Practicar deporte e integrarse en el sistema federativo no son exactamente lo mismo
Una primera precisión jurídica resulta imprescindible. La cuestión analizada no puede formularse como la existencia de un impedimento general para que una persona sorda practique pádel. Un deportista sordo puede acceder a una pista, entrenar, participar en actividades deportivas y, reuniendo los requisitos establecidos, obtener una licencia ordinaria de pádel.
El problema jurídico surge en un segundo nivel: el reconocimiento de la especificidad deportiva vinculada a la discapacidad auditiva y su adecuada inserción en el sistema federativo.
La diferencia es importante.
El derecho a practicar deporte y la integración federativa son planos relacionados, pero no idénticos. La integración no se agota en permitir el acceso material a la práctica deportiva. Afecta también a cuestiones como la licencia, la competición oficial, el reconocimiento de resultados, la posible representación internacional y la participación de los propios deportistas en las estructuras encargadas de ordenar su actividad.
Por ello, no estamos ante un problema de acceso al pádel en sentido estricto. Estamos ante una cuestión de organización institucional y de efectividad del sistema deportivo.
Cuando existe competencia formal, pero falta capacidad material para ejercerla
Hasta fechas recientes, el pádel para personas sordas encontraba su encaje específico en la Federación Española de Deportes para Sordos (FEDS).
El artículo 5 de sus Estatutos incluía el pádel entre las modalidades y especialidades deportivas integradas en su estructura. La FEDS venía desarrollando funciones relacionadas con la organización deportiva específica, las competiciones y la representación del deporte para personas sordas.
La singularidad del caso surge cuando esa competencia formal deja de venir acompañada de una capacidad material efectiva para ejercerla.
El Auto 206/2026 de la Sección de lo Mercantil n.º 2 de Sevilla declaró la conclusión del concurso de acreedores de la FEDS y el cierre provisional de su hoja registral por insuficiencia de masa activa. El estudio describe paralelamente una situación de inoperatividad material de la estructura federativa.
Ahora bien, es importante introducir aquí una precisión jurídica esencial.
La conclusión del concurso y el cierre provisional de la hoja registral no pueden equipararse automáticamente, sin un examen adicional de la resolución concursal y de la situación jurídico-deportiva de la entidad, a la extinción de su reconocimiento federativo ni a la transmisión automática de sus competencias a otra federación.
Ahí reside precisamente la singularidad del problema.
Puede subsistir formalmente una atribución competencial y, sin embargo, resultar materialmente imposible ejercer las funciones vinculadas a ella. Cuando esas funciones afectan a licencias, competiciones, reconocimiento de resultados o representación internacional, la diferencia entre competencia formal y capacidad real de actuación deja de ser una cuestión meramente organizativa. Sus consecuencias recaen directamente sobre los deportistas.
Un verdadero bloqueo federativo funcional
La situación permite identificar lo que podríamos denominar un bloqueo federativo funcional.
Por un lado, existe una estructura específicamente vinculada al deporte de personas sordas en la que se encontraba reconocida la modalidad, pero cuya operatividad se ha visto gravemente comprometida.
Por otro, existe una Federación Española de Pádel (FEP) plenamente operativa respecto de la modalidad general, pero sin que pueda afirmarse que las funciones específicas anteriormente desarrolladas en el ámbito del deporte para sordos se hayan trasladado automáticamente a ella.
El Derecho no permite resolver esta situación mediante un simple desplazamiento fáctico de competencias.
La existencia de una estructura mejor organizada o dotada de mayores medios no determina por sí sola la adquisición de funciones federativas que no le correspondan conforme a la ley, los estatutos y el ordenamiento deportivo.
Pero tampoco resulta satisfactorio que la existencia formal de una competencia se convierta en la justificación para prolongar indefinidamente una situación en la que nadie puede ejercerla de manera efectiva.
La respuesta tiene que ser institucional y jurídicamente ordenada.
Licencia, competición y representación: tres realidades que deben diferenciarse
La licencia deportiva es probablemente el ámbito donde este problema se manifiesta con mayor claridad.
Resulta necesario distinguir, al menos, tres situaciones.
En primer lugar, la licencia ordinaria de pádel, integrada en la estructura general de la modalidad y que habilita al deportista para participar en aquellas competiciones para las que resulte válida.
