El presente trabajo tiene como objetivo exponer de manera resumida las principales novedades que van a tener lugar a lo largo de este año en el ámbito procesal, así como detallar brevemente los puntos más reseñables de cada una de ellas.
En la actualidad se encuentran tramitándose en las Cortes Generales tres proyectos de ley que van a tener un gran impacto en el ámbito de la Administración de Justicia:La Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, La Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia y la Ley de medidas de eficiencia digital del servicio público de Justicia.
Estas normas constituyen la base legislativa del Plan Justicia 2030, el proyecto del Ministerio de Justicia a través del cual se pretende modernizar la Administración de Justicia española.
1. Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia.
La primera de estas normas tiene como principal objetivo una reestructuración en los Tribunales Españoles. Como medidas más relevantes se observan varias como son la sustitución de los Juzgados actuales en favor de los Tribunales de Instancia, los cuales sustituyen la estructura unipersonal de los Juzgados por un sistema de organización colegiada. El proyecto de ley establece que habrá un Tribunal de Instancia por cada partido judicial con sede en la capital de la provincia.
Su organización estará dividida en Secciones que podrán variar en función del volumen de asuntos y actividad que se concentra en el partido judicial.
La creación de estos órganos judiciales va a suponer que se pase de tener más de 3.500 tribunales a 431, uno por partido judicial.
Por otro lado, la definitiva implantación de la oficina judicial, así como el establecimiento de oficinas de Justicia en las localidades son los principales puntos que desarrollan esta Ley.
2. Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia.
Esta norma pretende modificar aspectos muy variados entre los que se encuentran la inclusión de medios telemáticos, la promoción de medios alternativos para la resolución
de disputas y controversias o la agilización de trámites procesales. Dentro de este último punto destaca el alcance del juicio verbal en la jurisdicción civil, disminuyendo notablemente el número de vistas y favoreciendo las resoluciones orales, agilizando notablemente los procedimientos afectados.
Por último, se introduce la figura del “pleito testigo” que es una técnica procesal para ahorrar trámites repetitivos y estériles y que permite la extensión de los efectos de una resolución judicial en identidad de objeto.
3. Ley de medidas de eficiencia digital del servicio público de Justicia.
Esta última Ley está centrada en aspectos tecnológicos dentro del ámbito de la Administración de Justicia. Tras la pandemia del COVID- 19 en el año 2020, ha quedado acreditado la necesidad de modernización, adecuando las nuevas tecnologías al ámbito judicial para mejorar la agilidad de los diferentes tramites. Junto a los mencionados medios, se incorpora un sistema único y personalizado de identificación segura que posibilitará el acceso con garantías a la carpeta de Justicia, y permitirá a cada persona consultar sus asuntos, expedientes, actos de comunicación o solicitar cita previa.
El proyecto de ley generaliza el uso de medios electrónicos para relacionarse con la Administración de Justicia, potenciando el ya existente Punto de Acceso General de la Administración de la Justicia, así como de las sedes judiciales electrónicas.
Por último, se recogen aspectos como registros, expedientes, vistas telemáticas, o identificación electrónica de las distintas partes en el proceso, necesarios para adecuar la Administración de Justicia a los medios electrónicos y agilizar de esta manera los tramites telemáticos procesales.
En conclusión, el objetivo es que estas tres normas se aprueben a lo largo de este año, sin perjuicio de las modificaciones que pudiesen sufrir debido al calendario electoral, y que sirvan como modernización y actualización a la administración de justicia para solventar los problemas a los que hace frente en la actualidad.
Lucía Valtueña Esteban, abogada de Cremades Calvo- Sotelo S.L.P
