha de contar con ellos evitando que les entre la tentación de retirarse o de buscar un equipo mejor. En efecto, el coach ha de saber en cada momento cual es la mejor posición para cada uno de sus jugadores. Equivocarse en la ubicación en el campo de juego puede ser letal. Por eso, los técnicos de los equipos piensan continuamente en las mejores posiciones en que pueden actuar sus jugadores. Además, el entrenador con mentalidad ganadora mantiene un buen grupo de ojeadores que permanentemente ven a los jugadores jóvenes con más futuro allí donde estén. El entrenador ha de conocer a los jugadores, hablar con ellos, animarlos, comprenderlos y generar un buen ambiente que en los momentos difíciles permita sortear las dificultades que puedan presentarse. El ejemplo del Atlético de Madrid, y del Cholo Simeone, exime de mayores comentarios por su obviedad.

 Con los mejores jugadores, sin embargo, no siempre se ganan los partidos. Es conveniente diseñar un buen sistema, una atinada estrategia que consiga el resultado buscado. El sistema, la estrategia, implica estar abierto a continuas variaciones, a diferentes esquemas de juego en función de las circunstancias. Si no hay sistema, si cada jugador pulula por el campo a su aire, sin saber que hacer, la derrota es segura. Igual que si no sabe qué hacer cuando recibe el balón porque nadie le ha orientado sobre el particular.

 Conocer a los rivales, sus puntos fuertes y sus puntos débiles, es presupuesto para la victoria. Unbuen entrenador sabe cual será el esquema previsible del contrario, cuales serán sus reacciones en todo momento. Si consigue tomar la iniciativa, ganar la posición, el equipo rival no tendrá más remedio que estar a la defensiva, y quien está en esta situación suele perder el partido. Claro, la iniciativa requiere de ensayos, de combinar diferentes escenarios e hipótesis de trabajo y, sobre todo, de que cada integrante del equipo sepa en cada momento lo que tiene que hacer y por qué debe hacerlo. Supone tomar las riendas del partido desde su inicio forzando al equipo contrario a jugar tal y como se ha previsto. Normalmente, quien consigue desde el principio tomar la iniciativa, sino la pierde, ganará el partido. El triunfo de la selección española en el Mundial de futbol  hace cuatro años, que ojala se repita en estos días, es un buen ejemplo de los réditos que ocasiona llevar la iniciativa y forzar al contrario al juego que se desea.

 También suele ser determinante saber administrar con inteligencia lo que se denomina factor sorpresa. La capacidad de sorprender, de abandonar en algún momento los esquemas previsibles suele dejar desconcertado al rival. En el deporte por equipos la sorpresa implica, por ejemplo, modificar en algún momento el sistema y hacer lo que no está escrito en el guión. Desde luego, quien sepa gestionar con cintura el factor sorpresa, sin abandonar los principios, por supuesto, tiene grandes posibilidades de alzarse conla victoria. Losentrenadores sin “cintura” son aquellos que nunca saben por qué pierden, es más, no se explican cómo ha sido posible la derrota. Suelen echar balones fuera, no hacen autocrítica y a otra cosa mariposa.

 En fin, para ganar un partido es necesario que el entrenador cuente con los mejores jugadores posibles, que sepa colocarlos en el campo de juego en el lugar adecuado, que disponga de un sistema diseñado para la victoria, que tome la iniciativa desde el principio, que pueda poner en marcha el factor sorpresa, si es menester, y que en todo momento esté cerca de sus jugadores, animándolos sin desmayo.

 En el fútbol suele ocurrir que algunos de los equipos favoritos pierden la liga por estar más pendientes de los contrincantes que de ellos mismos. Es más, cuando la estrategia elegida consiste en destruir el juego del rival sin crear ocasiones, es posible, aunque improbable, ganar. En estos casos, todo lo demás, se puede conseguir un empate ajustado. En cambio, cuando el entrenador se concentra en su tarea buscando la iniciativa, disponiendo inteligentemente a sus jugadores en el terreno de juego y sabiendo en cada momento impartir las instrucciones pertinentes, entonces las cosas suceden de otro modo. Nuestro defenestrado seleccionador nacional de baloncesto señaló  en muchas ocasiones que el ambiente que existía durante su época en el equipo español era el presupuesto para la victoria. Un ambiente, como dice Pepu Hernández siempre que tiene ocasión, que hay que cuidar, que hay que mimar, que hay que construir permanentemente a base de diálogo con todos los jugadores, a base de sinceridad, de lealtad y de confianza.

