Miles de pequeños accionistas del grupo Masmóvil recibieron hace unas semanas una carta remitida por Meinrad Spenger, consejero delegado de este operador.

En su misiva, el cofundador de este conglomerado les insta a vender sus títulos lo antes posible a un precio de 22,5 euros antes de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspenda su cotización en las cuatro bolsas de valores españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia).

El lunes 26 de octubre se celebró, de forma telemática, una junta extraordinaria de accionistas con el objetivo de aprobar la exclusión de negociación de las acciones.

La decisión se daba prácticamente por hecha, ya que el consorcio Lorca Telecom BidCo -formado por los fondos KKR, Cinven y Providence- ya cuenta con el 86,41% de los títulos del grupo Masmóvil.

¿Qué ocurre con el 13,59% restante de las acciones? Pertenecen a pequeños accionistas que todavía pueden decidir si venderlas al precio anunciado o bien conservarlas y permanecer así en el capital de la sociedad, pero que ya no cotizaría.

Entre ellos se encuentra el fondo FourWorld Capital Management (FWC), que cuenta con más de 2 millones de acciones (lo que representa el 1,54% de toda la empresa).

A través de un duro comunicado que firma Juan Miguel Olry de Labry y Lima, que pertenece al prestigioso bufete de abogados Cremades&Calvo-Sotelo que representa a FWC, denuncia «numerosas irregularidades» tanto en la reciente junta de accionistas -a la que acudió para votar en contra-, como en la oferta pública de adquisición (OPA).

«No es una OPA real, sino acuerdos entre particulares»

Estos son los principales puntos que denuncia FWC:

Para comenzar, según Olry de Labry, «no ha habido realmente una oferta pública de adquisición (OPA) para el público, ya que la operación se basa en acuerdos particulares celebrados entre el oferente (Lorca Telecom), algunos de los principales accionistas y el consejo de administración».

Además, añaden, «la operación en su conjunto ha sido diseñada en consenso por Lorca Telecom, los accionistas de referencia, el consejero delegado y el equipo directivo, haciendo imposible en la práctica la presentación de cualquier oferta competitiva«.

Lo anterior implica que el precio de la OPA (los 22,5 euros por título que se ofrecen) «no recoge en absoluto en valor real de la compañía, habiéndose calculado a través de un informe de parte y del que se pone en cuestión numerosos aspectos».

¿Cuáles son estas cuestiones? El denunciante detalla hasta media docena, entre las que destaca que el «informe de valoración se desvía de la realidad en sus proyecciones de capital circulante; la valoración de múltiplos de compañías comparables es errónea; y se han infravalorado las sinergias de la adquisición de Lycamobile«.

Por si fuera poco, también señalan que «no se respetó el deber de pasividad en el consejo de administración, siendo éste el paladín de la oferta».

«Y se aprecia un claro conflicto de interés en el consejo de administración, en especial respecto de los consejeros dominicales de los accionistas que suscribieron los compromisos con el oferente y respecto del propio consejero delegado (Meinrad Spenger)«.

Desde FWC consideran que «deberían haberse abstenido de participar en las deliberaciones y voto de la resolución del consejo apoyando la OPA. Asimismo, el consejero delegado no debería haber formado parte de la comisión de seguimiento que se formó para gestionar el proceso de la oferta».

Todo ello supone «un conflicto de interés en la propia votación de los acuerdos de la junta».

Y también denuncian posibles delitos cuando mencionan que «se produjeron ciertas operaciones sobre acciones de la compañía por parte tanto de consejeros como de directivos en circunstancias muy especiales y que podrían constituir un abuso de mercado sustentado en su conocimiento de información privilegiada en cuanto a la existencia y términos de la potencial OPA».

Falta de transparencia en la junta de accionistas del grupo Masmóvil

No solo la OPA está en entredicho para FWC, sino también la junta general extraordinaria de accionistas y la manera en la que se celebró y llevó a cabo el 26 de octubre.

«Los medios habilitados para la celebración, finalmente solo celebrada por vía telemática, no permitieron la participación e intervención de los asistentes en tiempo real«.

Previamente FWC había enviado su intervención por escrito «solicitando expresamente su lectura durante la junta por el secretario del consejo de administración, y la respuesta a las preguntas formuladas».

A pesar de que fue la única intervención que se presentó, el consejo del grupo Masmóvil «se negó a dar lectura a la misma impidiendo conocer el contenido de la misma al resto de accionistas».

Finalmente, FWC concluye que «se trata un claro atropello y desprecio a los derechos de los accionistas que, una vez más, se suscita en una de las operaciones de más dudosa legalidad que se han realizado en España en los últimos tiempos».

¿Cómo acabará esta situación? Juan Miguel Olry de Labry avanza a Movilonia.com que «presentarán un recurso contra la decisión de exclusión» de las acciones del grupo Masmóvil.

Y desde Cremades&Calvo-Sotelo también «estamos barajando la presentación de una demanda de impugnación del acuerdo de exclusión que se tomó en la junta general de Masmovil».

Movilonia.com también ha contactado con el grupo Masmóvil pero, por el momento, la compañía no ha querido hacer declaraciones públicas acerca de esta situación.

La página corporativa de Masmóvil Ibercom informa que «la orden sostenida de compra, que comenzó el día 23 de septiembre, está previsto que concluya el 3 de noviembre de 2020, a cierre de mercado, habiéndose solicitado también a la CNMV la suspensión de la cotización de las acciones de Masmóvil desde dicho momento hasta la exclusión definitiva».

 

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