Afirma que las víctimas no pueden conformarse con lo que ofrece el seguro de viajes obligatorio
El bufete Cremades & Calvo Sotelo se ha personado en la causa del accidente de Adamuz en representación de una de las víctimas. El bufete, que representa a una persona con lesiones que viajaba en el Iryo, explica que «no nos podemos conformar con lo que se ofrece con indemnización en el Seguro de Viajes Obligatorio», al tiempo que se apunta a que la vía civil podría llevar a una responsabilidad patrominial del Estado.
La jueza de Montoro (Córdoba) Cristina Pastor, que investiga el accidente ferroviario de Adamuz, ya dictó un auto en el que aceptaba como acusaciones populares en este procedimiento penal a Vox y otras organizaciones habituales a la hora de ejercer la acción penal en causas que afectan al Gobierno de Sánchez, como son los casos Koldo, Begoña Gómez, Hidrocarburos o el que llevará a juicio en los próximos meses al hermano del propio presidente del Gobierno.
Se trata del Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, la Asociación Hazte Oír.ORG y la Asociación Liberum. A ellas se suma en el caso abierto tras la tragedia en Córdoba el Sindicato de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF).
El Gobierno publicó en enero en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un paquete de medidas urgentes para atender a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba), del 18 de enero, y Gelida (Barcelona), del 20 de enero, con el objetivo de activar ayudas económicas de forma ágil y complementaria a las indemnizaciones ya previstas en la normativa europea y nacional. El decreto fija una ayuda directa de 72.121,46 euros por cada persona fallecida como primer anticipo, aunque alcanzará los 216.000 euros a través de otros dos pagos. En el caso de lesiones corporales, estas primeras ayudas establecen importes según 14 categorías del baremo del Seguro Obligatorio de Viajeros, con cuantías que van desde 84.141,7 euros hasta los 2.404,04 euros.
