Son muchas las preocupaciones e incertidumbres que llenan los corazones y recorren las mentes de millones de españoles, de cualquier comunidad, ciudad o pueblo, no obstante, estamos siendo espectadores y sufridores en primera persona de un ataque al Estado de derecho jamás visto en España, al menos para muchas generaciones, ideado y ejecutado desde las propias instituciones. Dicho de otra manera, desde la más vil y torticera utilización del término “democracia”, los dirigentes del Gobierno catalán, con su presidente al frente, están arrastrando, vapuleando y vilipendiando los principios más básicos de toda democracia y el estado de derecho: imperio de la Ley, Constitución Española, Estatuto de Autonomía, oposición parlamentaria y las más elementales normas de convivencia. Nos hallamos ante la más perversa utilización del lenguaje y retorcimiento de los hechos para ejecutar y amparar toda una panoplia de ilegalidades, irregularidades y delitos que recorren el Código penal, el civil, el derecho constitucional, la Ley de protección de datos y, en definitiva, los axiomas más básicos de un estado democrático.

 

Indigna ver que los únicos culpables de esta situación, Carles Puigdemont, Carmen Forcadel y Oriol Junqueras –seguidos de sus leales secuaces-, protagonistas de una deslealtad sin parangón que arrancó hace años, escenificada el pasado 7 de septiembre en el parlamento catalán y ejecutada el pasado domingo, sigan campando con total libertad e insuflando proclamas para la más absoluta insurrección. Resulta evidente que nos hallamos ante unos hechos que cumplen todos los presupuestos, en estos mismos momentos, de delitos tales como el de rebelión, así: derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución (…) impedir que se reúnan (Asamblea de CCAA), deliberen o resuelvan, arrancarles alguna resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o competencias (…) Declarar la independencia de una parte del territorio nacional (…) Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno” y todo ello respeto de “los que se alzaren violenta y públicamente” o el de sedición quien “se alzaren publica y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes (…)”. Por otra parte, estas reprochables conductas absorben otros delitos tales como los de prevaricación administrativa, desobediencia y usurpación de funciones.

 

Estos hechos son la consumación y el resultado de un camino repleto de gravísimas irregularidades: infracción de la Ley de protección de datos para la formulación de un censo electoral sin garantías, delitos de amenazas, coacciones e incitaciones al odio frente aquellos ciudadanos que no comparten sus métodos e ideas, ataques desaforados e indignos contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado            –orgullo de España-, excluidos, claro está, los Mossos de Escuadra, y todo ello bajo la batuta de un Gobierno autonómico sedicioso que encuentra en la ponderación de los tiempos del Gobierno de España el cultivo idóneo para perpetrar un auténtico golpe de estado por fascículos.

 

Cabe preguntarse si los ciudadanos españoles, con más razón los catalanes que directa y virulentamente están soportando esta división social, tienen (tenemos) resortes jurídicos para actuar contra está sinrazón. Todos y cada uno de nosotros estamos sufriendo un gravísimo daño moral, observando cómo unos irresponsables políticos están ocasionando una real preocupación de sufrir represalias, cambio de modelo de vida, tensión en las relaciones sociales y, en definitiva, ataque sin precedentes al acervo de los bienes extrapatrimoniales o de la personalidad del sujeto, en el entendimiento de que dentro de ese elenco de bienes está el sentimiento de pertenecer a España y de vivir de acuerdo con la Constitución. Bien pudiera ser un supuesto caso de responsabilidad civil, con la consiguiente reparación económica, por daño moral frente a los responsables de los mismos, gobierno catalán y resto de organizaciones e instituciones promotoras de esta afrenta jurídica. Merece la pena explorarlo.

 

Prudencia y mesura son premisas de extraordinario valor en la toma de decisiones, y en política aún más, empero, ante situaciones como las que vivimos, la prudencia tiene unos límites muy claramente definidos: el cumplimiento del estado derecho. El ejecutivo presidido por Mariano Rajoy tiene que tomar buena nota del magnífico y reconfortante discurso de su Majestad el Rey Felipe, “(…) es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía (…)”, y adoptar las medidas necesarias, ora intervenir la autonomía de Cataluña –Art. 155 de la CE-, ora la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana y/o de partidos políticos; así como trabajar con la Fiscalía en la persecución y encarcelamiento de los responsables de este golpe de Estado y garantizar el restablecimiento del orden constitucional en esta parte del territorio español.

 

El estado de derecho ha sido quebrado y deshechas sus costuras por la arbitraria actuación de unos sujetos que están socavando los principios democráticos, frente a ellos sólo cabe la aplicación del ordenamiento jurídico sin ambages y con firmeza, al tiempo que el restañamiento de la fractura provocada por tales comportamientos requiere de política con mayúsculas, restablecer el marco de libertades y garantizar una futura y pacífica convivencia de todos los ciudadanos en esta gran nación que es España.

 

José Miguel Soriano Luceno

Socio Cremades & Calvo-Sotelo

De acuerdo