 La dirección de equipos deportivos tiene, como puede comprobarse, grandes semejanzas con el liderazgo de organizaciones humanas complejas, sean sociales, políticas, culturales o económicas. Es más, sin espíritu deportivo, es muy difícil triunfar en la vida, en cualquier actividad humana.

 No nos engañemos, en la arena política se va a jugar en este tiempo, se está jugando ya, un gran partido en el que algunos van a por todas y van a utilizar todos los medios a su alcance para ganar. Su estrategia y táctica es bien conocida y bien experimentada, incluso en fechas recientes en distintas latitudes con resultados sobresalientes. Otros, en cambio, siguen pensando que a la defensiva se ganan los partidos y que lo fundamental es ceder el balón para jugar al contrataque.

Monarquía y Opinión pública.

La Monarquía suscita creciente interés en la opinión pública. Así ha sido al menos en España desde su última instauración. Cuando no eran las actividades propias del don Juan Carlos, han sido sus aficiones, los matrimonios del hasta hace unos días Príncipe heredero y los de las Infantas, los nacimientos de la tercera generación,la muerte de los Condes de Barcelona. La abdicación de Juan Carlos I y la sucesión y proclamación de Felipe VI han ocupado buena parte de los medios de comunicación durante tres semanas. Y parece que va a seguir en la misma tónica con los primeros viajes de éste y con los problemas que e busca el Gobierno para blindar la figura del Rey cesante y no dejarlo a merced de cualquier iniciativa ante los tribunales.  

Ortega sostenía en La rebelión de las masas que no se puede gobernar contra la opinión pública; ésta es un pilar fundamental sobre el que se asientan los poderes públicos y las instituciones; y cuando la opinión pública les vuelve la espalda, se desvanecen de puro gobernar en el vacío. Bertrand de Jouvenel, en parecida línea, cifraba la relación mando-obediencia en el crédito y en el hábito: el crédito que merece a la ciudadanía un gobernante o una institución nutre el hábito de aceptar su mandato y someterse a sus disposiciones; a su vez, el hábito puede mantener al gobernante durante cierto tiempo, aunque su crédito haya disminuido; pero, si el descrédito aumenta, no hay Gobierno ni gobernante que no termine siendo desplazado.

Nixon apenas pudo sobrevivir al escándalo de Watergate. Por su parte, algo tuvieron que ver los regalos del dictador africano Bokassa a Giscardd’Estaing con su pérdida de las elecciones presidencias de 1981. Berlusconi ha logrado dilatar su caída, pero ésta ha terminado produciéndose. Lo mismo les ocurre a los partidos políticos de Italia, España y Francia: su irregular, cuando no delictiva, financiación está contribuyendo a su actual y peligroso descrédito, que genera abstencionismo y socava los cimientos de la democracia.

No es lo mismo crédito que popularidad. El crédito tiene raíces más hondas. Hay en España políticos que siguen siendo populares y que, sin embargo, hace tiempo que agotaron su crédito como gobernantes.

Si antes hemos puesto ejemplos republicanos, otro tanto podríamos hacer con las monarquías. Decía Quevedo con una buena dosis de desencanto: “Para ver cuán poco caso hacen los dioses de las monarquías de la Tierra, basta ver a quién se las dan”. No sé si los reyes que él sufrió merecían tal invectiva, pero los ha habido. La monarquía no escapa a tan férrea ley de la opinión pública. Incluso está sometida a ella de forma singular y más incisiva.

Ello es así porque, aunque a los reyes, en las monarquías parlamentarias, no les alcanza responsabilidad por la dirección que imprimen a la política otros órganos del Estado, sí están en el punto de mira de la ciudadanía por su función simbólica e integradora. Esta función no puede cumplirse sino con prudencia, dedicación y saber hacer, lo que engendra prestigio, “auctoritas”. 

Pero, además, la esencia de la monarquía reside en la atribución del máximo carácter público-estatal a algo de por sí perteneciente al ámbito jurídico-privado, como es la familia, el matrimonio y el Derecho sucesorio. Por eso, aunque la jefatura monárquica del Estado es estrictamente unipersonal, los miembros de la familia regia, en cuando integran el orden sucesorio y, por tanto, pueden acceder a dicha magistratura suprema, están obligados a cultivar el prestigio de la Corona. Y, como es evidente, esa responsabilidad es tanto mayor cuanto más arriba estén en el orden sucesorio. Nada digamos si se trata del monarca.

