El día que redacto estas líneas, el escritor Francisco Umbral habría cumplido ochenta y nueve años. De haber escrito hoy su columna para el Norte de Castilla, El País, El Mundo, o para alguno de los otros diarios donde publicó, probablemente habría dicho que lo que estamos viviendo –tras el estado de alarma, e incluso mientras duró– es un completo desbarajuste. Los gobiernos autonómicos no saben a qué atenerse, por eso preguntan a los Tribunales Superiores de Justicia, buscando una respuesta adelantada para no equivocarse. Luego dictan las medidas. Los gobiernos regionales se ponen la venda antes de la herida porque nada puede serles más humillante que una anulación de restricciones a la libertad. Más, si cabe, tras el triunfo de Ayuso en Madrid, cuyo lema fue eso: “la libertad”.
Porque de esto se trata, de seguir estableciendo restricciones a los derechos fundamentales, aunque no haya un marco jurídico claro al que agarrarse. Y el Tribunal Constitucional sin establecer una doctrina que ahora podría ser muy útil para interpretar nuestro Derecho en una situación en la que están en juego, obviamente, los derechos fundamentales de los españoles. No sé cuánto trabajo tiene el Constitucional; pero seguro que ninguno tan importante como este que afecta, como digo, a la restricción de derechos fundamentales de todos los españoles. Sé que están pendientes algunos recursos de inconstitucionalidad y miles de amparo que afectan a ciudadanos concretos; sin embargo, todos palidecen en comparación con un tema de tanta envergadura. Para casos como el relativo a la constitucionalidad del estado de alarma –y restricciones similares– debería haber una norma interna que les diera preferencia.
Como este no es un artículo estrictamente jurídico, sino periodístico (si se admite tal calificación) no hace falta que cite expresamente las disposiciones de nuestra Constitución. Una de ellas, en un precepto muy conocido, señala que “la Constitución garantiza (…) la seguridad jurídica”. Bellas palabras que en momentos como éste suenan a hueco. Porque si un ordenamiento no es capaz de proporcionar seguridad a sus ciudadanos, ¿de qué estamos hablando? Sí, verdaderamente podrá ser un ordenamiento formal, pero al no ser útil para dotar de seguridad a sus destinatarios pierde uno de sus atributos básicos. Una vez establecida la separación de poderes, a cada uno corresponde su función. Los jueces, en tanto que aplicadores de la ley y sometidos a su “imperio” (lo dice también la Constitución), deben esperar a que el legislador promulgué sus normas para poder aplicarlas a los ciudadanos (y a los mismos poderes públicos). Pero ¿qué ocurre cuando el legislador no asume su responsabilidad y provoca el vacío legal? Genera inseguridad y a cada cual le toca arreglárselas como puede. Cosa que debería ser incompatible con un Estado de Derecho moderno y desarrollado, que es al que parece referirse nuestra Constitución.
El principio de igualdad es otro de los cimientos sobre los que presuntamente se asienta nuestro sistema jurídico; pero luego resulta que, en función de la comunidad autónoma donde residan, a unos ciudadanos se les restringen más o menos sus derechos. Hay comunidades autónomas con toque de queda, otras sin él; algunas que sólo permiten reuniones de seis personas y también las hay que de ocho e incluso de diez; algunas que consienten que te puedas tomar un vino o una cerveza hasta la media noche, frente a las que obligan a cerrar los bares a las diez y media. Si esto es igualdad se trata de una igualdad muy diferenciada.
Como reza también aquel precepto constitucional, la Constitución garantiza “la responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”. En tal caso, ¿no hay nadie que exija la publicidad de los informes que avalan las restricciones de derechos por parte del gobierno de España (hasta que finalizó el estado de alarma) y de las comunidades autónomas, ahora? Si el principio es la libertad y la excepción la restricción, cada bocado que se da a los derechos y libertades fundamentales debería tener su clara y contundente explicación. Todo ello sin olvidar los elevados costes que la inseguridad y el desbarajuste generan en las economías ¿Nadie responderá por ello? Tampoco tenemos seguridad de que así suceda.
Juanma Badenas, es catedrático de Derecho civil de la UJI, ensayista, miembro de la Real Academia de Ciencias de Ultramar de Bélgica y del Consejo Asesor de Cremades & Calvo-Sotelo.
