La cara B de la actividad legal también se ralentiza durante la cuarentena pero los expertos avisan de que repuntará con más fuerza si no se controla.
Una factura por gastos superior a lo se ha pagado por un servicio y así enjugar la declaración de ingresos real; un trabajador al que su empresa ha enviado a un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) pero que, con la excusa del teletrabajo, continúa desempeñando su horario completo… o incluso más tiempo de cuando iba a la oficina y fichaba; otro que también ha sido despedido de manera eventual por su empresa matriz pero que sigue colaborando con otras del mismo grupo; clases particulares que se cobran por sistemas de pago instantáneo… Y así, tantas situaciones al margen de la legalidad como se pueda.
La paralización de la economía no ha detenido la cara B de la actividad, ese agujero negro que se conoce como economía sumergida y que en España tiene un peso equivalente al 22% del Producto Interior Bruto, según la última estimación realizada por el Fondo Monetario Internacional. No lo ha paralizado porque sigue habiendo millones de personas que necesitan de algún ingreso sea como sea. Más si cabe cuando llegan noticias como las de la destrucción de empleo de este pasado miércoles. La duda es si se ha frenado en una consecuencia lógica de la práctica ausencia de actividad legal. Puesto que ese personaje casi mítico de la picaresca española, como es el chapuzas a domicilio, tampoco puede moverse libremente de barrio en barrio si no es con una nómina o un encargo de un servicio oficial o aseguradora.
Por lo tanto, en estos momentos de la cuarentena, flota una pregunta por encima de tanto dato sumergido: ¿Puede haber economía en ‘b’ cuando apenas la hay en ‘a’? La doctora en Economía Internacional y Desarrollo Talina Dávila avisa de que la economía sumergida aflorará realmente cuando el país retome la normalidad, por lo que si se pretende evitar que se genere más caja en negro a partir de segundo semestre del año, lo que debería hacer el Ejecutivo es mantener parte de las medidas acordadas en el plan de choque puesto en marcha durante la cuarentena y aliviar, en la medida de lo posible, los pagos pendientes de los autónomos a la Administración. «La economía depende del salario de la gente y del consumo en términos de comercio. Si no hay ingreso no hay economía porque el consumo mueve la inversión», explica.
«Vamos hacia un panorama en el que la economía va a estar devastada y eso puede ser un caldo de cultivo ideal para la extensión de la economía sumergida», advierte Carlos Cruzado, presidente de Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda. Desde su organización también estudian a menudo el impacto de lo que se mueve lejos del alcance público, si bien su última estimación (del 24,6% del PIB) data del año 2011. «De todos modos, España mantiene unas cifras estables entre el 20% y el 25% de economía fuera de control y no creo que esta situación actual vaya a bajar las cifras… en particular, en cuanto empiece a remontar la situación, porque también es cierto que ahora hay pocos sectores donde pueda haber actividad de cualquier tipo y, por lo tanto, fraude posible; quizá en la agricultura, de los pocos con una actividad casi normal», añade.
¿Remontar la situación? Que se lo digan a los cientos de miles de autónomos que se han visto con facturas emitidas y que difícilmente cobrarán algún día. «Están atrapados por todos lados y están desesperados», señala un asesor laboral cuyo teléfono no para estos días. Ninguna de las medidas anunciadas por el Gobierno de coalición cubre los huecos del desastre para sus economías. Ni siquiera el aplazamiento a seis meses de las obligaciones fiscales. Mucho menos los créditos a interés cero que podrían dar los bancos para pasar lo peor.
Con un ejemplo, todo se entiende mejor: érase una vez un autónomo (o una pequeña empresa) que, como todos los meses, emitía las facturas habituales por servicios a sus clientes. Hablamos de principios de marzo. Como solía, y por aquello de dar facilidades y ganarse más clientes, negociaba pagos a 60 o incluso 90 días. A bares, por acotar un sector. En esto que llega el coronavirus y el estado de alarma y los locales cierran. Incluso aunque pasen los seis meses de aplazamiento concedidos tras no pocas quejas, ¿cuántos de esos bares no abrirán jamas? Sin embargo, el autónomo tiene que pagar el IVA sí o sí correspondiente al primer trimestre. Pagar por algo que jamás cobrará.
