Desde hace poco más de un año, los precios de la electricidad en España han incrementado vertiginosamente, superando en las últimas semanas los 185€/MWh, lo cual incide en la factura eléctrica de los consumidores españoles. Por otra parte, este incremento no parece que disminuirá con el paso del tiempo, sino por el contrario, todo apunta a que el precio de la electricidad se mantenga elevado si no se toman las medidas necesarias por nuestro Gobierno.

 

Aun cuando estos precios –mayoristas- no afectarían directamente a todos los consumidores –minoristas, existen modalidades contractuales en las que estos precios se aplican inmediatamente, como por ejemplo, el precio regulado PVPC, Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, o los contratos en mercado libre basados en precios dinámicos, indexados al pool energético.

 

Para intentar paliar esta situación, se ha aprobó el pasado mes de junio el Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del aguapublicado en el BOE del 25-junio 2021,  con medidas urgentes que teóricamente van destinadas a la contención y paliación de los efectos causados en la economía de los españoles las subidas en el precio de la electricidad. Entre las medidas aprobadas se encuentran las siguientes:

 

I) Para los contratos de energía eléctrica cuyo término fijo de potencia no supere los 10 kW, se aplicará una rebaja, desde el 21% al 10% en el tipo impositivo del IVA que recae sobre todos los componentes de la factura eléctrica cuando el precio medio mensual del mercado mayorista en el mes anterior al de la facturación haya superado los 45 €/MWh, con el objeto de reducir su importe. Esta medida tiene un carácter excepcional y transitorio, hasta el 31 de diciembre de 2021.

 

II) También se rebaja al 10% el tipo impositivo del IVA aplicable a la factura eléctrica de los titulares de contratos de suministro de electricidad que sean perceptores del bono social y, además, tengan reconocida la condición de vulnerable severo o vulnerable severo en riesgo de exclusión social, durante el periodo de vigencia de este real decreto-ley, con independencia del precio de la electricidad del mercado mayorista.

 

III) Adicionalmente, se reduce otro de los costes operativos como es el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE). Como consecuencia, de forma excepcional, durante el tercer trimestre de 2021, se procede a exonerar del IVPEE a las instalaciones que producen electricidad y la incorporan al sistema eléctrico. Ello conlleva modificar el cómputo de la base imponible y de los pagos fraccionados regulados en la normativa del tributo. Esta suspensión, de acuerdo con las mejores estimaciones de ingresos y costes, sería compatible con un cierre del ejercicio 2021 del sistema eléctrico en equilibrio, respetándose el principio de sostenibilidad económica y financiera consagrado en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sistema Eléctrico.

 

Conviene indicar que la reducción del IVA del 21% al 10% desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2021, se aplica solo a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de energía eléctrica efectuadas a favor de:

 

a) Consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kW, siempre que el precio medio aritmético del mercado mayorista de la electricidad correspondiente al mes anterior al del último día del periodo de facturación haya superado los 45 €/MWh.

 

b) Consumidores vulnerables severos y en riesgo de exclusión social conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, con independencia de su potencia contratada y del precio del mercado.

 

Pensamos que las medidas adoptadas serán insuficientes para evitar la subida de la tarifa eléctrica a medio plazo, ya que, por un lado el problema del precio de la electricidad es muy complejo y entran en juego demasiados factores, y por otro lado se incluyen en la factura otros conceptos teóricamente inamovibles por errores legislativos de épocas pasadas, principalmente de la etapa del Gobierno de Zapatero, con políticas irreales que posteriormente tuvieron que rectificarse. Por otro lado, la subida del precio del gas, determinados conflictos internacionales y el ataque político que se lleva haciendo en España desde hace varios años contra las centrales nucleares de producción de energía eléctrica, la cuales generan energía a un coste muy razonable, hacen que la esperanza en que este problema se solucione a corto o medio plazo sea baja.

 

Rafael J. García Millán.

Socio Departamento Fiscal Cremades & Calvo-Sotelo Abogados.

De acuerdo