En estos días, en que nuestra Constitución cumple cuarenta años de vigencia, conviene recordar lo que significó su emanación y el papel que en estos cuarenta años ha desempeñado en la vida española. Nació como una Constitución de todos y para todos, fruto de un amplísimo consenso político y social, resultado de que, por primera vez en nuestra historia política, los constituyentes renunciaron a las ideas particulares que los diferenciaban para ponerse de acuerdo en el objetivo común que sí les unía: democracia, derechos humanos, Estado de Derecho y autonomías políticas territoriales. Objetivo plasmado precisamente en el artículo primero del texto constitucional, que dispone que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, donde la “soberanía nacional reside en el pueblo español” y cuya “forma política” es “la Monarquía parlamentaria”. Reconociéndose, en el artículo segundo, junto a la “indisoluble unidad de la Nación española”, “el derecho a la autonomía de las nacionales y regiones que la integran”.
Una Constitución que, además, pese a regular un sistema político completamente opuesto al del régimen franquista, lo hizo sin ruptura de la legalidad, esto es, por la vía de la reforma y no de la revolución. Ese fue, también, un logro histórico indudable, de tal modo que el cambio de régimen se hizo de manera gradual, pues antes de que la Constitución se elaborara, e incluso mientras que se discutía en las Cortes Generales, se fueron adelantando la democracia (ya una realidad cuando en junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas), la Monarquía parlamentaria (ya practicada, de facto, a partir de aquellas elecciones) e incluso la distribución territorial del poder (prefigurada por los regímenes provisionales autonómicos puestos en marcha a lo largo de 1978, aunque con una autonomía administrativa y no política). Por ello, sin tener en cuenta la transición política no podría entenderse correctamente lo que nuestra Constitución significó. Una transición política ejemplar en cuanto que en ella, a partir de la Ley para la Reforma Política de 1976, se llevaron a cabo, también por consenso, importantes cambios normativos que vinieron a adelantar lo que después la Constitución, de manera más perfecta y acabada, acabaría desarrollando y concretando. En tal sentido, puede decirse, con justicia, que la Constitución supuso el gran pacto de reconciliación que puso fin, de manera pacífica, a los enfrentamientos del pasado, a la guerra civil y a sus consecuencias.
Pese a ciertos, y graves, problemas que en los últimos tiempos han surgido en nuestra convivencia nacional, representados, sobre todo, por el ataque a la Constitución perpetrado por el independentismo catalán y el auge de otros partidos antisistema, lo cierto es que nuestra Constitución ha proporcionado a España los cuarenta mejores años de su historia y es de desear que así lo siga haciendo por muchos años más, pues aunque sería conveniente reformarla, en algunos extremos, para mejorarla, ello sólo debiera de hacerse cuando en la vida política nacional haya el suficiente consenso para lograr la finalidad de las reformas constitucionales, que están para mantener la Constitución y no para destruirla. Además, algunos de aquellos problemas, más que a defectos de la Constitución, obedecen, en realidad, a su inaplicación o a su inadecuada aplicación. Es, pues, la hora de defender la Constitución, para no hacerles el juego a aquellos que no quieren mejorarla, sino destruirla.
Además, con la interpretación que el Tribunal Constitucional le ha dado, nuestra Constitución puede seguir siendo el instrumento más precioso para salvaguardar la convivencia de los españoles en paz, justicia, libertad e igualdad. Convivencia, además, bien preservada por la existencia de una Monarquía parlamentaria ejemplar, encarnada en nuestro Rey Don Felipe VI, que es uno de los pilares de nuestro sistema constitucional democrático. Debemos sentirnos orgullosos, ya que tenemos, sin duda, la mejor Constitución de nuestra historia, una Constitución perfectamente homologable con la de los Estados democráticos más desarrollados del mundo. Y como no hay verdadera democracia sin Estado de Derecho, es la hora también de defender a los tribunales de justicia, sin los cuales, y de ahí la necesidad de su ejemplaridad, los ciudadanos no verían tutelados sus derechos, las minorías políticas no verían garantizada su existencia y, en fin, no habría la necesaria seguridad jurídica que el Derecho a todos proporciona.
Hace cuarenta años se celebró en España, presidido por el Rey Don Juan Carlos, un anterior Congreso Mundial de la World Jurist Association, en apoyo, entonces, de la naciente democracia española. Ahora, precisamente, con ocasión de los cuarenta años de nuestra Constitución, y en apoyo a una democracia ya consolidada, se reunirá nuevamente en Madrid, entre el 18 y el 20 de febrero de 2019, el Congreso Mundial de la World Jurist Association, en el que numerosos y relevantes juristas y representantes de destacadas instituciones de todo el mundo tratarán de las principales cuestiones relativas a la democracia y al Estado de Derecho, cuyo acto final será el otorgamiento a Su Majestad el Rey Don Felipe VI del Premio Mundial de la Paz y la Libertad, como reconocimiento del papel fundamental desempeñado por nuestra Monarquía parlamentaria en el establecimiento y en el mantenimiento de la democracia constitucional española. Ese premio sólo había sido otorgado hasta ahora por la World Jurist Association a tres grandes personalidades: Winston Churchill, René Cassin y Nelson Mandela. Los españoles podemos sentirnos orgullosos de esa distinción, y España de ese Congreso, que en los días de su celebración situará a Madrid como la capital mundial del Derecho.
Manuel Aragón Reyes
Catedrático de Derecho Constitucional
Magistrado emérito del Tribunal Constitucional
