La Unión Europea apuesta por medidas contundentes contra personas y empresas para disuadir a Moscú de persistir en su agresión.

Tras el inicio de la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa hace unos meses, han sido muchos los organismos internacionales y Estados que han procedido a castigar dicha acción sin recurrir al uso de las armas.

Como ocurriera con el bloqueo continental del imperio napoleónico contra el Reino Unido, el embargo contra Rusia pretende debilitarla y mitigar su poderío militar en aras de alcanzar la paz. Pero las sanciones son un arma de doble filo que puede afectar negativamente a los propios sancionadores. Estas medidas se conciben como restricciones emanadas del multilateralismo de las organizaciones internacionales, aunque desde un punto de vista más realista son frecuentes las sanciones de carácter unilateral (a veces incluso bajo una apariencia multilateral) que responden, no a una búsqueda de la paz, sino a los intereses geopolíticos de los Estados más poderosos.    

Desde el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas a través de su antecesor la Sociedad de Naciones, el objetivo primordial de la organización ha sido el mantenimiento de la paz y la prevención de la violencia interestatal a través de medios no violentos como las sanciones internacionales. La ONU contempla en el artículo 41 de su Carta una amplia gama de disposiciones que no requieren del uso de la fuerza para intimar a países que atentan contra la paz y seguridad internacionales. Sin embargo, de momento no ha sido posible acordar medidas de esta índole contra la Federación Rusa debido a su poder de veto en el Consejo de Seguridad (único órgano con capacidad para dictar resoluciones sancionadoras vinculantes) y aunque la Asamblea General podría celebrar una sesión en este sentido, la eventual recomendación que se consensuase no tendría carácter vinculante.

Por su parte, la Unión Europea ha sido la principal valedora de las restricciones económicas en el panorama internacional al ampliar las medidas coercitivas ya en vigor contra Rusia desde la guerra del 2014, habida cuenta del peso que para este país suponen las relaciones comerciales con Europa. El objetivo es debilitar y asfixiar la economía rusa a fin de desalentar al Kremlin de continuar el conflicto y apuntan ya no sólo a Rusia, sino también a su aliado Bielorrusia, clave en el cerco sobre Kiev.

Concretamente en su Decisión 2022/430 de 15 de marzo de 2022 que enmienda la Decisión 2014/512, el Consejo de la Unión Europea aumentó considerablemente las sanciones ya vigentes.

Un primer bloque de sanciones lo conforman las limitaciones comerciales sobre determinados productos, empresas, sectores o zonas geográficas. Desde ahora son ilegales las exportaciones de recursos de doble uso (civil y militar) así como cualesquiera otros bienes que favorezcan las capacidades de defensa de Rusia, incluyendo la importación y exportación de armas. Abarca también aquellos bienes y tecnología que puedan ser destinados a la obtención de combustibles, incluyendo el comercio de hierro y acero. Igualmente se restringe el comercio con las zonas prorrusas de Crimea, Sebastopol, Donetsk y Lugansk. La última tanda de este tipo de medidas incluyó la restricción del comercio de determinados bienes de navegación marítima y las comunicaciones radiofónicas con Rusia.

Con el recrudecimiento de la guerra, las sanciones se han extendido a la prohibición de vuelo sobre el cielo europeo y al acceso de transportistas rusos a los aeropuertos comunitarios, así como la suspensión de la retransmisión de medios audiovisuales propiedad del Estado ruso como RT (Russia Today) o Sputnik, acusados de ser máquinas de propaganda y desinformación, medida que ha suscitado no poca polémica.

Además se amplían las restricciones económicas y financieras que ya se encontraban vigentes como la exclusión de las principales entidades bancarias rusas del sistema de pagos internacionales SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) y la prohibición de llevar a cabo transacciones con cualquier entidad o persona jurídica establecida en Rusia participada públicamente en más del 50% o con una relación sustancial con el Gobierno o el Banco Central Ruso, así como personas jurídicas propiedad en un 50% o colaboradoras con alguna de las anteriores.

En otro orden de cosas se han aplicado medidas concretas sobre determinadas personas físicas y jurídicas, inmovilizando sus fondos y recursos económicos, así como sus posibilidades de movimiento y entrada al territorio de la Unión. La congelación de activos ha afectado ya a más de 900 personas y a 53 sociedades de origen ruso en nuestro país y entre los sancionados, se encuentran los conocidos como “oligarcas rusos” e incluso a las propias las hijas de Vladimir Putin.

Las empresas de ámbito europeo son determinantes para llevar a buen fin las sanciones, por ello se ha establecido una serie de obligaciones para quienes mantengan o vayan a mantener relaciones comerciales con Rusia. Se exige la detección y la comprobación de operaciones con alguna de las personas, empresas o instituciones sancionadas; en su caso, el bloqueo de las actividades del cliente y la congelación de sus fondos; y la necesaria comunicación de cualquier información pertinente a las autoridades comunitarias. No cumplir con estas medidas puede acarrear multas de hasta 10 millones de euros en base a una vulneración de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como de la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando.

