Antes de mostrar mi postura sobre el déficit eléctrico, me gustaría a efectos de una mayor comprensión por el lector explicar con un lenguaje breve y sencillo qué es el déficit eléctrico y cómo se ha producido, posteriormente pondré sobre el tapete la postura de ciertos agentes intervinientes en el sector eléctrico incluido el Gobierno y concluiré tratando de enunciar qué efectos perniciosos podría conllevar la quita del déficit eléctrico. Así en primer lugar, lo primero que debe tenerse claro es el conceptro de ¿ tarifa eléctrica?. La tarifa eléctrica es el precio fijado por la Administración que deben abonar los consumidores de electricidad. Esta cantidad esta establecida con independencia del lugar donde se produce el consumo, ya que se aplica por igual a toda España. El poder tarifario de la Administración es una potestad que se atribuye y regula la ley 54/1997 del Sector Eléctrico. Por su parte, el déficit tarifario se produce por la diferencia que se origina entre el monto total recaudado por las tarifas integrales y tarifas de acceso (que fija la Administración y que pagan los consumidores por sus suministros regulados y competitivos, respectivamente) y los costes reales asociados a dichas tarifas (coste de adquisición de la energía para tarifas integrales, de transportar, distribuir, subvencionar determinadas energías que según el Ordenamiento Jurídico están incluidos en las tarifas, etc.)
Consecuencias de la propuesta de quita en la deuda del sistema con las empresas del sector
El déficit tarifario (desfase entre ingresos y costes regulados), que en 2012 no debería superar por ley los 1.500 millones de euros, es el gran problema del sector eléctrico. Se trata de una figura que inventó el anterior Gobierno del PP de Aznar, aunque se ha disparado con el PSOE, y que a final de año equivaldrá a cerca del 2,8% del PIB, es decir más de 28.000 millones de euros. Es un problema que pesa cada vez más en los balances de las eléctricas, que tienen que financiarlo hasta que se tituliza (conversión en títulos de deuda negociables), una tarea muy complicada con la actual situación de los mercados. Tan grande es la maraña del déficit que en el sector ya hay quien, en privado, advierte de que si el problema no se ataja de una vez, no se puede descartar la posibilidad de una quiebra de las eléctricas, como la que estuvo a punto de ocurrir en los ochenta, cuando fue necesario que interviniera el Gobierno a través de un intercambio de activos entre las empresas, que se habían lanzado a invertir en nuevas centrales nucleares, siguiendo por otra parte las directrices del Ejecutivo de Aznar, ya que este ha sido siempre un sector intervenido y regulado por el Estado. España tiene una de las tarifas más caras de Europa como consecuencia de contar con un sector eléctrico con mayor alto grado de intervencionismo de la Unión Europea y de una inseguridad jurídica desconocida en Europa.
Las eléctricas piden al Gobierno que principalmente, que se incremente el recibo a los clientes y se penalice el consumo doméstico excesivo, además solicitan que se imponga el céntimo verde y se revise la retribución de las redes, y por último que se elimine el coste de la interrumpibilidad y la financiación de los planes de ahorro energético. El objetivo es financiar las primas de las renovables que, actualmente, suponen más de un tercio de los costes regulados así, las medidas planteadas pasan por que los peajes de acceso del recibo, es decir, la parte regulada, se eleve en un 30% en 2012 y un 17% en 2013. Las eléctricas indican que el Gobierno debería aplicar estas subidas de forma gradual a través de las revisiones trimestrales, porque hay margen para conjugar los porcentajes en función de cómo se comporten las subastas de energía, que suponen la otra mitad del recibo.
Postura de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas sobre la posible quita
La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas (en adelante, AEMEC) ya han manifestado hace unas semanas su oposición a cualquier medida que adopte el Gobierno encaminada a una quita de la deuda contraída por el déficit de la tarifa eléctrica. El Presidente de la Federación Municipal de Inversores, Jean Pierre Paelinck, advierte que una quita en la deuda eléctrica generaría una gran inseguridad jurídica lo que traería como pernicioso efecto colateral dañar la inversión internacional. De este modo, para Paelinck “un cambio retrocactivo de ese régimen legal supone una expropiación intolerable en mercado de valores occidental y con sujeción a los más mínimos principios de seguridad jurídica.” El asesor de AEMEC, José Luis González Vallvé que la quita sería una mediad contradictoria con las ^Políticas Europeas actuales, aumentando el riesgo regulatorio lo que conllevaría a ahuyentar la inversión internacional.
