Miguel Moreno testificó ante el organismo legislativo para impulsar una iniciativa de resolución promovida por un eurodiputado francés que busca proteger a los ciudadanos del viejo continente utilizados como fichas de canje o presión política por regímenes autoritarios
Las actuaciones del régimen venezolano en relación con las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas no han sido exclusivas contra venezolanos. Extranjeros de diferentes nacionalidades también han sido víctimas de los excesos de la dictadura, razón por la cual el pasado martes 13 de octubre se presentó ante el Parlamento Europeo una propuesta que busca aprobar una resolución para proteger a los europeos detenidos arbitrariamente en el extranjero.
Una de las víctimas que se presentó ante el organismo para rendir su testimonio fue el español Miguel Moreno, periodista y marinero que fue detenido en aguas internacionales cerca de Venezuela el 11 de junio de 2025, mientras trabajaba en un barco de bandera panameña.
Estuvo preso en la cárcel de El Rodeo I durante siete meses y fue liberado tras la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela del pasado 3 de enero. Tres días después de aquellos hechos en los que capturaron a Nicolás Maduro y Cilia Flores para llevarlos a Estados Unidos detenidos, fue el propio Alexander Granko Arteaga quien lo buscó en la cárcel y el mismísimo Diosdado Cabello lo llevó hasta la Embajada de España en Caracas.
Ahora su historia es una de las que sirve de testimonio para darle soporte a esta iniciativa presentada por el eurodiputado francés Jean-Marc Germain, junto con otros eurodiputados y con la colaboración de la asociación SOS Otages.
Esta iniciativa tiene como objetivo el reconocimiento jurídico de la detención arbitraria para que los 27 Estados miembros dispongan de mecanismos de apoyo adecuados para quienes son detenidos; y, en segundo lugar, el nombramiento de un representante especial de la Unión Europea que sea responsable de la coordinación diplomática en los casos de detenciones arbitrarias.
En el documento difundido por quienes han presentado la iniciativa se señala que, desde 2010, por lo menos 149 ciudadanos de la Unión Europea han sido detenidos arbitrariamente por regímenes como los de Venezuela, Rusia o Irán, donde el tiempo promedio de las detenciones ha sido de 1 año y 11 meses y en el 25% de los casos de europeos detenidos arbitrariamente, las víctimas tenían doble nacionalidad.
El abogado Juan Carlos Gutiérrez, socio de la firma española Cremades & Calvo-Sotelo y defensor de una de las víctimas, aseguró en entrevista para El Nacional que este mecanismo es absolutamente necesario, porque las detenciones arbitrarias en el caso de los ciudadanos europeos van más allá de las razones políticas: en muchos casos, quienes son víctimas de estos mecanismos de detención son utilizados como fichas de canje para ejercer presiones económicas o extorsivas, que en la mayoría de los supuestos constituyen delitos de lesa humanidad.
Miguel fue liberado el 6 de enero, pero antes de eso estuvo siete meses junto a más de 100 extranjeros presos en la cárcel de El Rodeo I: sin poder comunicarse con la familia, sin acceso a un abogado, sin una causa razonable por la cual se justificara su detención y sin saber qué pasaba en el ámbito diplomático para procurar su liberación. “Europa nos falló cuando se cerraron las puertas y desapareció cuando las abrieron”, dijo Moreno a El Nacional en conversación telefónica después de haber presentado su testimonio ante el Parlamento Europeo.
De acuerdo con su relato, la situación de los extranjeros y los presos políticos en El Rodeo I era muy diferente, porque las autoridades del régimen venezolano tenían claro el valor de mantener a los extranjeros en buenas condiciones. Sin embargo, recuerda que el hecho de ser extranjeros no los excluía de ser torturados; a pesar de que no sufrían torturas físicas que pusieran en riesgo sus vidas, eran víctimas de torturas psicológicas.
“El régimen venezolano sabía muy bien que si le pasaba algo a un preso extranjero se metían en un problema; por eso la comida era diferente, los cuidados eran diferentes, las torturas eran diferentes”, expresó Moreno.
Tras la presentación de esta iniciativa comienza un proceso de consultas para que a comienzos del año 2027 sea debatida la propuesta y defendida por los diferentes grupos parlamentarios. Quienes están impulsando este proyecto esperan que se apruebe, a más tardar, a mediados del próximo año.
Uno de los beneficios más importantes que traerá la aprobación de esta propuesta parlamentaria es que garantizará la atención no solo de las víctimas de detenciones arbitrarias una vez que recobren su libertad, sino de sus familias durante el tiempo que se prolongue la detención.
En los documentos de la presentación de la iniciativa, los proponentes consideran inaceptable que los ciudadanos europeos se conviertan en instrumentos de presión diplomática entre Estados y sostienen que la detención arbitraria no es únicamente un problema diplomático, pues cuando esto ocurre se altera la vida de las personas, sus familias y sus carreras profesionales, pudiendo dejar secuelas duraderas después de la liberación.
La Unión Europea, según los promotores, debe poder movilizarse para traer de vuelta a sus ciudadanos y acompañarlos a ellos y a sus familias antes, durante y después de su liberación.
“Este será un mecanismo para fortalecer las acciones diplomáticas para las liberaciones, donde se activan las embajadas de los países de los ciudadanos detenidos, pero también las representaciones diplomáticas de Europa. De aprobarse, se nombrará a un funcionario que tendrá esa función: presionar, abrir canales diplomáticos y fortalecer acciones que hagan que los detenidos arbitrariamente puedan recuperar la libertad y haya una reparación y rehabilitación posterior. Lo que no puede ocurrir es que los Estados no hagan nada; Europa ha procurado libertades, pero estos mecanismos hay que reforzarlos con otro tipo de acciones”, expresó el abogado Juan Carlos Gutiérrez.