Si la contratación con Gazprom no ha sido restringida, sí ha sido limitado el pago en rublos, lo cual ha puesto a instituciones y empresas en la disyuntiva de incumplir el contrato con Gazprom o infringir las sanciones dispuestas por la UE. La solución que se plantea es la búsqueda de otros suministradores de gas licuado como EE. UU. o Qatar. En este sentido precisamente, el gobierno holandés ha pedido a sus municipios que resuelvan sus contratos con la gasística rusa. Por si fuera poco, crecen las presiones en el seno de la UE para que el embargo se extienda a la importación de petróleo ruso, aunque ello no termina de convencer a países como Alemania o Hungría. De hecho, Hungría ha manifestado ya su fuerte oposición a aplicar sanciones a la energía rusa y a la limitación de pagos en rublos.

No deben perderse de vista tampoco las sanciones impuestas por EE. UU. y Reino Unido, así como las de otros países del G7 y la OTAN, sin contar con los boicots realizados por gran cantidad de multinacionales y organismos deportivos. En España, por ejemplo, se ha procedido al embargo, en coordinación con EE. UU., del yate propiedad del magnate ruso Viktor Vekselberg, cofundador del grupo Renova.

El efecto más inmediato de las sanciones ha sido el desplome de la bolsa rusa en casi un 40% desde el mismo día de la invasión y la caída del rublo a mínimos históricos, sin embargo, el banco central de Rusia ha sabido mover ficha y lograr una tímida recuperación a principios de abril junto con los movimientos diplomáticos de Putin. Un efecto significativo de la marginación de las entidades bancarias rusas de los sistemas bancarios internacionales y la caída del rublo es el considerable encarecimiento del comercio electrónico para los consumidores rusos, aunque la inflación se mantiene en niveles similares a los del territorio comunitario (en torno al 7-7,5%). Se pronostica una contracción de entre el 8% al 15% del PIB del país. Sin embargo, la República Popular China sigue siendo el principal socio exportador (14.6%) e importador (23.7%) de la Federación Rusa, y por muy unánime que sea el embargo entre los países occidentales, las sanciones están aún lejos de remover las conciencias en Moscú. No por nada el presidente ruso, exhortó hace unos días a los BRICS a “protegerse de ataques con sanciones de Estados Unidos y sus aliados” y son aún imprevisibles los movimientos de actores intermedios como Pakistán, Indonesia, Egipto o Malasia.

Pero las sanciones internacionales no siempre tienen el efecto deseado, y menos en países tradicionalmente amonestados. Para muestra un botón, Estados como Irán, Cuba, Corea del Norte y hasta hace poco Venezuela han hecho de la supervivencia al bloqueo su seña de identidad. Por ello no sorprende que miembros de la Duma hayan pedido ser incluidos en la lista de sancionados por Occidente, pero incluso de contrario, algunos senadores americanos se han vanagloriado de ser amonestados por Rusia.

Además, no es la primera vez que se produce un efecto bumerán que afecta colateralmente a la economía del país sancionador. Así, en el caso de España, el primer y principal revés a nuestra economía ha llegado de la mano de un fuerte encarecimiento de la energía y los insumos. Mas no es el único sector afectado, el cierre de los puertos y la interrupción de las cadenas de suministro tampoco favorecen las relaciones comerciales de sectores como el automóvil, la construcción o la agroalimentación. En este último ámbito, las empresas harineras van a padecer aumentos de costes al obstaculizarse el suministro por parte del mayor exportador de trigo del mundo, Rusia. La exclusión de un alto número de bancos rusos del sistema SWIFT también ha complicado las transacciones de grandes compañías como INDITEX.

Con todo y ello, el efecto sobre España es limitado teniendo en cuenta la tendencia inflacionista previa a la guerra y la poca dependencia de nuestro país del comercio con Rusia. No así países como Alemania, cuya bolsa ha caído cerca del 20% en lo que va de año, o empresas como British Petroleum (BP) cuya colaboración suspendida con la petrolera rusa Rosneft ha supuesto una pérdida de 25.000 millones de dólares.    

Quién lo diría, la misma Rusia que rompió el bloqueo de 1806 comerciando con Reino Unido es ahora la nación sometida a embargo. Pero me temo que la interdependencia entre países en la era de la globalización y la sombra de China dificultan todavía una efectiva marginalización. Pese a todo lo anterior, el impacto de las medidas está aún por ver en los próximos meses y no se descartan nuevos paquetes de sanciones.

 

David Pastrana, abogado de Cremades & Calvo-Sotelo

De acuerdo