La supresión de licencias urbanísticas en la Ley 9/2014 de Telecomunicaciones.

La reciente publicación y entrada en vigor de la Ley 9/2014, de 9 de mayo de Telecomunicaciones, ha traído importantes novedades en la regulación de un sector en el que el legislador estatal pretende garantizar el cumplimiento de los objetivos recogidos por la Agencia Digital para Europa, la cual requiere, en la actual situación de evolución tecnológica e incertidumbre económica, asegurar un marco regulatorio claro y estable que fomente la inversión, proporcione seguridad jurídica y elimine las barreras que han dificultado el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas.

 Dentro del objetivo de facilitar el mencionado despliegue de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, la nueva norma lleva a cabo una importante simplificación administrativa, por un lado, eliminando licencias y autorizaciones por parte de la Administración competente en materia de telecomunicaciones para determinadas instalaciones que hacen uso del espectro radioeléctrico y, por otro lado, revisando las licencias o autorizaciones por parte de las Administraciones que sean competentes, eliminando su exigibilidad para determinadas instalaciones en propiedad privada.

 Es en el ámbito de las instalaciones en propiedad privada donde se producen relevantes novedades de cara a la agilización de las obras de instalación de infraestructuras de redes o estaciones radioeléctricas, suprimiéndose el régimen de control previo (mediante licencia o autorización), por un régimen de control posterior (mediante la correspondiente declaración responsable).

 La Ley 9/2014 establece al respecto que no puede exigirse la obtención de licencia o autorización previa de instalaciones, de funcionamiento o actividad, en dos supuestos: (i) ni para el caso de la instalación de las estaciones o infraestructuras radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas a las que se refiere la Disposición Adicional Tercera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y Determinados Servicios; (ii) ni para el caso de la instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de estaciones radioeléctricas en dominio privado distintas de la anteriores cuando el operador haya presentado a la Administración pública competente un plan de despliegue o instalación que haya sido aprobado.

 Dichas licencias o autorizaciones, que ya no pueden ser exigidas, deben ser sustituidas por declaraciones responsables relativas al cumplimiento de las previsiones legales establecidas en la normativa aplicable. Al igual que como se recoge en la normativa administrativa general, la declaración responsable debe contener una manifestación explícita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles, incluido estar en posesión de la documentación que así lo acredite, y habilita para la ejecución de la correspondiente instalación a partir del momento de su presentación, lo cual no prejuzga la situación y el efectivo acomodo de las condiciones de la infraestructura o estación radioeléctrica a la normativa aplicable, ni limita el ejercicio de las potestades administrativas de comprobación, inspección, sanción y control que a la administración competente le están atribuidas.

 Finalmente, la Ley 9/2014 introduce una importante previsión en su Disposición Final Tercera, de cara a coordinar sus disposiciones con la normativa a la que éstas pudieran afectar: la Disposición Adicional Octava en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Según este nuevo precepto, las obras de instalación de infraestructuras de red o estaciones radioeléctricas de dominio privado no requieren la obtención de licencia de obras o edificación ni otras autorizaciones, debiendo en todo caso el promotor de las mismas presentar ante la autoridad competente en materia de obras de edificación una declaración responsable donde conste que las obras se llevarán a cabo según un proyecto o una memoria técnica, suscritos por técnico competente, justificativos del cumplimiento de los requisitos aplicables del Código Técnico de la Edificación. Una vez ejecutadas y finalizadas dichas obras, el promotor debe presentar una comunicación de la finalización de las obras y de que las mismas se han llevado a cabo según el proyecto técnico o memoria justificativa.

 Las nuevas disposiciones recogidas por la Ley 9/2014, de 9 de mayo de Telecomunicaciones, en relación con la instalación de infraestructuras de red o estaciones radioeléctricas en edificaciones de dominio privado, constituyen un paso adelante muy importante en la implantación de la simplificación administrativa, tan necesaria para facilitar el despliegue de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.

 

Pero ¿realmente ha caído el Muro?

En los años 90, cuando el programa Erasmus de intercambio de estudiantes europeos empezaba a funcionar, era muy habitual encontrarse con una numerosa representación de universitarios alemanes. El Estado alemán, siempre muy potente en el terreno económico y muy atento a la inversión en educación, no escatimaba en gastos y facilitaba generosamente a sus nacionales la beca europea. La mayor parte de los estudiantes alemanes solían ser oriundos de los lugares más conocidos de la parte occidental del país. Pero algunos de ellos provenían de ciudades como Leipzig; Weimar (donde murió Goethe); Dresde o Magdeburgo, por poner algunos ejemplos. Eran ciudades que, en aquel momento, habían formado parte hasta hacía muy poco tiempo de la extinta República Democrática de Alemania, esto es, la Alemania del Este. De alguna manera aquella particularidad se percibía. No sólo era la manera de vestir. Era también el modo en que se relacionaban con los otros alemanes, los occidentales. Puede decirse que, al menos en ese momento preciso, un muro aún se levantaba entre aquellos estudiantes. Eran corteses y educados entre ellos, pero de un modo frío y distante. Y por lo general procuraban no frecuentar los mismos grupos y compañías.

 Nos lamentamos aquí muchas veces de la secular existencia de las “dos españas”, como si fuéramos el único pueblo que sufre divisiones internas (González Varas disertó acertadamente sobre este sentimiento tan generalizado y falso a la vez), pero lo cierto es que, por lo menos en esa época, existían también y muy claramente dos alemanias. El asunto ha debido cambiar a lo largo de las subsiguientes décadas y la situación, seguramente, se habrá normalizado en mayor grado. Pero lo cierto es que no del todo. Veinticinco años después probablemente aún no puede afirmarse con seguridad que “el Muro” ha desaparecido totalmente. Y no me refiero a los vestigios físicos de la pared berlinesa, conservados pensando especialmente en los numerosísimos turistas que inundan la capital germana (las oleadas son tales que se han lanzado iniciativas para frenar el exceso de visitas). Me refiero a la presencia de una brecha espiritual que aún pueden percibirse a través de muchos signos. Al margen de la anecdótica diferencia que aún pervive con claridad en el urbanismo de los núcleos de población de uno y otro lado, la muestra de diferenciación más significativa y tal vez la que exija una mayor atención para percibirla tiene que ver con la mentalidad y con la traducción de dicha mentalidad al terreno de las opciones políticas. Pensemo sino dónde se encuentra el mayor vivero de votos de Die Linke (el partido neocomunista que en buena parte ha heredado el núcleo ideológico de la RDA). Un partido que en acaba de ganar unas importantes elecciones en Estado Federal de Turingia (ubicado en la parte Oriental) y que espera fundadamente mejorar sus resultados en progresión geométrica de cara a las siguientes citas electorales. Hasta hace poco, en términos de promedio, votar a Die Linke resultaba impensable para un ciudadano de la apacible Bohn o de la burguesa Frankfurt o del “socialdemocráta” Estado de Baja Sajonia (ese segmento considera a Die Linke como la Stasi reciclada). No lo era sin embargo para un vecino de Liepzig, quien a largo de estos años ha visto como la homologación con sus nacionales de la parte Occidental no ha terminado de realizarse y ello a pesar de las generosísimas inversiones, ayudas y subvenciones estatales otorgadas para nivelar ambas zonas. Parece mentira que apenas 25 años hayan podido generar una fractura tan renuente a ser solventada. En términos de ciclo histórico veinticinco años es un periodo insignificante, pero el transcurrir de la Historia parece igualmente sometido a las leyes que sobre espacio-tiempo formuló Albert Einstein (alemán de nacimiento), de modo que el tiempo transcurrido puede ser relativo también en cuanto a sus efectos y consecuencias históricas. La época industrial, comparada con el larguísimo Paleolítico (la edad de piedra ocupa el 99% de nuestra presencia en la tierra) es una nimiedad de apenas doscientos años, pero en términos de “producto” final (tecnología, transformaciones, etc), los resultados son espectaculares. La aparición del muro de Berlín tal vez sea otro de esos periodos breves pero intensísimos y muy persistentes.

Sin embargo, no debe descartarse que la solución a tan cicatera y costosa división –se dice que gran parte de la factura que Alemania imputa a los llamados PIGS es en realidad producto del enorme gasto de la Unificación– venga de mano de unos sus más evidentes síntomas, esto es, el citado partido Die Linke. Alemania, aunque líder y locomotora europea en estos tiempos de dura crisis, dispone también de un emergente “precariado” producto de las severas medidas de austeridad basadas en instrumentos tan pintorescos como los microcontratos, los microsueldos, así como en los efectos devastadores de la desigual (al menos en términos de protección social y medioambiental) globalización. El precariado alemán, no importa si del este o del oeste, ve con buenos ojos a los “protestones” e idealistas integrantes de Die Linke, los único que junto a los Verdes parecen dispuestos ha hacer “política” más allá de las meras y poco estimulantes recetas económicas.

Así pues, las próximas elecciones podrían unificar Alemania a través de los herederos ideológicos de la RDA. Mientras que la Alemania más oficial parece que tan sólo puede ofrecer más desamparo, los neocomunistas, hasta ahora marginados en las confines orientales del país, han aprendido a vender esperanza. Y lo están haciendo con éxito.

Jean Claude Juncker —un apellido ciertamente poco tranquilizador dada su evocación a la nobleza prusiana más inmovilista—, el nuevo Presidente de la Comisión Europea, en su discurso sobe el aniversario de la caída del Muro ha querido destacar precisamente eso: que el Muro se levanta ahora en forma de desigualdad. Juncker y la Comisión Europea quieren luchar también contra ese muro, aunque —es una pena— el deseo no parece muy creíble viniendo de quien ahora mismo está bajo sospecha de haber consentido o aprobado en Luxemburgo un conjunto de instrumentos normativos que favorecen la evasión fiscal de las multinacionales en perjuicio de los Estados en los que esas empresas prestan sus servicios.