Más aún: en este punto la monarquía está en desventaja con la república. El descrédito de un presidente republicano puede comportar su dimisión o su no reelección, pero esto no puede ocurrir en las monarquías parlamentarias. Están ya muy lejanos los tiempos en que la Corona pasaba de unos miembros a otros de una dinastía cuando los monarcas se hallaban en dificultades, o aquel otro tiempo en que se buscaba en Europa una nueva dinastía a ver si con ella teníamos más fortuna. Hoy esto parece impensable. Dicho en otros términos: el descrédito de reyes, príncipes y demás miembros de las familias regias puede arrastrar el de la propia forma monárquica, que no basa su salud política en la medicina del sufragio, sino en la singularidad de una familia y en la función simbólica e integradora que cumple.

La Monarquía española, instaurada en circunstancias extraordinariamente difíciles, logró salvar la prueba ganando crédito y popularidad en España y fuera de España. Conservarlo y acrecerlo  era una grave responsabilidad que a todos concernía y a la que se supo hacer frente durante bastantes años, pero acaso ha sido desatendida en los últimos tiempos.A Felipe VI le corresponde la importante tarea de elevar el actual tono un tanto gris de la institución. Éste ha sido precisamente uno de los pasajes más destacados del discurso pronunciado con motivo de su proclamación como Rey al tiempo que prometía una nueva monarquía para unos tiempos nuevos: transparencia, ejemplaridad y valores éticos. En esta ya dilatada crisis de desmoralización, en los dos sentidos que Aranguren resaltaba de este término: déficit de moralidad y decaimiento anímico, Felipe VI tiene su crédito intacto y entera la esperanza que la mayor parte del pueblo español deposita en él porque necesita creer en alguien y en algo. Pero el plazo de que dispone no es muy dilatado pues ya se oyen, muy cercanas, la voces republicanas. Esperamos y deseamos que supere la prueba y se cumpla la sabia sentencia: “la espada de Damocles ha logrado más victorias que la de César”.

Nuevo Reinado para tiempos revueltos 3.0

Las semanas siguientes a unas elecciones todo el mundo comenta los resultados, extrae conclusiones y plantea temores. Pocas veces ocurre algo. Al menos en esta ocasión no ha sido así: dimisiones, reacciones y la guinda: ¡abdicación!  Un nuevo reinado para un pueblo soberano que reclama cambios. Mientras el centro derecha y centro izquierda se abstienen masivamente en las elecciones, la juventud recupera el espíritu de mayo del 68, unos cuantos indignándose y los que más utilizando su voto a falta de los adoquines que se lanzaron entonces en Paris.

El de la coleta y su panda, ese del anacrónico apellido Iglesias -las que si le dejan quemaría- ha demostrado el peligro de la manipulación de masas 3.0, se ha visto  aupado por un millón de votos algo despistados, pero furiosos y claramente deseosos de ver cambios profundos al menos en tres potentes reivindicaciones: la primera es regenerar la clase/casta política de los dos partidos principales, exhaustos de escándalos y donde los barones no dejan emerger nuevos líderes.  La segunda es reequilibrar el esfuerzo de la recuperación y que no parezca que sólo beneficia a las castas de privilegiados, como tan de moda está decir ahora. La tercera es cuestionar el modelo de estado y la unidad de España. Si se juntan sus votos con otros la sorpresa es mayúscula y truena la historia reciente más sombría.

Desapareció el terrorismo de goma2, ilegal, sangriento, obsoleto y estéril cuando internet y sus redes demostró ser un arma global legal y cuánto más potente. Pero no por ello desapareció el terror: Si seguimos a la deriva, en un año el 90% de los ayuntamientos de Cataluña serán de ERC y de ahí a una declaración unilateral de independencia hay dos telediarios.

