El Real Madrid ha endurecido su ofensiva contra la reventa de abonos en pleno giro del Bernabéu hacia la hospitalidad premium; Cremades & Calvo-Sotelo Abogados, que representa a más de un centenar de expedientados, denuncia dudas serias sobre proporcionalidad, derecho de defensa y garantías internas
Lo que está en juego no es una mera discusión de accesos, carnés y controles de seguridad. Lo que aflora aquí es algo más profundo: la sensación de que el club está tratando al socio tradicional como un problema que conviene disciplinar justo cuando el estadio se redibuja para la hospitalidad exclusiva, el cliente corporativo y la rentabilidad por asiento.
Un Bernabéu cada vez menos de grada y más de negocio
El propio Real Madrid ya no disimula cuál es una de las grandes claves de su estadio remodelado. En su información económica oficial sostiene que en el ejercicio 2025/26 prevé aún más crecimiento en los ingresos de aforo VIP, RM Experience y resto de actividades de explotación comercial del estadio. No es una lectura maliciosa de terceros. Es la explicación del club sobre hacia dónde quiere empujar el Bernabéu.
La oferta comercial lo remata con un lenguaje que no deja demasiado margen a la duda. La web oficial del área VIP vende una “experiencia inigualable”, “ubicaciones privilegiadas” y “servicio de hospitalidad premium”. Es decir, el Real Madrid presume de un producto pensado para quien puede pagar exclusividad, comodidad y trato diferencial. Nada de eso es ilegítimo por sí mismo. Lo que resulta más incómodo es lo que ocurre cuando ese modelo premium convive con una ofensiva durísima contra una parte de la masa social clásica.
Ese cruce de caminos cambia el sentido de la historia. Porque el socio del Real Madrid no ha sido nunca un cliente cualquiera. Ha sido una pieza central del relato del club, la prueba de que la institución pertenecía a sus socios y no a un propietario externo. Cuando el estadio empieza a ordenarse en torno al ingreso premium y el socio entra en escena principalmente como sujeto de control, el discurso histórico se resiente. Y ahí es donde Florentino empieza a arriesgar algo más serio que una polémica pasajera: arriesga la legitimidad sentimental del modelo que dice defender.
La purga ya no cabe en una nota interna
La escala del castigo impide seguir hablando de episodios aislados. El propio club reconoció, en una comunicación a sus socios citada por la prensa, la apertura de 641 expedientes por reventa y utilización indebida de abonos y entradas, de los que 112 habían terminado en pérdida definitiva de la condición de socio, mientras el resto seguían pendientes de resolución. La cifra, por sí sola, convierte el asunto en una política disciplinaria de gran alcance.
Cremades & Calvo-Sotelo Abogados, que representa a más de un centenar de socios expedientados, sitúa además ese endurecimiento dentro de un cambio de criterio mucho más agresivo que en etapas anteriores. Lo que antes desembocaba con frecuencia en suspensiones temporales hoy acaba a menudo en la sanción más grave de todas: la expulsión definitiva, incluso en supuestos de primera infracción. Y ahí la discusión ya no es solo normativa. Es de proporcionalidad, de contexto y de sentido institucional.
Expulsar a un socio del Real Madrid no equivale a cancelar una simple suscripción. En muchos casos significa romper una relación de décadas, un vínculo familiar, un lugar en la historia íntima del club. Por eso esta ofensiva no puede medirse solo en números. Se mide también en el mensaje que transmite: mientras el Bernabéu se convierte en escaparate premium, el socio histórico percibe que su antigüedad, su lealtad y su trayectoria valen cada vez menos frente a la lógica del control y de la explotación comercial.
Un reglamento que escucha poco y castiga pronto
La pieza jurídica clave de esta historia está en la comparación entre los estatutos y el reglamento disciplinario. El artículo 57 de los estatutos del Real Madrid dice con claridad que, en los expedientes instruidos por la Comisión de Disciplina Social, “será necesariamente oído el socio inculpado”, salvo renuncia o rebeldía. Sin embargo, el reglamento interno desplaza el procedimiento a un terreno casi enteramente escrito y deja la audiencia del interesado como algo excepcional y solo a petición del propio afectado.
El contraste es duro. Sobre el papel, los estatutos sugieren una garantía fuerte de audiencia. En la práctica, el reglamento la convierte en una posibilidad extraordinaria. A eso se añade otra limitación muy relevante: el socio puede examinar el expediente, sí, pero en dependencias del club, con cita previa y sin poder hacer copias, fotocopias, fotografías o filmaciones. Puede ver el material con el que se le persigue, pero no puede llevárselo de verdad para preparar su defensa con libertad y en igualdad de armas.
El efecto conjunto de ese diseño es demoledor. El club conserva el control del procedimiento, del acceso a la documentación y del ritmo de la tramitación, mientras el expedientado se mueve en un marco mucho más estrecho. No hace falta exagerar para que la crítica resulte contundente. Basta con leer el reglamento y compararlo con el espíritu garantista que los estatutos parecen proclamar. El problema no es solo que el Real Madrid sancione. El problema es cómo se organiza para escuchar menos, restringir más y mantener la iniciativa casi absoluta en una disputa con sus propios socios.
Cuando la sospecha se convierte en pena anticipada
Hay dos palancas del reglamento que explican gran parte del malestar. La primera es la llamada presunción de certeza: los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los del departamento de seguridad del club y las manifestaciones de empleados del Real Madrid disfrutan de un valor reforzado salvo error material manifiesto o prueba en contrario. Traducido al lenguaje de la calle: la versión del aparato institucional arranca con ventaja y el socio queda obligado a desmontarla desde una posición mucho más débil.
