Tras los asaltos a las instituciones en Estados Unidos y en Brasil, hay un justificado temor a que este fenómeno se extienda a otros países. Los ciudadanos cuando depositan su papeleta en la urna, en su inmensa mayoría creen que los miembros de la mesa, los interventores de los partidos, los funcionarios y en general las autoridades electorales, los candidatos y el propio Gobierno, con menor o mayor fortuna, intentan cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, no tienen pruebas fehacientes de ello, ni generalmente las demandan. Confían en los códigos comunes de conducta que son aceptados y respetados por todos los miembros de una comunidad política. En muchas ocasiones son normas no escritas pero aplicadas por todos los que participan en un proceso electoral. La pérdida de la confianza en las instituciones que garantizan todo el sistema electoral, incluido el recuento y el nombramiento de los representantes, generan una crisis sin precedentes en los sistemas de democracia representativa agudizado, particularmente, por el uso de las redes sociales. Esta crisis marca el punto de incidencia más importante sobre la solidez de los sistemas y sobre la fortaleza de las jurisdicciones que regulan la vida en cada uno de los países.

El Congreso Mundial del Derecho de 2023, que se celebrará en la Asamblea de Naciones Unidas, debe incluir como tema fundamental de debate el derecho electoral y sus garantías. El foro de la Asamblea General de Naciones Unidas es el lugar más idóneo para para defender y proponer sistemas de control internacional que tengan como misión preservar la integridad del proceso democrático. Ante esta situación, de una intensidad y extensión inédita en la historia, la World Jurist Association debe posicionarse y proclamar que ninguna legislación podrá mantener la separación del Estado ni la pureza de la organización de nuestras sociedades si no recuperamos la necesidad de poner un punto y a parte definitivo en la manipulación y alteración del mundo electoral. Para ello proponemos los siguientes cinco paneles

 

PANEL UNO: LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA POR LA FALTA DE CONFIANZA EN LOS SISTEMAS ELECTORALES

En la actualidad ya no importa que se sea o no un país con tradición democrática, en este momento el mayor problema al que nos enfrentamos es el concerniente a la legitimidad democrática. Y eso, sobre todo, está referido a los organismos, las legislaciones y la fortaleza en el control de vigilar la pureza de los procesos de elección popular. Cualquier Constitución tiene su origen y legitimación en la soberanía popular. Eso implica que, si el pueblo soberano no está debidamente representado, no podemos hablar de una democracia ni de un sistema gobernado por las leyes que sitúe en el centro la dignidad de las personas.

La ausencia de respeto al adversario está llevando a una crisis de representatividad sin precedentes en nuestra democracia que está afectando a la propia legitimidad de los representantes elegidos por los ciudadanos en procesos electorales. No es que a lo largo de la historia no hayan existido crisis de representatividad, pero el desarrollo de las redes sociales, la sustitución del derecho al voto debidamente ejercido por el “like” la está intensificando. El estado emocional de la ciudadanía expresada a través de las redes sociales está llevando a nuestros sistemas democráticos representativos a una crisis nunca antes vista en su extensión e intensidad.

Con la digitalización, han desaparecido de nuestra sociedad muchos intermediarios, uno de ellos es de la información. Hoy todos, incluyendo a la inteligencia artificial, pueden participar en campañas de información y desinformación, de forma que las “fake news” están condicionando el funcionamiento de la democracia, y con ella de todo el régimen constitucional.

 

PANEL DOS: LAS ELECCIONES DE 2020 EN ESTADOS UNIDOS

El impulso populista en Estados Unidos contra la institucionalidad democrática alcanzó su punto álgido el 6 de enero de 2021 con el asalto al Capitolio. El asalto estaba basado en la mentira de que las elecciones habían sido todas ellas completamente falseadas, sin esperar a que los legítimos recursos e impugnaciones se resolvieran en derecho. Millones de ciudadanos norteamericanos, y un importante número de senadores y congresistas, continúan pensando que la Presidencia de Joe Biden es ilegítima y que la democracia ha sido violada.

