México es otra de las grandes democracias del mundo. La más grande de habla hispana, con 127 millones de habitantes. Posee una Constitución centenaria y una larga tradición de instituciones. Entre sus logros jurídicos, destacaría, en primer lugar, que fue el primer país en incorporar derechos sociales en la vigente Constitución de Querétaro en 1917. Este legado del constitucionalismo mexicano ha sido fundamental para las sociedades de nuestros días, ya que constituye una aportación sustantiva al constitucionalismo internacional. En segundo lugar, es pionero en introducir el juicio o recurso de amparo desde el siglo xix, sistema que progresivamente se ha incorporado en todos los países iberoamericanos y en un número creciente de Constituciones europeas, asiáticas y africanas. Incluso, el «amparo», como recurso efectivo de protección de derechos fundamentales, tuvo una impronta en su consagración como derecho humano, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en París (art. 8) en 1948, y en la Declaración Americana aprobada ese mismo año con ocasión de la Conferencia Internacional Americana de Bogotá (art. XVIII), que creó la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde surgieron la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han sido pilares fundamentales en el continente americano para la promoción, tutela y vigencia de los derechos humanos, fortaleciendo la democracia y el Estado de derecho. Gracias al amparo mexicano, hoy se puede hablar de un Amparo Interamericano y de un Amparo Europeo, una protección multinivel a favor de la dignidad humana.
En definitiva, el amparo mexicano ha contribuido a la vigencia de los derechos humanos y a fortalecer los valores democráticos, a que prevalezca el imperio de la ley. Se ha configurado un auténtico «derecho de amparo», como lo acuñó en su día el admirado jurisconsulto mexicano Héctor Fix-Zamudio, cuyas aportaciones científicas a la institución del amparo resultan invaluables, y que, en 1994, fundamentaron que el jurista fuese galardonado con el Premio Nacional de Jurisprudencia otorgado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados.
Estas contribuciones de México al mundo son la razón por la que un amplio grupo de juristas nacionales e internacionales hizo un homenaje a la cultura jurídica mexicana con ocasión del Congreso Mundial del Derecho de la World Jurist Association (WJA), que tuvo lugar en la sede de la New York City Bar Association, y en la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, los días 20 y 21 de julio de 2023. La delegación mexicana fue la más numerosa de todas las que participaron. En esos días la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, recogió el World Peace and Liberty Award en representación de la Comisión Europea, guardián de los Tratados que crearon una unión política y jurídica que ha resuelto esperemos que, de manera definitiva, siglos de enfrentamientos entre los europeos que ahora han creado una comunidad política nueva, basada en un derecho nuevo, el derecho comunitario. Pero volvamos a los desafíos que vive el Estado de derecho en México. En los últimos tiempos, el país azteca ha llamado la atención del mundo por lo que a la vista de muchos ha supuesto un ataque en diversos frentes al Estado de derecho. Grandes medios internacionales, desde la CNN al Financial Times, así como importantes organizaciones internacionales, como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, se preguntan si, hoy en día, la democracia está en peligro en México. Yo creo que sí se ha visto amenazada. Primero fue un ataque frontal a la independencia judicial y al ejercicio libre de la profesión, luego hubo una deslegitimación de los órganos constitucionales autónomos, en particular a la autoridad electoral, y también lo que muchos calificaron como un ataque directo a la Constitución al promover, desde la mayoría en el Congreso, una reforma del poder judicial que contradice expresamente lo establecido en la Constitución para prolongar el mandato del amigo que encabeza el poder judicial de la nación. Finalmente, las reformas constitucionales de 2024 han supuesto un ataque sin paliativos a la separación de poderes y por tanto al imperio de la Ley en México. Veámoslo con detalle.
Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones en julio de 2018. Lo hizo con el mayor respaldo electoral en la historia de México. Los ciudadanos apostaron por un cambio de ruta, en medio de un clima de descontento social por la elevada corrupción, violencia y pobreza. López Obrador prometió un cambio radical, una «cuarta transformación» de México en alusión a los hitos históricos previos que representaron la Independencia, la Reforma (separación de la Iglesia y el Estado) y la Revolución mexicana. Una vez electo y antes de tomar posesión, llevó a cabo una consulta popular sobre la cons trucción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que se hallaba en más del 30 % de su ejecución. Consulta que fue cuestionada por no llevarse a cabo con el procedimiento establecido en la Constitución. La cancelación del proyecto fue considerada por analistas nacionales e internacionales como una primera señal de alerta al Estado de derecho y a la seguridad jurídica.
Con la promesa de transformar a México y el control de ambas cámaras del Congreso, López Obrador llevó a cabo reformas constitucionales y legales de gran calado. Estos cambios comprendían la seguridad pública por parte del Ejército, control de aduanas y puertos por la Marina, así como algunas reformas en materia educativa y energética. También se aprobaron nuevas leyes en hidrocarburos, en la definición y funcionamiento de la Fiscalía General de la República, el poder judicial federal y el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. Estas leyes han desencadenado numerosos litigios en la vía judicial, cuya constitucionalidad deberá resolver la Suprema Corte de Justicia.
Una polarización social profunda y con riesgos al Estado constitucional y democrático de derecho ha despertado la preocupación de la comunidad internacional, sobre todo por tres cuestiones recientes.
La primera por las injerencias a la independencia judicial y el libre ejercicio de la profesión. Con la reforma de la Ley de Industria Eléctrica, distintas empresas y particulares promovieron acciones jurídicas cuestionando su constitucionalidad. López Obrador señaló a los abogados que representaban a los perjudicados de «traidores a la patria» por defender intereses de empresas extranjeras. La abogacía organizada en México, la Barra Mexicana, el INCAM, y Anade consideraron que dichos señalamientos provocan intimidación y amenazas al ejercicio de la abogacía, así como erosión al derecho de defensa de los justiciables. Incluso la Barra de Abogados de Nueva York expresó su preocupación por los ataques al libre ejercicio de la profesión, así como la World Jurist Association.
En la misma línea, López Obrador culpó también a los jueces de haber decidido en contra de la referida ley, y condenó su actuación por ser contraria a la transformación que promovía su Gobierno. Incluso solicitó formalmente al presidente de la Suprema Corte (que a la vez presidía el Consejo de la Magistratura), que investigara al juez que otorgó medidas cautelares, y suspendió la vigencia de la referida ley del sector eléctrico con carácter general. Poco tiempo después, se aprobó la prórroga del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Eso desencadenó numerosas manifestaciones por parte de la sociedad civil, incluso por parte también de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Mediante un artículo transitorio de última hora, en el que no cabía discusión ni debate, se aprobó entonces una primera reforma judicial por la mayoría del Congreso afín al partido del Gobierno. Una reforma que fue cuestionada por prolongar dos años más la presidencia del entonces titular del poder judicial, con el fin de que coincidiera con la finalización del periodo de López Obrador en 2024. Según la justificación de este último, es que al único que le tiene confianza en la Suprema Corte es al actual ministro presidente, ningún otro podría concretar la reforma al poder judicial. El artículo 97 de la Constitución, sin embargo, establece que cada cuatro años el Pleno de la Suprema Corte elige a su presidente, sin posibilidad de reelección para un periodo inmediato.
Con excepción de López Obrador y el grupo mayoritario del Congreso, no hubo prácticamente ninguna voz que defendiera la constitucionalidad de dicha prórroga. Los juristas y la sociedad en general expresaron rotundamente la ruptura del orden constitucional y el ataque a la separación de poderes. Una injerencia indebida al poder judicial y un peligroso precedente para el futuro, que tendrá que ser, nuevamente, decidida por la propia Suprema Corte. La condena por parte de todos los juristas mexicanos fue unánime, incluidos los más afines al partido del Gobierno.
