La Aemec muestra su preocupación por el «daño reputacional» y contempla posibles acciones futuras
La situación de Acciona en torno a las investigaciones de la Guardia Civil por el caso Koldo ha encendido las alarmas entre sus accionistas minoritarios. La compañía, controlada por la familia Entrecanales, cuenta con un 45% de su capital en manos de institucionales y particulares que empiezan a evaluar los riesgos de que el asunto escale en los tribunales ante los indicios de presunta corrupción en adjudicaciones de las que se habría beneficiado la constructora cotizada en el Ibex.
La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) ha trasladado a Vozpópuli su preocupación por las posibles consecuencias reputacionales y legales. El foco, aseguran, no es solo económico: «Priman el cumplimiento legal, el buen gobierno y la transparencia, para que los proyectos sean sostenibles y los mercados financieros perciban seguridad, fuera de cualquier ilícito penal que someta a riesgos a la empresa».
Desde la Aemec reconocen que temen «una imputación de Acciona como persona jurídica» y se hacen eco de la inquietud de otros accionistas ante el posible impacto en la valoración de la compañía, la captación de talento y la inversión.
Por ahora no han tomado decisiones concretas, aunque advierten de que están «muy vigilantes» respecto al cumplimiento normativo por parte de la empresa. En caso de que la Fiscalía abriera un procedimiento penal, contemplan personarse en el proceso, lo que podría derivar en acciones civiles, responsabilidades de administradores, ceses o impugnaciones de acuerdos de junta.
El ruido alrededor de Acciona emergió la semana pasada tras trascender un informe de la Guardia Civil sobre el exsecretario general del PSOE Santos Cerdán por la investigación del Tribunal Supremo sobre presuntas mordidas en el marco del caso Koldo. La compañía de los Entrecanales podría haberse beneficiado de cinco adjudicaciones presuntamente irregulares: entre ellas, un contrato de 158 millones adjudicado en UTE con Ferrovial, y otro de 121 millones.
Por lo pronto, la Guardia Civil se ha limitado a requerir documentación a Acciona con el foco en un ya exdirectivo, a diferencia de otras empresas más pequeñas investigadas por la trama que sí ha registrado, como Servinabar, de la que ha encontrado documentación que le vincularía directamente con Santos Cerdán.
Los accionistas empiezan a asesorarse a la espera de la JGA de Acciona
La Junta General de Accionistas de Acciona, prevista para el 26 de junio, será la primera gran prueba pública para el presidente de Acciona José Manuel Entrecanales tras el estallido del caso. Su intervención será seguida de cerca por los accionistas minoritarios e institucionales, atentos a las explicaciones y a los pasos de la compañía. Hasta el momento, las acciones de Acciona apenas se han visto afectadas por las informaciones alrededor de la investigación de la UCO.
Entre los accionistas que siguen de cerca el caso se encuentra el fondo soberano noruego, el Norwegian Government Pension Fund Global. Según fuentes del mercado, la entidad, que gestiona el Banco Central de Noruega y controla menos del 1% de Acciona, habría comenzado a monitorizar internamente el impacto reputacional y a asesorarse sobre el riesgo de una posible escalada judicial. Preguntados por este medio sobre si contemplan una venta de acciones, desde el fondo noruego han preferido no hacer comentarios.
Primeras medidas
Acciona ha reaccionado con una investigación interna y medidas inmediatas. Entre ellas, el despido de Justo Vicente Pelegrini, hasta ahora director de Construcción para España, por “falta de diligencia” en la supervisión de las relaciones con la empresa navarra Servinabar 2000 S.L., vinculada al expolítico socialista Santos Cerdán.
La compañía ha resuelto sus contratos con Servinabar alegando incumplimientos en los compromisos de respeto y sujeción a los estándares de cumplimiento normativo. El único contrato vigente era el de las obras de duplicación del túnel de Belate, de 76 millones de euros, adjudicado en 2024 por el Gobierno foral.
Como parte de las medidas previas, Acciona cesó en 2021 a Fernando Merino, exdirector de Navarra y La Rioja, señalado por la UCO como uno de los nexos clave en la trama bajo investigación.
