Se crea una alianza para coordinar a los abogados que representan alrededor de 3.000 perjudicados, entre viajeros, trabajadores y proveedores.

La solicitud al Gobierno viene amparada en la necesidad de dotar al ordenamiento jurídico español de los mecanismos legales que se contemplan en otros países.

La adecuada compensación de los afectados es muy importante para recuperar el daño que ha sufrido la imagen de España con el abrupto cierre de Spanair.