A raíz del artículo de un profesor de economía alemán preguntándose de un modo retórico —es decir, afirmando sustancialmente— si España puede ser considerada como un “Estado fallido” convendría hacer algunas precisiones. La categoría de “Estado fallido” no es una categoría legal o institucional definida en los tratados internaciones. Es un concepto, digamos, doctrinal, elaborado por profesores y expertos en relaciones internacionales y popularizado por el Fondo para la paz (Fund for Peace), una organización no gubernamental de origen estadounidense dedicada al estudio de los conflictos internacionales.
Fund for peace viene elaborando desde el año 2005 un índice anual de Estados frágiles y afectados por conflictos. El índice se basa en el análisis de diversos factores que tienen que ver con el concepto de gobernanza, entendida en el sentido de eficacia de la acción estatal. Siguiendo a Francis Fukuyama, la acción de un Estado no solo ha de desarrollarse en un mínimo de funciones (defensa, orden justicia, protección, etc.) sino que además ha de ser eficaz. Puede decirse que la acción de un Estado es eficaz cuando “es capaz de dictar leyes, hacerla cumplir, administrar de modo razonable” (Las claves del mundo actual, Avilés, Pardo y Sepúlveda, 2014). En ese marco, la referida organización analiza en cada país de la comunidad internacional diversos parámetros referidos a esa eficacia estatal, centrándose especialmente en aquellas situaciones que generan o pueden generar conflictos, tales como presión migratoria, movimientos de refugiados, desigualad intensa, crisis económica, deterioro de los servicios públicos; violación extendida de los Derechos Humanos, pérdida por las instituciones estatales del monopolio de la fuerza, aparición de poderes inmunes a las potestades estatales, alta criminalidad y corrupción organizada.
El índice de estado frágiles o fallidos resultante suele ubicar, de modo recurrente, en los primeros puestos de la lista a los Estados más autoritarios, violentos y obscuros del planeta, como por ejemplo Somalia, Congo, Sudán, Afganistán, Yemen, etc. El disponer de un cierto nivel de democracia no exime de figurar en la lista, en los puestos subsiguientes, cuando los mínimos de gobernanza y estabilidad no se cumplen, es el caso de países como República Centroafricana, Pakistán, Nigeria, etc.).
España no está ni ha estado desde la creación de ese índice entre los estados considerados como frágiles o fallidos. No forma parte no ha formado nunca de ninguno de los seis grupos que establece el índice, según el nivel de fragilidad (Alerta extrema, alerta grave, alerta, precaución). Y no lo está porque en España no se dan afortunadamente ninguna de las condiciones que conducen a la quiebra total o casi total de la autoridad estatal. La acusación del profesor alemán se basa en una supuesta inoperancia en España de los tres poderes estatales, legislativo, judicial y ejecutivo. Como hemos visto, ese análisis no es el que utiliza el referido índice. En todo caso, no puede afirmarse seriamente, estando mínimamente informado, que España los referidos poderes estatales están haciendo aguar, hasta el punto de anular la gobernanza en el país. Afirmar que España es un estado fallido, aunque sea de modo retorico, no tiene ninguna base objetiva y solo puede obedecer a un palmario desconocimiento de la realidad o a una intención dañina (tampoco puede descartarse un mero afán de caer bien al sector de población de los países donantes con más prejuicios). Al invocar infundadamente la idea de estado fallido, señalando con el índice a España, lo que se subyace es una duda sobre la capacidad del prestatario para disponer adecuadamente del crédito. Es legítimo, desde luego, apelar a la responsabilidad y a la sensatez en el uso de esos fondos. Pero lo que no se puede, ni tan siquiera con fines de oposición política, es atribuir sin fundamento alguno a un país miembro de la UE, bajo el sonoro concepto de “estado fallido”, la concurrencia de situaciones traumáticas que no existen y ni tan siquiera pre existen. A pesar de la enconada confrontación política que le afecta, de los efectos de pandemia y de sus imperfecciones, España es hoy por hoy un estado sólido, que ocupa el puesto 26 de 189 países en el Informe sobre Desarrollo Humano de Naciones Unidas y el 16, entre 167 países, en el índice de democracia elaborado por The Economist). Cuenta con medios y voluntad para salir adelante (no sin dificultades, por supuesto) y con sociedad civil ha demostrado que es capaz de adaptarse las tremendas circunstancias que la crisis sanitaria ha provocado la pandemia. En un breve lapso de tiempo y sin experiencia previa, la sociedad española, al igual que la del resto de estados de nuestro entorno europeo, ha sabido organizarse y disponer de las medidas legales y materiales que estaban a su alcance para capear el temporal. Los turnos para teletrabajar, el respeto de los aforos, la oferta de servicios a domicilio, la organización de las escuelas, las medidas de higiene, etc. Un Estado fallido o en vías de estarlo no es capaz de organizarse de ese modo y de preservar, como aquí ocurre, los estándares de vida habituales. No debemos, por tanto, prestar credibilidad alguna a las conclusiones del referido profesor, que, en su caso, dan lugar una hipótesis fallida. Una boutade; una exageración manifiesta, ajena a la realidad, que puede provocar una seria mella en la reputación de todos los españoles, con independencia del color de su voto.
Madrid, 13 de octubre de 2020.
Santiago R. Bajón
Abogado
Cremades & Calvo-Sotelo Abogados