Jamás la comunicación tuvo más importancia y fue más necesaria y nunca antes se tuvieron tanto medios para hacerla y llegar a todos como ahora.  Y sin embargo, con este escenario, la estrategia de comunicación del gobierno ha sido un caldo de cultivo revolucionario. Mientras Arias Cañete y Valenciano se enzarzaban en tormentas de taza de té sobre machismo, aborto o lo mal que lo hicieron unos y otros, las Marie-Antoinettesde Montoro y de Guindos sacaban gráficos y estadísticas con que España va bien y se recupera cuando la gente sigue sufriendo la falta de trabajo, las pymes y autónomos siguen sin crédito y eso sí, todos se han visto trasquilados a impuestos mientras la deuda nacional que sostiene un Estado sin reformar sigue creciendo….

Lo sorprendente es que en la derecha muchos son los que se creen todavía el cuento de que la buena marcha de la economía les dará la victoria en 2015.  ¡Ojalá! Pero no parece ser eso lo que una gran mayoría de votantes han dicho en las urnas: en Cataluña muchos han dado alas al independentismo y en toda España han vociferado que no a los recortes siempre del mismo lado y no a esa recuperación que sólo parece beneficiar a los inversores en bolsa y a la banca.

A los indignados se les dijo que votaran democráticamente y eso han hecho, y sus votos se han mezclado con los que vivieron hasta ahora su cabreo sordo en casa, convirtiendo el resultado en un rugido radical. Pero la verdadera lección de democracia de estas elecciones ha sido que, por primera vez, se hace evidente qué ocurre cuando muchos no van a votar. Hasta ahora todo giraba en torno a dos partidos masivamente votados y era difícil demostrar esa idea de que “cuando se es de derechas, si no votas te botan. Y efectivamente, así ha sido. La izquierda se moviliza casi siempre. Mientras vemos en los resultados a la izquierda fragmentarse en varias alternativas de diferente calado y mensaje: ¿Dónde están esos millones de votos ausentes que obtuvo el PP en anteriores elecciones? La mayor demostración de irresponsabilidad democrática es no votar. Y quien más sufre este mal es el supuestamente más culto centro derecha y centro izquierda, al que se le presupone más criterio y responsabilidad. ¿Son nuestros ilustrados abúlicos o antidemocráticos o ha sido su silencio el mayor toque de atención precisamente para que se le vean los colmillos al radicalismo?

El PSOE, gran perdedor (por ahora) parece haber tomado nota del varapalo: “Podemos” no es nada más ni nada menos que todos los votos que no han obtenido ellos por no regenerarse. Pensar que ese millón de votantes se han leído en serio el despropósito de programa electoral sería ilusorio.

Con estos resultados electorales ya no resulta excesivo decir que la falta de regeneración en el bipartidismo lleva a la ingobernabilidad y la anarquía.

La ausencia de proyecto, evidenciada por el exceso de oportunismo durante la campaña, la poca  ilusión y ninguna cara nueva, en la izquierda se ha llamado en gran parte Podemos y en bastante menor medida Izquierda Unida. España es de izquierdas. El PSOE, moribundo, dividido y al borde de la desaparición ha dado el paso a “debemos” y tiene ya candidatos, sólo que todos ellos declaradamente republicanos y pidiendo nueva constitución

¿Y el PP? ¿Quo Vadis PP? Por ahora nadie cree capaz a Mariano Rajoy de atender la imperiosa necesidad de renovar completamente la cúpula del PP y dar paso a la enorme base de talento que cuenta en sus filas. Y si no lo hace pronto será tarde, como ocurrió en Andalucía. Ya en el congreso de Valladolid se quejaban los jóvenes del vacío y ostracismo al que se les sigue sometiendo. Tampoco nadie se lo imagina liderando algo que personalmente ni entiende ni valora: una estrategia de comunicación social como tabla de salvación, basándose sencillamente en transmitir confianza e ilusión, recuperando la iniciativa y el discurso, liderando el debate y no estando ausente de él como ahora.  Y no comunicados del CIS y del Banco de España que nadie entiende ni sabe traducir en pan y sueldos.

En estas elecciones se ha hecho evidente que la alternativa –y radical- por la izquierda existe. Para la juventud indignada había una opción democrática en las urnas y para los ciudadanos responsables que no toleran la deriva de los dos grandes partidos también. Pero no todos ciudadanos se han expresado democráticamente y de forma responsable.  Los decepcionados de la derecha y los mal-llamados indecisos del centro derecha, los hastiados de política conjugada con corrupción y los que están hartos de la retórica de los mismos peleados entre sí, se han quedado en casa.  Sólo espero que en las próximas elecciones -si no es inmediatamente- despierten de su letargo,  en parte motivados por los cambios necesarios que la sociedad espera y no llegan y movilizados para frenar las amenazas que cada vez más parecen peligros reales y presentes.

