Para comprender qué es la Compra Pública Innovadora (CPI) lo más fácil es poner ejemplos: la Agencia de Vivienda de Andalucía (Consejería de Fomento) quiere que las nuevas VPO sean de consumo energético casi nulo, se adapten a las particularidades climáticas del emplazamiento y aprovechen la nueva construcción industrializada, sin salirse de los límites de precios asequibles propios de las casas de protección oficial. Otro caso: Emasesa, la empresa pública de aguas de Sevilla, pretende mejorar la gestión de los lodos de depuración, transformarlos en un subproducto valorizable (es decir, que pueda usarse para producir energía), mejorar la calidad del aire y los olores que produce su actividad y hacer un seguimiento de la huella de carbono.

Estos dos retos tecnológicos han salido a licitación dentro del paquete de proyectos que incentiva la Compra Pública Innovadora, una política impulsada por la Unión Europea para estimular la innovación, que moviliza una importante suma de fondos. Concretamente, en el periodo 2014-2020, a Andalucía le han correspondido 50 millones de euros de esta bolsa. Los recursos llegan a las administraciones públicas, que son las que contratan a empresas y centros tecnológicos para que desarrollen la solución, el bien o el servicio que demandan y que aún no existe en el mercado.

Por su parte, las compañías que acuden a esta llamada pueden hacer su apuesta tecnológica sabiendo que cuentan con un cliente seguro, que va a comprar su innovación sea cual sea el resultado final. El objetivo es fortalecer el mercado de la I+D+i y fomentar la competitividad empresarial.

Un informe sobre la situación y perspectivas de la Compra Pública Innovadora, elaborado por Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y el bufete Cremades & Calvo Sotelo, desvela que el protagonismo de la administración autonómica andaluza en una primera etapa ha sido «reducido». Solo el Servicio Andaluz de Salud lanzó algún proyecto, mientras que la mayor parte de las escasas licitaciones andaluzas las abanderaron entidades estatales, como las Autoridades Portuarias de Sevilla, Málaga, Huelva y Algeciras.

Sin embargo, desde 2018 existe una estrategia regional específica para dinamizar proyectos de CPI en Andalucía y explotar al máximo estos recursos europeos, que ha marcado un punto de inflexión. «En Andalucía se han acelerado en los últimos dos o tres años los proyectos que pueden ser licitados bajo esta fórmula», señala David Páez, director de desarrollo de Negocio de CTA. Esta fundación, que nació para aglutinar los esfuerzos en I+D+i del sector publico y el privado en la región, es un agente activo en este nuevo mercado de innovación a demanda de las administraciones públicas. «Es frecuente que el adjudicatario no sea único, sino un consorcio de empresas. Son proyectos muy ambiciosos tecnológicamente y se buscan complementariedades científico-técnicas, incluso entre gran empresa y pyme con universidades y centros tecnológicos», aclara este experto.

«La CPI ha llegado para quedarse porque la propia UE recomienda y marca a las administraciones públicas la prioridad de utilizar esta figura. Eso quiere decir que la comunidad autónoma de Andalucía tiene que utilizar este modelo de contratación para recibir los fondos de innovación», explica Francisco José Fernández Romero, socio-director de Cremades & Calvo Sotelo, el despacho legal que más expedientes ha asesorado dentro de esta modalidad.

«La Ley de Contratos del Sector Público obliga a que los proyectos que tengan una importante dosis de innovación obligatoriamente tengan que licitarse con este contrato. Te pueden impugnar los pliegos si una actuación innovadora la licitas bajo la fórmula habitual», subraya el jurista, que ha dirigido y coordinado el citado informe de situación de la CPI.

Los letrados y los departamentos de contratación de las Administraciones públicas son cada vez más conocedores de la utilidad de esta figura. La propia Junta de Andalucía ya tiene una dirección general para impulsar la CPI. En concreto, la nueva dirección general de Contratación, que se creó hace dos meses dentro de la última reorganización de la consejería de Hacienda, ha asumido estas competencias.

La Administración andaluza dispone de 50 millones de euros para CPI del Programa Operativo Feder 2014-2020 y, según apunta David Páez, «es previsible que en el nuevo programa operativo 2021-2026 haya una nueva partida destinada a la comunidad autónoma para este mismo fin, aunque se desconoce todavía la cuantía que podrá corresponder a la comunidad autónoma.

CTA y el despacho legal Cremades & Calvo Sotelo están ejerciendo de dinamizadores y puentes entre administraciones y empresas para movilizar en Andalucía este tipo de proyectos. Utilizamos nuestro entorno institucional para difundir estos con consorcios Nueva hornada de fondos