Adoptada por la World Jurist Association en su Congreso Mundial celebrado en Madrid el 19 y 20 de febrero de 2019
Nosotros, magistrados y jueces, abogados, profesores de Derecho y ejercientes de otras profesiones jurídicas, académicos de disciplinas afines y dirigentes mundiales en los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales, procedentes de los cinco continentes, nos hemos reunido libremente en Madrid, la capital de España, los días 19 y 20 de febrero de 2019, a título personal, para manifestar nuestro indiscriminado apoyo a la plena vigencia y garantía del Estado constitucional y democrático de Derecho.
Preocupados por la situación de deterioro de la democracia constitucional que en algunos países del mundo se está manifestando. Conscientes de que ese deterioro supone un riesgo cierto para la paz, los derechos humanos y la división de poderes y, en definitiva, para la dignidad de la persona, que sólo la democracia constitucional y su inseparable Estado de Derecho pueden garantizar.
Convencidos de que para conjurar esas amenazas no hay otro camino que el de reforzar y mejorar las instituciones políticas y sociales representativas, cuya organización deberá ser fiel a los principios y valores del Estado Constitucional democrático de Derecho, y cuya actuación, en el desempeño de sus funciones, deberá estar marcada por la ejemplaridad y, por eso, regida por la más estricta ética pública.
Decidimos, en forma unida, recordar ciertos principios fundamentales y proponer medios adecuados para que la paz, la libertad, la igualdad y el respeto al Estado de Derecho continúen siendo el horizonte de la conducta de los juristas, los responsables políticos y sociales y los ciudadanos. En tal sentido, y como resultado de lo tratado en nuestra reunión, este Congreso Mundial de la World Jurist Association, dedicado precisamente a debatir sobre “constitución, democracia y libertad”, ha aprobado por unanimidad las siguientes:
CONCLUSIONES
Primera. Nos unimos a la celebración del cuarenta aniversario de la vigente Constitución española, que ha establecido un verdadero Estado social y democrático de Derecho. Por ello felicitamos a las instituciones, a los líderes políticos y sociales y a los ciudadanos que, al amparo de esta Constitución, han hecho posible que España, en estos cuarenta años, haya vivido una de las etapas más admirables de su historia.
Segunda. Como muestra del apoyo de este Congreso a la actual democracia constitucional española, a su impecable Estado de Derecho y especialmente a su Monarquía parlamentaria, que ha sido y es la clave de bóveda de ese sistema, queremos expresar nuestra satisfacción por la alta distinción, el “Premio Mundial por la Paz y por la Libertad”, que, como homenaje y reconocimiento por el cumplimiento ejemplar de sus funciones, la World Jurist Association ha otorgado a Su Majestad el Rey Don Felipe VI.
Tercera. La relación inseparable entre Constitución, democracia y libertad es una de las grandes conquistas de la civilización humana, en cuanto que representa la fórmula más racional y segura de limitar y controlar el poder en beneficio de los ciudadanos. Por eso todos los juristas y los responsables de las instituciones públicas deben comprometerse, de manera firme e inequívoca, en la tarea de conseguir que ello sea una realidad en todos los lugares de la Tierra.
Cuarta. No puede aceptarse, en consecuencia, que se apele a la democracia por encima del Derecho, ni a la libertad por encima del Derecho, ni a la paz sin el Derecho. De ahí la necesidad de hacer frente a los populismos, nacionalismos excluyentes y cualquier otro fundamentalismo identitario, que, aún escudándose a veces en un falso entendimiento de la democracia o la seguridad, lo que pretenden realmente es destruir la única democracia auténtica y pacífica, la democracia constitucional, porque es la única que ha probado históricamente su efectividad para lograr una ordenada convivencia basada en el respeto a la dignidad humana.
Quinta. La sumisión de todos los poderes públicos a la Constitución, la absoluta independencia judicial, la representación política basada en elecciones libres, veraces y transparentes, el pleno respeto al pluralismo político, social, religioso y cultural, la garantía efectiva de los derechos humanos sin discriminación alguna por razones de sexo, edad o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social, sólo pueden ser realidad en el Estado de Derecho. Sin él no hay democracia, ni libertad, ni igualdad, porque sin el Derecho ninguna de ellas estaría garantizada. Por ello reprobamos las vulneraciones del Estado de Derecho que hoy, lamentablemente, se producen en determinados lugares del mundo.
Sexta. El Derecho es el instrumento indispensable para la paz entre los individuos, los grupos sociales y las naciones. La paz sin Derecho sería una falsa paz pues sólo estaría apoyada en la fuerza. Y la fuerza sólo es legítima si se ejerce conforme a Derecho. La opción en exclusiva por la fuerza sólo puede conducir a la dictadura, a una paz sin justicia, que es, de manera execrable, lo que aún sucede en algunos países.
Séptima. La multilateralidad en las relaciones internacionales resulta indispensable para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones y para afrontar con eficacia los problemas políticos, económicos y sociales que afectan a todos los seres humanos. Una multilateralidad que debe tener como agentes a los Estados, pero también a las grandes empresas y a las organizaciones no gubernamentales, ya que hoy asistimos a una globalización que no afecta sólo a la política, sino además a los negocios, la cultura y las comunicaciones, y que ha de estar orientada por unos principios éticos para evitar, en una sociedad digital como la presente, los riesgos de desinformación y falsas noticias que pueden distorsionar los mercados, eliminar el conocimiento veraz de la realidad o incluso vulnerar el derecho al honor de las personas o la imagen fiel de los grupos en que se integran.
Octava. Para que la libertad e igualdad de todas las personas sean reales y efectivas, las garantías formales que el Estado de Derecho ofrece, siendo necesarias, no son suficientes. Es preciso también promover unas condiciones materiales que permitan a la humanidad disfrutar la libertad e igualdad de manera plena, asegurando un nivel de bienestar al que todos tengan acceso, un desarrollo económico sostenible y una vida sana. Esa es precisamente la finalidad de los Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenible aprobados por las Naciones Unidas en el año 2015 e incorporados a su Agenda 2030. Ellos convocan a una acción global a la que este Congreso se adhiere.
Novena. Tampoco la legitimidad democrática del poder, siendo necesaria, es suficiente por sí sola para preservar la propia democracia. Ha de ir acompañada de la legitimidad de ejercicio. Las carencias de esta última son una de las causas que han provocado los problemas con los que hoy se enfrenta el sistema democrático. Por eso hacemos un llamamiento a las instituciones públicas y los partidos políticos a fin de que revistan sus actuaciones de la ejemplaridad que la Constitución y los ciudadanos demandan. Este es el camino más seguro para mantener y fortalecer la democracia constitucional.