Vocación Jurídica y servicio público.

A casi todos ustedes cuando tenían una corta edad les habrán hecho la siguiente pregunta: ¿Y de mayor, qué querrás ser, a qué te gustaría dedicarte? Estas cuestiones, casi recurrentes, para el adulto que las propone, deja al infante ante la tesitura de plantearse un futurible para el que no está preparado, teniendo que imaginarse en la posición de un profesional adulto e idealizando entre los deseos de verse convertido en uno de sus héroes favoritos (- Yo, de mayor, quiero ser Superman, Futbolista…) o entre imaginarse como un profesional al que con los años se suele llegar por esa inicial inclinación, que es la vocación (- Yo, de mayor, quiero ser Abogado, Fiscal, Juez…)

Sobre el destino de las personas en la vida hay quien asegura que está prefijado, otros en cambio, lo dejan totalmente al libre albedrío de aquéllas. Incluso, si llevamos el término a un plano más espiritual, para la doctrina católica, por ejemplo, la predestinación no niega la voluntad humana.

Pues bien, hablando del destino en su vertiente profesional, es decir, centrando el tema sobre la posible predestinación profesional de las personas, soy de los que piensa que la voluntad humana juega un papel casi decisivo para ver a aquellos niños convertidos en abogados, fiscales, jueces; Y, por qué no, también en futbolistas o actores.

La vocación, es decir, la vocación por inclinarse por una u otra profesión, nos nace desde muy pronto, casi de manera automática, pero con los años vamos amoldando nuestra voluntad hacia esa vocación, acercándonos o alejándonos a ella según las diversas motivaciones que por el camino encontramos.

De entre las muchas profesiones a las que mujeres y hombres pueden dedicarse en sus vidas, hay una que destaca por aunar una doble vertiente: Desde el punto de vista de la vocación con la que se llega a aquélla, y también desde el punto de vista de la importancia que tiene por el servicio público que realiza. Me estoy refiriendo a las profesiones jurídicas: Abogados, Fiscales, Jueces, etc.

Sin duda, hay otras profesiones que, del mismo modo, podrían entrar dentro de este catálogo, no muy extenso por otro lado, de las que también combinan ese binomio excepcional de vocación y servicio público (sin ser “numerus clausus”, ahí podríamos citar a las profesiones sanitarias: Médico, Enfermero, Psicólogo; u otras de no menor importancia como servicio público y también vocacionales, relacionadas con las profesiones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado: Militares, Policías, etc.)

Centrándome pues en esas profesiones de ámbito jurídico, y situándolas en los tiempos actuales dentro de España, hago una reflexión, a modo de reconocimiento, para cuantos abogados, fiscales o jueces, entre otros, se dedican a este servicio público, por el cual en terminología de la propia Real Academia Española, consiste en “una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece” y que denominamos como Justicia

No es de extrañar que aquella niña o aquel chaval al que en su momento les preguntó el profesor, el padre o la madre, o cualquier otro familiar o conocido adulto la recurrente cuestión sobre a qué querrían dedicarse cuando fuera mayores, solo unos pocos contestaran que de mayor les gustaría ser Abogados, Fiscales o Jueces…

Piensoque ya desde pequeños los niños ven con bastante respeto y distancia esas profesiones relacionadas con la Justicia, las cuales, aún sin conocer muy bien su contenido, les pueden recordar, en el mejor de los casos, a alguna imagen de película americana donde ven a unos señores “muy raros” con un mazo en la mano golpeando sobre una mesa y con unas “capas” negras, que no son ni las de Superman ni las de ningún otro Superhéroe de los que ellos bien conocen.

Pero es que además, los pocos niños que, normalmente por una automática inspiración vocacional, respondieron que ellos de mayor querían ser abogados, jueces o fiscales, conforme van creciendo, en ocasiones, se van alejando de su vocación inicial pues  comprueban que lo del señor del mazo en la mano, que llevabapuesta la“capa negra”, en España, no cuentan conmazos, y esas“capas negras” no tienen ningún poder especial, ni en EE.UU, ni en España u otro país cualquiera.

