El sector eléctrico peruano: crónica de una muerte anunciada

En medio de Medidas de aislamiento social y necesidad de conectividad remota, se reconfigura el abastecimiento de electricidad en el Perú como prioridad y se hace menester el desarrollo de una visión integral de su sector eléctrico, analizando tanto la eficiencia de las instituciones que lo gobiernan como el comportamiento de los stakeholders.

La interacción entre políticas energéticas y macroeconómicas, el comportamiento de la demanda y el marco regulatorio han llevado a tener una capacidad instalada adecuada a las necesidades del corto y mediano plazo y a su vez han logrado reducir las tarifas, tanto para grandes clientes como para clientes regulados. Asimismo, se plantea la necesidad de un mercado mayorista de electricidad más competitivo.

Sin embargo, tras los resultados electorales del pasado 6 de junio se abre en Perú una potencial caja roja de pandora que nos deja en un rumbo incierto.

Empresarios del sector inversión, incluyendo el energético, terminarían por retirarse, al no encontrar garantías de utilidad o certidumbre que mitiguen riesgos y amenazas.

Actualmente, ninguna sociedad, incluyendo la peruana se concibe sin acceso a la energía y sus beneficios. Si bien ha habido un crecimiento significativo del consumo de energía, la incidencia de pobreza en zonas rurales resalta la importancia de incluir la inversión en la provisión de infraestructura eléctrica dentro de la agenda peruana. Son precisamente estas mismas zonas las que han favorecido con su voto a la izquierda, misma que propone la recuperación de los recursos estratégicos peruanos como el gas de Camisea, la renegociación de las grandes empresas y la recuperación del gas de Camisea para darle a todos los peruanos. El primer paso en la estrategia planteada sería negociar con el consorcio liderado por Pluspetrol, para la posterior nacionalización y finalmente destinar toda su producción al mercado interno destinando el 70% para Perú y el 30% restante para la empresa. Si esta condición no fuera posible, se procedería a la nacionalización dejando la gestión en manos del estado.

Esta decisión ¿podría tener un impacto en el consumo y, sobre todo, en la dotación del servicio eléctrico?

Tomando en cuenta que el 60% de la demanda de este gas proviene principalmente de las generadoras de electricidad, principalmente de las centrales térmicas, mientras que el 40% del sector industrial, tres escenarios de riesgo del sector energético en el mediano plazo se abren paso ante la dotación del servicio eléctrico si se nacionaliza Camisea:

POSIBLE RECORTE DE LUZ	FALTA DE CAPACIDAD PARA AMPLIACIONES	LOS COSTOS E IMPACTOS MONETARIOS
La generación térmica produce el 40% de la demanda de electricidad en el país y el gas natural es su principal insumo. Un impacto en el servicio eléctrico, es posible. Como ocurre tras toda estatización, el estado dejaría de invertir en gastos de mantenimiento y operación lo que afectaría el servicio y propiciaría cortes o restricciones del servicio. Dada su ubicación en la selva, la cadena logística Camisea tiene altos costes. Tras la nacionalización, gastos de mantenimiento y operación serian eliminados, afectando la calidad de servicio y generando cortes. La falta de mantenimiento a los ductos de Camisea puede generar explosiones y restricciones del servicio eléctrico hasta por 8hrs como las ocurridas en 1992. Si Camisea dejara de abastecer a las generadoras térmicas, estas tendrían que recurrir al uso del diésel importado a un precio hasta 10 veces mayor.	La única razón para restringir en el corto plazo el servicio eléctrico se daría con un corte intempestivo del suministro de gas. Extremo al que se llegaría de no cerrar un acuerdo entre el consorcio Camisea y el gobierno peruano. En el mediano plazo, las inversiones en mantenimiento y mejoras operativas que requiere Camisea probablemente no se hagan desde el Estado por su alto costo, con lo cual el servicio generaría interrupciones en el suministro eléctrico. Ante un crecimiento en la demanda, desde el Estado no se tendrá la capacidad de hacer ampliaciones, con lo cual podrían darse restricciones de gas /electricidad en el futuro. Según el virtual presidente, el precio de la electricidad bajaría vía Osinergmin con tarifa regulada calculada hacia abajo con las empresas distribuidoras, mismas que, al no tener recursos para ejecutar ampliaciones o mantenimiento, afectarían la calidad del servicio a la nueva demanda.	Será en el mediano y largo plazo, que las operaciones eléctricas se verían afectadas si se nacionalizara Camisea, pues Pluspetrol abandonaría dejando a Petroperú, sin know how o capacidad para operar. Tras la nacionalización de gas natural, los mercados internacionales darían la espalda al país, la producción se afectaría y el mercado local se contraería. De 1,400 millones de pies cúbicos diarios de producción de gas natural, 400 millones se reinyectan debido al bajo consumo local. El consumo se reduciría con la salida de las industrias y el riesgo de quedarnos sin energía, manejo y mantenimiento adecuado de equipos, es alto. El costo de expropiar Camisea incluye: Inversión fija (US$ 6,500 millones) e inversiones en unidades de generación al gas natural (US$ 3,000 millones). El costo de expropiar Camisea y generadoras eléctricas, sin incluir lucro cesante se estima entre US$ 10,000 y US$ 15,000 millones. De no desembolsar dicho monto, se impondrían arbitrajes y el embargo de cuentas del Estado.