 La vinculación entre el Muro y la creciente desigualdad está provocando nuevos análisis sobre las causas y efectos del hundimiento del bloque oriental. Revisitar las nociones admitidas sobre el muro de Berlín es un ejercicio político e intelectual idéntico al que puede hacerse —de hecho se está haciendo— con respecto a nuestra Transición. Las preguntas son las mismas: ¿Realmente sucedió tal y como nos han contado? ¿Los objetivos eran los declarados públicamente? ¿Pudo hacerse de otro modo? ¿Hasta dónde ese hecho histórico puede legitimar lo que sucede ahora?

El conocido historiador Tony Judt, que gozó indudablemente de una clarividente visión de la reciente historia europea, cifraba el éxito de la construcción del Estado de bienestar en Europa en dos procesos fundamentales ocurridos al término de la Segunda Guerra mundial. Uno de ellos era el poderoso auge económico que sucedió al terrible periodo bélico; un auge totalmente vinculado a la reconstrucción del desolado solar del Viejo Continente. El otro factor vino dado por la presencia, al otro lado del “muro”, del bloque comunista, cuyo objetivo, al menos en teoría, era la redención de los trabajadores. Los Estados encargados de gestionar la posguerra tomaron nota de lo ocurrido y, lógicamente, comprendieron que la estabilidad y la paz social venían de la mano una elevada protección social. Judt destaca que es precisamente la disolución del bloque soviético y su amenaza la que trae consigo y en la misma proporción la degradación del Estado de Bienestar. De alguna manera el argumento imperante, lazando desde el bloque antagónico, ya abiertamente neoliberal, venía a proclamar algo así como “si acertamos en la caducidad del comunismo, también lo hacemos en nuestras recetas sobre economía”. Se ha consagrado de alguna manera una especie de determinismo histórico en el que sólo un discurso y sus argumentos se consideran aceptables. Por tanto, la revisión del “mito del muro” para los sectores más disconformes y desencantados de la sociedad actual pasa por rechazar todas esas narraciones que con la excusa de la apertura, incontestable, a las libertades políticas lo en realidad pretenden es justificar el modelo económico que junto al muro derribó los cimientos del Estado social de corte europeo, ese tipo de organización estatal tan característica que fue reivindicada por el expresidentes brasileño Lula como Patrimonio de la Humanidad.

Los turistas pasean por lo que fue, hasta el 9 de noviembre de 2009, el punto fronterizo o chekpoint “Charlie”. Ahora es un lugar de visita obligada. Miles de personas posan para la foto (o para los selfies) con la despreocupación propia del turista. Compran algunas postales o incluso algunos vestigios del equipamiento del ejército soviético y luego se dirigen a almorzar a las hamburgueserías y locales de comida rápida más cercanos. El aniversario de la caída del Muro, veinticinco años ya, se diluye rápidamente tras las crónicas de los grandes discursos institucionales. En el mejor de los casos, pueden ser el punto de partida de políticas inteligentes. En el peor de los casos, como en la canción de Pink Floyd, tal vez no sean más que ladrillos añadidos para formar un nuevo muro.

 

Imputación Judicial.

 

Una razón más para repetir que a las cosas hay que llamarlas por su nombre

1.- Son frecuentes los comentarios, en los medios de comunicación y también en los rincones jurídicos, sobre los perturbadores efectos que –dicen- produce la llamada imputación judicial de una persona en el proceso penal. Una razón más para repetir que a las cosas hay que llamarlas por su nombre

 Incluso en el Anteproyecto de Código Procesal Penal reciente se quiere sustituir la palabra imputado por la de encausado, alegando que la imputación estigmatiza al imputado, perjudica su reputación y es contraria a la presunción de inocencia. Como si un cambio de palabras solucionara la cuestión de fondo o cambiara la verdadera posición procesal del ahora denominado imputado.

 2.- El problema jurídico del imputado y su repercusión social no vienen de la denominación, pienso yo, sino del desconocimiento de lo que significa en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) la imputación judicial penal, fruto de la confusa e incoherente regulación de la propia Ley, y de otros factores ajenos. Obsérvese que el procesamiento pervivió “sin levantar tanto polvo” durante muchos años en nuestra vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque todo ciudadano sabía lo que significaba estar procesado. A diferencia de lo que ocurre ahora cuando alguien es judicialmente imputado.

 Pero hay otras circunstancias actuales que también contribuyen a complicar la cuestión desde el punto de vista social. Entre ellas se encuentra: la Justicia como pozo de noticias, la utilización de esta para lograr publicidad personal, o para crear juicios paralelos que causen perjuicios políticos o personales, el generalizado y consentido incumplimiento de la Ley –salvo contados y determinados casos- respecto del secreto de las actuaciones penales, o el exhibicionismo de algunos –pocos pero ruidosos- Jueces estrella.

 Véase un mal ejemplo reciente, que sirve al caso aunque se trate de un asunto distinto: la policía anuncia que puede ser perjudicial para la investigación (reconocimiento en rueda) la publicación de la foto del detenido como supuesto violador; pues bien; no obstante la advertencia la foto ha aparecido después en todos los medios, reiteradamente inserta, lo cual evoca la necesidad de un cambio y de una clarificación de ideas, que falta. Lo mismo ocurre cuando se ve, sin consecuencia alguna, a ciertos abogados salir a la calle delante del Juzgado a comentar –quebrantando el secreto de las actuaciones- con los periodistas las declaraciones que, según ellos, han prestado en la instrucción sus representados u otros.

 3.- La imputación judicial es un término acuñado en la LECr., al principio de la democracia (1978), de manera casi subrepticia y no explicado ni resaltado debidamente a lo largo del articulado de la vieja Ley, ni tampoco adaptado explícitamente al básico proceso ordinario.

 La prueba es que el originario artículo 384 de la LECr –referido al procedimiento ordinario: sumario- sigue diciendo que desde que resultare del sumario algún indicio racional de criminalidad contra determinada persona se la declarará procesada y desde ese momento podrá aconsejarse de Letrado e intervenir en el procedimiento- (La cursiva es mía). Y ello a pesar de que la Ley 53/1978, de 4 de diciembre, que modificó los artículos 118 y 302 de la LECr., introdujo –con carácter general- la contradicción en la instrucción desde su inicio, reforzando el derecho de defensa y la intervención del implicado en la causa, estableciendo que <<toda persona a quien se impute un acto punible, podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, cualquiera que este sea>>.

 Por lo tanto, desde 1978 la imputación judicial alcanza a todos los procesos (también al sumario) aunque ello no se desprenda del citado art. 384. Y se produce la imputación: a) desde que al imputado [querellado, denunciado] “se le comunique la existencia del procedimiento” (es decir: desde que se ha admitido a trámite la denuncia o la querella y se ha incoado un proceso penal); b) “desde que haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar” (entiéndase, medida adoptada en vía judicial, porque el detenido en dependencias policiales –salvo que sea menor: 17. 2. 2º LRPM- no tiene derecho a servirse de Letrado sino después de haber declarado ante la Policía o de haberse negado a hacerlo (520. 6 c. y 775. 2 LECr, interpretados por la Circular FGE 1/2003 y la Consulta 2/2003 FGE); o, c) “desde que se haya acordado su procesamiento”.

 Consiguientemente la imputación judicial, desde que se introdujo en la LECr (artículo 118), constituyó un acto procesal de distinto contenido que el procesamiento, al que en gran parte superó (adelantando el derecho de defensa) y en otra absorbió (incluyendo la inculpación).

 No tiene pues sentido pensar que el artículo 118, reformado en 1978, haya introducido el derecho de defensa solo en el Procedimiento Abreviado (Diligencias Previas) y no en el sumario (ver artículo 384. 1 y 2 LECr, que se mantiene sustancialmente sin retoques), siendo así que se trata de un derecho fundamental (art. 24 CE) y debe regir con carácter general.

 Lo que dice el art. 118 “o se haya acordado su procesamiento” solo admite una interpretación: que la imputación del querellado o denunciado –su derecho a la defensa- haya concurrido en esa ocasión con la existencia de indicios racionales de criminalidad sobre él, y que –apreciados por el Juez- en el mismo acto se le notifique la existencia del procedimiento, su derecho de defensa y la situación de inculpación que sufre (vg., detenido con indicios racionales de haber cometido delito). Supuesto en que la imputación coincide excepcionalmente con el procesamiento. En lo demás casos no será así, y se limitará la imputación judicial a ser una mera consecuencia de la valoración de la participación en un delito hecha por los denunciantes o querellantes con cierto fundamento, el necesario para que el Juez decida incoar un proceso penal.

 Y es que realmente hoy el procesamiento, desprovisto de otras consecuencias, es el acto judicial cuya principal finalidad es la de concretar el sujeto o sujetos pasivos de la relación procesal, que serán los únicos que puedan ser acusados en las conclusiones provisionales (650. 3ª LECr). Sustancialmente semejante a los efectos que produce el Auto que dicta el Juez en las Diligencias Previas, cuando las transforma en Procedimiento Abreviado, con la obligación de determinar “los hechos punibles y la identificación de la persona a la que se le imputan” (art. 779. 1. 4ª LECr, que recibió su nueva redacción por la Ley 38/2002).

 4.- Puede sorprender que se critique tanto la imputación judicial y no se haya presentado socialmente el mismo reparo para el procesamiento. Quizá se deba a que cuando se procesa a una persona todos pensamos que el Juez la consideraba razonablemente cercana al juicio oral y quizá a una posible condena (indicios racionales de criminalidad) y ella misma sabe que contra su persona se han encontrado pruebas (o diligencias de cargo) que el Juez de instrucción ha valorado. Mientras que, cuando se declara imputada a una persona (vg., por haberse admitido a trámite una querella), las consecuencias reputacionales en el imputado pueden ser muchas veces desproporcionadas a su actual situación procesal, de simple sujeto con derecho a defenderse de una denuncia, que aún no ha sido valorada por el Juez como inculpación.

 Por eso me parece que la Ley debía haber distinguido los dos momentos procesales, atribuyéndoles una denominación distinta: la imputación como resolución judicial que abre el derecho a defenderse, y la inculpación –por ejemplo- para indicar el momento en que el Juez, a la vista de lo investigado, señala a los que podrán ser acusados en juicio oral como únicos sujetos pasivos de la relación procesal.  

 

La demanda de profesionales del Derecho por el sector de las TIC.