Asimismo, el Presidente del Comité Legal de Euroshareholders, José Estévez, explicó que imponer a las sociedades una quita del déficit eléctrico supone una expropiación de intereses legítimos a los pequeños accionistas de toda Europa. Miguel Ángel Serrano reveló que los minoritarios “no descartan ninguna acción legal para impedir que se le prive, sin más, del valor de las acciones de compañías eléctricas que ellos compraron contando con la deuda derivada del déficit de tarifa eléctrica.”
Últimas manifestaciones
El Ministro de Industria, José Manuel Soria, ha asegurado hace una semana que el Gobierno no descarta nuevas subidas de la luz como una de las medidas para atajar el déficit de tarifa y que a día de hoy no se plantea aplicar una quita o descuento para las empresas que financian esta deuda. Por su parte, el Presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha dado un paso al frente y ha apuntado propuestas que servirían para atajar el grave problema del déficit tarifario, entre otras: detener la construcción no sostenible de las energías renovables, porque en España se han alcanzado ya los objetivos planteados por la Unión Europea para el año 2020 y porque aquí se pagan las subvenciones más altas de la UE, 22,5 euros por megawatio hora, cifra que dobla lo que subvenciona Alemania y cuadriplica la subvención de Francia. También propone eliminar de la tarifa eléctrica conceptos que a su juicio no deben ser soportados por el consumidor (subvenciones al carbón, bono social, subvenciones al consumo eléctrico en Canarias y Baleares), liberalizar más el mercado o asignar los ingresos de las subastas de CO2 a la financiación de las renovables, tal y como recomienda la UE. El Presidente de UNESA, que representa y defiende ante la administración los intereses de la industria eléctrica española alertó hace menos de un mes que la quita sobre la deuda con las eléctricas conllevará inevitablemente la subida de la tarifa de la luz, siendo completamente imprescindible “afinar los cálculos de coste y que los más subvencionados acepten recortes.”
Las cartas sobre la mesa
Una vez expuesto qué es la tarifa eléctrica y el déficit tarifario así como que consecuencias tendría la quita en el sector así como las posturas de sujetos intervinientes en el sistema eléctrico, quizás es hora de decir que nos jugamos algo más que solucionar el problema del déficit tarifario nos jugamos que nos vean como país serio en la esfera internacional. Una quita sobre la deuda eléctrica como se ha especulado estos días, tendría unos efectos muy perniciosos sobre la seguridad jurídica y podría dañarnos mucho en escenarios de atraer inversión extranjera en el país, algo siempre necesario y más en estos momentos por los que atraviesa España. Si el Gobierno hace una “quita” el mensaje a los mercados financieros internacionales puede ser brutal, se produciría inmediatamente una pérdida en la balanza de los mercados financieros y una bajada en la cotización de las empresas energéticas del país. La quita conllevaría efectos inmediatos de impacto peor: la pérdida inmediata de puestos de trabajo y la paralización de inversiones por las mismas.Es indudable que Gobierno ha de adoptar medidas para solucionar el problema del déficit eléctrico. Mariano Rajoy, en su discurso de investidura afirmó que el déficit de tarifa es uno de “los problemas más complejos” luego precisa para solucionarlo de grandes soluciones, de gran diálogo y consenso con las empresas eléctricas del país y no “tirar por la calle de en medio” con una quita de la deuda eléctrica lo que no solucionaría el problema si no que lo agravaría y crearía otros nuevos como pueda ser como ya alertó el Presidente de la Federación municipal de inversores, Jean Pierre Paelinck, la gran inseguridad jurídica que se crearía en España con una quita en la deuda eléctrica que ahuyentaría la inversión internacional, tan necesaria en estos momentos de incertidumbre por los que atraviesa España.
En conclusión, el Gobierno no puede adoptar una “quita” sobre la deuda eléctrica y dañar en la línea de flotación de uno de los más importante motores de empleo del país. Un sector que genera más de 50.000 empleos directos y del orden de los 400.000 indirectos no es para toma a la ligera y las medidas que le afectan han de ser adoptadas por el Gobierno contando con el consenso de ellas. En definitiva, el déficit eléctrico es un asunto complejo, que el Gobierno no ha de tomar a la ligera ya que es un problema que afecta a toda la sociedad, plantear una “quita” y tirar por la calle de en medio desde luego no es la mejor solución para resolver el problema del déficit y mal hará el Gobierno si intenta solucionar el problema sin contar con los actores principales del sector eléctrico: las compañías eléctricas. De momento toca esperar, sabiendo que la pelota está en el tejado del Ministerio de Industria.