Por tanto, los pocos niños, ahora ya decididos estudiantes de Derecho que comenzaron estos estudios por vocación, y continúan con la única pasión de convertirse algún día en operador de la justicia, sin mazos ni capas, serán los que finalmente se conviertan en Jueces, Fiscales o Abogados, con una firme convicción, ponerse una Toga, cuyo único “poder especial” será el de intentar hacer posible lo que el jurista romano, Ulpiano, definió como “La constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde”

En efecto, los conocidos “Preceptos Fundamentales de Ulpiano” (hacia el año 200 d.C) ya marcaron la verdadera función de todos los que un día tuvimos vocación por lo jurídico: “Honestae Vivere”,“Alterum Non Laedere” y“Suum Cuique Tribuere”:“Vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo que es suyo”

Sirva este escrito, únicamente, para rendir tributo y reconocimiento a todos los que, a día de hoy, en España, se dedican a ser operadores de la Justicia.

Sin duda, muchos comenzaron esta profesión por vocación, algunos por la libre voluntad humana u otros derroteros del destino decidieron escoger otros caminos profesionales (igual de respetados y respetables) y otros, finalmente, se dedican a esta noble profesión, a este bendito servicio público, de intentar dar a cada uno lo que es suyo…

 

 

Fuente: Lawyerpress

Que cante el pájaro, aunque la rama cruja.

El pájaro canta -según los entendidos- para manifestar su alegría por haber sobrevivido a la noche.

Ese cántico, en forma de piar, lo imitamos a diario aproximadamente 300 millones de usuarios gracias a las herramientas que nos facilita la tecnología empleada en Twitter, emitiendo más de 500 millones de tweets al día en forma de 140 caracteres.

Hoy analizamos en Talking About Twitter la realidad social de una redes escenificada en Larry, ese pájaro que simboliza la más potente herramienta de comunicación conocida hasta la fecha.

A diario se lanzan millones de tweets, a decir verdad, unos con más alegría que otros.

Y es que el canto de los pájaros, algo casi incontrolable, se torna una melodía pero también la mayor de las pesadillas dependiendo de la especie y plumaje del ave que emita el sonido.

Como el canto de los pájaros, la voluntad de quienes emitimos mensajes a diario en las redes sociales tiene objetivos de cualquier tipo y condición, sin que el medio en que se desarrollen pueda ser cómplice de la finalidad deseada.

El desarrollo de las redes sociales, los blogs, las bitácoras, los foros, ha facilitado que conozcamos y participemos en debates con personas que se encuentran al otro lado de un terminal electrónico, pasando éstas por ser anónimas o tener una identidad de lo más relevante.

Generalmente se utilizan estos medios como altavoces de opiniónque, en términos generales, se hacen desde una libertad bien entendida, si bien el uso de Internet tiene sus reglas jurídicas perfectamente determinadas.

Pero esa generalidada veces se ve manchada por los graznidos de usuarios que no representan a nadie. Son una minoría, pero se valen del anonimato o la distancia en el medio para campar a sus anchas con manifestaciones de todo tipo.

Sin perjuicio de lo reprobable de esas actitudes y de las facilidades que ofrece Twitter para reportarlas como spams o bloquear a los usuarios que las desarrollan, entiendo que existe un problema de educación y de formación, de un mal uso de las redes sociales que no debe criminalizar o culpabilizar al medio pero sí debe establecerlos límites de la línea que separe lo permisible y lo reprobable.

Pese al intento de imponer ciertas medidas de persecución a determinados comportamientos en Twitter como consecuencia del acoso que reciben ciertos usuarios, no existe un trasfondo de indefensión imputable a una falta de regulación legal.

Amenazas, injurias, suplantación de la personalidad, uso indebido de datos personales, calumnias, xenofobia… son conductas reguladas legalmente, sin perjuicio de que su comisión se produzca on line o, por el contrario, sea off line.

Debemos entender el Derecho como la garantía que necesitan las redes sociales, el uso de Internet, y ese Derecho existe y se aplica.

Recientemente ha surgido el debate de que pueda existir cierta desigualdad entre usuarios de Twitter: conductas presuntamente delictivas han sido archivadas por los tribunales en algunos casos y otras han prosperado.

No comparto que esos fallos judiciales se vean condicionados por la relevancia, la actividad profesional, la ideología del destinatario, o por la orden de un gobierno de perseguir determinadas conductas.