Desde que Donald Trump inició su campaña para las primarias de las elecciones del año 2016, elaboró un relato en el que él era la única fuente de verdad. De forma habitual utilizaba el término “fake news” e igual que en momentos históricos anteriores en que la radio sustituyó la pluralidad de los periódicos, Trump utilizó la red social Twitter despreciando y atacando a los medios tradicionales. Desde esta red social e incluso antes de las elecciones del 2016, anunciaba que las elecciones eran fraudulentas y que no aceptaría los resultados. Ese 6 de enero de 2020, con el asalto al capitolio, el objetivo era que el Congreso traicionara su propia función constitucional obstaculizando el nombramiento del Presidente de Biden, sin mayor fundamento que una pretendida certeza de Donald Trump expresada, durante años, principalmente desde sus redes sociales. Para que una mentira de estas características se propague, requiere erosionar y desacreditar todo el sistema de “checks and balances”: periodistas, expertos, autoridades locales, estatales federales, el Gobierno y el propio Tribunal Supremo, para construir esa gran conspiración en la que toda la institucionalidad norteamericano participó en el robo de las elecciones presidenciales. Y es aquí particularmente donde las redes sociales propagan la teoría de la gran conspiración basada no tanto en hechos probados sino en el sentimiento y en la emocionalidad expresada a través de las redes sociales por millones de usuarios. Esos “likes” y hashtag sobre la teoría del gran robo electoral sustituyen a los votos y se convierten, en el imaginario de millones de norteamericano, en la prueba de que el sistema y las élites han sustraído al pueblo americano su derecho a elegir a su Presidente. Apenas dos semanas después de aquellos sucesos, el presidente Biden tomó posesión del cargo y en su discurso de investidura llamó a dejar atrás la “guerra no civil” entre demócratas y republicanos. Sin embargo, tres meses después de llegar al poder, una encuesta de la revista The Economist revelaba que el 74% de los votantes conservadores no consideraban a Joe Biden el ganador legítimo de los comicios.

 

PANEL TRES: DESTRUCCIÓN DEL INE: SU DESLEGITIMACIÓN MORAL

México es otra de las grandes democracias del mundo. La más grande que habla en español, con 127 millones de habitantes. Tiene una constitución centenaria y larga tradición de instituciones jurídicas y es una democracia pionera en introducir a nivel constitucional el juicio o recurso de amparo desde el siglo XIX.

Sin embargo, México ha llamado la atención del mundo en los últimos tiempos por lo que a la vista de muchos supone un ataque en múltiples frentes al Estado de Derecho. Destaca particularmente, la deslegitimación de su Presidente López Obrador de los órganos constitucionales autónomos y, en lo que aquí interesa, especialmente al Instituto Nacional Electoral (INE). Este organismo de alta especialización técnica cuenta con autonomía constitucional, precisamente para hacer prevalecer la legalidad más allá de los programas de los gobiernos de turno. El INE ha contribuido a la construcción democrática e institucional de México. Incluso fue el propio INE quien garantizó la legalidad del proceso electoral en el que ganó AMLO. A pesar de ello, su existencia como órgano autónomo está amenazada por las distintas reformas lideradas por el Presidente López Obrador.

Así, la reforma de la Constitución Política en materia electoral incluye 3 cambios principales: 1) la creación de una nueva autoridad electoral nacional cuyos miembros serían votados directamente por «el pueblo» y también gestionarían las elecciones estatales y locales; 2) recortes en la financiación pública y en el tiempo de los medios de comunicación para los partidos políticos; y 3) reconfiguración del Congreso no sólo eliminando 200 (de 500) escaños de representación proporcional en la cámara baja, sino también eligiendo los 300 restantes por listas nacionales de los partidos en lugar de por distritos.