Seguramente, mientras lee estas líneas, tenga su teléfono móvil a menos de un metro de distancia. Probablemente, hoy revisará su correo electrónico en su teléfono, en su ordenador o en una tablet. Posiblemente, a través de alguno de estos medios navegue hoy en Internet y lea la prensa, lea algún blog, vea algún vídeo o compre unas entradas para asistir a un espectáculo. Todo lo anterior tiene una explicación muy sencilla: la evolución de las telecomunicaciones y del comercio electrónico, su acercamiento al consumidor, y la prestación de servicios en un entorno de seguridad jurídica y de competencia.

 Ello no es fruto de la casualidad sino de un desarrollo cuyo origen lo encontramos hace muy pocos años, con la configuración jurídica de un mercado que debía existir en libre competencia. Con la aparición y generalización del uso de Internet gracias a nuevas redes y medios de acceso, la indiscutible consolidación de la movilidad como concepto básico para entender las comunicaciones electrónicas y, en general, la desaparición de las fronteras hasta ahora existentes por la vinculación red y servicio (donde ahora sólo tendremos convergencia de redes y servicios, con operadores globales en este sentido) estamos inmersos en esta segunda edad de las nuevas tecnologías de la información: la de consolidación en convergencia.

 El sector de las TIC´s, inapreciable desde el punto de vista económico para el conjunto nacional décadas atrás y que ahora supone una vital contribución al PIB nacional, crece y crecerá sin lugar a dudas. Ha necesitado y necesitará empresas que lo desarrollen: grandes, medianas y pequeñas empresas que presten servicios, que los comercialicen, que instalen redes, que atiendan a los usuarios, que los utilicen a su vez para existir y crecer (como el comercio electrónico), etc. Y con ellas, ha necesitado y necesitará órganos que tutelen los derechos de los consumidores y órganos reguladores que supervisen el buen funcionamiento de estos mercados vinculados a las telecomunicaciones, al comercio electrónico o al sector audiovisual. Todo ello no será posible sin profesionales muy capacitados tanto desde el punto de vista técnico, empresarial como jurídico. De hecho, el sector demanda sin descanso este tipo de profesionales y así continuará sucediendo.

 Las operadoras, los prestadores de servicios de la sociedad de la información, el sector audiovisual, las administraciones públicas, las asociaciones de consumidores, cualquier empresa –grande o pequeña- presente en Internet, los despachos de abogados o las consultoras, necesitan esos profesionales; profesionales especializados, formados desde, por y para la experiencia, que desarrollen su trabajo con rigor y aporten seguridad y confianza a sus clientes, a los consumidores y a la Sociedad. Son y serán imprescindibles. Y el primer paso para convertirse en tales se halla en la formación de calidad. El Master en Negocio y Derecho de las Telecomunicaciones, Internet y del Audiovisual, dirigido por Despacho Cremades & Calvo-Sotelo, es un referente en este sentido desde su aparición en el año 1998. Desde entonces, cientos de profesionales se han formado bajo este programa y hoy desarrollan con éxito y prestigio su labor en el campo de las TIC´s. El alto nivel de exigencia y rigor con el que se desarrolla, sus aspectos jurídicos y de mercado, con la constante colaboración de los primeros juristas y empresarios en su claustro, hacen del MNDTIA un punto de referencia en la formación y desarrollo laboral del sector en España. Este programa, además, es pionero en ofrecer distintas modalidades de realización, como la opción de beca de hasta el 50% del importe de su matrícula con prácticas de tres meses en empresas del sector o en el Despacho que lo dirige, o la modalidad de realización del programa con contrato laboral de un año de duración en el Despacho).

 Cuando vuelva a utilizar el teléfono, enviar un mensaje, un correo, volar sobre las redes sociales, leer la prensa online o, simplemente, ver la televisión, recuerde que ya hay detrás miles de profesionales trabajando en ello, aportando valor, seguridad y calidad, cualidades que tienen un denominador común: el conocimiento.

 

Una vacuna para el Ébola y un antídoto para la Corrupción.

Al tiempo de escribir este artículo, una ciudadana española, de profesión auxiliar de enfermería, se debate entre la vida y la muerte en un hospital de la Comunidad de Madrid. El motivo que ha llevado a Teresa Romero al Hospital Carlos III de Madrid es de sobra conocido, casi en todos los rincones, no solo de España, también de Europa y del resto del mundo: La auxiliar de enfermería se contagió por el virus ébola por cuidar, como profesional y voluntaria, al misionero español Manuel García Viejo, que contrajo la enfermedad en Sierra Leona; Anteriormente, esta misma auxiliar de enfermería también colaboró en el equipo que intentó salvar la vida de Miguel Pajares, el sacerdote español que, a su vez, contrajo la infección al estar en contacto con el director del Hospital de San José en Monrovia (Liberia), el camerunés Patrick Nshamdze, al que le habían realizado un test que dio un falso negativo.

Como ven estamos ante una enfermedad viral, la cual, al menos en estos dos casos apuntados, podríamos denominar, además, como enfermedad de la solidaridad. Efectivamente, tanto el Padre Miguel Pajares, como la auxiliar de enfermería, Teresa Romero, contrajeron el virus ébola por intentar ayudar y salvar a los que también pasaron por este triste y desconcertante trance.

En estos días en los que en los noticiarios de medio mundo la palabra más repetida es ‘Ébola’ y en el que raro es el día en que no vemos o escuchamos por radio, televisión, prensa o redes sociales, que una parte de la población dice A, y la otra, dice B, en los que parece que todos buscan culpables o, al menos, “al Culpable”, de la atemorizante situación que ahora paraliza a buena parte de los países más desarrollados (los menos desarrollados llevan años paralizados, no solo por el ébola), en estos días de tanto decir y desdecir, he querido apagar la radio y la televisión y desconectarme de las redes sociales para, en el silencio de la noche y sin el ruido de fondo que, en ocasiones, contamina nuestro pensamiento, intentar captar una visión menos estática de la situación, concentrarme en lo global en detrimento de tantos particulares que hoy nos invaden.

Y, puedo asegurarles, que en el gran estruendo de este silencio he podido alcanzar mucha claridad a mi mente y sentimientos confusos.

Les explico lo que he logrado ver, más bien sentir:

El temor que tenemos a contagiarnos por el virus ébola no es tal, al menos, no es tan fundado como aparentemente creemos. Obviamente, a ninguno de nosotros nos gustaría vernos en una situación de pasar por esta enfermedad, pero el verdadero temor de todos nosotros es lo que subyace, casi sin ser conscientes de ello. Nuestro temor está fundado en el terrible hecho de que se rompa esa eterna barrera (casi psicológica) entre los “dos mundos aislados”, el mundo desarrollado y el mundo menos desarrollado (el término subdesarrollado, nunca me gustó).

En mi silencio de esta noche he imaginado a “nuestro mundo desarrollado” desmoronarse, venirse abajo por otra epidemia aún peor que el ébola. Esa epidemia se llama “Corrupción” y lejos de haber una vacuna eficaz para tratar de prevenirla, en nuestro mundo desarrollado no parece que existan ni siquiera los primeros ensayos para dicha epidemia.

En mi silencio de esta noche he visto llorar a familias enteras de muchos políticos, directivos de Cajas de Ahorros, sindicalistas, empresarios y de otros muchos representantes sociales y profesionales de diferentes sectores económicos. Y saben ¿por qué lloraban esas familias?, no, no lloraban por saber que esos políticos, directivos, sindicalistas u otros representantes sociales se hubieran contagiado por ayudar a otras personas, lloraban de vergüenza, les produce una gran vergüenza comprobar que sus familiares se han contagiado por (presuntamente) mentir, traicionar y robar a sus semejantes.

Pues bien, sepan que, en el silencio de esta noche, sin ruidos ni condicionantes de ninguno de los que opinan ‘A’ o ‘B’, ni de los que tratan de buscar culpables, me ha llegado y he sentido una reveladora Verdad: Nuestro mundo desarrollado, ya se ha contaminado sin remedio. Pero no de ébola, sino de una pandemia mucho peor: La Corrupción.

¿Saben por qué estoy convencido que la pandemia de la corrupción es mucho peor que el virus ébola? Se lo explicaré, brevemente, en estos tres motivos:

1º El virus ébola no se contagió (según lo publicado por los investigadores), en su origen, por un acto de avaricia o codicia como el que ha contagiado a nuestro mundo desarrollado por la corrupción.

2º Los profesionales que, hasta la fecha, se han contagiado por ébola, han sido personas que pusieron en riesgo sus vidas, para intentar salvar a los demás. Los que se contagiaron de corrupción, nunca, jamás, pensaron en ayudar a sus semejantes, antes al contrario, se valieron de la confianza de éstos, para enriquecerse de forma injusta.

3º El contagio de Ébola, por desgracia, aún no está controlado y podrá afectar a muchas otras personas en el mundo pero, afortunadamente, muchos científicos e investigadores están avanzando en su estudio y, más pronto que tarde, se logrará dar con la vacuna eficaz para su prevención y tratamiento. La vacuna o el antídoto para la corrupción, no creo que se logre averiguar jamás, ya que solo la posee y la controla cada hombre o mujer, de forma individualizada y, en estos casos, hay un único factor que la podría erradicar: Que todos los hombres y mujeres del mundo fueran honestos, consigo mismos y con sus semejantes.

En el silencio de esta noche sólo espero y deseo tres cosas: Que se recupere pronto la auxiliar de enfermería y voluntaria de cuidar por el estado de salud del Padre Miguel Pajares (Q.E.P.D.); Que se averigüe muy pronto una vacuna eficaz para prevenir y tratar el virus ébola; Y que haya tantos hombres y mujeres honestos, como la desaparición de la corrupción necesita nuestro mundo.

Una vacuna para el Ébola y un antídoto para la Corrupción.

Formación interna de los despachos de abogados.

La actualidad laboral y el desarrollo tecnológico exigen continuo aprendizaje en todos los niveles profesionales. Los grandes despachos de abogados, desde hace tiempo y concienciados por esa realidad, han sabido compaginar su actividad profesional con la enseñanza, llevados por el espíritu de excelencia que cada día es aún más necesario en un mundo globalizado y con un alto porcentaje de licenciados.