La comunidad internacional también expresó su preocupación por la condena de López Obrador a los órganos constitucionales autónomos, sobre todo a la autoridad electoral. Han sido constantes las referencias directas al Instituto Nacional Electoral (INE) y a su presidente, así como al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), entre otros. Estos organismos de alta especialización técnica cuentan con autonomía constitucional, precisamente para hacer prevalecer la legalidad más allá de los programas de Gobierno en funciones. Han contribuido a la construcción democrática e institucional de México. Incluso fue el propio INE quien garantizó la legalidad del proceso electoral en el que ganó López Obrador. A pesar de ello, se los amenaza con cerrarlos o con ser absorbidos por dependencias del Gobierno. Finalmente fueron eliminados a través de una reforma constitucional en el año 2024.
Estos acontecimientos hicieron saltar las alarmas de la comunidad internacional. De ahí que la World Jurist Association, como una asociación que desde hace más de sesenta años defiende el Estado de derecho a nivel internacional, adoptara una Declaración y expresará su preocupación por el Estado de derecho en México. Dicha Declaración fue suscrita por más de mil juristas de todo el mundo, a la que se han adherido numerosas asociaciones e instituciones. En ella, se recuerda que el Estado de derecho no es una estructura inmutable, sino que requiere de la participación ciudadana y del debido ejercicio del poder público. La Asociación hizo una llamada al diálogo entre todas las instancias del poder público, el poder judicial y la sociedad civil en general, a unirse para promover el respeto y la supremacía del imperio de la ley y nunca el uso de la fuerza.
En febrero de 2023 visité México y pude comprobar el nivel de estrés al que ya estaba sometida la gran democracia mexicana, como todas fuerte y frágil al mismo tiempo. En el momento político y jurídico que estaba viviendo el país, como consecuencia de los debates sobre el Estado de derecho, la reforma del Instituto Nacional Electoral, las manifestaciones públicas de protesta, como la del domingo 26 de febrero de 2023, se me concedió un privilegio excepcional. Durante los cuatro días que visité la ciudad de México tuve ocasión de conversar con los principales operadores jurídicos del país, acompañado de una delegación de la World Jurist Association. En primer lugar, me reuní con el presidente
López Obrador. Un día después pude conversar con Alejandro Gertz, el fiscal general de la República que, con ese motivo, reapareció después de varios meses alejado de la vida pública. Tanto Gertz como López Obrador me habían recibido hacía cuatro años, al principio de sus mandatos y del mío propio como presidente de la WJA. Al día siguiente me reuní con la recién elegida
Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Durante esos días, también pude contrastar las opiniones de los líderes actuales con la de los de antaño de la abogacía mexicana. Y tuve ocasión de intervenir, como orador invitado, en la toma de protesta del nuevo presidente de la Barra Mexicana de Abogados, Víctor Olea, uno de los grandes abogados penalistas del país.
El cambio en México, en la dirección política que los mexicanos vayan decidiendo, puede lograrse desde el respeto al Estado constitucional y democrático de derecho. La última gran manifestación de protesta contra el ataque al Estado de derecho, en más de cien ciudades del país, el pasado 18 de febrero de 2024, es un indicativo de que la sociedad civil está alerta y vigilante para proteger el Estado de derecho y vigilar que el poder ejecutivo no vaya más allá de sus competencias constitucionales.
