Jueces y fiscales, suplentes y sustitutos

Los jueces y los fiscales suplentes y sustitutos siempre han sido considerados una anomalía perjudicial para el poder judicial, introducida por los políticos para manejar un poco más a la Justicia, ese poder que tanto les molesta porque su labor es fiscalizarlos. Sobre todo, porque tal circunstancia se ha debido al mantenimiento consciente de carencias en las carreras judicial y fiscal, con ingreso en ambas mediante la misma oposición.

Estos nombramientos de suplentes y sustitutos, y su larga permanencia, han sido criticados constantemente. Se han propuesto otras maneras de completar la plantilla de jueces y fiscales: como, por ejemplo, incrementando el número y la convocatoria de las oposiciones; creando un número de jueces superior al de plazas, para que con ese exceso se cubran las suplencias; reforzando el presupuesto para la Justicia y dotando de presupuesto al Ministerio Fiscal; mejorando los medios de trabajo, etc. Siempre se ha reclamado a los gobiernos que creen y mantengan los jueces «necesarios» para resolver los asuntos que entran. Pero la escasez y el abandono los tienen sometidos. El desprecio a la Justicia en este país llamado España es ancestral, ya era así desde 1978.

Ahora, como siempre, se busca una solución para los que irregularmente han querido los políticos mantener en el tiempo; pero ahí siguen. Por supuesto, la solución también es la de siempre: convirtiéndoles en jueces y fiscales de carrera; lo que no han sido nunca, ni lo son.

También lo hicieron, allá por los años 80, con la conversión, sin prueba alguna, de los jueces de distrito en jueces de primera instancia e instrucción; y con los del llamado «tercer» (ya suprimido) y «cuarto turno». Asimismo, ha tenido que ver la política con los «magistrados» -uno de cada tres- incorporados a los Tribunales Superiores de Justicia.

Recuerdo algo parecido con los profesores de Universidad, los llamados «penenes», nombrados a dedo y después incorporados por Decreto a titulares, con el argumento de que «llevaban mucho tiempo dando clases»; aunque no hubieran demostrado oficialmente nunca su mérito y capacidad para ser profesores.

Lo que realmente las carreras judicial y fiscal defienden es la forma oficial elegida por el Estado para el ingreso en la carrera, porque es la que acredita el mérito y capacidad del nuevo juez o fiscal. Aquí no se discute que algunos suplentes o sustitutos, una vez nombrados arbitrariamente o por vía no prevista ni reconocida oficialmente, resulten ser más o menos competentes como licenciados en Derecho, o incluso sean doctores, o que, con el tiempo, hayan aprendido a realizar su trabajo. Porque no está oficialmente acreditado que el simple paso del tiempo capacite al designado para tomar decisiones, a veces muy exigentes y profesionales, y porque no ha de ser «la circunstancia personal de cada uno» lo que justifique ser juez o fiscal, sino lo que el Estado haya exigido y establecido para serlo.

Es curioso que las oposiciones, como sistema, se cuestione tanto por los políticos para los jueces y fiscales, pero nada digan de las que se mantienen con los abogados del Estado, inspectores de Hacienda, etc.

Por otro lado, están equivocados quienes dicen que los jueces y fiscales, regularmente ingresados en su carrera por oposición, se oponen ahora a los que no opositaron, porque estos «no saben», o porque lesionan el derecho de igualdad de aquellos. La razón no es esa. Nadie ha dicho que los suplentes o sustitutos sean ignorantes del derecho, aunque el único requisito para entrar de esa manera sea solo la licenciatura. Tampoco se trata de una cuestión personal que afecte a la igualdad. La cuestión medular es otra, y más orientada hacia la Justicia. Se refiere concretamente a que la forma oficial elegida por el Estado para el ingreso en la carrera es la oposición, porque ha entendido que es esa la prueba que acredita el mérito y capacidad del nuevo juez o fiscal.

Es lamentable que aquí nos las apañemos siempre para bajar el nivel, en lugar de mantenerlo o elevarlo. Favorecemos siempre el demagógico menor esfuerzo y los políticos buscan siempre caminos especiales para controlar a su controlador. Y así nos va.

Somos tan despreciables que, en lugar de analizar razonablemente lo que debemos hacer nosotros para ser mejores, miramos hacia fuera, al extranjero, para imitarlo y traer de ellos los trozos que convienen a nuestra comodidad o intereses políticos.

¡Qué tendrá que ver lo resuelto por la UE sobre la estabilidad del sistema judicial con la arbitrariedad que nuestros políticos desean implantar aquí! La UE quiere que los trabajos no se temporalicen; y eso es razonable. Pero no lo es que se busque la temporalidad conscientemente, como es el caso, y después se utilice para abrir caminos ajenos a los oficialmente previstos, que interesan particularmente a los políticos y que sirven para continuar manteniendo abandonada la Justicia e incrementando las dudas sobre su independencia.

Dicen los asociados sustitutos que «la única forma de reparar el abuso de la temporalidad es otorgar estabilidad». De acuerdo. Pues que cree el Gobierno esa estabilidad, aumentando el número de jueces y fiscales, de alguna de las maneras que antes mencionamos, y que les dote de la formación y de los medios de trabajo que necesitan. No abriendo «puertas traseras», favorables solo para algunos.

Son tan burdos los argumentos presentados que no merece la pena decir más; salvo reiterar mi respeto a los suplentes y sustitutos, que no son los autores de esta situación.