Muchas son ahora las firmas que apuestan por la formación, como es el caso de Garrigues, que desde su centro de estudios, oferta programas que van desde los Másters oficiales a los másters executive en ramas como la Asesoría Fiscal, Corporate Finance, Recursos Humanos o Tributación, entre otros.

El despacho Gómez Acebo y Pombo  imparte el Máster en Derecho del Deporte,  el cual está llevado de manera conjunta con el ISDE-Fundación Estudiantes. Con ello incluyen una materia de formación que es poco frecuente dentro de las oportunidades que suelen aparecer en el mercado de postgrado.

Por último, otro de los despachos que desde hace años compagina su asistencia jurídica con la enseñanza es Cremades & Calvo-Sotelo. La firma española, oferta cuatro programas diferentes: en Derecho de las Telecomunicaciones, en Derecho y negocio de la energía, en dirección jurídica de empresas y en Comunicación política e institucional. Estos cuatro programas, reconocidos de gran calado dentro del mercado de los postgrados, ofrecen no solamente una formación sólida en las materias a las que se dedican un curso completo, sino que fortalecen con un contenido práctico que se trabaja en las aulas y que se compagina con varios meses de prácticas en el propio despacho o empresas relacionadas de los diferentes sectores objeto de estudio.

Programas como el de Derecho de las Telecomunicaciones, se encuentra a la cabeza de sus competidores, si bien fue el primero que se creó, en 1996, en relación a este sector.

Así, tanto este como los otros ofertados por Cremades & Calvo-Sotelo, hacen de la firma una de las que más apuesta por el futuro, dando una formación académica eminentemente práctica y encaminada al futuro profesional.

 

 

 

 

Aforados y justicia independiente.

 

Recientemente el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha propuesto reducir el número de aforados en España, pasando de 17.621 a 22 aforados

Ruiz-Gallardón ha manifestado que los aforamientos que deberían subsistir en España, aparte de los que afectan a la Familia Real, son los que ostentan “los titulares de los poderes del Estado”: el presidente del Gobierno, los presidentes del Congreso y del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente del Tribunal Supremo, más los 17 presidentes de las comunidades autónomas, “y esto suma 22 personas”.

Por otro lado, ha reconocido que esta propuesta no seráposible realizarla a través de la ley orgánica porque alguno de esos aforamientos están recogidos en la Constitución o en los Estatutos de autonomía, “que no pueden ser modificados por una ley orgánica”.

De esta manera ha recalcado que se trata de una intención “de carácter político” porque la ley orgánica a lo único que podría afectar es a los órganos del Estado que no están recogidos expresamente en la Constitución, a los jueces y a los fiscales.

Por último, también ha indicado que el aforamiento “no tiene por quéconstituir un privilegio”, porque puede ser una merma de un derecho fundamental, “que es el derecho a la revisión de una sentencia condenatoria”.

Sobre esta propuesta del ministro de Justicia, voy a intentar aclarar algunos aspectos que me parecen importantes para centrar y poner en su justa medida el alcance de aquélla.

Para empezar, conviene repasar cuál es el significado y consecuencia jurídica de la figura del aforado en España:

El aforamiento es la situación jurídica según la cual determinadas personas por el cargo que ocupan o por la función que desempeñan no son juzgadas por los tribunales de primera instancia sino por los tribunales superiores, (en España existen, según reconoce el propio ministro de Justicia, 17.621 aforados) que son juzgados por el Tribunal Supremo o por los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, a diferencia de otros países europeos donde no existe la figura del aforado o se aplica a muy pocas personas (en Italia o en Alemania, por ejemplo, sólo goza del «privilegio»del aforamiento el presidente de la República o en Francia, donde además del presidente de la República, sólo están aforados los miembros del gobierno).

Aforamiento e inmunidad parlamentaria son dos conceptos diferentes. La inmunidad parlamentaria existe en todos los países democráticos (a excepción de Gran Bretaña y de Estados Unidos). Sin embargo en España, donde los diputados y senadores también gozan de inmunidad, cuando éstos son acusados de un delito y sus compañeros acuerdan levantar la inmunidad atendiendo el suplicatorio presentado ante la Cámara respectiva, no son juzgados por los tribunales ordinarios, como ocurre en el resto de los Estados democráticos, sino por el Tribunal Supremo.

En cuanto al objetivo o la finalidad que se pretende con el aforamiento, por una parte, se trata de que los cargos públicos y los parlamentarios, asícomo los jueces y fiscales, estén protegidos frente a demandas falsas; por otra parte, que los jueces de los tribunales de primera instancia no sufran presiones al juzgar a las personas destacadas de la vida política y a sus compañeros de profesión.

Los expertos que defienden el aforamiento consideran que en el supuesto de los jueces y de los fiscales es donde más sentido tiene pues se evita que les investigue y juzgue «un igual», un compañero de su misma instancia judicial.

En cambio, para muchos otros expertos, entre los que me incluyo, el hecho de que un cargo público estéaforado, en realidad estáimplicando que aquéllos sean juzgados por tribunales más cercanos al poder ejecutivo.

Efectivamente, desde mi punto de vista, la verdadera clave para dar sentido a esta pretendida regeneración democrática (en este caso, de la Justicia, uno de los poderes fundamentales en un Estado de Derecho) del Gobierno, cuyo origen podemos situar en el debate político, cuando en abril de 2014 el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, incluyó en la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial el aforamiento de la reina Sofía de Grecia y los Príncipes de Asturias, no es tanto eliminar o prescindir de la figura del aforamiento, cuanto síreformar el sistema de nombramiento de los jueces, que actualmente se regula bajo la Ley Orgánica del Poder Judicial desde 1985.

Si reparamos en la composición actual de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, comprobamos que estápresidido por el Presidente del Tribunal Supremo de España y compuesto por veinte vocales, nombrados por Su Majestad el Rey a propuesta del Senado y del Congreso de los Diputados. Cada Cámara propone a cuatro juristas de reconocida competencia y además selecciona seis Jueces o Magistrados propuestos en lista triple por los miembros de la Carrera Judicial, en elecciones internas.

El Consejo General del Poder Judicial tiene competencia en la selección y nombramiento de los Jueces, en la propuesta al Rey de nombramiento de los Presidentes y Magistrados de todos los Tribunales de la Nación y en materia administrativa, de inspección y disciplinaria.

Pues bien, si lo que de verdad se pretende es impulsar una regeneración democrática en España, tan necesaria en los tiempos actuales, de poco servirála propuesta del ministro de Justicia de reducir el número de aforados (por otra parte, tan difícil de llevar a la práctica como hemos apuntado, pues se necesita de una previa reforma de la Constitución), mientras no se reforme el sistema de elección de los jueces, para que el poder judicial vuelva a ser independiente del resto de poderes del Estado.

Es fácil pensar que, aunque sólo quedaran esos 22 aforados anunciados por Gallardón, tanto a aquéllos, como al resto de los cargos políticos que dejaran de estar aforados, mientras no exista un poder judicial independiente del poder ejecutivo y legislativo, algunos jueces seguirán plegándose (presuntamente) a los corruptos o prevaricadores, precisamente por estar nombrados por aquéllos para ocupar sus cargos como Magistrados.

La aplicación del art. 1973 del Código Civil en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

Por todos es sabido que las lesiones que los particulares sufran en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos de las Administraciones, genera responsabilidad patrimonial, es decir, un  derecho a reclamar una indemnización por los daños sufridos.

En el caso de las entidades locales, los administrados podrán reclamar esta responsabilidad patrimonial en el Ayuntamiento de la localidad donde se le han producido los daños.

Tal y como establece el art. 6 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, los particulares presentaran reclamación en la que al margen de cumplir con los requisitos establecidos en el art. 70 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante.

Conforme a la meritada norma, el plazo de que disponen los interesados para interponer dicha reclamación, será de un año desde el día en que ocurren los hechos, transcurrido el mismo, dicha acción se entenderá prescrita.

Una vez iniciado el procedimiento a instancia de parte, la Administración tendrá seis meses para instruir y resolver expresamente la reclamación presentada, o en su caso, acudir a la institución del silencio negativo para que el reclamante entienda la misma desestimada, quedando abierta la vía judicial para la interposición del correspondiente recurso contencioso-administrativo.

Éste, sería el cauce normal por el que debe de tramitarse una reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta ante una Administración local, aunque en la práctica es frecuente que se realicen reclamaciones de daños acudiendo a otras vías.

Así, por ejemplo, suele ocurrir que los daños producidos en viviendas o en vehículos, sean reclamados por los administrados a sus compañías de seguros, y éstas, una vez le hayan abonado la indemnización que estimen pertinente, repitan contra los Ayuntamientos.

Para iniciar el procedimiento generalmente suelen enviar al Ayuntamiento que corresponda fax, burofax o telegrama en el que  identifican al administrado, los hechos, el día en que ocurren, y lo más importante, y cito textualmente “interrumpimos prescripción judicial según el art. 1.973 del CC”.

Tras varios intentos (en varios años) sin haber obtenido respuesta alguna por la entidad local, interponen formalmente el escrito de responsabilidad patrimonial con el contenido exigido en la normativa aplicable.

Este es el escenario planteado en multitud de ocasiones a los Ayuntamientos por las compañías de seguros, cuya reclamación de daños por responsabilidad patrimonial, pretenden eternizarla en el tiempo bajo el prisma legal del art. 1973 del código civil.

Sin embargo, reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, como la Sentencia de 2 de marzo de 2011, viene a decir justamente lo contrario, es decir, los fax/telegramas/burofax enviados a las Administraciones locales pretendiendo efectos interruptivos de la prescripción, no producen tal  efecto.

En palabras del Alto Tribunal la invocación de este precepto “es superflua y carece de virtualidad en el seno de este proceso, ya que la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas es exigible exclusivamente de acuerdo con la Ley 30/92, que regula tanto sus  aspectos sustantivos como procesales y en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo”.

