El pasado 15 de julio de 2015 se publicó en el BOE la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, al objeto de acomodar la normativa a la Directiva 2009/138/CE, de 25 de noviembre de 2009, bajo una premisa inserta en la base de la reforma, esto es, evaluación y control del riesgo de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

En esencia la Directiva comunitaria se centra en dar uniformidad a la regulación de la actividad aseguradora desde una triple vertiente: la constitución de reglas uniformes sobre los riesgos asumidos por las entidades; la articulación de un nuevo sistema de supervisión que potencia la gestión interna de los riesgos; y medidas de gestión, información y transparencia sobre riesgos asumidos por las entidades.

Una de las principales novedades con repercusión estructural sobre las entidades aseguradoras es la inclusión de nuevas funciones en su gobierno interno, puesto que potencia un mayor control sobre la gestión de riesgo, imponiendo auditorías internas y externas, así como la publicación anual de información esencial sobre la situación financiera y su solvencia, de cara a terceros y al objeto de transmitir seguridad y certidumbre a terceros.

De igual modo, y para actuar en todo su ámbito, se potencia desde esta norma un mayor control por parte de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, focalizándose sobre grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras, además de entidades individualmente consideradas, para ello se fortalecen los mecanismos de revocación, disolución y liquidación de entidades, así como el régimen de infracciones y sanciones, con la intención de mantener un mayor control sobre la solvencia de las entidades como propugna la Directiva.

Estas reformas tienen su repercusión en un elenco de normas del sector que se modifican para adecuarse a la nueva disposición y otras que, no viéndose directamente afectadas, también son modificadas. En cualquier caso, resulta procedente detallar algunos de los cambios más notables y con mayor repercusión respecto de consumidores y usuarios, en su condición de destinatarios finales del servicio. Así las cosas, podemos detallar:

Las reformas en la Ley del Contrato de Seguro, se centran en la regulación del seguro de decesos y en reforzar la libre elección del prestador de servicios de decesos, asistencia sanitaria y dependencia. En el caso de los seguros personales se suprime la obligatoria comunicación de circunstancias relativas al estado de salud, sin que suponga agravación del riesgo, circunstancia que resulta especialmente relevante a efectos prácticos. Por otro lado, se reduce a un mes el plazo de oposición a la prórroga de la póliza, en el caso del tomador;

La modificación las Leyes 13/1996 de 30 de Diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del Orden Social, así como la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, viene impuesta por la Resolución del TJCE, de 11 de diciembre de 2014, asunto C-678/11, que declara contraria a la normativa europea la designación de representante fiscal de fondos de pensiones domiciliados en otros Estados miembros que desarrollen en España planes de pensiones y entidades domiciliadas en otros Estados en libre prestación de servicios;

Se modifica la Ley de Ordenación de la Edificación, estableciendo la posibilidad de garantía financiera como alternativa al seguro de suscripción obligatoria, además de dotar al adquirente de nueva vivienda de una mayor seguridad sobre las cantidades entregadas (impuestos e intereses aplicables incluidos);

En cuanto al Consorcio de Compensación de Seguros se modifica su Estatuto Legal y se amplia el recargo del seguro de riesgos extraordinarios, se le faculta para el registro de seguros obligatorios y para la recopilación de información relativa al ramo de incendios, se habilitan funciones y procedimientos necesarios para reforzar la información y liquidación administrativa en beneficio de acreedores y se actualiza su regulación en procesos concursales, se establece la obligatoria adhesión a los convenios de indemnización directa por daños materiales y facilita la adhesión a convenios de asistencia sanitaria, esto tiene una notable relevancia práctica porque agiliza sobremanera los trámites en las reclamaciones al articular unas vías de solución previamente pactadas y sometidas a plazos cortos;

La modificación de la Ley 26/2006 de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, tiene su especial relevancia en la práctica cotidiana al exigir a los corredores que faciliten una pluralidad de contratos que permita la recomendación de diferentes propuestas a tenor de criterios profesionales y siempre supeditadas a las necesidades reales del cliente;

Finalmente, destacar que la ley entra en vigor el próximo 1 de enero de 2016, salvo ciertas disposiciones transitorias y finales que tienen previsto un plazo distinto para su entrada en vigor. En cualquier caso, debemos manifestar que dicha norma en su conjunto viene a perfilar un poco más el nuevo panorama asegurador, aunque continuamos a la espera de la entrada en vigor del Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, actualmente en tramitación parlamentaria y cuya repercusión, aunque no sea estructural, será de un calado mayor respecto de los particulares.

 

Jesús Pérez Morilla

Abogado Cremades & Calvo-Sotelo

De acuerdo