El sector de la abogacía no es de los que más ha sufrido estos meses. Tiene más trabajo que nunca con demandas y puesta al día de leyes que mudan de una semana a otra. Cremades & Calvo Sotelo ha decido presentar batalla y asesorar a empresas y autónomos víctimas de las restricciones. Hablamos con los socios-directores del bufete en Galicia, Alberto García y Atilano Vázquez.

¿Qué equipo trabaja en este ámbito en los despachos de Coruña y Pontevedra?

En Galicia tenemos un grupo de trabajo específico dedicado a este asunto. Pero aunque nosotros dos estamos a la cabeza, la estrategia procesal se dirige desde el grupo de trabajo creado en la oficina de Madrid. Grupo formado por, entre otros, exmagistrados del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y catedráticos de diferentes áreas del Derecho.

¿Cuántos empresarios gallegos y empresas se han puesto en contacto a día de hoy?

Preferimos no especificar la cifra pero podemos decir que ya han hablado con el bufete tanto autónomos como empresas y también asociaciones de los diferentes sectores afectados por las restricciones a su actividad. Quieren conocer cuál es el planteamiento de nuestro despacho.

¿Los costes de este proceso permite que un autónomo cuente con vosotros? Es decir, ¿sois accesibles? 

En Cremades & Calvo-Sotelo decidimos establecer unas condiciones básicas para llevar el procedimiento hasta su finalización, de tal forma que ningún afectado deje de reclamar sus derechos por ese motivo. En todo caso, y de acuerdo con las medidas adoptadas en el RD Ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, los autónomos y las empresas más afectadas no van a ver cubiertas una gran parte de sus pérdidas. Por lo que necesariamente deberán reclamar se quieren paliar su situación.

¿Creéis que vais a necesitar refuerzos?

Pues en principio confiamos con que la estructura del despacho a nivel nacional sea suficiente para la atención de todas las empresas y personas afectadas.

En toda España habéis presentado más de 1.000 demandas ante el Supremo. ¿Qué resultados estáis recogiendo o esperáis recoger?

En realidad en este primera fase lo que estamos presentando son reclamaciones contra la Administración General del Estado. Y una vez vencido el plazo de seis meses que tiene la Administración para resolver –o transcurrido dicho plazo sin resolución administrativa–, sí que ya podríamos proceder a presentar las demandas contencioso-administrativas ante el Tribunal Supremo.

¿Cuánto tiempo tarda en resolverse un proceso como este?

Es muy complicado atreverse a aventurar plazos en un tema así… pero seguramente varios años.

El mencionado RD Ley 5/2021 es el que recoge las ayudas a empresas damnificadas por cómo se ha gestionado la covid-19. Pero decís que estas medidas son muy poco concretas, ¿por qué?

Nos faltan por conocer, entre otras variables, los criterios que se adoptan para el reparto entre empresas, que deberá ser adoptado por cada Comunidad Autónoma. Este aspecto, unido a los controles para garantizar que se cumplen, es clave para valorar un RDL que, con sus defectos, puede ser un mecanismo eficaz para paliar el problema existente. Pero vemos que necesita criterios claros, objetivos, congruentes con la finalidad pretendida y desde luego controlables.

¿Qué porcentaje de empresas galegas calculáis que pueden quedar fuera de esas ayudas?

Es difícil a estas alturas calcularlo, ya que son muchos los sectores afectados, no solo el de la hostelería. También están aquellos con una facturación más elevada, o los que han venido arrastrando pérdidas en ejercicios anteriores, o los que no tengan una pérdida superior al 30 % en su facturación… estos son los que, en principio, se van a quedar fuera de juego tal y como se han aprobado las ayudas.

Pedís una indemnización en función de la pérdida de facturación en 2020 y 2021 con respeto a los tres ejercicios anteriores, tal y como se está haciendo en Alemania. ¿Lo veis posible? Perfectamente, creemos que es un criterio que se puede extrapolar a España y para eso en los informes periciales se tratará de justificar dichas pérdidas.

Las ayudas del gobierno español a las empresas en relación con la media comunitaria ¿en qué lugar estarían en cuanto a generosidad?

7.000 millones de euros parece un importe escaso si se compara con el problema económico generado por la gestión de la covid-19 o con las ayudas de los países de nuestro entorno. Holanda, por ejemplo, ha destinado más de 15.000 millones de euros, y el Estado alemán financiará a las empresas y los autónomos afectados por las últimas restricciones con 11.000 millones de euros mensuales desde el Gobierno Federal, sin contar las ayudas de los diferentes Lander. Otro ejemplo, el Gobierno francés, que tiene activado un plan que contempla ayudas directas de hasta 10.000 euros mensuales para los sectores más afectados. Las empresas que acreditan una caída de los ingresos del 50 % pueden acceder a esta ayuda, que empieza en los 1.500 euros mensuales para los negocios que más han sufrido. Y en Italia el Estado abona hasta el 20 % de los ingresos que hayan perdido, en contraste con la facturación de 2019, a los locales de una treintena de zonas turísticas. También subvenciona la adquisición de materias primas italianas.

Una demanda judicial contra el Estado ¿es la única vía?

Es la única vía si por parte de la Administración no se hace un esfuerzo por compensar a todos los sectores y personas afectadas por las restricciones impuestas. En todo caso, siempre estará abierta la posibilidad de llegar a un acuerdo en una fase de negociación con el Estado.

¿No existen responsabilidades de las administraciones autonómicas que son las que decidieron muchas de estas restricciones?

Por supuesto que sí, pensemos que el primer estado de alarma estuvo bajo control del Gobierno Central, pero en el estado de alarma actual las CC.AA. actúan como autoridades delegadas. Y son las responsables de las decisiones adoptadas, que no fueron las mismas. De hecho, su impacto difiere de una Comunidad a otra, como sabemos.

Más de 3.200 empresas gallegas y casi 86.000 a nivel nacional desaparecieron en marzo. ¿Lo peor está por llegar o confiáis en una recuperación?

Es muy pronto para que esa recuperación se empiece a traducir en generación de empleo y crecimiento económico. El PIB del 2020 se desplomó un 11 % y la previsión para este año es que se recuperará una parte del terreno perdido. Pero por el camino la pérdida de empresas, negocios y empleo va a ser muy fuerte y llevará tiempo recuperar los niveles anteriores.

Por suerte el 45 % de las compañías españolas mantuvo la actividad. En vuestro caso ¿como estáis viviendo todo esto?

En el sector jurídico hemos podido trabajar con cierta normalidad, aunque es cierto que doblando esfuerzos para asumir todas las novedades legislativas que se van promulgando constantemente y poder asesorar a nuestros clientes en momentos tan complicados. Porque sin duda la parte laboral ha sido la que más ha sufrido con los ERTE.

¿Tuvisteis que asumir muchos cambios organizativos?

La pandemia ha obligado a adaptarse y es sabido que la parte tecnológica ha sido más importante que nunca. Así que, en nuestro caso, hemos fomentado la conexión remota de los compañeros para poder trabajar desde casa. Las reuniones presenciales y los desplazamientos también se han visto reducidos sustituidas por reuniones virtuales a través de plataformas como Teams y Zoom, y la digitalización de nuestros documentos ha seguido creciendo todavía más.