Estoy preparando la siguiente edición de “Sobre el Imperio de la Ley”. Quiero introducir un breve capítulo sobre Pakistán. Es un país con una población enorme (200 millones de almas), de mayoría musulmana, con armas nucleares y, supuestamente, una democracia vigilada por el ejército. Pero ¿es eso posible? ¿Puede haber una democracia supervisada por un poder distinto a la Constitución? Hay derecho, ¿pero hay un Estado de Derecho? ¿Puede deteriorarse el derecho que exista? Cuento mi experiencia aquí.
Pude visitar el país entre el 9 y el 13 de enero de 2025. Fui acompañado de mi amigo y compañero Diego Solana Giménez y de mi hijo Álvaro Cremades. Participé en un congreso sobre el liderazgo de mujeres jóvenes en las sociedades islámicas. Estaba organizado por el Primer Ministro de Pakistán y el Secretario General de la Muslim World League, Mohammed Al-Issa. Malala, la joven premio Nobel de la Paz, era la oradora principal.
Aproveche la ocasión para visitar el Tribunal Supremo (arquitectónicamente extraordinario). Pude conversar con tres de los más importantes jueces de la historia contemporánea de Pakistán: uno que acababa de terminar su mandato como Presidente del Tribunal Supremo; otro al que había conocido en el Congreso Mundial del Derecho celebrado en Nueva York en 2023, y que debió haber sido elegido Presidente; y, finalmente, el que acabó siendo elegido a finales de 2024.
Lo sucedido en torno al Tribunal Supremo demuestra que siempre se puede retroceder, como en este caso, o avanzar en la construcción de un sistema de control jurídico del poder público.
La maniobra que relato a continuación ofrece un nuevo ejemplo de cómo puede retorcerse, e ignorarse la Constitución desde los propios poderes del Estado. O como una Constitución puede carecer de fuerza para ordenar el ejercicio del poder en un país.
Los tres magistrados del Tribunal Supremo (Supreme Court) con los que me encontré representan a una excelente generación de juristas: Qazi Faez Isa (con quien me reuní gracias a los buenos oficios del Embajador de España en el país, José Antonio de Ory —que gozaba y mantiene unas relaciones especialmente destacadas en la sociedad política y jurídica de Islamabad—), Justice (R) Syed Mansoor Ali Shah, en ese momento vicepresidente del Tribunal —a quien conocí en el WLC de Nueva York, y quien posteriormente me visitó en Madrid—, y Yahya Afridi, recién elegido entonces nuevo Presidente del Tribunal Supremo.
Es una generación marcada por dos reformas constitucionales promovidas por el Ejército (el “Establishment”, como lo llaman allí de manera metafórica), empeñado en consolidar su creciente acumulación de poder político y eliminar posibles trabas judiciales; así como, a corto plazo, asegurarse de la exclusión del juego electoral del PTI, el partido que cuenta sin duda con mayor apoyo popular, y mantener en la cárcel a su líder, el famoso jugador de cricket Imran Khan.
El establecimiento militar y los dos partidos que conforman la mayoría de gobierno -PML-N, con apoyo extraparlamentario del People´s Party (PPP)- han logrado sacar adelante entre 2024 y 2025 dos enmiendas a la Constitución, las 26ª y la 27ª, que socavan la potestad de checks and balances del poder judicial.
La 26ª Enmienda a la Constitución de Pakistán era aprobada el 21 de octubre de 2024, apenas tres días antes de la de la jubilación del entonces Presidente del Tribunal Supremo, Qazi Faez Isa. Esa Enmienda modificaba radicalmente el proceso de nombramiento y la duración del mandato del Presidente del Tribunal Supremo (Chief Justice). Se sustituía el principio de antigüedad, en cuya virtud el magistrado más antiguo en el escalafón se convertía automáticamente en Presidente, por un proceso de selección: un Comité Parlamentario Especial de doce miembros elige ahora al CJP entre los tres magistrados de mayor antigüedad del Tribunal. Bajo las normas anteriores, a Isa lo habría sucedido automáticamente el magistrado Mansoor Ali Shah, un gran jurista que vio cómo se le escamoteaba de la noche a la mañana una presidencia que era esperada y merecida.
