Los servicios públicos —limpieza, transportes, la vivienda o el agua— se han convertido en una cuestión metropolitana, ya que Sevilla ha evolucionado hacia un modelo supramunicipal y, por tanto, deben gestionarse como tales y siempre partiendo de un modelo en manos de profesionales y que incida en la necesidad de una mayor colaboración público-privada.
Esas son las principales ideas que quedaron claras en la primera mesa redonda del foro Sevilla 2029, dedicada a los servicios públicos y celebrada el pasado viernes en la casa de ABC con la participación de cuatro expertos de la sociedad civil. Alberto de Leopoldo, director del máster de finanzas del Instituto Cajasol; Juan Martínez Barea, fundador y presidente de Universal DX; Fernando Martínez Salcedo, profesional de procesos urbanos y Francisco J. Fernández, profesor en servicios públicos y socio del bufete Cremades&Calvo Sotelo debatieron sobre la situación de los servicios públicos, el modelo que deben seguir, su financiación y otros aspectos.
Aunque el debate provocó un fluido intercambio de ideas, los miembros de la mesa estuvieron de acuerdo en diagnosticar algunos de los problemas. Abrió el fuego la evaluación de los servicios públicos que se prestan en Sevilla, donde hubo consenso en que la limpieza era el capítulo con peor valoración entre los ciudadanos. Al respecto, se coincidó en que el problema de la suciedad es tanto de quien limpia como de quien ensucia. Así, además de la mejora del servicio municipal, se apuntó la necesidad de impartir en las escuelas conceptos de educación urbana de una forma más seria de lo que se hace en la actualidad. También hubo consenso en la implantación de un estricto régimen sancionador para quien ensucie el viario público. «He vivido en California, y allí no hay papeles en el suelo ni cacas de perro. En Sevilla sí. Habría que poner multas contundentes a los dueños. Si se implanta un registro de mascotas, hoy en día es fácil identificar a los perros mediante un sencillo estudio de ADN en las heces», apuntó Martínez Barea.
Martínez Salcedo apuntó la necesidad de replantear el concepto de servicios públicos para darles una dimensión metropolitana. «La vida en Sevilla ha cambiado. Los sevillanos van a comprar a centros comerciales o a estudiar a universidades que están en otros municipios. Las necesidades de servicios son metropolitanas», aseguró. Hubo consenso en la necesidad de adaptar el sistema de servicios a «una ciudad multinodal», incluyendo las nuevas formas de movilidad, que incluyen patinetes o bicis, además de los clásicos como el autobús, el taxi y el metro.
Tarjeta única
En esta línea de ciudad metropolitana también se habló de la necesidad de poner en marcha una tarjeta única con la que el ciudadano pueda montarse en cualquier transporte, independientemente de cual sea su titularidad. «Lo importante es que se pueda llegar de La Rinconada a Dos Hermanas con una única tarjeta», afirmó Martínez Salcedo.
El mismo discurso es aplicable a otros servicios como la gestión de residuos, que se consideró «obsoleta». Se comentó la necesidad de una planta supramunicipal de tratamiento «más moderna» ya que, de lo contrario, no tiene sentido que el ciudadano esté en su casa separando los distintos tipos de residuos para que luego, con la excepción del vidrio, todos los demás vaya al mismo lugar.
Fran J. Fernández aportó otro punto de mejora reseñable: la necesidad de una evaluación más estricta de la gestión de las empresas públicas que prestan los servicios municipales y la capacidad de mejorar sus prestaciones en base a esa fiscalización. «Hay mucho margen de mejora en la estrategia de datos», apuntó. Para ello se sugirió la creación de una oficina técnica específica que permita optimizar el funcionamiento de estas empresas.