La Comisión de Venecia emitió una opinión sobre esta reforma electoral que muestra la gravedad de la situación. A modo de conclusión, la Comisión señala que esta reforma no ofrece suficientes garantías sobre la independencia e imparcialidad de las autoridades electorales, que no se ajusta a las normas internacionales y a las mejores prácticas en el ámbito electoral y que no aseguran la representación equilibrada de las diferentes fuerzas políticas en los órganos de administración electoral.

La oposición mexicana consiguió limitar la reforma electoral y el Presidente AMLO ha tenido que suavizar su reforma pero en cualquier caso es un ejemplo más de cómo igualmente se erosiona a las instituciones, particularmente aquellas que deben garantizar la representación democrática de los ciudadanos mediante el ejercicio del voto.

 

PANEL CUARTO: EL ASALTO A LOS 3 PODERES PÚBLICOS DE BRASIL

Apenas dos años después del asalto al Capitolio, miles de brasileños contrarios a Lula da Silva, que había resultado ganador de las elecciones presidenciales contra el Presidente Bolsonaro, ocuparon violentamente los edificios de los tres poderes públicos de Brasil, el Congreso, el Palacio del Planato y el Supremo Tribunal Federal. Su intención era evitar el traspaso pacífico del poder al nuevo Presidente.

Las similitudes con el asalto al Capitolio de 2020 llaman poderosamente la atención y advierten sobre futuros conflictos electorales en otros países. En ambos casos, un presidente con tintes autoritarios, que desprecia a la prensa y que desde la red social Twitter advierte durante meses que las elecciones están manipuladas sin pruebas alienta desordenes constitucionales. Al perder las elecciones por un escaso margen, el Gobierno de Bolsonaro tardó varios días en reconocer la derrota y de forma interesadamente ambigua el ya exPresidente criticó abiertamente a la nueva Administración y apoyó las manifestaciones, siempre y cuando fueran pacíficas.

 

PANEL QUINTO: INCIDENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN LOS PROCESOS ELECTORALES

En las dos últimas elecciones presidenciales de EEUU se ha llegado a sugerir que la irrupción de “fake news” había viciado el consentimiento de los electores, y, por tanto, la misma elección debería ser nula. Con independencia de que esas tesis no prosperasen, si abrieron un debate que es el falseamiento de la democracia, y por tanto del Estado de Derecho a través de la confusión de la opinión pública, de la proliferación masiva de noticias falsas, o “fake news”, que llevarían a una ceguera o sordera del elector. Ese problema afecta a todas las democracias. En Europa la Comisión Europea ha definido las “fake news” como información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta o divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población y que puede causar un perjuicio público. Se ha señalado que desde países que no son estados de derecho, particularmente desde Rusia, se tiene una alta capacidad de distorsionar o interferir en el mismo funcionamiento de la democracia. Hoy son muchos los que, incluso de buena fe, publican un tuit o reproducen una noticia falsa o crean una cadena de WhatsApp o grupo en Telegram divulgando un bulo.

Realmente nos encontramos ante una nueva era de noticias y del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Este nuevo tiempo se caracteriza por la convivencia entre los medios de comunicación tradicionales, redes sociales y plataformas de mensajería instantánea que sirven de soporte a informaciones que crean y difunden sus usuarios. Así, se desdibujan frecuentemente los contenidos mismos de noticias, opiniones cualificadas, y opiniones del público. Esta nueva situación es aprovechada por aquellas personas, empresas o instituciones que introducen en este mar de datos aquellas informaciones que les interesan ser divulgadas. Potencias que interfieren una con otras, candidatos que luchan por ser elegidos tratando de destruir a sus competidores con informaciones falsas, y todo un universo que crea una realidad alternativa, sobre la que no se puede construir ni desarrollar un Estado de Derecho. Como la independencia judicial, este terreno de la libertad de expresión, que nunca existe en una dictadura o tiranía, es uno de los más propicios y aparentemente fáciles para socavar el imperio de la ley.

De acuerdo