A través de la reciente Ley 23/2022, de 2 de noviembre, se modificó la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, a través de la cual se busca la tutela y protección de los menores y de los participantes en los juegos, así como la prevención de las conductas adictivas y la determinación de políticas sobre juego más seguro o responsable en aras de la protección de las personas consumidoras de estos servicios.

En ese sentido, entre las principales modificaciones destaca la mención expresa a una nueva función que tenga por finalidad reforzar la capacidad de evaluación de la autoridad reguladora a la hora de contrastar la eficacia de las medidas sobre juego responsable o seguro exigibles a los operadores a consecuencia de los distintos desarrollos regulatorios que se dirigen a fortalecer la protección de los grupos en riesgo.

Razón por la cual, se modifican los apartados referidos a los plazos del procedimiento, con la finalidad de evitar la impunidad del infractor, garantizando que una infracción pueda ser perseguida por la autoridad competente en tanto no haya prescrito, así como dar seguridad jurídica a los supuestos de suspensión de los plazos de tramitación.

Asimismo, acerca del fortalecimiento de la administración competente se confiere la competencia a las administraciones de consumo para actuar ante aquellas infracciones en materia de consumo tipificadas en normativas sectoriales cuya competencia no está conferida de forma expresa en otras autoridades. A su vez, se concreta el lugar de manifestación de la lesión o el riesgo en infracciones cometidas a través de internet y, también se considerará cometida la infracción en aquellos lugares donde residan consumidores o usuarios a los que el empresario se haya dirigido de forma activa, por ejemplo, a través del envío de correos electrónicos o mediante publicidad en internet destinada específicamente a dichos consumidores o usuarios.

En relación con todas estas modificaciones, se precisa la competencia de la Administración General del Estado para actuar ante aquellas infracciones de consumo de ámbito nacional cuando también afecten a la propia estructura del mercado, todo esto con la finalidad de salvaguardar en estos casos la unidad de mercado que emana del artículo 139 de la Constitución y la competencia efectiva en el mismo. Así, determinadas infracciones de la normativa de consumo podrán ser sancionadas tanto por las autoridades de consumo de las comunidades autónomas, desde la perspectiva de la protección de las personas consumidoras de su ámbito territorial, como por parte de la Administración General del Estado, de tal forma que se consiga la protección efectiva de todos los bienes jurídicos afectados y la interposición de sanciones efectivas y disuasorias. En cualquier caso, las administraciones deberán garantizar la proporcionalidad final de las sanciones impuestas.

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(Se puede acceder a la Ley 23/2022, de 2 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, a través del siguiente enlace: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-18037).

17 de noviembre de 2022