 

 

PROYECTOS CON LUZ ROJA

A la fecha, existen varios proyectos del sector electricidad peruano que han sido reactivados con más de US$ 3 061millones y que corren el riesgo de estancarse:

• Proyectos que conforman el Plan Nacional de Infraestructura para Competitividad (USD 1 285 millones de inversión).
• Proyectos encargados a Proinversión (US$ 64 millones de inversión).
• Proyectos de transmisión en ejecución (US$ 436 millones de inversión).
• Proyectos del Plan de Inversiones en Transmisión (US$ 360 millones de inversión).
• Proyectos de construcción de centrales de generación (US$ 224 millones de inversión) y Proyectos considerados en el Plan de Transmisión 2021-2030 (US$ 692 millones de inversión).

 

 

CONCLUSION

La coyuntura política peruana llama temerosamente la atención desde una perspectiva que va más allá de la libre competencia, ¿Estaremos efectivamente frente a una potencial estatización de empresas del sector eléctrico?

Es un riesgo que no debe ser ignorado por parte de las autoridades y que requiere un análisis desde la perspectiva de los diversos intereses públicos que pueden estar en juego. ¿Queremos como país que la propiedad de infraestructura estratégica, como es la distribución de energía eléctrica, quede bajo control de organismos nacionales sin know how o capacidad técnica para controlarlo, mantenerlo y distribuirlo con eficiencia? Independientemente del modelo económico que se instaure en el proceso constituyente, hay que preguntarse ¿qué rol tendrán estas empresas en este sector estratégico?

No se trata aquí de ponernos en una posición antagónica a la administración de entidades del estado, pero parece necesario realizar un profundo análisis sobre los posibles efectos que este tipo de fenómenos podría generar en ámbitos de eficiencia nacional y control de costos para el consumidor final, y así definir una posición país sobre estos asuntos. Así como hoy tenemos limitaciones en la participación de actores en el segmento de la transmisión, tal vez sea prudente cuestionarnos si no es el caso de diseñar una regulación que, asimismo, defina límites a la participación de estatales y promocione la inversión extranjera estrategicamente en sectores críticos de éxito como lo es la cadena logística de energía eléctrica.

El Perú debe estar preparado para atender la demanda de electricidad en la coyuntura sanitaria y de conectividad remota, teniendo en cuenta que el sistema eléctrico debe desarrollarse de forma armónica sustentado en principios técnico y económicos que permitan garantizar un desarrollo sostenible y eficiente del sector eléctrico peruano, estimulando la libre competencia.

 

Por Linda Medina

Abogada de Cremades Calvo Sotelo