Muchas de las grandes reformas institucionales puestas en marcha en los últimos años en diferentes países de América y Europa, han dirigido sus esfuerzos a la creación de instituciones transparentes y confiables que garanticen una mayor protección y seguridad jurídica a la inversión nacional e internacional.
En un contexto inexorablemente globalizado y competitivo, la confianza de los inversores depende, en gran medida, de la calidad y solidez de las instituciones que ofrecen mecanismos regulatorios idóneos para su protección y garantía.
La confianza inversora permite la financiación de importantes proyectos energéticos y de telecomunicaciones necesarios para el bienestar de los ciudadanos, la disminución de la pobreza y la generación de mayor igualdad de oportunidades. Y al mismo tiempo, requiere de las garantías necesarias para proteger a los pequeños, medianos y grandes inversores que, a través de un mercado internacional de valores plenamente interconectado, dirigen hacia dichos proyectos los ahorros de las familias, los fondos pensionales, o los recursos destinados a garantizar los más elementales derechos sociales, entre otros.
Por esto, y ya en el año 1995, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en lo sucesivo, “OCDE”) publicó la primera declaración internacional de estándares regulatorios a través de la Recomendación del Consejo para Mejorar la Calidad de la Regulación Gubernamental para los países miembros. Su objetivo fue examinar la importancia y necesidad de emprender reformas en los sectores regulados de los países que la integran. Reformas que, en último término, buscan reconstruir la legitimidad y la confianza de los ciudadanos en las Instituciones.
La OCDE defiende la formulación de políticas públicas fundadas en un conocimiento empírico y en el análisis de datos contrastados que facilitan a los ciudadanos la tarea de evaluar la eficiencia e idoneidad de sus instituciones. En este marco, la OCDE publicó en el año 2012 las conclusiones de un importante trabajo previo de reflexión en materia de política y gobernanza regulatoria. Conclusiones prácticas dirigidas a evaluar y mejorar la calidad de los sistemas e instituciones de regulación.
Las recomendaciones del Consejo de la OCDE sobre Política y Gobernanza Regulatoria constituyen la primera declaración internacional integral sobre política regulatoria desde el inicio de la crisis económica global. En este documento la OCDE plasma un conjunto de importantes recomendaciones sobre los principios y mecanismos que se necesitan para mejorar la competitividad de las instituciones públicas. Mejoras que requieren avanzar hacia los estándares más elevados en el diseño, la aplicación y la revisión de sus marcos regulatorios, para fortalecer la capacidad y la calidad de las potestades públicas en materia de regulación de los sectores más estratégicos para el progreso económico y social.
Son múltiples las líneas de mejora de las instituciones regulatorias. Entre ellas, la claridad, transparencia y participación abierta a través de procesos de consulta pública en la fase previa de diseño de las diferentes alternativas de regulación; la revisión, evaluación y actualización periódica de las normas e instituciones regulatorias; el análisis a fondo del impacto de las estrategias reguladoras; los mecanismos de rendición de cuentas; la publicación de los estudios de desempeño de la regulación aplicada, poniendo de relieve, en su caso, los defectos del sistema y sus necesidades de modificación; la posibilidad de cuestionar la legalidad de las decisiones reguladoras con arreglo a los principios de debido proceso y acceso a los mecanismos nacionales e internacionales de justicia, incluidas las orientadas a prevenir cualquier modalidad de expropiación sin justa causa y sin previo pago del correspondiente justiprecio a favor de los inversores.
Asimismo, entre las diferentes líneas de mejora de las instituciones regulatorias, cobra especial atención por su protagonismo, el apartado dedicado a las autoridades independientes de regulación. El Grupo de trabajo de la OCDE considera preciso establecer en cada país un Órgano que sea responsable de la supervisión regulatoria en su conjunto, de conformidad con el marco jurídico general que establece las líneas regulatorias. Una autoridad que de manera activa supervise los procedimientos y objetivos de la política regulatoria de los Estados. Este órgano, en todo caso, debe tener una característica esencial y de la mayor importancia: debe ser una autoridad independiente, respaldada por garantías efectivas de neutralidad y autonomía frente a indebidas injerencias de carácter político.
La autoridad independiente de regulación y supervisión, para serlo, debe estar dotada de un estatuto jurídico propio en el que se especifiquen, al menos, su composición y las garantías de estabilidad para quienes conforman sus órganos rectores, sus funciones, los instrumentos precisos de regulación y supervisión, el modo de adoptar decisiones y los recursos o reclamaciones de revisión que caben frente a ellas. Igualmente, debe contemplar los mecanismos especiales que garanticen el necesario control de calidad de los proyectos regulatorios, su revisión, evaluación y permanente actualización.