La colaboración público-privada acaparó muchos minutos de debate. Hubo consenso en que profundizar en este modelo de gestión no tiene nada que ver con privatizar. Por el contrario, la aproximación entre el sector público y el privado, un modelo que se impone en Europa, fue defendido como una opción interesante de mejora en la gestión de los servicios públicos. Francisco J. Fernández resaltó la transferencia de conocimiento entre ambos sectores que esta fórmula genera y el hecho de que muchos fondos europeos reclamen este modelo operativo: «Perdemos mucho dinero por no tener una estructura profesionalizada en las empresas públicas», recalcó. Defendió la necesidad de «acercar la gestión pública al mercado real» de la empresa privada y apostó por mejorar la capacidad del sector público de «rastrear» el mercado de las empresas con las que se puede contratar.
En este sentido, Martínez Salcedo cuestionó la «falta de transparencia» en esas contrataciones públicas y el hecho de que —quizás por inercia— la «parrilla de contratos sea la misma desde hace treinta años». Por eso apostó por renovar la cartera de compañía que puedan colaborar con los servicios públicos.
La financiación de estas empresas —tasas, impuestos y financiación estructurada en préstamos a largo plazo— también fue objeto de debate. Se apuntó la posibilidad de comercialización de activos municipales en el mercado financiero —diseñar una estrategia de amortización de activos— como una vía de recibir ingresos. También se subrayó el amplio margen de mejora en la captación de ayudas nacionales y europeas, y se propuso la profesionalización de esta tarea, ya que en la mayoría de las empresas públicas no hay personal formado específicamente para ello.
En cuanto a las tasas e impuestos, Alberto de Leopoldo resaltó la importancia de la «pedagogia impositiva», saber comunicar al ciudadano de forma directa y detallada el uso que se le da al dinero que paga. «El ciudadano debe tener la percepción de que el dinero de sus impuestos sirve para que la ciudad esté limpia o para que llegue el autobús y que no es un gasto absurdo», afirmó. En ese contexto, se insistió en que los gestores municipales deben de ser capaces de que la sociedad entienda «cual es el precio real» de los servicios y que ese pago de impuestos es «inevitable» y que hay muchas cosas por las que hay que pagar.
Se cuestionó asimismo el principio del sistema universal de gratuidad, que para Martínez Salcedo es «insostenible». En este sentido, se mostró partidario de referenciar los bonos de transporte gratruitos con los ingresos de los usuarios, rompiendo el principio de universalidad, ya que supone un gasto «salvaje» que impide llevar a cabo otras inversiones como renovar la flota de autobuses y tener una verdadera «flota de activos».
Se debatió la necesidad de atraer el talento a las empresas públicas de servicios tanto como a la sociedad en general. Martínez Barea destacó las universidades sevillanas forman ingenieros o matemáticos de muy buen nivel que en su mayoría salen fuera a trabajar. En este sentido, se postuló a favor de crear un equipo de trabajo municipal específico atraer el talento, como la oficina que opera en Lisboa, una capital que ha disparado su posicionamiento en el ámbito tecnológico.
- Configurar una dimensión metropolitana a las empresas públicas
- Crear una tarjeta única metropolitana para transporte público y privado
- Incrementar drásticamente las sanciones por ensuciar el viario público
- Incrementar la fórmula de gestión público-privada
- Creación de una única Oficina Técnica de Gestión y una profesionalizada
- Crear una Oficina de Atracción de Talento
- Comercializar los activos municipales en el mercado financiero
- Información detallada a los contribuyentes del destino de sus impuestos
- Profesionalizar la captación de ayudas nacionales y europeas
- Referenciar la gratuidad del transporte con el nivel de ingresos
En este capítulo, se resaltó la necesidad de buscar sinergias con Málaga, que ha realizado un buen trabajo en este sentido. «No tenemos que competir con Málaga, sino trabajar con Málaga», afirmó Martínez Barea, quien refirió el ejemplo de Silicon Valley, donde «la distancia entre San Francisco y SanJosé es bastante más amplia que la que hay entre Sevilla y Málaga», dijo. Alberto de Leopoldo resaltó que hace falta «vender Sevilla» como destino de inversores «en un concepto metropolitano», y Francisco Fernández lamentó la carencia de procedimientos administrativos para dar la bienvenida a proyectos de inversión.