En segundo término, la licencia específica vinculada históricamente al deporte para personas sordas, con los efectos derivados de la correspondiente normativa federativa.
Y, finalmente, la inscripción o credencial de EDP, que permite participar en su circuito asociativo europeo, pero que no constituye por sí misma una licencia federativa oficial ni atribuye automáticamente representación deportiva oficial de España.
Estas categorías no pueden confundirse.
Practicar pádel, disponer de una licencia general, participar en un circuito organizado por una asociación deportiva y representar oficialmente a España en una competición internacional son situaciones jurídicamente distintas.
Por ello, las preguntas que debería ser capaz de contestar un sistema federativo eficaz son muy concretas:
¿Quién puede expedir actualmente una licencia específica válida? ¿Quién reconoce los resultados? ¿Quién organiza las competiciones oficiales? ¿Quién determina la elegibilidad internacional? ¿Quién decide la representación deportiva española?
Cuando ninguna estructura está en condiciones de ofrecer respuestas claras a estas cuestiones, nos encontramos ante un problema que excede de la mera organización interna de una federación.
Integración no significa necesariamente absorción
Existe un antecedente especialmente significativo.
El 11 de abril de 2022, la FEP y la FEDS suscribieron un convenio de colaboración para articular institucionalmente el pádel para personas sordas. El modelo contemplaba una categoría específica dentro de las competiciones gestionadas por la FEP, la existencia de licencia deportiva expedida por la FEDS y mecanismos de coordinación entre ambas estructuras.
La importancia de aquel convenio no reside necesariamente en reproducir ahora su contenido.
Su verdadero interés consiste en demostrar que integración y especialización no son conceptos incompatibles.
Es posible distribuir funciones entre diferentes estructuras y articular después mecanismos jurídicos de cooperación. El problema aparece cuando una de las entidades llamadas a desarrollar esas funciones deja de tener capacidad efectiva para cumplir las obligaciones asumidas.
Esta reflexión resulta particularmente importante al interpretar el artículo 6 de la Ley 39/2022.
La integración del deporte de personas con discapacidad no debe identificarse automáticamente con la absorción de todas las estructuras especializadas por las federaciones correspondientes a cada modalidad. La ley exige analizar previamente cómo se ha producido la integración en el ámbito internacional, qué organizaciones ostentan las funciones correspondientes y cuál es la situación federativa nacional.
Integrar no significa necesariamente eliminar la especialización.
Puede significar coordinación funcional, atribución clara de responsabilidades, creación de órganos especializados, participación efectiva de los deportistas o utilización de mecanismos convencionales, siempre que quien ejerza cada función disponga de un título jurídico suficiente para hacerlo.
El papel del Consejo Superior de Deportes
Esta situación sitúa también en primer plano la función del Consejo Superior de Deportes.
El CSD no puede sustituir a los órganos de gobierno de las federaciones ni atribuir por sí mismo competencias al margen de la ley, los estatutos federativos y el sistema internacional de reconocimiento deportivo.
Pero tampoco puede ser ajeno a una situación en la que la eventual inoperatividad de una estructura federativa pueda afectar al ejercicio de funciones públicas o a derechos e intereses legítimos de los deportistas.
Los artículos 43 y 50 de la Ley 39/2022 ofrecen elementos relevantes para abordar la cuestión desde las competencias de reconocimiento, tutela y control que corresponden a la Administración deportiva respecto de las federaciones y de determinadas funciones públicas ejercidas por estas.
El primer paso debería consistir, por tanto, en determinar formalmente la situación jurídica y federativa de la FEDS, comprobar la vigencia y alcance de su reconocimiento y establecer qué consecuencias produce su situación actual sobre el ejercicio efectivo de funciones relacionadas con licencias, competiciones y representación.
No se trata de pedir al CSD que diseñe discrecionalmente una nueva estructura federativa.
Se trata de evitar que la falta de una definición institucional termine trasladando a los deportistas la carga de resolver una incertidumbre que ellos no han creado.
De la incertidumbre a una solución institucional
El ordenamiento español permite estudiar distintas alternativas.
Una primera posibilidad consiste en avanzar hacia una integración específica del pádel para personas sordas en la estructura de la FEP, acompañada de las necesarias adaptaciones estatutarias, reglamentarias y organizativas.
Una segunda alternativa sería el restablecimiento o reordenación de una estructura específica del deporte para personas sordas, suficientemente solvente y operativa, coordinada con la federación propia de la modalidad.
