España, según la OCDE, fue el país en el que más aumentaron las desigualdades económicas durante la crisis. En concreto, entre 2007 y 2010, nuestro país fue el que batió todos los records: los ingresos del 10% de la población española más pobre bajaron un 14% de media anual. Ningún país de la OCDE sufrió descensos por debajo del 10%, cayendo más del 5% México, Grecia, Estonia e Italia tal y como se refleja en el informe “Panorama de la sociedad”.
Por si fuera poco, nuestro país también se llevó la palma en el llamado coeficiente Gini, que mide la desigualdad económica. Mientras que en España este dígito creció cerca del 3% en los demás países de la OCDE apenas superó el 1.5% entre 2007 y 2010.
También en estos años aumentó el porcentaje de población pobre (con ingresos inferiores al 50% de la media) aumentó dos puntos, sólo superado, en el ámbito de la OCDE, por Turquía. La pobreza creció cinco puntos entre los jóvenes de 18 a 25 años y bajó ocho puntos entre los mayores de 65 a causa del cobro de las pensiones.
Es decir, según estos parámetros, España, durante 2007 a 2010, los peores momentos de la crisis, era el octavo país con más desigualdad de los treinta y cuatro que componen actualmente la OCDE.
Tales registros, producidos en el período reseñado, se debieron, según la OCDE, al crecimiento del desempleo y a su baja cobertura para los menos protegidos en un sistema laboral muy segmentado. No se puede desconocer que la situación del paro en nuestro país justifica un aumento del 55% en la zona Euro entre 2007 y 2013 y, además, que la destrucción de empleo se concentró precisamente en el sector menor cubierto por el sistema de protección social.
En España, es bien sabido, la necesidad de empleos dignos, en condiciones de trabajo acordes con la dignidad del ser humano, es un grave problema. Todos sabemos lo que acontece a nuestro alrededor y que ciertamente hoy existen nuevas esclavitudes laborales. Aunque hemos procedido a una reforma laboral, lo cierto y verdad es que la caída del empleo se ceba en las personas jóvenes y en quienes tienen trabajos poco cualificados. El número de jóvenes que está teniendo que abandonar nuestro país en busca de mejores oportunidades empieza a ser preocupante. No en vano vamos de tras de Grecia, según el informe de la OCDE, en lo que se refiere al país en el que más ha subido, entre 2007 y 2010, la proporción de jóvenes, entre 15 y 24 años, que ni tienen trabajo, ni expectativas razonable al interior del país.
Es verdad que se trata de datos, los registrados entre 2007 y 2010, muy negativos. Tan negativos que la propia OCDE recomienda ayudar a los grupos más vulnerables. Tanto desde las Administraciones públicas como desde el sector privado. La cuestión, pues, se encuentra en librar una batalla sin precedentes para que estos colectivos tan desfavorecidos puedan salir dignamente de la postración en la que viven. Y, junto a ello, luchar decididamente contra la corrupción, una lacra que se cobra cada año, según un reciente estudio de una universidad pública española, nada menos que 40.000 millones de euros.
Paro y corrupción, he aquí los dos grandes problemas de nuestro país que debieran concentrar directa y transversalmente el grueso de las políticas públicas a realizar.