Tras la enmienda, el comité seleccionó al juez Yahya Afridi (el tercero más antiguo). Resulta evidente que las prisas por aprobar la reforma antes de la jubilación de Isa buscaban impedir que Mansoor accediera al cargo, tal vez por no parecer suficientemente complaciente con el estamento militar.
Los tres son grandes juristas. Qazi Faez Isa dejó un legado marcado por sus esfuerzos por la transparencia en el funcionamiento de la institución, la equidad y el empeño en proteger el medio ambiente. Pero también por polémicas derivadas de la extrema polarización política que el país vive en estos últimos años, muchos de cuyos elementos convergieron, tristemente, en su mandato y empañaron lo que debía haber sido el legado de un gran jurista con impecable trayectoria.
Gran jurista también es Mansoor Ali Shah, que merecía sin duda haber sido Presidente del Tribunal Supremo. No sólo ha tenido que sufrir las consecuencias de esa 26ª Enmienda, sino ver también cómo otra más en 2025 coartaba de nuevo los poderes del Tribunal Supremo. El pasado 13 de noviembre de 2025, se aprobaba la también controvertida 27ª Enmienda, en cuya virtud se establecía un Tribunal Constitucional federal separado del Tribunal Supremo, que ha perdido así su jurisdicción en casos constitucionales o relacionados con los derechos fundamentales en favor de este nuevo órgano judicial integrado por jueces elegidos por el gobierno y fácilmente manipulable, por tanto. La práctica desde entonces está demostrando que se trata, en efecto, de un tribunal paralelo sumiso al ejecutivo. Ese mismo día dimitían en protesta dos magistrados del Tribunal Supremo, uno de ellos, Mansoor Ali Shah.
Queda Yahya Afridi al frente del Tribunal Supremo. No hay ninguna duda sobre su capacidad como jurista y su independencia, pero su nombramiento ha quedado tristemente enturbiado por estos tejemanejes.
Dos enmiendas constitucionales sucesivas, por tanto, que dibujan un esquema de contrapesos de poder muy diferente al que establecía la Constitución. Que este proceso se haya llevado a cabo de manera absolutamente legal y de acuerdo a procedimientos constitucionales no significa, en todo caso, que sea igualmente legítimo: el imperio de la ley ha sido socavado y el autoritarismo ha dado un gran paso adelante en Pakistán.
Descripción de las imágenes:
- Con Malala, Premio Nobel de la Paz, y Álvaro Cremades Calvo-Sotelo, en ese momento en su último año de la carrera de Derecho.
- Con mi hijo Álvaro Cremades Calvo-Sotelo y Mohammed Al-Issa, Secretario General de la Muslim World League, organizador del encuentro y un líder especialmente querido y respetado en los países musulmanes.
- Invitación a la recepción oficial de clausura del Congreso.
- Con Diego Solana, Álvaro Cremades, Ayesah Raza Farroq, presidenta de la Comisión Nacional para los Derechos de los niños y punto focal del gobierno para el combate de la polio, y Nadia Khan, miembro de la Comisión en representación de los pashtuns.
- Con Mansoor Ali Shah, que nos enseñó el Tribunal Supremo, del que era Vicepresidente en ese momento, y con quien conversé sobre la reforma constitucional que se promovió para evitar que fuera elegido Presidente del Tribunal Supremo.
- Con Álvaro Cremades entrando en el monumental y bellísimo Tribunal Supremo de Pakistán.
- Con Qazi Faez Isa, que había terminado su mandato como Presidente del Tribunal Supremo de Pakistán unas semanas antes de mi visita.
- Con Yahya Afridi, recién elegido Presidente del Tribunal Supremo de Pakistán. Me regaló una placa conmemorativa de mi visita, y me explicó su punto de vista de la reforma constitucional. El Mansoor fueron socios en la misma firma de abogados.
