Centenares de pisos vacíos, incontables jóvenes desando salir de casa y un zumbido constante, el dinero.
Los jóvenes en España se independizan de sus padres a una edad bastante más tardía que las cifras medias contempladas en el resto de Europa. El resultado no es otro que el de una sociedad repleta de “jóvenes adultos”, entendiendo por tales aquellos que retrasan hitos vitales como la emancipación, la vida en pareja o la paternidad. El origen de esta problemática, lejos de reflejar una mayor dependencia emocional o una dilatada cultura familiar, es el fruto de la precariedad del mercado laboral caracterizado por la temporalidad de los contratos y el bajo, sino nulo salario en los primeros años de trabajo. En definitiva, la alta tasa de paro juvenil, la escasa retribución y el encarecimiento de los pisos de alquiler son algunos de los factores que frustran el deseo de “abandonar el nido”, incidiendo en que sean cada vez más los jóvenes que deciden permanecer bajo el paraguas del hogar familiar.
De acuerdo a los datos publicados por Eurostat, la edad media para emanciparse en España roza casi los 30, con 29,3 años, una cifra que solo superan Italia, Montenegro y algún país balcánico. En tales circunstancias, España se ubica a la cola de los países europeos con una media de emancipación tres años superior a la comunitaria. En el primer semestre de 2021, solo el 14,9% de los jóvenes en España consiguieron emanciparse, registrándose un mínimo histórico que nos obliga a remontarnos a 1998 para encontrar cifras tan bajas.
En la mayoría de los casos la independencia va unida a la inserción en el mercado laboral. Sin embargo, en la actualidad nos enfrentamos a un panorama conformado por trabajos precarios y mal pagados lo que muchas veces impide cubrir los gastos que supone alquilar una vivienda. Según datos de INJUVE, el 75% de los jóvenes explica que no se marcha de casa por falta de estabilidad económica, situando como eje principal de la emancipación tardía la búsqueda de la seguridad y el poder adquisitivo como requisitos previos al abandono del hogar familiar. El acceso al trabajo es uno de los soportes que marcan la transición de la juventud a la madurez y España es el único país europeo que presenta una angustiosa tasa de desempleo juvenil que alcanzaba el 36,9% en agosto de 2021. En definitiva, la coyuntura socio-económica vigente limita las oportunidades de los jóvenes, haciéndolos finalmente partícipes del ideario del “ir tirando”.
La pretensión de emanciparse está cargada de dificultades que entorpecen la transición a la madurez. No es necesario que hagamos grandes estudios o reflexiones para averiguar la causa de semejante coyuntura: los jóvenes tienen ingresos bajos y las casas cada vez son más caras. En este sentido, hablar de jóvenes es hablar del anhelo de comprar, alquilar y, sobre todo, del esfuerzo por pagarlo, dado que los primeros pasos en el mercado laboral suponen dedicar alrededor del 92,2% del salario al pago del alquiler. En este contexto, más del 50% de los jóvenes emancipados en España se encuentra en una situación de sobrendeudamiento dedicando más del 30% del salario a sufragar el pago de la vivienda, cifras que se vuelven cada día más preocupantes y, sobre todo, insostenibles.
Irse de casa nunca había sido tan arriesgado. Independizarse requiere dinero y, tanto la inestabilidad económica actual derivada de la crisis sanitaria, como las dificultades y escasos recursos ofertados en el mercado laboral impiden que la emancipación sea una alternativa viable, convirtiéndonos en meros espectadores del aumento de la brecha entre lo que pueden permitirse los jóvenes y la realidad a la que se enfrentan. Los problemas están claros, las soluciones menos. Necesitamos un cambio de mirada, perseguir mejoras en todo el espectro y tomarlo como una prioridad absoluta, no solo por el bien de los afectados, sino por el conjunto de la sociedad, en vista de que se está comprometiendo su progreso. Así, nos lo advertía Kofi Annan, receptor del premio Nobel de la paz en 2001: “Una sociedad que aísla a sus jóvenes, corta sus amarras: está condenada a desangrarse.” A tal efecto y como medida paliativa se configura el Bono Joven de alquiler aprobado por el Gobierno en los Presupuestos Generales de Estado del 2022.
