La memoria es un viejo cajón de sastre donde se mezclan las bagatelas del tiempo. Recuerdo el viernes Santo de 1977. Viernes rojo para el búnker político franquista, que en aquellos días, en tiempos de plena Transición, veía cómo línea infranqueable la legalización del PCE. Fue una decisión valiente de Adolfo Suárez, que apuntaló el sistema democrático español y lo hizo fuerte, muy fuerte, por más que supusiera la medida más compleja y arriesgada de aquel diseño de ingeniería política, que empezó con el harakiri de las Cortes del ‘Movimiento’, y cristalizó con la entronización de una Monarquía moderna y parlamentaria que aún disfrutamos hoy. El Rey Juan Carlos I, de la mano del preterido Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez, fueron los artífices de este proceso de construcción de un nuevo régimen político, que alumbraría apenas un año después la Constitución de 1978.

Cuarenta y dos años después, una pregunta martillea mi pensamiento: ¿Las elecciones del próximo domingo 28 de abril son unas elecciones generales? ¿O son unas elecciones para cambiar el régimen político? Me explico. Todo me dice que se ha instalado en España un ambiente pre-revolucionario de salón. Y todo hace indicar que más que unas generales, municipales y europeas de una democracia liberal, estemos asistiendo a un cambio de régimen político. Y digo esto muy a mi pesar, porque las ideas que se barajan, y en mi opinión la ciudadanía ya ha comprado desde hace tiempo, son de agotamiento y suponen un cambio de régimen. ¿Cómo si no puede entenderse la afirmación de la Ministra Batet cuando dice que la Constitución no puede imponerse en Cataluña porque no es aceptada por más de dos millones de catalanes?

No me cabe duda de que estamos ante un plebiscito constituyente tácito. Y su resultado será determinante para nuestro futuro inmediato. Lo será en el paro que aumentará como siempre, si gana la Izquierda. En la desconfianza de los mercados provocada por las medidas populistas anunciadas por el Frente Popular instalado ya en el hemiciclo del poder. Esta abrogación del ancien régime supondrá un cambio en la estructura territorial del Estado, que ahora el PSOE sanchista lo llama plurinacional. Conducirá a una estructura federal, tan ansiada y deseada por los progres desde la primera República. Y esto, lejos de ayudar a la cohabitación pacífica entre los ciudadanos, dará alas a los independentistas. El secesionismo sigue amparado en Cataluña por las fuerzas políticas catalanistas basadas en un presunto derecho a decidir y un inexistente derecho de autodeterminación.

Si gana la Izquierda no sólo habrá un cambio de enfoque o de gestión de los asuntos públicos del Gobierno, como suele ser habitual en la normal alternancia parlamentaria en las Democracias liberales. Esta vez, no. Vaticino un cambio de régimen y de los valores que han inspirado a nuestro sistema soberano de 1978. No sólo cambiará el título VIII de la Constitución al que nos referíamos antes. Afectará también a los derechos y libertades de los ciudadanos, tal y como hasta ahora los hemos entendido. Aumentará la injerencia grosera del poder público en la vida de los ciudadanos. El Estado por el que abogan los partidos de Izquierda y sus socios separatistas es intervencionista y mal gestor. Lo hemos comprobado en época de Zapatero. Ahora quieren Banca Pública, Educación 100% laica y pública y mayor opresión fiscal (que no presión fiscal). Esto es ya insoportable para los autónomos, la clase media y el pequeño comercio. La gran empresa pondrá su capital a buen recaudo allende las fronteras, fuera de esta República orgánica travestida de Monarquía, porque –no lo duden– si gana la Izquierda no habrá más Rey que Sánchez ni más Valido que Iglesias. Y algún Rufián hará de Bufón.

 

José F. Estévez
Socio Cremades & Calvo-Sotelo

 

De acuerdo