En las últimas semanas han sido publicadas diversas informaciones sobre un posible acuerdo entre las partes por la incautación de las acciones que Repsol tenía en YPF. Las noticias y rumores se han difundido días después de la reciente visita a España del señor Galuccio, primer ejecutivo de YPF nombrado por el gobierno argentino tras la expropiación a Repsol. El directivo se entrevistó con el ministro de Industria para pedirle que conminara a Repsol a aceptar, antes de fin de año, la indemnización que ofrezca el gobierno de Kirchner, o en su caso, la que fuese fijada por sus órganos administrativos-judiciales, que de forma peculiar se avanza que va a coincidir con la primera.
La actitud del directivo que representa al gobierno de la presidenta Kichner pone de manifiesto su desconocimiento del Estado de Derecho que protege la libertad de mercado. En efecto, en España nuestra legislación constitucional y mercantil sientan el principio de libertad de empresa y reconocimiento de la propiedad privada. Las empresas privadas son de sus accionistas, y no de los Estados y mucho menos de sus directivos. Un gobierno que se inmiscuyera en la dirección de una empresa privada, incurriría en exceso o desvío de poder, lo que podría generar la consiguiente responsabilidad patrimonial de la administración.
Conviene recordar al actual gobierno argentino que al expropiar YPF no expropia a España, aunque políticamente ese pudiese ser el objetivo. Ni siquiera en última instancia expropia a la propia Repsol. Lo que en verdad se hace es expropiar un activo de Repsol, y por tanto una propiedad de los accionistas de la compañía. Desde este punto de vista, son los miles de accionistas de toda clase y género los verdaderos afectados por el acto unilateral de incautación del gobierno argentino. Si observamos además que esta compañía, tras un trabajo de décadas de compromiso con el buen hacer, constituye hoy día una importante multinacional del mundo de la energía, llegamos fácilmente a la conclusión de que se ha expropiado también a un accionariado multinacional.
Por otra parte, las pretensiones compensatorias del gobierno de Kichner resultan totalmente perjudiciales para los accionistas minoritarios de Repsol. El Ejecutivo argentino ofrece un máximo de 3.700 millones de dólares por el 51% de YPF que le fue expropiado a Repsol, que pide 10.500 millones por dicha participación. Además, esos 3.700 millones Repsol tendría que aportarlos a una nueva sociedad mixta en la que Repsol tendría una participación minoritaria del 47% en tanto que YPF aseguraría el control mayoritario del 51%. La sociedad resultante obtendría los derechos de explotación de una superficie del yacimiento de Vaca Muerta que no alcanza el 6% del negocio total. Aceptar esta solución, además, entrañaría renunciar a cualquier derecho ante los organismos de arbitraje o en los tribunales de justicia.
La mejor prueba de que se trata de una oferta inaceptable para los accionistas de Repsol son las condiciones del acuerdo posterior que YPF ha alcanzado con Chevron para la explotación del yacimiento de Vaca Muerta. Chevron ha recibido activos cuatro veces mayores que los que se ofrecían a Repsol. La petrolera norteamericana se queda además con el 50% de los activos sujetos al acuerdo, pero no tiene que participar accionarialmente en ninguna sociedad conjunta como ocurriría con la empresa española.
Estas condiciones supondrían hacer pagar a los accionistas de Repsol los platos rotos de la expropiación injusta de YPF. Hay que tener en cuenta que, tanto el Estado, como los directivos de las empresas podrían incurrir en graves responsabilidades frente a sus accionistas, si adoptan decisiones que pudieran perjudicar los intereses de los propietarios. Los directivos, adoptando decisiones contrarias a los intereses de los accionistas, violarían sus deberes fiduciarios hacia la sociedad, lo que también podría generar acciones civiles por daños, cuando no incluso, acciones penales por administración desleal.
Los accionistas minoritarios reclamamos al gobierno de España y a los administradores de Repsol presididos por el señor Brufau que se mantengan firmes y no acepten ninguna solución que pueda perjudicar aún más a los accionistas minoritarios. La única solución que queremos es que la compañía reciba una compensación económica que se ajuste al valor de los bienes requisados. De lo contrario se certificaría el expolio de los accionistas.
Es importante, en este tipo de situaciones, reivindicar el papel que corresponde a los accionistas de nuestras sociedades cotizadas. La junta general es la sede adecuada para abordar esta y otras cuestiones de similar calado. Ya en la última junta general de Repsol, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), solicitaba que cualquier decisión respecto a un posible acuerdo con el gobierno argentino, se someta a la consideración y aprobación de todos los accionistas. Es mucho lo que está en juego, y no es poca la presión que puede existir para intentar pasar página de este incómodo asunto cuanto antes y de la forma que sea.
Los accionistas no pueden permitir en ningún caso que se caiga en tal tentación. Ni cederán ante el Estado, ni ante el staff de la propia compañía. Reivindicarán lo que en justicia les corresponde, sea a través de un acuerdo, sea a través del ejercicio de las acciones pertinentes en las instancias nacionales e internacionales oportunas. Pero sobre todo estarán vigilantes y beligerantes ante cualquier intento de expolio de su patrimonio.
El capitalismo popular, que es como se conoce a la generalización de la inversión en los mercados financieros, exige un sistema institucional que ofrezca seguridad. Entre la arquitectura jurídica de ese sistema, ocupa un papel relevante la normativa sobre buen gobierno empresarial. Ello exige atribuir a los accionistas su cuota de poder y responsabilidad, así como imponer a los directivos su deber de defender los intereses de sus principales. Bajo tales premisas se jugará este partido, sin que nos podamos ver arrastrados a jugar bajo las reglas de otras formas de capitalismo, que más que popular habría que calificar como populista.
Javier Cremades, Abogado.
Secretario General de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas.