Las sentencias judiciales no son actos mecánicos, tienen un cierto matiz subjetivo, pues Ley solamente hay una, pero son muchos los que la interpretan y la aplican.

El problema de fondo, insisto, radica en la educación, en las formas y en la correcta gestión de las redes sociales, donde todos los usuarios podemos poner nuestro grano de arena cuidando y gestionando la reputación y el correcto uso de las redes sociales.

Somos 300 millones de usuarios emitiendo piadas desde Twitter, no podemos evitar que el medio sufra por los fines espurios que mueven a algunos.

Y es que, como dijo el poeta, canta el pájaro aunque la rama cruja.

 

Fuente: Ideal.

25 M corrupción y desafección.

No hace mucho tiempo, en todo caso antes del 25 M, la Comisaria Europea de Justicia daba a conocer un demoledor informe sobre la corrupción en Europa. En algunos países, según las encuestas manejadas por la UE, más del 90% de la población pensaba que la corrupción era generalizada. Así las cosas, en un escenario de crisis general, no sorprende que en las elecciones del 25 M la abstención haya sido la que ha sido. Tampoco llama la atención  el ascenso del populismo y, desde luego, la caída en picado de los partidos tradicionales, presos de unas burocracias que les impiden ver la realidad tal cual es.

No hay que ser un lince para comprender el alcance de la ecuación corrupción-desafección. Cuando quien dirige en el sector público, y también en el privado, se conduce con arreglo a exigentes parámetros materiales de ética, el grado de confianza y fiabilidad en las instituciones y corporaciones es proporcional a dichas prácticas. Y cuándo, como es el caso, la corrupción campa a sus anchas, el grado de desafección sube como la espuma. El 25 M volvió a comprobarse y es posible que la tendencia vaya a más en posteriores comicios.

La corrupción preocupaba a los dirigentes europeos  antes del 25 M y ahora, tras las elecciones, debería ser objeto de un tratamiento especial y firme que se concretara en un gran acuerdo nacional entre partidos políticos y agentes sociales. En España, no se puede olvidar, el informe de la UE señalaba que el 95% de la población  pensaba que en nuestro país la corrupción está generalizada.

Si estos datos fueran veraces los principales dirigentes sociales deberían urgentemente sentarse y hablar en profundidad de la situación para preparar cambios sustanciales en la ordenación de la política y de la economía. Unas transformaciones que deberían ser adecuadas a la magnitud del problema. Un problema que va a más y que lamentablemente hasta el momento no ha sido capaz de movilizar a los responsables sociales para acordar medidas proporcionadas al calibre de la situación en la que vivimos.

Así las cosas, es lógico que la ciudadanía de las espalda a las instituciones que considera más desprestigiadas así como a las personas que las lideran como ha acontecido en toda Europa el 25 M. El grado de incrustación de determinados grupos en las instituciones clama al cielo, como el sinnúmero de agentes y operadores colocados  hasta la última de las más elementales asociaciones del entramado social. Vivimos, es triste reconocerlo, en  una sociedad sin temple moral y sin recursos cívicos que es pastoreada sin el menor problema por especialistas en manipulación y control social.

La Comisaria de Interior de la UE, la sueca Cecilia Malmstrom, responsable del reciente informe sobre la corrupción en Europa, señalaba sin tapujos meses atrás que la corrupción mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y en el Estado de Derecho, causa daños a la economía europea y priva a los Estados de unos ingresos que les son muy necesarios. ¿Qué serían las políticas sociales si por ejemplo en España se dispusiera, a mayores, de 40.000 millones de euros?. ¿No se podría, de verdad, con semejante suma de dinero, contribuir a paliar los daños que los ajustes están ocasionando a los más frágiles, a los más indefensos?. Pues bien,  a pesar del sufrimiento de tantos millones de ciudadanos, según este informe, se calcula que los corruptos se llevan el 25% de la contratación pública.  Así, claro, se explica que tanta gente desconfíe, y mucho, de las terminales desde las que operan semejantes personajes. Por eso la abstención es la que es, por eso muchos ciudadanos buscan en nuevas opciones políticas la solución a sus problemas y, por eso, o la democracia vuelve a ser lo que es: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, o tendremos que asistir a situaciones que pensábamos superadas.

Reglamento 462/2013 para controlar a las agencias de calificación.