Y es que, según la citada ley, el derecho a reclamar prescribe al año y no es susceptible de interrupción, únicamente se producirá esa circunstancia si la reclamación se presenta ante órgano incompetente o como expresó la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo 2000 en virtud de cualquier “reclamación que manifiestamente no aparezca como no idónea o improcedente encaminada a lograr el resarcimiento del daño o perjuicio frente a la Administración responsable, siempre que comporte una manifestación de la voluntad de hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de la Administración por alguna de las vías posibles para ello”

En efecto, los fax/burofax/telegrama enviados a las Administraciones Públicas únicamente podrán entenderse como el ejercicio de la acción de responsabilidad y no como un acto de interrupción de la prescripción como una reclamación extrajudicial del deudor como entienden las compañías aseguradoras acogiéndose al art. 1973 CC.

En consecuencia, todas aquellas acciones que se ejerciten transcurrido el año de producirse los hechos aún en aquellos casos en que previamente se hayan enviado varios fax/burofax/telegramas, serán inadmisibles por extemporáneas.

 

 

 

 

OCDE y formación de juristas.

La OCDE nos acaba de decir que el nivel de los universitarios españoles es equiparable al de los bachilleres japoneses. No se sabe si porque los bachilleres japoneses tienen una altísima cualificación o porque los universitarios de nuestro país están muy mal preparados, aunque más bien parece lo segundo.

Se nos acusa de que la formación universitaria es muy generalista y teórica y que nuestros estudiantes tienen grandes dificultades para manejarse con soltura en un mundo en el que dominan las nuevas tecnologías y en el que los principios estorban para la vida cotidiana. Entre otras cosas, porque vivimos en una civilización en la que lo importante, y definitivo, es ganar cuanto más dinero y en el más breve plazo de tiempo posible, mejor. En este contexto, es en el que hemos de reflexionar acerca de la formación que se imparte en nuestras Facultades de Derecho y Jurisprudencia.

 Es bien sabido que la formación jurídica que se imparte en las Facultades europeas es deudora de la tradición positivista del Derecho que dominó  en el viejo continente desde el siglo XVIII. Seguramente, nuestro subconsciente jurídico opera, incluso sin que nos demos cuenta, en un contexto en el que el pensamiento único causa sus estragos, sobre todo en las razonables demandas de justicia que, sin embargo, el imperio de la forma y el procedimiento, dificultan enormemente.

 Por ejemplo, entre nosotros la jurisprudencia y los principios generales del Derecho siempre han tenido un cierto carácter polémico en lo que se refiere a su condición de fuentes del Derecho. Sobre todo, porque el pensamiento aún dominante prefiere amarrarse a unos aprioris que tantas veces no son más que la manifestación exacta del primado del poder sobre el Derecho, argumentándose tantas veces con el recurso a las mayorías, como si en la reciente historia del siglo pasado no haya testimonios bien elocuentes de lo que son capaces de hacer las mayorías bajo el yugo del totalitarismo.

 Por ello, pienso que hemos de recibir como balones de oxígeno las últimas noticias que nos llegan de los Estados Unidos referidas a la creación de  nuevas Facultades de Derecho  y a la ampliación del abanico de opciones jurídicas que se ocupan del problema de la fundamentación del Derecho. Estas nuevas aproximaciones ponen el acento en los derechos fundamentales de la persona y en la vertiente ética y moral de la práctica del Derecho por todos los operadores jurídicos.

 Desde estos nuevos enfoques se insiste en el conocimiento del Derecho como saber instrumental enmarcado en la búsqueda constante de la justicia, planteamiento hoy no muy practicado, valga la redundancia, en la “práctica”, dónde con tanta frecuencia el fin justifica los medios. Por eso, el ejercicio del Derecho no puede desconectarse de la protección de los derechos fundamentales derivados de la dignidad de la persona, derechos que, bien lo sabemos, no son creación del Estado. Más bien, el Estado debe reconocerlos y facilitar su ejercicio. En una de estas nuevas Facultades recientemente creadas se recuerda algo que suena hoy muy nuevo pero que  un jurista entiende muy bien: las fuentes del Derecho no están sólo en la política, sino también se encuentran en la historia, en la naturaleza humana y en el orden moral del universo.

 En el fondo, me parece que detrás de estos nuevos estudios de Derecho se encuentra la preocupación por evitar que la escisión entre el Derecho y la Moral siga proporcionando argumentos para justificar decisiones inmorales, planteamientos insolidarios; en definitiva, cuando el Derecho y la Moral campan cada uno por su cuenta, entonces el poder siempre gana al Derecho, porque  éste se convierte en su vasallo más sumiso. En cambio, cuando la dignidad de la persona se erige en fundamento del Derecho, entonces el poder no tiene más remedio que operar en un ambiente en el que existen límites a su ejercicio.

 Desde estos planteamientos, el estudio del Derecho no se reduce a la exposición, sin más, del Derecho vigente, sino que incorpora el pensamiento crítico para ayudar a que los alumnos piensen por sí mismos y se formulen determinadas preguntas sobre la adecuación a la justicia y a la dignidad de la persona de las  instituciones, categorías y conceptos que les explican los profesores. Se trata de facilitar el pensamiento libre, sin imposiciones, con la sana de pretensión de que los alumnos tengan el hábito de cuestionarse los conocimientos recibidos desde el pensamiento abierto, plural y dinámico, evitando la dictadura del pensamiento único tan frecuente en este tiempo. En este sentido, los planes de estudio de estas Facultades incluyen asignaturas como Fundamentos Morales del Derecho, Jurisprudencia, Deontología Jurídica, Etica o Política pública, entre otras. Los tres elementos sobre los que basculan todas las enseñanzas que se imparten son: la defensa de los derechos humanos, la preocupación por la justicia social y la cultura de la vida, sin duda el primero de los derechos fundamentales, aunque paradójicamente el más castigado en estos tiempos de tanta esquizofrenia.

 Ciertamente, va siendo hora de que en los enfoques jurídicos empiece a tomarse más en serio, a juzgar también por los resultados obtenidos, la sustancia que justifica la existencia del Derecho,  el permanente dar a cada uno lo que es suyo. Si no fomentamos que los alumnos se hagan preguntas sobre el fin del Derecho estamos siendo cómplices de la mentalidad jurídica dominante en la que el poder político y el poder financiero doblegan, y de qué manera, al Derecho.

 En fin, un episodio más de la lucha por el Derecho que ha caracterizado la historia del hombre. Frente al despotismo blando, es menester la lucha por la justicia y los derechos humanos en todo tiempo y circunstancia. La tarea no es fácil pero vale la pena. Desde luego, prefiero que nuestros alumnos no sepan utilizar una tarjeta de crédito o confeccionar una factura a que sean insensibles a la continua y permanente deshumanización de la sociedad. ¿Y usted querido lector?.

Seguridad e intimidad.

La tensión entre la libertad y la seguridad, entre el derecho a la intimidad y orden público, está, en este tiempo en que vivimos, de palpitante y rabiosa actualidad. No sólo porque en la lucha contra el delito organizado y el terrorismo internacional  es necesario detener a los asesinos y evitar que se consumen tales crímenes. También porque estamos conociendo que determinadas agencias de inteligencia, en solitario o con el auxilio de sus homónimas, han encabezado una ingente operación de espionaje a millones de personas.

 

Estos días, por ejemplo, el gobierno británico acaba de anunciar un proyecto de ley por la vía de urgencia que obligará a las compañías telefónicas y proveedores de servicios a que mantengan almacenados a disposición de los servicios de seguridad durante un año los datos de comunicaciones. Se trata de la reacción del gobierno inglés a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que anuló una norma comunitaria de 2006 que obligaba a mantener los datos electrónicos  durante dos años. Ahora,  el máximo intérprete del Derecho Comunitario Europeo consideró que un período tan largo atentada contra los derechos ciudadanos por obvias razones.

El problema, a mi juicio, no es de orden temporal, sino de orden moral. Si un servicio de seguridad sospecha fundadamente, con razones que debe alegar y someter a  contraste jurídico de un colegio de personas independientes, jueces por ejemplo, ningún problema en el acceso a esa comunicación. Pero tener de forma masiva y a disposición general de las autoridades de seguridad los datos de las comunicaciones de los ciudadanos, no se compadece, de ninguna manera con el Estado de Derecho, en el que bajo ningún concepto puede existir un poder general e indeterminado de las autoridades para intervenir en la vida de los ciudadanos. Existen intervenciones concretas y precisas para las que se debe solicitar, también de forma concreta y precisa, la pertinente autorización. Siempre hay formas de garantizar el Estado de Derecho por muy urgente  que sea la necesidad de intervención. No hay más que preverlas en el Ordenamiento. Sabemos que en materia de intervención el principio de precisión es elemental para que se garantice el Estado de Derecho.

El Estado de Derecho parte de un aserto que es fundamental y que no se puede olvidar: la dignidad del ser humano dispone de tal calibre y relieve jurídico, que se yergue omnipotente frente a cualquier intento del poder de pisotearla. Así fue concebido este modelo de Estado y, sin embargo,  así está siendo lesionado sin que la ciudadanía, hábilmente edulcorada y narcotizada por las terminales de la tecnoestructura dominante, reaccione adecuadamente ante tanto desmán y arbitrariedad.

La vigilancia debe ser respetuosa con el derecho a la intimidad y a la libertad de las conciencias de las personas. Claro que es posible conciliar libertad y seguridad, intimidad y vigilancia. Se puede hacer, pero tal empeño es más complicado que autorizar masivamente, en general, interceptaciones de llamadas telefónicas o de correos electrónicos. Esta práctica, tan extendida, no sólo es ilegal, sino profundamente inmoral. Ilegal porque precisa de la previsión normativa y  de la autorización “ad casum” del juez o colegio de miembros del poder judicial. Y es inmoral, rotundamente inmoral, porque despojar la intimidad o violar la libertad de conciencia es uno de los más colosales crímenes que se pueden cometer en una sociedad abierta contra la dignidad del ser humano.

Es verdad que en la crisis económica han fracasado también los controles y la vigilancia del Estado. Pero eso no justifica que ahora la vigilancia y la supervisión se realicn en las condiciones que estamos conociendo. El dogma de tanta intervención como sea posible y tanta libertad como sea imprescindible es propio del pasado. Hoy no se puede justificar de modo alguno como no tiene justificación de ningún género que se pueda espiar a gogó sin límite.

