A la vista de las recientes declaraciones de la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, sobre la imposición a las eléctricas de un impuesto que grave sus beneficios extraordinarios, seguida de las declaraciones de la Ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, sobre la reducción de los beneficios de las eléctricas, la Asociación Española de Accionistas de Empresas Cotizadas (AEMEC), quiere hacer público:
Primero: No es admisible que desde el Gobierno de la nación se agreda a la seguridad jurídica, se desestabilice la confianza que los pequeños ahorradores necesitamos en los mercados españoles, y sobre todo se realicen actuaciones de desinformación cuando no de manipulación de los resultados de las eléctricas.
Segundo: Desde la Asociación Española de Accionistas de Empresas Cotizadas (AEMEC), mostramos por tanto nuestro profundo malestar por las nuevas declaraciones de miembros del Gobierno que, muy alejadas de la realidad, exponen mensajes que no son ciertos y que pueden inducir a confusión a inversores y accionistas. No son precisamente las compañías eléctricas, dentro del sector energético, las que han tenido un incremento de sus resultados debido a la situación de la subida del precio del gas y del petróleo.
Tercero: Las declaraciones de la Vicepresidenta Segunda del Gobierno desvirtúan la realidad, generando inseguridad jurídica, y ello afecta negativamente al valor de la cotización de la acción y daña el patrimonio de los pequeños accionistas. Los accionistas minoritarios de las compañías cotizadas somos los más claros representantes del denominado capitalismo popular. Somos ciudadanos que invertimos nuestros exiguos ahorros en los mercados financieros contribuyendo por tanto a su mejor funcionamiento, en aras a la sostenibilidad y a la creación de valor compartido para todos los grupos de interés relacionados con las empresas. Y declaraciones como las realizadas por el Gobierno dañan directamente nuestro patrimonio. El impuesto extraordinario a las eléctricas no es otra cosa que un impuesto al propio accionista.
Cuarto: Declaraciones como las realizadas, además de tendenciosas, evidencian un claro desconocimiento de la realidad de nuestras compañías eléctricas que tienen la mayoría de su energía vendida a precio fijo con sus clientes, y por tanto no pueden repercutir en ellos el elevado coste que tiene para ellos la compra de gas para las centrales de ciclo combinado. En esta línea, el beneficio de las compañías puramente eléctricas en España se viene manteniendo constante en términos de Ebitda en los últimos años, pese a las cuantiosas inversiones realizadas.
Quinto: Debe pues destacarse y conocerse por todos que los supuestos beneficios extraordinarios de lo que el Gobierno habla no existen, al no haber una relación directa e inmediata entre el precio del mercado mayorista y el precio fijo al que se está vendiendo la electricidad a los clientes del sector eléctrico. En el Mercado Eléctrico Español, mercado mayorista, se forma un precio diario, y este precio no es coincidente con el que la mayoría de clientes tienen contratada su energía, puesto que la tienen contratada a plazo y a precio fijo, y en consecuencia, no existe ese “supuesto beneficio”. Por ello, debe desaparecer esa falsa apariencia de repercusión automática, respecto de los beneficios de las compañías eléctricas. La subida del precio en el mercado mayorista de electricidad, al que se encuentran vinculadas por mor de la regulación eléctrica, las tarifas reguladas de aquellos clientes que están en el llamado PVPC, está ocasionada por las subidas en el precio del gas. En consecuencia, la única vía de minorar esas subidas es limitando el precio de dicho combustible, lo que tendría un efecto inmediato sin producir distorsión en el mercado eléctrico.
Sexto: Entendemos, por tanto, que el enfoque dado por la Comisión Europea en su reciente Comunicación (REPowerEU), es la vía para el objetivo que todos deseamos, que no es otro que acelerar la transición energética para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, y para ello lo mejor es acelerar la transición energética a través de otras actuaciones, de la simplificación y aceleración de los trámites administrativos en los proyectos renovables y generando seguridad jurídica para nuevas inversiones.
Séptimo: Es por ello por lo que desde AEMEC instamos al Gobierno a seguir en la línea indicada de coordinación con la UE y colaboración con las empresas, alejándose de cualquier mensaje demagógico y falaz que, lejos de resolver el problema, generará confusión, tensión social, y sobre todo causará gran daño a la seguridad jurídica, a la confianza de los inversores y al patrimonio de los accionistas.