Desde Europa se realizó un primer intento de contener la desaforada influencia de las agencias de calificación con el Reglamento 1060/2009, modificado por el Reglamento nº 513/2011, que pretendía revestir a la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados, AEVM) de competencias para registrar y supervisar a las agencias de calificación crediticia.  Se trataba, en definitiva, de imponer a las agencias de calificación crediticia la obligación de cumplir con normas de conducta para mitigar los posibles conflictos de intereses y garantizar una calidad y una transparencia mínima de las calificaciones de crédito y del proceso de calificación crediticia.

Pero si algo hemos aprendido de la actual crisis financiera es que los mercados se mueven mucho más rápido que la política: cuando la agencia Standard & Poor´s rebajó en enero de 2012 las calificaciones de nueve países de la zona euro, los mercados no dudaron ni un solo momento en lanzarse a especular sobre la ruptura de la moneda única. Los resultados pueden calificarse, sin rubor, de catastróficos: ante la inactividad de la UE, Francia y Austria perdieron la triple A, la calificación máxima que se puede dar a la deuda, mientras que Chipre, Italia, Portugal y España vieron como su calificación caía no uno, sino dos escalones.

Este hecho demostró una cosa: seguía siendo evidente la excesiva dependencia de los inversores ante la influencia de las calificaciones externas de la deuda pública.

Poco más de un año después se aprueba el Reglamento 462/2013, que busca reforzar los instrumentos establecidos en el Reglamento 1060/2009, con la idea de atajar ésta influencia, así como los conflictos de interés que provocan las diferentes actividades de estas agencias, con la finalidad de aumentar la transparencia y la competencia en el sector.

En primer lugar trata de reforzar la independencia de las agencias de calificación crediticia, mediante tres elementos fundamentales: el primero es reforzar el mecanismo de rotación previsto en el Reglamento 1060/2009, de tal manera que la independencia de los analistas de calificaciones y de las personas responsables de aprobar las calificaciones crediticias no se vea comprometida: el presente reglamento establece que la duración máxima contractual con una agencia de calificación crediticia no puede ser superior a 4 años. Son excepción a esta regla las agencias pequeñas (de menos de 50 empleados o con un volumen de negocio inferior a diez millones de euros). El segundo elemento consiste en establecer por ley, según se lee en el artículo 6 bis del Reglamento, que ninguna persona pueda poseer simultáneamente más del 5% de una agencia de calificación, restricción que ya podíamos ver en el Reglamento  nº 1060/2009, pero reforzada:  tampoco podrán ejercer más del 5% del poder en los derechos de voto, facultades para nombrar o destituir a los miembros del órgano de administración de la agencia de calificación, ni ejercer una influencia dominante sobre cualquier otra agencia de calificación crediticia. El tercer elemento es conseguir, tal y como establecía el Reglamento 1060/2009, que exista un número suficientemente elevado de agencias de calificación, sin relación con la agencia saliente en caso de rotación ni con la agencia de calificación que proporcione paralelamente calificaciones crediticias al mismo emisor. Son loables, en este sentido, las intenciones que propugna el artículo 39 ter: “A más tardar el 31 de diciembre de 2013, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la viabilidad de una red de pequeñas agencias de calificación crediticia a fin de incrementar la competencia en el mercado”

 

Otro objetivo destacable de este reglamento es fomentar el empleo de métodos y procesos sólidos de calificación crediticia, siendo en este aspecto fundamental la modificación del artículo 8 del Reglamento 1060/2009. Ahora, “las agencias de calificación crediticia adoptarán, aplicarán y harán cumplir medidas adecuadas para velar por que las calificaciones crediticias y las perspectivas de calificación crediticia que emitan se basen en un análisis completo de toda la información de que dispongan y que sea pertinente para su análisis con arreglo a los métodos de calificación aplicables”. En el caso de que las agencias de calificación modifiquen sus métodos de calificación deben abrir un plazo de observaciones  y consultas de 1 mes, y publicar inmediatamente las respuestas a estas consultas en su página Web. Otras obligaciones son notificar los errores a la AEVM y a todas las entidades calificadas afectadas, explicando las repercusiones que pueden tener en las calificaciones de la agencia e indicando la necesidad de revisar calificaciones ya emitidas, publicar los errores en su sitio Web, en caso de que tengan repercusiones en sus calificaciones crediticias.