Accionistas de 23 países europeos se están uniendo en una demanda colectiva contra Volkswagen por la potencial obligación de indemnizar que tenga la compañía tras la caída de la cotización de sus títulos tras el affaire del diésel. La intención inicial de esta fundación o stichting, como se conoce en el ámbito legal, es proponer un acuerdo extrajudicial a Volkswagen para que indemnice a los accionistas particulares que compraron acciones antes del 15 de septiembre de 2015, fecha en la que se destapó el problema. Como valoración inicial de referencia, la fundación estima un precio de 60 euros por acción, una cifra que está sujeta a continua revisión y podría variar ligeramente en función de cada país.

Esta no es la primera querella colectiva que Volkswagen afronta por esta misma causa. Primero fue la Asociación Alemana de Protección de Inversores la que anunció estar preparando una demanda de este tipo, aunque sólo para accionistas alemanes, y hasta 66 inversores institucionales de EEUU y Reino Unido también anunciaron la presentación de otra causa. Los inversores que hayan realizado la compra de títulos en Europa no podrán acudir a los tribunales estadounidenses.

Esto, que en principio se podría pensar como un perjuicio para el fabricante, puede no serlo tanto. Es cierto que quizá la compañía tenga que realizar un desembolso económico, pero también es cierto que ante la cascada de demandas judiciales a las que tiene que hacer frente a nivel mundial, con el perjuicio económico y de imagen que puede suponerle, es posible que le convenga afrontar una solución unitaria y conjunta con la que cerrar el proceso de una manera rápida.

En España, la organización que está polarizando esta actividad es la Asociación Española de Accionistas Minoritarios (Aemec), que se ha unido a la creación de una fundación en Holanda para interponer esta querella. El motivo de que la sede esté en Holanda es porque allí hay un ordenamiento procesal que permite que la jurisdicción se ejerza a nivel del mercado europeo, no a nivel de cada país. Uno de los miembros del Consejo de Supervisión de esta fundación es el abogado español Javier Cremades, del bufete Cremades-Calvo Sotelo, que es además secretario general de Aemec. La fundación colabora con la World Federation of Investors (Federación Mundial de Inversores) y la International Finantial Litigation Network (Red Internacional de Demandas Financieras).

«Nosotros no pretendemos ir contra la compañía, sino acotar la disputa y encontrar una solución favorable para las partes. A los accionistas no les interesa que la empresa se deteriore, sino que salga fortalecida, pero esto también implica una buena solución a un problema que está ahí» afirma Cremades.

De un plumazo

Claro que Volkswagen puede negar cualquier tipo de responsabilidad -cosa improbable teniendo en cuenta que han admitido la manipulación del software- y por lo tanto no es seguro que un juez imponga una condena judicial al grupo alemán. Pero es posible que prefiera una solución por esta vía para zanjar el problema antes que exista una condena que puede ser muy a evitar.

De momento, esta es la única fundación que está afrontando colectivamente una solución a nivel europeo. En España puede encauzar las reclamaciones de hasta 500 accionistas particulares directos, no los indirectos a través de fondos de pensiones, por ejemplo.

Esta stichting ya se ha puesto en contacto con la directiva de la compañía en Wolfsburg para ofrecerle dicha solución. Si finalmente el fabricante quisiera usar esta vía, ofrecería una solución a la fundación y ésta a su vez contactaría con las asociaciones de accionistas.

Por otro lado, el Grupo Volkswagen nombró a Hans-Joachim Rothenpieler nuevo responsable de Control de Calidad, sustituyendo a Frank Tuch, que decidió dejar la compañía. Rothenpieler, que ocupaba puestos en el área, reportará directamente ante el consejero delegado Matthias Müller.

De acuerdo