Después de todas esas conversaciones llegué al convencimiento de la solidez institucional del país, del tenso, sano y legítimo juego de los poderes del Estado, que a menudo colisionan, se extralimitan, y tratan de rebasar sus propias competencias. Sin duda, el poder judicial sigue siendo, en todos los países, el poder más débil, la presa más fácil para el populismo y para atacar a los otros poderes. La sociedad civil y los distintos poderes han enfrentado a un presidente fuerte y con un amplio respaldo electoral. El presidente me reconoció que no pudo hacer algunos cambios, como la reforma Constitucional para mejorar el Instituto Nacional Electoral. Por eso emprendió modificaciones legales, que están siendo controladas por la jurisdicción constitucional que ejerce la Suprema Corte. Pero sí lograría esa reforma dos años y medio después. Un poder ejecutivo fuerte, el más fuerte de la historia contemporánea del país, limitado por la Constitución y los demás poderes, los medios de comunicación y la propia sociedad. El cambio en la dirección política de México, es decir que los mexicanos decidan, sólo puede lograrse desde el respeto al Estado constitucional y democrático de derecho. De ello depende el futuro de la sociedad mexicana para vivir en paz, justicia y libertad. Sin embargo, el rumbo que han tomado los acontecimientos hacen pensar a muchos dentro y fuera de México que el Estado de derecho está amenazado de muerte en el país azteca, que avanza a pasos agigantados en la dirección de convertirse en una democracia iliberal, en un régimen autocrático. Veamos lo que pasó tras las últimas elecciones presidenciales.
Una nueva etapa comenzó con la elección de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, también perteneciente al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), partido fundado por López Obrador. En la elección presidencial del 2 de junio de 2024 obtuvo la máxima votación en la historia reciente de México, con más de 35 millones de votos (cerca del 60 %), 5 millones más que su antecesor en la elección de 2018 (53 %), convirtiéndose en la primera presidenta de México. Ganó con 30 % más de votos que la aspirante opositora, Xóchitl Gálvez (de la coalición de los tradicionales partidos PRI, PAN y PRD). Asimismo, el partido de MORENA y sus aliados (Partido del Trabajo y Partido Verde), ganaron 7 de las 9 gubernaturas de los estados y la Ciudad de México. Esto significó ampliar el dominio territorial de MORENA, al controlar 24 de las 32 Entidades Federativas. También el partido del gobierno ganó la mayoría de los congresos locales, además de obtener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados (después de
una impugnación de varios partidos de la oposición que al final resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral) y casi la mayoría calificada también en el Senado, mayoría que a la postre obtuvieron debido a que varios senadores de la oposición pasaron a formar parte del partido oficial.
Este poder de MORENA y sus aliados de reformar la Constitución federal por sí mismos, comenzó el 1 de septiembre, fecha en que inició funciones el nuevo Congreso de la Unión. En sólo 15 días aprobaron la primera reforma constitucional, todavía siendo AMLO presidente. De manera simbólica, AMLO la promulga el 15 de septiembre, día del famoso «grito de independencia». La reforma constitucional aprobada modifica los requisitos y el sistema de elección de todos los jueces del país. Ahora se eligen mediante votación popular, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los magistrados del Tribunal Electoral y a los integrantes del Tribunal de Disciplina, nuevo órgano ad hoc para sancionar a los jueces. Los requisitos requeridos para poder presentarse a esas elecciones de jueces consisten en 5 cartas de recomendación de vecinos, tener un promedio de 8 en la carrera de derecho y de 9 en la especialización requerida y una experiencia profesional de 3 o 5 años, dependiendo del cargo.
Debe recordarse que esta reforma de elección popular de jueces, fue parte del paquete de 20 reformas constitucionales promovidas por AMLO el 5 de febrero (conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917), con el objetivo de lograr la «cuarta transformación» del Estado mexicano. Una de ellas, la relati- va a reformar al poder judicial, lo denominó como «Plan C». El objetivo de AMLO era obtener en las elecciones del 2 de junio la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión para lograr el cambio en el poder judicial, al considerar que dicho poder se encontraba «podrido» y había sido parte del periodo «neoliberal». En el fondo, lo que los analistas consideran es que en realidad se trató de una revancha política, debido a que las principales reformas en su mandato presidencial fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte, lo que provocó presiones y fuertes críticas de AMLO, especialmente hacia la ministra presidenta Norma Piña.