Quien dice bares dice suministros de todo tipo o comercios de cualquier condición. A todo ello se suma que, si un autónomo quiere acceder a la ayuda especial por paralización de actividad antes debe estar al día de todas las deudas con la Seguridad Social. Una vez más, gastar sin ingresos a corto plazo; de nuevo, la opción del banco. «Están desesperados. No quieren créditos aunque sea sin intereses porque no quieren pagar por no tener ninguna actividad. Es de locos», explican los gestores.
«Yo no puedo hacerme un ERTE»
«Pero luego hay todo tipo de medidas para las grandes empresas. ¿Un ERTE? Yo no puedo hacerme un ERTE a mí mismo. Sí, puedo cerrar. Es lo que puedo hacer, pero muy bien que me han cobrado la cuota de marzo y tengo que presentar el trimestre con lo que no puedo cerrar hasta ingresar algo… pero no puedo ingresar si estoy parado», se queja finalmente uno de los millones de afectados de este colectivo.
Por lo que podría quedar el recurso a la economía sumergida. Sí, está la opción de las facturas falsas por gastos no reales. Aunque, tal y como señalan desde gestores particulares a Gestha y expertos económicos, Hacienda ya tiene muy vigilada esta vía y la sanción no merece el riesgo por un puñado de euros deducibles.
«Hasta que no se reactive la economía y hasta que no haya una decisión del Gobierno de mantener la ayuda la gente va a tener que buscarse la vida como pueda. El objetivo es redistribuir la renta», explica la economista Dávila, la cual no descarta que una de las opciones que se barajen sea aumentar los impuestos a las rentas más altas, máxime teniendo en cuenta que esta situación tan precaria afecta especialmente a todos los trabajadores temporales, los cuales constituyen el 80% de las altas en la Seguridad Social.
No obstante, no se trata tanto de una cuestión por sectores, sino más bien geográfica teniendo en cuenta que es más complicado eludir el control de las medidas adoptadas en las grandes ciudades que en pequeños pueblos del entorno rural en los que el seguimiento de la movilidad de sus habitantes no es tan exhaustivo.
Los despachos de abogados también se encargan de asesorar en este tipo de materia. Al respecto, el catedrático en derecho administrativo y socio del despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, Alberto Ruiz Ojeda, prevé un viraje hacia actividades difícilmente controlables. La disminución de las rentas y la cada vez mayor presión fiscal va a generar un auge del mercado negro sobre todo en el comercio minorista y en el sector servicios.
¿Cómo evitar esta situación en la medida de lo posible? El también exmagistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía considera que hay que aprovechar esta situación actual para acometer una reforma estructural de calado en el mercado laboral en aras a reducir el gasto público.
Sea como fuere, y cuando se habla de cifras, todos los expertos consultados coinciden en que es muy difícil vaticinar el reflejo real que puede tener en la economía un incremento del mercado negro. Para ello habría que comparar el total de ocupados de la EPA (19,9 millones en el tercer trimestre de 2019, último disponible) con el total de las altas de la Seguridad Social. Sin embargo, la estimación obtenida vendría alterada por la desocupación del primer trimestre de 2020, una cifra marcada por la excepcional situación de emergencia sanitaria.
Una vez más, los datos son fríos como esa Alemania donde su economía sumergida equivale a menos del 8% de su PIB. Con todo, y por mucho que a los españoles les guste azuzarse con lo malo, en aquel informe del FMI España ocupa el puesto 54 entre los países con más peso de lo sumergido. «Yo lo único que sé es que he terminado marzo con solo un 10% de la facturación habitual. Lo que yo he facturado a restaurantes, que lo hemos hecho hasta el 15 de marzo, sé que no lo voy a cobrar. Pero hay que intentarlo. Está el dinero parado. No paga nadie», concluye desde la calle (o desde su casa) un autónomo.