La verdad es que la calidad del Estado de Derecho en que vivimos está bajo mínimos en muchas de sus principales manifestaciones materiales, también en lo que se refiere a la calidad de la libertad y de la participación.  Cuando pasen los años nuestros descendientes no acertarán a explicarse el grado de deterioro de la calidad democrática en que estamos instalados y, sobre todo, la escasa o nula capacidad de reacción popular. Hoy parte de la sociedad prefiere mirar para otro lado y de vez en cuando, para que no se diga, acudir a algún acto de protesta que otro, para que no se diga. Algo bien conocido, y promovido, por aquellos que están haciendo su agosto  con este estado de cosas en el que con ocasión y sin ella es menester aprovisionarse de toda clase de  sistemas de seguridad. Ahora, sin embargo, el pueblo está despertando más o menos y, de manos de planteamientos interesados, se agita y reclama nuevas políticas. Nuevas políticas que los nuevos movimientos políticos y sociales, canalizando hábilmente el descontento reinante, convertirán, sino reaccionan quienes deben hacerlo, en la base para un ejercicio totalitario del poder. Ejemplos hay están en la mente de todos. Y no muy lejanos territorial ni temporalmente.

Las desventuras de ser accionista minoritario.

El texto normativo del proyecto de Código Mercantil ya ha sido terminado por la Comisión General de Codificación y está a la espera de su remisión al Congreso de los Diputados por el Gobierno, es decir, está a punto de iniciarse el trámite parlamentario por el que se articulará la nueva ley que constituirá el marco general del Derecho mercantil y del Derecho de sociedades.

 Se ha producido un salto en el tiempo – desde el primer Código de Sainz de Andino de 1829 hasta el vigente de 1885 – transcurriendo más de 130 años desde la legislación mercantil se codificara, produciéndose mientras tanto una dispersión de leyes mercantiles especiales. Y ahora estamos en un nuevo período codificador.

 A la vista de lo anterior, la pregunta que se hace actualmente la doctrina es qué encaje tiene el anteproyecto de ley por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, que el pasado diciembre de 2013 fue publicado, concediéndose, en trámite de audiencia pública, un plazo para realizar las observaciones que se considerasen convenientes, plazo que expiró el pasado día 15 de enero de 2014.

 Este anteproyecto de Ley – ahora en Moncloa – va a ser objeto de un dictamen por el Consejo de Estado, pero la cohabitación de, por un lado, el texto del proyecto de Código Mercantil, de carácter codificador, y, por otro, del anteproyecto de ley citado se nos antoja de difícil encaje y cuando menos inoportuno.

 Este anteproyecto arranca de la comisión de expertos nombrada por el Consejo de Ministros, a propuesta de la CNMV, y está dirigido a reformar la Ley de Sociedades de Capital. Sin embargo, los postulados que asume no son exactamente los mismos que el proyecto de Código Mercantil auspiciado por el Ministerio de Justicia.

 La comisión de expertos ha hecho un trabajo ad hoc, con un mandato específico para implementar una legislación también especial. Sin embargo, parece que hubiera sido más lógico haberlo hecho de una forma coordinada con la Comisión General de Codificación y que además hubiera ahorrado complicaciones en la tramitación parlamentaria.

 Desde el punto de vista de la política jurídica, consideramos que su contenido normativo va dirigido a poner cortapisas al activismo accionarial. No cabe duda que ello va en contra de los vientos que corren por Europa, más aún desde la publicación de la Directiva 2007/36/CE, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas en las sociedades cotizadas.

 Se comenta en ámbitos profesionales que igual que hubo un Código Olivencia o un Código Conthe, podría haberse elaborado un Código Elvira Rodríguez de gobierno corporativo, pero lo que no parece ya tan lógico es que la reforma de la legislación de sociedades de capital en España se haga de manera descoordinada y bajo postulados que no son exactamente iguales a los que impregnan el proyecto de Código Mercantil.

 Pero no todo son críticas al anteproyecto de ley. El mismo tiene algunas virtudes. Entre estas últimas se encuentra que se permita conocer por parte de las asociaciones a los socios de las sociedades cotizadas, lo que permite articular mejor los intereses de los asociados, o la existencia de la puesta en marcha del registro administrativo de asociaciones.

 Pasemos a exponer alguno de los defectos de los que adolece el anteproyecto de ley, como por ejemplo que se exija un número mínimo de miembros para la constitución de una asociación de accionistas – 100 –, su registro en el Registro Mercantil o la obligación de tener auditorías, obligaciones estas más propias de las sociedades mercantiles que de las asociaciones sin ánimo de lucro.

 En conclusión, el anteproyecto, y en este punto también el proyecto de Código Mercantil, no puede ser más desafortunado para los accionistas minoritarios, porque parece ir dirigido a recortar el activismo accionarial, y lo que es peor, desalienta el activismo cooperativo, llamado a ser un gran instrumento de las sociedades cotizadas en relación con sus accionistas minoritarios. Esto solo favorecerá el activismo de juntas de pancarta y vocerío, algo muy en contra de lo que cualquier legislador debiera haber pretendido y que desde luego aparece muy alejado de los vientos que recorren Europa y de las legislaciones nacionales en Derecho Comparado Europeo.

 “Hasta que el legislador entienda que los accionistas minoritarios son un aliado fiel de los intereses de la compañía no habrá “capitalismo popular” ”

 Véase, por ejemplo, el caso de la legislación alemana, donde se legitima para ejercitar el derecho a completar el orden del día de la junta general (complemento de convocatoria) a los accionistas cuya participación alcance el 5% del capital social o la suma de 500.000 euros, lo que implica que, acogiéndose a este último supuesto, los accionistas minoritarios tienen mayores posibilidades de intervenir o participar en la vida societaria.

 Hasta que el legislador entienda que los accionistas minoritarios, debidamente articulados en los NEM (núcleos estables de accionistas minoritarios), son un aliado fiel de los intereses de la compañía no se producirá lo que ya venía en los años cincuenta anticipando y denominando el profesor Garrigues como “capitalismo popular”.

 Esta visión restrictiva de los derechos de los accionistas minoritarios no solo es antigua, sino que además evita la identificación de los accionistas con su compañía y va en contra de doctrinas sólidas como la alemana de la teoría de la empresa del profesor Wieland y que divulgara en España en los años cincuenta el profesor Girón Tena, según la cual la empresa debe conjugar los factores de capital y trabajo teniendo en cuenta siempre a sus accionistas, directivos y empleados.

 

Fuente: Cincodías

Las claves de la Reforma Fiscal 2014.

Tras la publicación del anteproyecto de Ley de reforma fiscal diseñada por el gobierno, a continuación pasamos a exponerles los principales aspectos a tener en cuenta:

I. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF ) 

Las principales modificaciones en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas son las siguientes:

A) Nueva escala de gravamen aplicable a la Base Liquidable General.

Uno los aspectos más relevantes introducidos por el Anteproyecto de ley, es la reducción a 5 tramos de la tarifa general del IRPF, siendo su desglose el siguiente:

 BASE IMPONIBLE HASTA  TIPO % (2015)  TIPO % (2016)
EUROS 12.450 20% 19%
12.450 20.200 25% 24%
20.200 34.000 31% 30%
34.000 60.000 39% 37%
60.000 EN ADELANTE 47% 45%

 

B) Nueva reducción general para obtención de rendimientos del trabajo.

 

Se establece un incremento en la reducción de los rendimientos del trabajo para rentas inferiores a 14.400 euros. Con la reforma del IRPF, los trabajadores podrán minorar sus rendimientos del trabajo en una cuantía fija de 2.000 euros en concepto de otros gastos, pudiendo incrementarse dicha cantidad en los siguientes supuestos:

 

- traslado a otro municipio con motivo de un nuevo contrato laboral

- trabajadores activos con discapacidad.

 

Por otro lado, para el caso de los trabajadores autónomos o por cuenta propia la reducción actual se ve incrementada, a la vez que se crea una nueva reducción general para autónomos con menores recursos.

 

Así, la reducción seguirá el siguiente esquema

 

-          rendimientos del trabajo inferiores a 11.250 euros: 3.700 euros anuales.

-          rendimientos del trabajo entre 11.250 euros y 14.450 euros: restar 3.700 euros al resultado de multiplicar por 1,15625 la diferencia entre el rendimiento del trabajo 11.250 euros anuales.

 

Esta reducción será aplicable siempre que el resto de rentas distintas a las del trabajo no superen los 6.500 euros anuales. Asimismo, como hemos mencionado, a esta reducción se le ha de adicionar otra de 2.000 euros en concepto de otros gastos deducibles.

 

C) Retenciones.

 

  • Porcentaje de retención e ingreso a cuenta de los rendimientos del trabajo percibidos por la condición de administradores y miembros de los consejos de administración: 35%

 

Sin embargo, si dichos rendimientos proceden de entidades con un importe neto de la cifra de negocios inferior a 100.000 euros será del 19%

 

  • Porcentaje de retención e ingreso a cuenta  sobre los rendimientos del capital mobiliario: 19%. Sin embargo, si tienen derecho a deducción en cuota, el porcentaje se reducirá a la mitad.

 

  • Porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos derivados de actividades económica:

 

  1. 19%: rendimientos de actividades profesionales establecidos reglamentariamente. Siendo este porcentaje del 9% o del 15%, cuando el volumen de rendimientos íntegros sea inferior a 12.000 euros anuales, y se disponga reglamentariamente.

 

  1. 2%: actividades forestales, agrícolas o ganaderas, salvo actividades de engorde de porcino o avicultura que sea del 1%.

 

  1. 1%: otras actividades empresariales que determinen su rendimiento por estimación objetiva.

 

  • Porcentaje de pagos a cuenta sobre las ganancias patrimoniales derivadas de las transmisiones o reembolso de acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva; derivadas de aprovechamientos forestales de montes públicos; y derivadas de transmisión de derechos de suscripción: 19%.

 

D) Mínimo personal y familiar.