Esta reforma constitucional provocó múltiples impugnaciones judiciales de los propios jueces federales afectados, así como de los partidos políticos de la oposición, que todavía no terminan y ha sido cuestionada por los Colegios de Abogados, los académicos y un sector importante de la sociedad civil. Asimismo, generó de manera inédita, un paro de labores de los trabajadores del poder judicial de la Federación, incluyendo a los jueces y magistrados.
En la toma de posesión de la presidenta Sheinbaum, el 1 de octubre del mismo año, dejó clara su postura: la continuidad de las políticas de su mentor y antecesor, con la finalidad de consolidar la denominada «cuarta transformación» de México. Su discurso partió alabando ampliamente a AMLO, presente en la ceremonia de investidura presidencial.
Los seis primeros meses de la presidencia de Sheinbaum se han caracterizado por seguir los pasos de su antecesor. Continúan las «mañaneras» y la confrontación discursiva con diversos sectores de la sociedad. Lo más destacable es la concentración de poder. La presidenta y su partido han aprobado una decena de reformas constitucionales, sin ningún tipo de negociación y contrapeso.
Varias de estas reformas constitucionales han sido altamente cuestionadas tanto por sectores nacionales como internacionales. Por ejemplo, la relatora de la ONU sobre independencia judicial, Margaret Satterthwaite, expresó su preocupación al considerar que la elección popular de jueces puede dar pauta a la influencia de cuestiones políticas por encima de los méritos y capacidades profesionales, lo que iría en contra de los estándares internacionales. Asimismo, señaló que puede afectarse la independencia judicial, particularmente por la remoción de jueces de carrera que habían logrado su inamovilidad. También se ha señalado preocupante la creación de «jueces sin rostro» y el nuevo «Tribunal de Disciplina», lo que se podría convertir en un órgano inquisitorio dada sus amplias facultades de fiscalización a los juzgadores.
Esta reforma constitucional del poder judicial ha marcado gran parte del debate nacional del presente año. Uno de los episodios más álgidos, fue la discusión del Proyecto de Sentencia que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara y Carranca, relativo a la acumulación de varias acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos políticos de la oposición. Este proyecto de sentencia, con más de 300 páginas y con un amplio estudio de derecho comparado e histórico, proponía una salida intermedia: declarar parcialmente inconstitucional la reforma sólo en cuanto a la elección de los juzgadores de carrera judicial y no así de los integrantes de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral y del nuevo Tribunal de Disciplina, que implícitamente avalaría la posibilidad de que puedan ser designados mediante elección popular. También limitaba las actuaciones del Tribunal de Disciplina y consideraba inconstitucional los «jueces sin rostro», entre otras cuestiones.
Llama la atención que a los pocos días que se hiciera público este proyecto de sentencia, el Congreso de la Unión aprobó otra reforma constitucional, que se ha denominado de la «supremacía constitucional», consistente en blindar la anterior reforma constitucional al poder judicial. Es decir, se estableció que no procede por ninguna vía la impugnación de una reforma constitucional, sea de procedimiento o de fondo, lo cual se aplicaría a los recursos en trámite. Esta nueva reforma fue aprobada en menos de una semana por ambas Cámaras y por la mayoría de las legislaturas de los estados. Otra vez una reforma exprés, que se publicó el 1 de noviembre de 2024, antes de que la Suprema Corte discutiera el proyecto de sentencia referido. Al final, la Suprema Corte no entró en el fondo del proyecto, desestimando las acciones, debido a que se requieren 8 de los 11 votos (al ser acciones de inconstitucionalidad) para poder declarar la invalidez de la reforma impugnada, pues sólo se alcanzaron 7 votos. Era de esperar que las tres ministras afines al partido del Gobierno votaran en contra. Lo que sorprendió fue el voto en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, que proviene de la carrera judicial. Es decir, si ese voto hubiese sido favorable al proyecto, como el de sus otros 7 colegas, se hubiese declarado parcialmente inconstitucional la reforma. Integrantes de la judicatura federal lo señalaron como «traidor», advirtiendo que había recibido presiones por parte del Gobierno.
