La asociación de inversores minoritarios denuncia irregularidades en el concurso y el enriquecimiento de antiguos directivos

Al igual que ocurrió con Martinsa, Abengoa, Nueva Rumasa o Pescanova, el concurso de Isolux Corsán ha sido uno de los mayores que habido en España en los últimos años. La historia de la compañía es como la de tantas otras que hemos visto en estos últimos años: en 2014 y 2015 sus directivos estaban emitiendo bonos y pidiendo una ampliación de capital. Sus cuentas supuestamente habían sido bien auditadas y estaban sanas; en 2017, unas pérdidas de más de 1.300 millones que multiplicaban por 20 las del año anterior, obligaban a sus responsables a confesar la realidad y solicitar el concurso voluntario de acreedores.

Así, una de las mayores empresas de ingeniería, construcción y mantenimiento de infraestructuras de España, presente en 60 países y con un ex presidente, Luis Delso, salpicado en sonados casos de corrupción, reconocía tener una deuda de alrededor de 4.000 millones de euros y dejaba a un montón de inversores con el sentimiento de haber sido engañados por unas cuentas manipuladas.

Ahora, con el concurso recién terminado, muchos inversores han denunciado que no han recibido nada de la liquidación de esta empresa.

El concurso ha costado cientos de puestos de trabajo y miles de millones de euros que aquellos que intentaron sacar a flote la empresa no han recuperado. Entre los inversores había de todo: fondos de inversión españoles y extranjeros, varios de los grandes bancos españoles y también pequeños accionistas. Muchos de estos inversores han denunciado el concurso ante la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas cotizadas, Aemec.

Esta asociación explica que el concurso ha estado plagado de irregularidades, según las denuncias que le han llegado. Por ejemplo: "Irregularidades en el proceso de saneamiento previo a la presentación del concurso, tergiversación de los estados financieros de la empresa, enriquecimiento injusto por parte de personas con información privilegiada durante el concurso, exclusión de acreedores de reuniones a las que tenían derecho de asistir, negociaciones de venta de activos por debajo del valor de mercado que han permitido a ex ejecutivos de Isolux comprarlos para enriquecerse, vender activos al postor más bajo en una subasta, reuniones y acuerdos extrajudiciales con posibles compradores impidiendo una licitación competitiva...".

Y a todo esto se suman denuncias más graves como "el uso de testaferros para disfrazar la identidad de los beneficiarios finales de una compra, interpretaciones sin precedentes de la ley de quiebras española para negar a los acreedores su derecho a apelar las decisiones judiciales, inconsistencias en los expedientes judiciales y falta de transparencia durante el proceso, y mala gestión en general del procedimiento de quiebra".

 

PRETENDÍA SALIR A BOLSA

En este largo proceso desde que Isolux anunciaba su inminente salida a Bolsa, a principios de 2015, hasta ahora 2021, cuando el

concurso se ha dado por finalizado, ha habido una gran cantidad de inversores españoles y extranjeros que apostaron su dinero por esta empresa y lo han perdido. Paradójicamente, el hecho de no estar cotizada hizo que los controles sobre esta empresa fueran menores que los que hay sobre las que sí cotizan.

Entre esas denuncias recibidas por Aemec se encuentra la de que algunos antiguos administradores de la empresa han obtenido un beneficio de más de seis millones de euros comprando parte de los activos de Isolux. Uno de los inversores contactados por este periódico, que prefiere mantener el anonimato, explicó cómo ofreció la cantidad máxima en una subasta y sin embargo la adjudicación la recibió otro que había ofrecido menos dinero. Su inversión en Isolux le supuso perder decenas de millones de euros, de los que apenas ha recuperado la calderilla.

Aemec dice que este caso de Isolux "es muy importante porque la incapacidad de los inversores para recibir una recuperación significativa de su dinero puede socavar la confianza de las empresas extranjeras en los mercados de capitales españoles". Dice esta asociación que va a investigar las denuncias recibidas y "si es necesario, Iniciar acciones penales y civiles contra los responsables".

Además, la potente World Federation of Investors, a la que pertenecen algunos fondos que perdieron su dinero, ha dicho que apoyará una investigación sobre el concurso de Isolux.

Y el que fue presidente de Isolux y uno de sus máximos accionistas durante años, Luis Delso, ha estado investigado en diversas causas por corrupción: por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra él en 2020 en la Audiencia Nacional por el presunto pago de sobornos a la familia Kirchner en Argentina para conseguir la adjudicación de una central termoeléctrica; la Audiencia nacional también investigó la compra de unos terrenos en Baja California (México) donde se iba a realizar el proyecto Azul de Cortés con Jordi Pujol Ferrusola, se descubrió también una red de sobornos en África y Sudamérica para conseguir obras públicas. Incluso apareció tangencialmente en el 'caso Arístegui'.

Además, el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, abrió diligencias contra la cúpula de Isolux por estafa y falsedad documental. El juez apreciaba indicios de delito tras las emisiones de bonos previas al concurso de acreedores. Sin embargo, este caso fue archivado recientemente.