Aunque el TJUE reconoció el derecho a las indemnizaciones, los abogados dudan sobre la fecha en la que prescriben los hechos
Unión Europea (TJUE) dio el pasado 21 de marzo un importante respaldo a los afectados por el dieselgate, un escándalo que estalló en 2015 tras destaparse que fabricantes automovilísticos instalaron dispositivos para manipular las emisiones de sus coches. El tribunal europeo reconoció, más de siete años después de que estallara la polémica, el derecho de los compradores perjudicados a ser indemnizados. No obstante, abogados expertos en este asunto no tienen la certeza de que esta resolución abra la puerta a nuevas demandas para lograr una compensación, ya que existen dudas sobre cuándo termina el plazo legal para reclamar.
Esa ha sido la gran pregunta que despachos de especialistas en estas demandas han respondido a lo largo de las dos últimas semanas, desde que se publicó la sentencia del TJUE. La respuesta no está clara. “La acción podría estar ya prescrita”, afirma Manuel Hernández, director de Vilches Abogados, en una conversación con CincoDías. Según explica, la Ley de Enjuiciamiento Civil fija en cinco años el tiempo máximo para reclamar responsabilidades por unos hechos presuntamente ilícitos, desde que se tiene conocimiento de los mismos.
El fraude del dieselgate salió a luz en septiembre de 2015, cuando la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) informó de que Volkswagen había instalado un soft ware en motores diésel de vehículos vendidos entre 2009 y 2015 para trucar los resultados de la medición de gases contaminantes. El resultado fue el siguiente: casi 11 millones de coches afectados por el fabricante alemán, al que se suman los de otras marcas como Mercedes-Benz. En España, la cifra de vehículos manipulados supera los 700.000.
El debate sobre si la prescripción se reinició o no lleva encima de la mesa desde el año pasado, cuando el juez de la Audiencia Nacional que inició una causa penal contra Volkswagen (con más de 4.000 afectados personados) ordenó al Ministerio de Industria que comunicara a todos los afectados la posibilidad de personarse en Alemania para pedir una indemnización, donde ya había en marcha un proceso contra la compañía. En este sentido, asociaciones de defensa de afectados afirman que esta última notificación interrumpe el plazo de prescripción y abre la vía a que más perjudicados se sumen a las demandas, explicó Alberto Rey Núñez, presidente de la Agrupación de Afectados por Volkswagen. Sin embargo, otras asociaciones consultadas por este diario, como Facua, no opinan los mismo y avisan que el límite para pedir una indemnización acabó en 2020. “Efectivamente, el problema es la prescripción”, señalan en el despacho Cremades & Calvo- Sotelo.
Por último, el abogado Manuel Hernández explica que la sentencia del TJUE no se traduce en nuevos frentes judiciales contra los fabricantes, sino que ha aclarado que los Estados miembro deben garantizar que los afectados vean sus daños resarcidos. Para ello, cada legislación debe indicar cómo cuantificar las indemnizaciones.