La segunda palanca son las medidas cautelares. La Comisión puede adoptarlas en cualquier momento de la tramitación del expediente y con ello impedir al socio acceder al estadio o ejercer derechos mientras el procedimiento sigue abierto. Algunos expedientes se prolongan durante meses e incluso más de un año. Si eso ocurre, la cautelar deja de parecer una medida provisional y empieza a funcionar como una sanción anticipada. El castigo se vive antes de que exista resolución firme.
Ahí es donde la crítica adquiere una dimensión jurídica seria. No porque toda cautelar sea ilegítima ni porque toda acta policial sea discutible, sino porque el sistema entero se apoya en una lógica que desplaza la carga de reaccionar al socio afectado y permite que la sanción material se adelante al cierre del expediente. Si además el afectado no puede copiar el expediente y la audiencia oral queda reducida a lo excepcional, la pregunta se impone sola: si esto no es una relación claramente desequilibrada entre el club y su base social, ¿qué lo sería?
Florentino gana dinero, pero enfría el vínculo que sostenía el relato
Florentino Pérez puede exhibir balances, crecimiento comercial y una modernización del estadio que el club presenta como histórica. Nadie puede negar su capacidad para transformar el Bernabéu en una gran plataforma de ingresos. Pero precisamente por eso el reproche que hoy emerge contra su modelo no es menor: el presidente parece haber encontrado un estadio mucho más rentable, sí, pero a costa de enfriar la relación con una parte del socio que durante décadas fue la base moral del club.
Muchos socios solo se atreven a litigar cuando ya han sido expulsados y despojados de sus derechos, tras largos años de pertenencia a una institución que sienten que “ya ni les necesita ni les respeta”. Esa formulación no es una hipérbole literaria. Es la traducción humana de una asimetría muy concreta: el club tiene estructura jurídica, músculo económico y tiempo; el socio, en cambio, se juega solo una batalla costosa y emocionalmente devastadora.
El gran riesgo para Florentino no es únicamente judicial. Es político e institucional. Puede seguir ganando asambleas, cerrando ejercicios al alza y vendiendo hospitalidad premium, pero si una parte creciente del socio tradicional interioriza que el Real Madrid lo invoca como propietario simbólico y lo trata como sobrante práctico, la fractura será mucho más profunda que cualquier recurso civil. Será una fractura de legitimidad. Y esa, en un club que se define a sí mismo por sus socios, resulta mucho más peligrosa que una mala semana de titulares.
La Policía confirma el problema, pero no tapa las grietas del sistema
La reventa existe y está acreditada. La Policía Municipal detuvo en mayo de 2024 a dos hombres en las inmediaciones del Bernabéu con 138 abonos; en octubre de 2025 requisó unos 280 abonos en la previa del Clásico contra el Barcelona; y en enero de 2026 incautó otros 63 antes del Real Madrid-Mónaco de Champions. Esos datos refuerzan la tesis de que el fenómeno es real y de que el club tiene motivos para actuar. Nadie serio discute eso.
Lo que sí falta es una explicación más transparente sobre cómo distingue el Real Madrid entre la reventa organizada y otros supuestos, qué criterios utiliza para graduar la sanción, cuántos expedientes terminan archivados, cuántos se revisan, cuántas expulsiones se rebajan y cuánto duran realmente los procedimientos. La cifra global existe. Lo que no existe, al menos de forma pública, es una fotografía detallada del funcionamiento interno de esa maquinaria disciplinaria. Y sin esos datos, el club pide confianza mientras administra opacidad.
Ese vacío de información pesa todavía más cuando la sanción máxima cae sobre socios con décadas de antigüedad. El debate, entonces, deja de ser binario. No es “reventa sí” o “reventa no”. Es otra cosa mucho más seria: si una institución con poder enorme puede sancionar con extrema dureza a sus propios miembros sin ofrecer un estándar de transparencia y garantías proporcional a la gravedad del castigo que impone. Ahí es donde el Real Madrid tiene un problema de fondo, porque la autoridad no se agota en castigar. También exige explicar, justificar y convencer.
La batalla de fondo ya no va de entradas: va del alma del club
El Real Madrid tiene derecho a proteger sus accesos, a perseguir el fraude y a castigar la reventa irregular. Pero también tiene la obligación moral, política y jurídica de no convertir esa lucha en una herramienta que erosione el modelo de club que dice representar. Porque cuando una institución que se proclama propiedad de sus socios abre cientos de expedientes, expulsa a más de un centenar y al mismo tiempo vende exclusividad premium como seña de identidad de su nuevo estadio, la discusión se desplaza inevitablemente hacia el terreno del modelo.
Eso es lo que vuelve tan delicada esta historia. El Bernabéu puede ser un éxito comercial formidable. Puede generar más ingresos, más eventos, más hospitalidad y más imagen global. Pero si esa transformación viene acompañada de un socio veterano que se siente vigilado, restringido y sustituible, entonces el club está pagando un precio muy alto en identidad. Y ese precio no se refleja en una cuenta de resultados, pero acaba pesando igual o más que una cifra de negocio.
La pregunta final es tan sencilla como incómoda: si el Real Madrid sigue siendo un club de socios, ¿por qué el socio de toda la vida empieza a sentirse cada vez menos en casa? Esa es la cuestión que Florentino y su modelo no han resuelto. Y esa es también la razón por la que este conflicto ya no puede despacharse como un asunto menor de reglamento interno. Es un choque entre negocio y pertenencia, entre autoridad y legitimidad, entre el Bernabéu como comunidad y el Bernabéu como producto. Y en ese choque, hoy, el socio sale perdiendo.
