Son cifras un 47% más altas que en 2021, pero, al excavar en las causas, los expertos no apuntan únicamente a la coyuntura económica: señalan directamente a la ley de segunda oportunidad, un mecanismo de exoneración de las deudas que ahora mantiene abierto un hondo debate jurídico. Según critican desde el sector, la norma favorece hoy más a las cuestiones particulares que a las que afectan a los pequeños empresarios al no contemplar la cancelación de los créditos públicos, es decir, aquellos que se mantienen con la Administración.
Vaya por delante una radiografía del mundo concursal. «Creo que no se van a poder pagar los créditos ICO (Instituto de Crédito Oficial) contraídos durante la pandemia, porque hay muchas empresas que entraron tambaleándose a 2020 y, aunque han logrado salvar los muebles, no tienen beneficios y se han endeudado más. A medida que vayan venciendo podríamos ver doblarse el número de concursos», explica José Pajares, abogado especializado en derecho concursal y director de Pajares y Asociados, el socio en Zaragoza de Cremades & Calvo Sotelo.
Prácticamente calca la explicación Carlos Terreu, tesorero de la Junta del Colegio de Economistas y socio del despacho experto en reestructuraciones Castillero Auditores, quien señala que el frenazo del consumo en la pandemia llevó a muchas empresas a pedir créditos, contrayendo deudas que ahora vencen y que se suman a la que ya arrastraban muchos pequeños empresarios. «Esos créditos a la actividad no han dado suficientes beneficios como para recuperar las pérdidas generan insolvencias», apunta Terreu.
Ahí aparece el creciente interés por la ley de exoneración del pasivo insatisfecho, una gran desconocida en España, al menos hasta ahora. Aprobada en 2015, permite cancelar las deudas de autónomos y particulares si se actúa de buena fe. Ocurre que el mundo anglosajón y países como Alemania o Italia ya la utilizaban con asiduidad, pero aquí, como norma recién aprobada, falta cierta cultura de la exoneración. De hecho, España siempre ha sido un país con un escaso volumen de insolvencias. En la década pasada fue la nación europea con una tasa de concurso por sociedad activa más baja (un 0,23%) entre Alemania, Francia, Italia y Portugal.
Dudas jurídicas
La cuestión es que hay dudas jurídicas sobre la aplicación de dicha ley al ámbito empresarial y al privado. La reforma de la ley concursal, aprobada en septiembre 2022 y que perseguía facilitar la reestructuración de las deudas, «ha endurecido el acceso a la segunda oportunidad en lo que a créditos públicos se refiere», según explican Terreu y Pajares. Es decir, las deudas con la Agencia Tributaria, los pagos a la Seguridad Social (cuota de autónomos y pagos de asalariados), las deudas con las comunidades, los ayuntamientos y con otros organismos dependientes de las administraciones.
La cosa es que existe una sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2019 en la que se da la razón a quienes defienden que los créditos públicos se pueden exonerar. Sin embargo, la última modificación de la ley concursal (septiembre de 2022) no incluye dicha resolución. En cualquier caso, con el lío jurídico, cada Audiencia Provincial está actuando de una forma distinta, incluso suspendiendo los pagos hasta que la Justicia europea se pronuncie de forma definitiva.
Víctor vivió casi una década con una espada de Damocles sobre su cuenta bancaria hasta que logró ser exonerado del pago de 65.000 euros de deuda. En los inicios de la década pasada, en plena recesión tras la crisis de 2008, este zaragozano trabajaba como autónomo en el transporte con tres camiones en cartera. El negocio empezó a flojear a la par que los vehículos, algo antiguos, pasaban más tiempo en el taller que en la carretera. La situación en su familia también se torció al divorciarse con una hija pequeña y, a los pagos que tenía que asumir en su pequeño negocio, se sumó una manutención y los costes de una nueva casa. «Como no podía hacer frente a los pagos, solventaba el problema pidiendo créditos de todo tipo… Cuando me dejaron de hacer préstamos, empecé a usar tarjetas de crédito, incluso revolving, así que nunca dejaba de pagar intereses y no podía amortizar la deuda», explica a este diario el zaragozano.
Cada vez más cerca de la quiebra, Víctor no dejó de trabajar. Vendió sus camiones y pasó a estar asalariado en una empresa de transportes zaragozana. Por aquel entonces ya había tenido que pedir dinero a su familia y volver a vivir en casa de sus padres. Fue uno de esos días cuando en la radio del camión escuchó un anuncio de un despacho de abogados, Repara Tu Deuda, especializado en algo que llamaban segunda oportunidad, y se decidió a llamar.
«Sinceramente, creía que era un cuento chino. No había oído hablar de esa ley de segunda oportunidad y quise dejarlo porque pensé que terminaría por pagar más. Lograron tranquilizarme y aunque el proceso se alargó dos años, al final salió bien», explica el hombre, al que le llegó la resolución en enero de este año. «Quedé exonerado de las deudas después de llevar más de 10 años sin dejar de pagar. Lograron un acuerdo con el juez para mantener una propiedad que también había pagado durante todos estos años. Pagaba todo lo que tenía que pagar y no me quedaba con nada, así que el juez consideró que había actuado de buena fe», dice el zaragozano.
Fue así como se libró por fin de su peculiar espada de Damocles. «He vuelto a vivir con la cabeza tranquila, despejada. Y te lo piensas todo mucho más en cuestiones de dinero», cuenta, aunque denuncia las presiones a las que se vio sometido por parte de los acreedores. «Me inflaron a cartas, amenazas y llamadas desde que empezó el proceso judicial, que es el momento en el que dejas de pagar la deuda», explica este zaragozano, que, ahora sí, ha vuelto a empezar de cero.
«La segunda oportunidad se aplica no solo a los empresarios, sino a todos aquellos que se han endeudado en el ámbito privado, que son casos que también se están disparando. El camino de la exoneración es mucho más difícil, o imposible, para el empresario que para la persona normal, y hay ciertos casos de particulares en los que se puede llegar a producir un abuso porque no existe responsabilidad financiera», expone Terreu.
Sin embargo, todo depende a quién se le pregunte, pues los particulares están encantados con las mayores facilidades para acceder a la segunda oportunidad. Y ahí se ha abierto una oportunidad para los despachos especializados en los casos no empresariales. «La nueva ley concursal busca democratizar el acceso a esta herramienta, que sea más ágil para quienes cumplen los requisitos. Las personas sin bienes liquidables pueden conseguir ahora el perdón de las deudas en apenas tres o cuatro meses, lo que la hace atractiva», explica Toni Galve, el director jurídico del despacho barcelonés Repara Tu Deuda, que trabaja con varios clientes de Zaragoza.
Admiten desde el despacho que el interés por la segunda oportunidad ha experimentado «un gran crecimiento de la competencia año tras año» desde 2015, pues a la agilidad de la nueva ley debe sumarse las dificultades económicas que lastran desde la pandemia. Apuntan que los perfiles son «muy variados», desde trabajadores con cargas familiares o enfermedades que se endeudaron con la pandemia al entrar en vigor los ertes a personas que deben hacerse cargo de avales por impagos en hipotecas y otros préstamos, una situación «muy común», explica Galve.
