A través de la Ley 21/2022, de 19 de octubre, se crea un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Para ello, se debe recordar que, en España, durante los años 1994 y 2008, el número de fallecimientos vinculados directamente al amianto fue de 3943. Asimismo, durante todo el siglo XX se importaron unas 2.600.000 toneladas de amianto. El pico máximo de consumo se produjo entre los años 1970 y 1980, entre las cuales unas tres cuartas partes se utilizaron para fabricación de fibrocemento para la construcción, cifra similar a la de otros países.

La exposición de motivos de esta Ley afirma que, “si se hace una estimación del número anual de casos de patologías por amianto, entre los años 2003 y 2009 podrían haberse producido 7.154 casos a indemnizar en sus diferentes modalidades. De estos datos se puede deducir que hasta 2023 seguiremos con un número ascendente de casos, lo que pone más en evidencia la necesidad de poner en marcha en nuestro país un fondo de compensación como los existentes en Francia, Holanda o Bélgica. A partir del 2023 se estabilizarán las cifras y se iniciará una rápida tendencia descendente. Estas son las previsiones.”

Por el normal transcurso del tiempo, muchas de las empresas responsables de la indemnización han sufrido cambios, razón por la cual este fondo de compensación busca conseguir que aquellas “familias o trabajadores y trabajadoras afectadas que tienen vedada la vía judicial, por no tener empresa a la que reclamar la indemnización, vean compensado el daño.”

El Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto es un Fondo carente de personalidad jurídica regulado en el artículo 137 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, adscrito a la Administración General del Estado, que actuará como instrumento para la gestión financiera de los recursos económicos a que se refiere el artículo 4 de la presente ley.

El fin de este Fondo es la reparación íntegra de los daños y perjuicios sobre la salud resultantes de una exposición al amianto padecidos por toda persona en su ámbito laboral, doméstico o ambiental en España, así como a sus causahabientes en los términos establecidos en la presente ley.

Asimismo, se determina que las personas beneficiarias de la reparación íntegra serán aquellas resultantes de una exposición al amianto padecidos en el ámbito laboral, domestico o ambiental en España: (i) las personas que hayan obtenido el reconocimiento de una enfermedad profesional ocasionada por el amianto; (ii) las personas con una enfermedad que no pueda ser reconocida como profesional, pero de la cual se haya determinado o pueda determinarse que su causa principal o coadyuvante haya sido su exposición al amianto; y, (iii) las personas causahabientes de los beneficiarios mencionados en las letras anteriores, en los términos que se determinen reglamentariamente.

El procedimiento para la solicitud de compensación se iniciará a solicitud de la persona perjudicada o de los causahabientes y deberá ser dirigida al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Asimismo, deberá ir acompañada de los documentos acreditativos de la enfermedad y lesiones sufridas, así como que han sido originadas o lo han podido ser por la exposición al amianto, incluidos los certificados médicos, informe sanitario del Programa Integral de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores que han sido expuestos en Amianto (PIVISTEA), así como todos los documentos necesarios para probar la realidad de la exposición al amianto. Cuando se haya determinado el origen profesional de la enfermedad, el solicitante adjuntará a la petición exclusivamente la resolución de reconocimiento.

Para más información puede contactar con nuestro departamento especializado en Derecho Administrativo a cualquiera de los siguientes correos electrónicos:

(Se puede acceder a la Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, a través del siguiente enlace: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-17100).

10 de noviembre de 2022