 

Las principales reformas en este ámbito se desglosan en dos:

 

1. Nuevas ayudas a las familias y a personas con discapacidad.

 

Se mantiene las ayudas para las madres trabajadoras, y se crean nuevas figuras de protección social:

 

¨       Familia con hijos dependientes con discapacidad. (< 33%).

¨       Familia con ascendientes dependientes con discapacidad (< 33%).

¨       Familia numerosa:

  • Con 3 o más hijos
  • Con 2 hijos, y uno de ellos con discapacidad (< 33%).

¨       Familia numerosa de categoría especial:

  • Con 5 o más hijos.
  • Con 4 hijos, y al menos tres por parto o adopción múltiple.
  • Con 4 hijos, e ingresos anuales no superiores al 75% del IPREM.

 

El importe de la deducción será de 1.200 euros anuales, acumulables para cada una de las anteriormente citadas situaciones familiares. Pudiendo cobrarse por adelantado y siendo, ampliable según la situación personal de cada uno de los contribuyentes

 

2. Aumento de los mínimos familiares:

 

IRPF 2014 IRPF 2015
Descendientes 1º: 1.8362º: 2.0403º: 3.6724º: 4.182 1º: 2.4002º: 2.7003º: 4.0004º: 4.500
Menores de 3 años 2.244 2.800
Ascendientes entre 65 y 75 años 1º: 9182º: 2.040 1º: 1.1502º: 2.550
- Discapacidad entre 33% y 65% con movilidad reducida. - Discapacidad < 65%. 1º: 2.3162º: 4.6323º: 9.354 1º: 3.0002º: 6.0003º: 12.000

 

E) Nueva Tarifa de la Base Liquidable del Ahorro.

 

 Base imponible  Tipo % 2014  Tipo %  2015  Tipo % 2016
Hasta 6.000 21% 20% 19%
6.000 – 24.000 25% 22% 21%
24.000 – 50.000 27% 22% 21%
50.000 En adelante 27% 24% 23%

 

Asimismo y, en cuanto a la base imponible del ahorro se establece una nueva modificación referida a la incorporación en la misma de las ganancias y perdidas patrimoniales cualquiera que sea el plazo de permanencia en el patrimonio del contribuyente.

 

F) Plan Ahorro a largo plazo o  “PLAN AHORRO 5”.

 

Se crea un nuevo instrumento dirigido a pequeños inversores, caracterizado por la exención de las rentas generadas por la cuenta del depósito o seguro de vida, siempre que se aporten cantidades inferiores a 5.000 euros anuales durante un plazo de al menos 5 años.

 

Estos planes podrán adoptar la forma de cuenta bancaria o seguro, siempre que garanticen la restitución de, al menos el 85% de la inversión.

 

G) Supresión de la deducción por alquiler.

 

Articulándose un régimen transitorio para los alquileres efectuados con anterioridad a 2015.

 

H) Nueva fiscalidad de las reducciones de capital social con devolución de aportaciones y del reparto de la prima de emisión.

 

Así la parte de las mismas correspondientes a reservas generadas por la entidad durante el tiempo de tenencia de la participación tributará de forma análoga a si se hubieran repartido directamente tales reservas.

 

En lo relativo a la venta de derechos de suscripción, se procede a homogeneizar su tratamiento entre sociedades cotizadas y no cotizadas.

 

I) Supresión de la exención por dividendos y de los denominados “coeficientes de abatimiento”.

 

J) Modificación de la fiscalidad de la exención aplicable a las indemnizaciones por despido.

 

Quedando la exención tal y como muestra este cuadro:

 

 SUELDO ANUAL  INDEMNIZACIÓN % INDEMNIZACIÓN EXENTA 2014 % INDEMNIZACIÓN EXENTA 2015
12.000 1.100 100% 100%
15.000 1.375 100% 100%
20.000 1.833 100% 100%
30.000 2.750 100% 72,72%
40.000 3.666 100% 54,55%
50.000 4.583 100% 43,64%
100.000 9.166 100% 21,82%
150.000 13.750 100% 14,54%

 

K) Supresión de la exención por entrega de acciones gratuitas a los trabajadores de la propia empresa en la que trabajan.

 

L) Se minora al 30% el porcentaje de reducción aplicable a los rendimientos con período de generación superior a 2 años u obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo.

 

M) Se refuerzan los requisitos para aplicar la transparencia fiscal internacional.

 

N) Se establece la tributación de las ganancias tácitas derivadas de acciones o participaciones en entidades relevantes, puesta de manifiesto cuando el contribuyente traslada su residencia fiscal a otro país, antes de que se produzca la enajenación de la cartera.

 

Ñ) Modificación del método de estimación objetiva aplicable en la determinación del rendimiento neto de determinadas actividades.

 

A partir de 2016 se introducen nuevos requisitos para su aplicación, mediante la reducción de los limites objetivos, y cualitativos. Asimismo, sólo podrán acogerse a este método las actividades que por su naturaleza se relacionan fundamentalmente con los consumidores finales.

 

O) Reducción de la tributación aplicable a los rendimientos del trabajo en especie derivados de la cesión de uso de vehículos menos contaminantes.

 

 

II. IMPUESTO DE LA RENTA SOBRE NO RESIDENTES.

 

En el ámbito del Impuesto de la Renta sobre no residentes, las principales modificaciones son las siguientes:

 

A) Se establece una distinción para contribuyentes sin establecimiento permanente, entre personas físicas y jurídicas.

 

Diferenciando para cada uno de los supuestos los gastos deducibles, de acuerdo a las normativas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades.

 

B) Se permite a los contribuyentes residentes en otros Estados Miembros de la Unión Europea, tributar como contribuyentes del IRPF.

 

C) Las ganancias patrimoniales obtenidas por contribuyentes no residentes quedarán excluidas de gravamen cuando se obtengan con motivo de la transmisión de su vivienda habitual en territorio español, siempre y cuando, el importe obtenido por la transmisión se reinvierta en la adquisición de una nueva vivienda habitual.

 

D) Modificación de los tipos de gravamen.

 

-          Tipo General: 24%

-          Residentes en un Estado Miembro de la UE: 19%

 

E) Modificación de las cláusulas anti-abuso.

 

En lo relativo a la no aplicación de la exención de los beneficios distribuidos por sociedades residentes en territorio nacional a sus matrices residentes en otros Estados miembros de la UE.

 

Asimismo, no será de aplicación la exención en los cánones pagados por sociedades residentes en territorio español a sus sociedades asociadas residentes en otros Estados miembros de la UE.

 

F) Se adapta la atribución de beneficios a los establecimientos permanentes, a la legislación aplicable de acuerdo con los Convenios para evitar la doble imposición suscritos por España.

 

III. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

 

Las principales novedades legislativas en este ámbito son:

 

A) Incorporación del concepto de actividad económica.

 

El artículo 5 del Anteproyecto de Ley entiende por actividad económica “la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes y servicios. En el caso de arrendamiento de bienes inmuebles, se entenderá que existe actividad económica, únicamente cuando para su ordenación se utilice, al menos una persona empleada con contrato laboral y jornada completa.”

 

B) Las sociedades civiles que tienen objeto mercantil pasan a ser consideradas contribuyentes del impuesto.

 

C) Modificaciones a la Base Imponible.

 

-          Se actualiza el principio de devengo en consonancia con el Plan General Contable de 2007.

-          Se difiere en el tiempo la integración en la base imponible  de las rentas negativas generadas en la transmisión de elementos del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, intangibles y valores representativos de deuda, siempre y cuando la transmisión se produzca en el ámbito de un grupo de sociedades.

-          Simplificación de las tablas de amortización.

-          Se mantiene la libertad de amortización para elementos vinculados a la actividad de I+D+i, y se incorpora para elementos nuevos del inmovilizado material, cuyo valor unitario no exceda de 300 euros, hasta el límite de 25.000 euros por ejercicio

-          Se establece la no deducibilidad de cualquier tipo de deterioro, siendo únicamente deducibles los correspondientes a existencias, y créditos y partidas a cobrar.

-          En lo relativo a gastos deducibles, las principales novedades introducidas por el Anteproyecto de Ley son las siguientes:

 

Préstamos participativos otorgados por entidades pertenecientes al mismo grupo de sociedades: se equipara su tratamiento fiscal al de la financiación propia.

 

  1. Instrumentos financieros representativos de participaciones en el capital o fondos propios de entidades que contablemente tienen la consideración de pasivos financieros: se otorga el mismo tratamiento fiscal de cualquier participación en el capital o fondos propios de entidades.

 

  1. Limitación de gastos de atención a clientes: se limitan al 1% del importe de la cifra de negocios de la entidad.

 

  1. Retribución de los administradores: no tendrán la consideración de donativo o liberalidad las retribuciones a administradores por desempeño de funciones distintas a las correspondientes a su cargo.

 

  1. Gastos relativos a operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas: no serán deducibles cuando como consecuencia de una calificación fiscal diferente de las vinculadas, no generen ingreso o generen un ingreso exento o sometido a un tipo de gravamen inferior al 10%.

 

  1. Limitación a la deducibilidad de los gastos financieros: se mantienen los límites actuales en cuanto a la deducibilidad de dichos gastos. Si bien, adicionalmente se limitan los gastos financieros asociados a la adquisición de participaciones, cuando la entidad se incorpore a un grupo de consolidación fiscal, o es objeto de una operación de reestructuración.

 

-          En el ámbito de las operaciones vinculadas, aparecen las siguientes novedades:

 

  1. Se simplifican las obligaciones de documentación de las entidades o grupo de entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 45 millones de euros.

 

  1. El perímetro de vinculación en el ámbito de la relación socio-sociedad queda fijado en un 25% de participación.

 

  1. Vuelve a considerarse la existencia de vinculación entre dos sociedades en el supuesto que una pueda ejercer poder de decisión sobre la otra.

 

  1. Se elimina la jerarquía de métodos de valoración de operaciones

 

  1. Se ajusta la valoración de operaciones de los socios con las sociedades profesionales a la realidad económica.

 

  1. Se establece un régimen sancionador menos gravoso.

 

-          En lo relativo a la compensación de Bases Imponibles negativas, las principales novedades son:

 

  1. Se permite la aplicabilidad de las bases imponibles negativas en un futuro sin límite temporal.

 

  1. Se introduce una limitación cuantitativa del 60% de la base imponible previa a su compensación, y admitiéndose, en todo caso, un importe mínimo de 1 millón de euros. Sin embargo, esta limitación no será de aplicación en el supuesto de quitas o esperas  consecuencia de acuerdo de acreedores del cliente.

