España a principios del año 2018 era el único país de toda la Unión europea con déficit público por encima del 3%. El año pasado se cerraron los procedimientos por desvío excesivo de Portugal, Bélgica, Croacia y Grecia además de Francia tras las reformas de Macron.
Como es sabido, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea establece un conjunto de normas para regular las políticas fiscales de los países miembros con el objetivo de velar por unas finanzas públicas saneadas y para ello se deben de cumplir dos criterios: déficits presupuestarios inferiores al 3% del PIB y deudas del conjunto de las administraciones públicas de cada país inferiores al 60% del PIB. En caso de incumplimiento de estos criterios la Comisión pone en marcha lo que se denomina Procedimiento de Déficit Excesivo que obliga al país en cuestión a presentar un plan de medidas y políticas correctoras con plazos de implantación. En caso de no seguir estas recomendaciones los países pueden ser sancionados.
España entró en este Procedimiento de Déficit Excesivo en 2009 después de que tras el primer año de crisis pasó de una situación de superávit a un déficit del 3,8% y después del 11%. En el año 2017 todavía ha superado una décima el 3% y aún permanece bajo este mecanismo de supervisión habiéndose convertido en el país que más tiempo va a permanecer bajo este Procedimiento de Déficit Excesivo.
Una vez que se ha logrado controlar el déficit, la Comisión Europea comienza a abordar el segundo de los criterios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que es la supervisión del exceso de deuda pública que afecta a casi la mitad de los Estados miembros que superan el 60% del PIB. España está trabajando en esta reducción paulatina con una previsión del 97% para el año 2018. Sigue muy lejos de la norma del Pacto solo por debajo de países como Grecia, Italia, Bélgica y Portugal y por tanto sometida al control fiscal de la Comisión y obligada a reducir el volumen en dos puntos porcentuales por año para eludir las posibles sanciones.
El Ejecutivo comunitario espera que el déficit español baje del 3,1% en 2017 al 2,6% en 2018 y luego al 1,9% en 2019 lo que permitiría salir del Procedimiento de Déficit Excesivo. Esto significaría que después de salir de este procedimiento correctivo entraría en el procedimiento preventivo que prevé el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que obliga a cumplir con los objetivos de déficit estructural a partir de 2019, año para el que España tiene fijado el 2% de objetivo de déficit. Es decir, que serán necesarios ajustes estructurales, bien sea de ingreso o de gasto.
Ante este panorama hay que plantearse cómo afrontar algunas cuestiones que ya se están barajando y que van afectar a nuestra economía: por un lado el incremento de las pensiones que con motivo del cambio de gobierno toma todavía más fuerza y la anunciada subida de los tipos de interés.
Según algunas estimaciones de los últimos anuncios del Ejecutivo, subir las pensiones el IPC podría suponer un coste de 1.600 millones anuales, incrementar las pensiones mínimas y de viudedad el 3% y asumir el coste de aproximadamente unos 100.000 nuevos retiros que podría suponer otros 3.700 millones, lo que ocasionaría un déficit muy superior al 3% del límite del Pacto de Estabilidad. Este giro en la política de las pensiones va a suponer un serio problema para España en las negociaciones del Eurogrupo.
Por otro lado y en la misma línea hay que prever que una previsible subida de tipos de interés en España tendría efectos muy graves sobre las cuentas públicas pues los intereses de la deuda suponen alrededor del 9% del total gasto público, es decir, más de 32.000 millones en 2017. Una ligera subida de 0,5 puntos del coste medio de la deuda del Estado supondría un incremento del déficit de unos 6.000 millones, es decir, otro 0,6% del PIB, de forma que se alejaría bastante más de los objetivos de déficit.
Si estamos obligados a hacer ajustes estructurales por el Pacto de Estabilidad pero al mismo tiempo hay que hacer frente a estos importantes incrementos del gasto público, parece que nos veremos abocados a un inevitable incremento de la carga fiscal. Falta por ver si aparecen nuevos impuestos como los que ahora se anuncian -impuestos a la banca, a las compañías tecnológicas, etc.- o volveremos a ver las tradicionales y típicas subidas de IRPF, IVA y cotizaciones sociales. Aunque ya se escuchan algunos rumores que apuntan a la intención del gobierno de quitar el control del déficit a Bruselas que fue cedido a cambio de ser asistidos en pleno colapso de deuda a partir de mayo de 2010 y que supuso la modificación del artículo 135 de la Constitución. Las consecuencias en este caso serían imprevisibles.
Ignacio M. Benito García, socio de Cremades & Calvo-Sotelo.
