Puede haber hasta 20.000 casos que podrían acabar en litigios amparados, de un lado por la doctrina del Tribunal Supremo y, por otro, en un inminente dictamen de Competencia que la gran banca espera con inquietud.

El Supremo, ha quitado la razón a las Audiencias Provinciales de Burgos, Sevilla, Almería o Ávila, ha establecido que “no cabe entender suplido el deber de información por el contenido del propio contrato de swap, ya que la mera lectura de las estipulaciones contractuales no es suficiente, y requiere una actividad complementaria del banco, realizada con antelación suficiente”.

“Nos podemos encontrar con una litigiosidad bastante potente. Menos escandalosa que la de las cláusula suelo”, expone Alberto Ruiz Ojeda, socio de Cremades & Calvo Sotelo, remarcando que los afectados son empresarios, aunque pequeños, en lugar de consumidores, pero “puede ser una nueva avalancha”, considera.

Contratar el swap suponía topar el tipo de interés del préstamo con un techo y un suelo para blindar el coste de la financiación, impidiendo que el cliente pagara más del 6,5% o menos del 3,5%, por ejemplo. “El swap ha sido un mecanismo muy utilizado y lo seguirá siendo. Lo que pasa es que se popularizó entre pymes y pequeños empresarios del fotovoltaico”, incide Ruiz Ojeda, apuntando que cuando los tipos se desplomaron a sus mínimos históricos sus suscriptores continuaron pagando el crédito a precios precrisis.

Aunque el Supremo ya ha sentado jurisprudencia favorable a los demandantes, lo que está elevando el número de litigios, la resolución que publique sobre el asunto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) puede ser un detonante que multiplique los pleitos. Hace ahora un año, el organismo abrió una investigación contra Santander, CaixaBank, BBVA y Sabadell ante la sospecha de que concertaron los precios de los swap comercializados entre empresas de energías renovables. Se espera que el dictamen llegue antes de verano. Y que, si la banca es declarada culpable, la nueva brecha judicial se ensanche.