 

  1. Se establece la no prescripción del derecho de la Administración tributaria a realizar comprobaciones e investigaciones en relación con las bases imponibles negativas, con las mismas potestades que en la comprobación de ejercicios no prescritos.

 

D) Se reduce tipo de gravamen.

 

  • En 2015, el tipo de gravamen será el 28%.
  • En 2016, el tipo será del 25%.
  • Para entidades de nueva creación que realicen actividades económicas: se mantiene 15% para el primer periodo impositivo en que se obtiene una base imponible positiva y el siguiente.

 

Se mantiene  el tipo de gravamen del 30% para entidades de crédito.

 

E) Deducción por doble Imposición.

 

Se establece un régimen general de exención para participaciones significativas, tanto nacional como internacional.

 

F) Incentivos fiscales.

 

  1. Eliminación de deducción por inversiones medioambientales, reinversión de beneficios extraordinario y por reinversión de beneficios.

 

  1. Establecimiento de la reserva indisponible de capitalización: se introduce una reducción en la base imponible del 10% del incremento de los fondos propios.

 

  1. Deducción de I+D+i: se mantienen los porcentajes para aquellas entidades que destinen más del 10% del importe neto de la cifra de negocios a este tipo de gastos.

 

  1. Deducción por inversión en producciones cinematográficas: el porcentaje de la deducción se incrementa al 20% para el primer millón de euros. Si la producción supera dicho importe, el exceso tendrá una deducción del 18%, no pudiendo superar el límite de los 3 millones de euros.

 

Para grandes producciones internacionales se establece una deducción del 15% de los gastos realizados en territorio español.

 

G) Se modifican los requisitos del régimen especial de consolidación fiscal.

 

  1. En lo relativo a la configuración del grupo fiscal se exige que se posean la mayoría de los derechos de voto de las entidades incluidas en el perímetro de consolidación.

 

  1. Se permite la incorporación en el grupo fiscal de entidades indirectamente participadas a través de otras que no formen parte del grupo fiscal, como puede ser el caso de entidades no residentes en territorio español.

 

  1. La integración de un grupo fiscal en otro no conlleva los efectos de la extinción de aquel, de forma que la fiscalidad permanezca neutral en operaciones de reestructuración que afectan a grupos de consolidación fiscal.

 

H) Régimen especial de operaciones de reestructuración.

 

  1. Se configura como régimen general aplicable

 

  1. Se establece una obligación genérica de comunicaron a la Administración tributaria de la realización de operaciones que aplican este régimen especial.
  2. Desaparece el tratamiento fiscal del fondo de comercio de fusión.

 

  1. Se establece la subrogación de la entidad adquirente en las bases imponibles negativas generadas por una rama de actividad, cuando la misma es objeto de transmisión por otra entidad.

 

  1. La Administración tributaria tiene atribuida la facultad de determinar la inaplicabilidad del régimen y la facultad de circunscribir regularizaciones en este ámbito.

 

I) Régimen especial de empresas de reducida dimensión.

 

  1. Este régimen no será de aplicación para entidades cuya actividad principal sea la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con los términos del artículo 4.Ocho.Dos. a) de la Ley del Impuesto sobre Patrimonio:

 

i.      Que durante más de 90 días del ejercicio social  más de la mitad del activo esté constituido por valores, o

ii.      Más de la mitad del activo no esté afecto a actividades económicas.

 

  1. Se elimina la escala de tributación de este régimen especial.

 

  1. Se crea la llamada “Reserva de nivelación de bases imponibles”: se permite la reducción de la base imponible hasta un 10% de su importe, permitiendo minorar la tributación de un determinado periodo impositivo respecto de las bases imponibles negativas que se vayan a generar en los 5 ejercicios siguientes, anticipando en el tiempo la aplicación de bases imponibles negativas. Siempre con el límite anual de 1 millón de euros.

 

En caso de que no generen bases imponibles negativas en este período, se produce un diferimiento durante 5 años de la tributación de la reserva constituida.

 

IV. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA)

 

A) Nueva regla de localización de los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y de las prestaciones de servicios efectuadas por vía electrónica.

 

Cuando se presten a una persona que no tenga la consideración de empresario o profesional, se entenderán gravados en el lugar donde el destinatario del servicio esté establecido, tenga su domicilio o residencia habitual, independientemente del lugar donde esté establecido el prestador de servicios. Tanto si el prestador del servicio es un empresario establecido en la Comunidad Europea o fuera de esta.

 

Para ello se añade un nuevo Capítulo XI en el Título IX de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que prevé la aplicación de dos nuevos regimenes:

 

  1. Régimen exterior de la Unión
  2. Régimen de la Unión.

 

B) Elevación del tipo de gravamen aplicable a los productos sanitarios.

 

Los equipos médicos, aparatos, productos sanitarios y demás instrumental, de uso médico y hospitalario pasan a tributar a un tipo del 21%.

 

Manteniéndose el tipo reducido del 10% para aquellos productos  que, por sus características objetivas, estén diseñados para aliviar o tratar deficiencias, para uso personal y exclusivo de personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, especificados en el Anexo octavo de la ley del impuesto.

 

C) Modificación del régimen especial de agencias de viajes.

 

Introduciéndose la posibilidad de la aplicación del régimen general, siempre y cuando el destinatario de las operaciones sea un empresario o profesional que, tenga derecho a la deducción del impuesto.

 

D) Modificación de la valoración de las operaciones cuya contraprestación no sea carácter monetario.

 

Se fija como base imponible de la operación, el valor acordado entre las partes, que tendrá que expresarse en forma monetaria, acudiendo como criterio residual a las reglas de valoración del autoconsumo.

 

E) Se establece una separación entre subvenciones no vinculadas al precio de las operaciones, que no forman parte de la base imponible, y las contraprestaciones pagadas por un tercero.

 

F) Se suprime la exención de los servicios prestados por los fedatarios públicos en operaciones financieras exentas o no sujetas al impuesto.

 

G) Se amplía el supuesto de no sujeción de las operaciones realizadas por entes públicos.

 

H) Se suprime la exención por las entregas y adjudicaciones de terrenos realizadas entre las Juntas de Compensación y los propietarios de aquellos.

 

I) Se amplía el ámbito objetivo de aplicación de la renuncia a las exenciones inmobiliarias.

 

No se vincula el ejercicio de la renuncia a las exenciones inmobiliarias del artículo 20, al requisito de que el empresario o profesional tenga derecho a la deducción total del impuesto soportado en función del destino previsible en la adquisición del inmueble.

 

Si bien, se exigirá que el empresario tenga derecho a la deducción total o parcial del impuesto soportado al realizar la adquisición o en función del destino previsible del inmueble adquirido.

 

J) Nueva fiscalidad de las entregas de bienes objetos de instalación o montaje antes de la puesta a disposición en territorio de aplicación del impuesto.

 

Tributaran como entregas de bienes con independencia de que el coste de la instalación exceda o no del 15% en relación con el total de la contraprestación.

 

K) Flexibilización del procedimiento de modificación de la base imponible, recogido por el artículo 80 de la ley del impuesto.

 

a)      Deudor en concurso: se amplían a 3 meses el plazo para modificar la base imponible.

 

b)      Créditos incobrables: las PYMES podrán modificar la base imponible transcurrido el plazo de 6 meses o, podrán esperar al plazo general de 1 año exigido al resto de empresarios

 

Con respecto a alas operación sometidas al régimen especial del criterio de caja, se podrá declarar como crédito incobrable, y por tanto, se permitirá la modificación de la base imponible  cuando se produzca el devengo del régimen por aplicación de la fecha límite de 31 de diciembre del año inmediato posterior a la fecha de realización de la operación.

 

L) Ampliación del ámbito de aplicación de la prorrata especial.

 

Se establece un tipo del 10% de la diferencia admisible en cuanto a montante de cuotas deducibles en un año natural que resulten por aplicación de la prorrata general en comparación con las que resulten por aplicación de la prorrata especial.

 

M) Se excepciona la exigencia del principio de reciprocidad en el régimen especial de devoluciones a determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto  ni en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla.

 

Esta excepción será aplicable a las cuotas soportadas en las adquisiciones e importaciones de determinados bienes y servicios, como los de hostelería, restauración y transporte vinculados a la asistencia a ferias, congresos y exposiciones.

 

N) Modificación del régimen especial del grupo de entidades.

 

Se exige la existencia de tres ordenes de vinculación, económica, financiera y de organización, a las entidades del grupo.

 

La vinculación financiera exige un control efectivo de la entidad a través de una participación del 50% en el capital o en los derechos de voto de las mismas.

 

Ñ) Se posibilita el diferimiento  del impuesto sobre la importación y las cuotas del IVA a la importación.

 

O) Se amplían los supuestos de aplicación de la regla de inversión de sujeto pasivo.

 

La inversión del sujeto pasivo se podrá aplicar en los supuestos de entregas de teléfonos móviles, consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas digitales, así como de plata, platino y paladio.

 

P) Nuevos tipos de infracciones y sanciones.

 

  1. Falta de comunicación o la comunicación incorrecta por parte de los empresarios o profesionales destinatarios de determinadas operaciones a las que resulta aplicable la regla de inversión del sujeto pasivo, tratándose de ejecuciones de obra para la construcción o rehabilitación de edificios o urbanización de terrenos y transmisiones de inmuebles en ejecución de garantía: estableciéndose una sanción del 10% de las cuotas devengadas respecto a las que se ha producido el incumplimiento en la comunicación.

 

  1. Falta de consignación de las cuotas liquidadas del impuesto a la importación para aquellos operadores que puedan diferir al tiempo de la presentación de la correspondiente declaración-liquidación.

 

Q) Nuevo régimen de depósito distinto del aduanero.

 

Este régimen será de aplicación con objeto de restringir la exención de las importaciones de bienes que se vinculen a dicho régimen.