Esta medida aspira a modificar la concepción de la vivienda, procurando que deje de considerarse un bien de lujo al que solo pueden acceder unos pocos. El Gobierno estima que la partida destinada al Bono Joven beneficiará en torno a 70.000 jóvenes de entre 18 y 35 años que presenten unos ingresos anuales inferiores a 24.318 euros (o lo que es lo mismo, unos ingresos inferiores a tres veces el IPREM). No obstante, el Gobierno ha flexibilizado el límite de ingresos, ampliando el tope hasta los 32.425,12 euros, siempre que el perceptor de la ayuda tenga que mudarse a otra provincia o comunidad autónoma.
El solicitante deberá acreditar una vida laboral de, al menos tres meses de antigüedad, en los seis meses inmediatamente anteriores al momento de la solicitud, o una duración prevista de la fuente de ingresos de al menos seis meses desde el día de su solicitud. Ahora bien, la tenencia de un contrato de trabajo no se configura como requisito indispensable, bastando con acreditar la duración necesaria de la fuente de ingresos. Como es lógico, para optar a la posible ayuda resulta imprescindible probar que se vive en régimen de alquiler y figurar en el contrato de arrendamiento, así como estar empadronado en dicha vivienda y, siempre y en todo caso, deberá tratarse de la residencia habitual del perceptor de la misma.
Según lo publicado en el BOE, la cantidad máxima a percibir será de 250 euros mensuales, variables en función de los ingresos del solicitante, durante un periodo máximo de dos años. El Bono Joven gozará de un carácter individualizado, de forma que se otorgará a cada solicitante y no a cada vivienda, pudiendo ser beneficiarios del mismo varios miembros pertenecientes a un mismo contrato de alquiler. En relación al umbral máximo, el precio del alquiler no podrá superar los 600 euros, ampliable a 900 en las zonas más tensionadas, dejándose esta decisión en manos de las Comunidades Autónomas. Del mismo modo, también se podrán beneficiar de esta ayuda los inquilinos de habitaciones que paguen hasta 300 euros, límite ampliable a 450.
La compatibilidad del Bono Joven con otros subsidios se instauró como eje principal de las preocupaciones de los solicitantes. Finalmente, el texto normativo recoge que la obtención del mismo se podrá conciliar con las pensiones no contributivas, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y con las ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, aprobadas también por el Consejo de Ministros. La fecha a partir de la cual podrá solicitarse sigue siendo una incógnita, teniendo como única certeza el carácter retroactivo de la ayuda, aplicándose desde el mismo 1 de enero, independientemente de la fecha que finalmente se determine para el inicio de las solicitudes. La tramitación de la misma se llevará a cabo a través del departamento de Vivienda de las comunidades autónomas, tanto de forma presencial como telemática.
Esta iniciativa no está exenta de críticas. Muchos jóvenes sostienen que 250 euros al mes no solucionan el problema de fondo: la precariedad laboral, y no les falta razón. A su vez, numerosos autores consideran que se trata de una medida paliativa que no soluciona el drama del alquiler siendo muy probable que no alcance el efecto deseado, y es posible.
La única certeza es que, por el momento, España no es país para jóvenes. En este sentido, debemos huir del pensamiento que sostiene que una única reforma puede tener efectos transformadores en una cultura tan arraigada, siendo necesaria una apuesta más fuerte. En cualquier caso, el Bono Joven no deja de suponer un avance en una sociedad que hasta ahora miraba para otro lado. Un buen primer paso para la definitiva instauración de una política estructural de integración que, por fin, facilite a los jóvenes la transición a la vida adulta.
Sofía Zulaica, abogada de Cremades & Calvo-Sotelo
