En los últimos años hemos presenciado un auge de la práctica de notificaciones a través de medios electrónicos -bien, porque determinados sujetos están obligados por Ley a relacionarse electrónicamente con la administración bien, porque lo eligen voluntariamente-. 

Esta inevitable tendencia a relacionarse por medios electrónicos con la administración, requiere conocer en profundidad las particularidades a las que está sujeto -que difiere de las notificaciones efectuadas en papel- pues las notificaciones de los actos administrativos constituyen un trámite fundamental en los procedimientos administrativos que tiene importantes consecuencias tanto para la administración como para el administrado y que deviene esencial para la correcta defensa de los intereses de estos últimos. 

En primer lugar, para la Administración, su obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos se entenderá cumplida con la mera puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica, sin que sea necesario que el administrado acceda al contenido de la misma para entender cumplida la citada obligación. 

Por su parte, para el administrado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (“LPAC”), la notificación se entenderá practicada en el momento en que se produzca el acceso a su contenido, fecha a partir de la cual empezarán a computar los plazos para responder o recurrir el acto de que se trate. No obstante, el plazo del que dispone el administrado para acceder a la notificación no es indefinido, habiendo fijado el legislador un plazo máximo de 10 días naturales. 

A día de hoy, no es ajeno a la realidad de aquellos que no están familiarizados a relacionarse electrónicamente con la administración, o que no acostumbren a revisar periódicamente su sede electrónica, que transcurra el citado plazo de 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica sin que se acceda a ella, más aún cuando, atendiendo a la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, la falta de envío de un aviso al correo electrónico del administrado para informar de la puesta a disposición de la notificación no impide que esta sea plenamente válida, debido al carácter meramente informativo de dicho aviso a tenor de lo dispuesto en el artículo 41.6 LPAC y el 43.1 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 2286/2022 de 25 de mayo). 

Expuesto lo anterior, cabe preguntarse qué sucede cuando transcurridos 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica el administrado no accede a la misma o accede en un momento posterior y cuáles son sus efectos.

a) Rechazo de la notificación. 

El apartado 2 del citado artículo 43 de la LPAC describe las consecuencias de la falta de acceso a la notificaciones realizadas a través de medios electrónicos, expresando de forma clara y literal que transcurridos 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido esta “se entenderá rechazada”

La LPAC distingue entre notificaciones infructuosas (art. 44 LPAC) y notificaciones rechazadas. Mientras que las notificaciones infructuosas exigen que se notifique nuevamente mediante publicación por edicto, en el caso de las notificaciones rechazadas, se da por efectuado el trámite y se continua el procedimiento, tal como recoge el articulo 41.5 LPAC. 

En consecuencia, estableciendo la LPAC de forma literal que la falta de acceso a las notificaciones electrónicas en el plazo de 10 días naturales conlleva el rechazo de la notificación, esta desplegará todos sus efectos, sin que la administración tenga la obligación de volver a notificar el acto por otras vías. 

b) Cómputo de los plazos administrativos para responder o recurrir el acto notificado. 

El efecto consiguiente de entender rechazada la notificación, con los efectos que lleva aparejado dicho rechazo, esto es, que se tenga por efectuado el trámite y se continue con el procedimiento, implica, a su vez, que se tenga por notificada automáticamente el acto desde que se tenga por rechazada la notificación. 

Así pues, la falta de acceso a la notificación electrónica en el plazo de 10 días naturales tiene implicaciones en suma relevantes a la hora de computar correctamente el plazo para dar respuesta o recurrir el acto administrativo notificado. 

Puesto que nos encontramos ante un plazo expresado en días, para su cómputo debemos acudir a la regla establecida en el artículo 30.3 de la LPAC para el cómputo de los plazos expresados en días, que dispone que “los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo”. 

Asimismo, se ha de tener en cuenta que la Ley dispone expresamente que dicho plazo se computará por días naturales -no hábiles- por lo que se incluyen sábados, domingos y festivos, no pudiendo aplicar la excepción recogida en el artículo 30.5 de la LPAC que prorroga la fecha de vencimiento cuando este finaliza en día inhábil. 

Teniendo en cuenta las reglas anteriormente expuestas, si una notificación se pone a disposición del interesado en la sede electrónica, por ejemplo, el día 1 del mes, el plazo de 10 días naturales establecido en el artículo 43.2 LPAC empezará a computar desde el día siguiente, finalizando, por tanto, el día 11 del mes. En caso de no haber accedido a la notificación en el citado plazo, está se entenderá rechazada y notificada automáticamente el día 11, fecha a partir de la cual empezara a computar el plazo administrativo para dar respuesta o recurrir el acto notificado. 

En síntesis, cuando puesta a disposición en la sede electrónica una notificación no se accede a ella en el plazo de 10 días naturales contados a partir del día siguiente, la notificación se entenderá rechazada y el acto automáticamente notificado y, será a partir de la fecha en que se entienda rechazada cuando habrá de iniciarse el cómputo del plazo del que dispone el administrado para responder o recurrir el acto notificado. 

 

En Madrid, a 5 de diciembre de 2022 

Laura Colmenero Perea 

Abogada en Cremades & Calvo-Sotelo Abogados 

Departamento de Derecho Administrativo