La reciente Asamblea General de Better Finance, celebrada en Madrid, evidenció una grave preocupación colectiva por el modelo de gobernanza de REDEIA. Lo que empezó pareciendo una crisis técnica reveló dimensiones mucho más profundas: una gestión opaca, la falta de rendición de cuentas, y contradicciones sustanciales entre los informes emitidos por el Gobierno y la propia empresa. Con ello se ha minado la confianza institucional y un problema eminentemente nacional se ve ahora como un riesgo estructural europeo.
Aún hoy persisten importantes interrogantes. No solo no se han esclarecido las causas del apagón sino que ha salido a la luz que el Consejo de Administración de la empresa hizo caso omiso a las advertencias internas y de los auditores. Este incumplimiento del deber de diligencia compromete no solo a los administradores, sino al propio sistema de control corporativo en sectores estratégicos.
Ante este escenario, la reacción del movimiento asociativo accionarial ha sido firme. La participación en la Junta a través de paquetes simbólicos —práctica reconocida en la normativa comunitaria— permitirá a asociaciones como AEMEC, Better Finance y la World Federation of Investors ejercer su derecho de intervención y denuncia pública. La excepcional petición de dimisión realizada en ese foro y la unanimidad en considerar REDEIA un caso sistémico marcan un hito en la fiscalización cívica del poder corporativo.
Nos encontramos ante un síntoma de erosión en los mecanismos de gobernanza que demanda una respuesta institucional urgente. Hasta que no se aclare lo sucedido, se depuren responsabilidades y se reforme el modelo de supervisión, el foco europeo seguirá firmemente puesto sobre esta compañía como advertencia sistémica.