Una tercera vía permitiría establecer un modelo de cooperación, recuperando conceptualmente la experiencia del convenio de 2022, pero adaptándolo a la situación existente.
Y cabe también analizar una solución mixta, en la que las competencias federativas permanezcan claramente identificadas mientras determinadas funciones organizativas, técnicas o competitivas sean desarrolladas mediante la colaboración de entidades especializadas.
EDP puede desempeñar en cualquiera de estos escenarios una función relevante por su conocimiento del colectivo, su experiencia organizativa y su implantación europea. Pero debe mantenerse una distinción jurídica fundamental: la organización eficaz de un circuito deportivo no atribuye por sí misma a una asociación las potestades correspondientes a una federación deportiva.
Por ello, más que anticipar cuál de estas alternativas debe imponerse, resulta necesario establecer una hoja de ruta verificable.
En primer lugar, debería determinarse oficialmente por el CSD la situación jurídica y operativa de la FEDS y sus consecuencias sobre el ejercicio de las funciones federativas.
En segundo término, debería clarificarse el encaje internacional del pádel para personas sordas, cuestión determinante para interpretar correctamente el presupuesto contemplado por el artículo 6.4 de la Ley del Deporte.
Y, finalmente, sería conveniente articular una mesa técnica en la que participasen la FEP, representantes de los deportistas, EDP y quienes ostenten jurídicamente la representación de la estructura específica del deporte para sordos, con el objetivo de identificar responsabilidades y establecer una solución estable o, cuando menos, un régimen transitorio jurídicamente seguro.
El resultado debería permitir responder inequívocamente a cinco cuestiones esenciales: quién licencia, quién organiza, quién reconoce los resultados, quién representa y ante quién puede reclamar el deportista.
La gobernanza también forma parte de la inclusión
Existe finalmente una cuestión que no debería quedar en segundo plano.
La integración federativa no puede consistir únicamente en determinar qué entidad asume formalmente una modalidad deportiva.
Debe garantizarse también la participación efectiva de las personas con discapacidad en las estructuras deportivas encargadas de adoptar decisiones que les afectan.
El propio artículo 6.4 de la Ley 39/2022 vincula la integración, cuando concurre su presupuesto de aplicación, con una presencia ponderada de representantes del deporte de personas con discapacidad en los órganos de gobierno federativos.
La futura solución debe atender por ello no solo a la estructura competencial, sino también a la transparencia, la accesibilidad de las comunicaciones, la representación de los deportistas y la existencia de mecanismos claros de reclamación.
No se trata simplemente de encontrar una entidad que asuma determinadas funciones. Se trata de construir un sistema capaz de ejercerlas de manera estable, transparente, accesible y jurídicamente responsable.
El sistema debe volver a situar al deportista en el centro
El caso del pádel para personas sordas plantea una cuestión que trasciende ampliamente esta concreta modalidad.
La Ley 39/2022 apuesta por la integración, pero esa integración debe convertirse en estructuras capaces de funcionar en la práctica.
Una competencia formal carece de verdadera efectividad cuando no existe una organización capaz de ejercerla. Pero la solución tampoco puede consistir en atribuir potestades al margen de la ley simplemente porque otra entidad disponga de mejores medios para desarrollarlas.
El equilibrio exige ambas cosas: efectividad y seguridad jurídica.
Existe, además, una oportunidad real. Hay una actividad deportiva consolidada, experiencia asociativa, antecedentes de cooperación federativa y un marco legal que apuesta expresamente por la integración.
El siguiente paso debería consistir en convertir todos esos elementos en una solución institucional.
Porque la inclusión deportiva no puede agotarse en reconocer a una persona con discapacidad el derecho abstracto a practicar deporte. Debe existir también una organización capaz de responder con claridad a preguntas elementales: quién organiza, quién licencia, quién reconoce, quién representa y ante quién se puede reclamar.
Cuando esas preguntas tienen una respuesta clara, existe un sistema deportivo efectivo.
Cuando no la tienen, el problema ya no está en la pista. Está en el Derecho.
José Antonio del Valle Herán
Cremades & Calvo-Sotelo Abogados
Director del equipo responsable del Estudio del pádel para jugadores sordos en España y Europa: estructura, organización, impacto social y propuestas de mejora, promovido por EDP y financiado por el Consejo Superior de Deportes.