A pesar de que se otorgaron numerosas suspensiones en juicios de amparo interpuestos por los propios juzgadores federales, el proceso de elección popular de jueces continúa. De conformidad con la reforma, la mitad de los juzgadores federales serán electos popularmente el primer domingo de junio de 2025 y la otra mitad en la misma fecha en 2027. Para dichos efectos, el 13 de octubre se llevó a cabo en el Senado de la República una «tómbola», un sorteo en el cual se decidió qué juzgados y tribunales federales entrarían en 2025 y cuáles en 2027. Este ejercicio fue calificado como de verdadero «circo» e «indignante» para los juzgadores pues aparecían con números, sin mencionar sus nombres. Una vez realizada la «tómbola», todos los jueces del país, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte, tuvieron que decidir si participaban en la elección, de lo contrario tendrían que dejar su cargo. Las tres ministras de la Suprema Corte propuestas por AMLO, por ejemplo, decidieron participar. Los restantes ministros decidieron no hacerlo, por lo que terminarán su mandato de manera anticipada el próximo año cuando se elijan a los nuevos ministros.
El 16 de octubre el Senado aprobó la convocatoria, con los requisitos y plazos para presentar candidaturas a jueces de todos los niveles. El plazo finalizó el 24 de noviembre de 2024, habiéndose registrado más de 34.000 aspirantes. Varios analistas y expertos señalan que al final, los Comités Evaluadores, que en su mayoría son personas afines a MORENA, se encargarán de depurar los nombres que queden en la boleta electoral, asegurándose que sean personas cercanas al partido oficialista.
Otras reformas constitucionales polémicas fueron las relativas a la Guardia Nacional, que pasa a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se cuestiona que la Guardia Nacional realice funciones cotidianas de seguridad pública, ya que dependen jerárquicamente de mando militar, lo que contradice estándares internacionales. También existen voces expertas que ven con preocupación la reforma constitucional al capítulo económico de la Constitución (artículos 25, 27 y 28), en materia de áreas y empresas estratégicas, pues conceden privilegios a la actividad estatal de algunos sectores productivos.
Además, existen en trámite avanzado reformas constitucionales que también parecieran tener como objetivo la concentración del poder y evitar los contrapesos, como la relativa a la desaparición de 7 órganos constitucionales autónomos: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), Comisión Reguladora de Energía (CRE), Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), y Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). Estos órganos tienen la virtud de ser altamente técnicos y especializados, que regulan y fiscalizan a la administración pública y que ahora se pretende que queden sus competencias incorporadas en esta.
También preocupa la reforma constitucional en trámite, relativa a ampliar el catálogo de delitos previstos en el artículo 19 constitucional, relativa a la prisión preventiva oficiosa o automática, sin que pueda el juez ponderar caso a caso. Las inquietudes radican que, en aras de la paz y seguridad pública, el encarcelamiento se convierta en una política de Estado y un instrumento para la arbitrariedad. Los especialistas señalan que claramente contradicen los estándares internacionales, al vulnerarse la libertad personal, la igualdad y no discriminación, así como a la presunción de inocencia, como lo estableció de manera reciente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó adecuar el ordenamiento interno, incluidas las normas constitucionales, para que sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Caso Txompaxtle Tecpile y otros y García Rodríguez y otro, ambos versus México).
Como puede apreciarse tras este breve recuento, realizado en estos primeros meses de gobierno de la presidenta Sheinbaum, parece que la afectación a la independencia judicial y a la separación de poderes constituyen una preocupación por expertos y organizaciones nacionales e internacionales. La concentración del poder es un signo de autocracia, lo que debilita la vigencia del Estado de derecho y el imperio de la ley
Javier Cremades, presidente de Cremades & Calvo-Sotelo
