Por todos es sabido que, en el día de ayer, 9 de mayo de 2020, el Ejecutivo de este país publico la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y como la pólvora corrieron por los medios de comunicación, las redes sociales y las tertulias telefónicas con los amigos y familiares, que se iba a poder realizar y que no, a partir del día 11 de mayo, comienzo en muchas CCAA de la Fase 1 de la famosa “transición hacia una nueva normalidad”.
Sin entrar en detalle en la cantidad de casos causados por la imprecisión normativa y la falta de respeto a las fuentes del Derecho que se han producido por parte del Ejecutivo durante la gestión de esta terrible pandemia, si que me gustaría profundizar en la discriminación institucional contra el mundo rural en general y el sector cinegético en particular, producida en la orden SND/399/2020 en el día de ayer.
Dicha Orden en su artículo 43, prohíbe de manera expresa la realización de la caza y la pesca deportiva. Hecho que no solo conlleva una contradicción con lo regido en el articulo 10 del Real Decreto 462/2020, sino que, podría tratarse de un casus belli contra el sector cinegético de este país.
Otra de las muestras discriminatorias al sector recogidas en la Orden, se refleja en su artículo 47, mediante el cual, se permite desde la Fase 1 realizar actividades de turismo activo y de naturaleza para grupo de hasta 10 personas, organizadas por empresas registradas a tal efecto.
A titulo enunciativo, que no limitativo. ¿Cuál es la diferencia entre hacer surf, salir a pasear por el campo de manera individual o en grupos menos de diez personas con realizar un rececho de corzo de manera individual, a través de un gestor cinegético o realizar pesca deportiva? Desde un punto de vista sanitario (nunca debemos de olvidar que es lo primordial) no hay diferencia alguna, puesto que son actividades realizadas al aire libre y de forma individual, por lo que se trata de un agravio comparativo hacia las actividades permitidas en la Fase I.
Y la “puntilla” de dicha Orden SND/399/2020 es la recogida en su Disposición Final Tercera, en la cual se incluye un nuevo articulo 10 bis en la Orden SND/ 388/2020 en el que retira la prohibición de la caza y pesca deportiva.
No estaría demás, recordar al Ejecutivo que, además de que no es el momento de discriminar y marginar a ningún sector de este país en estos duros momentos, el habilitar la actividad cinegética en la Fase I ayudaría a agilizar los tramites administrativos existentes para realizar el control de especies cinegéticas por daños a la agricultura y tanto daño esta haciendo al sector, a facilitar el control de enfermedades como la peste porcina africana que tantos estragos ha causado en países europeos, evitar accidentes de trafico y por supuesto, incentivar la economía del sector rural, ya que no se reclama que se puedan realizar las actividades cinegéticas en la Fase I por un “capricho” que podría esperar cualquier persona en realizar en 15 días, sino porque hay miles de familias y empresas que se sustentan en la actividad cinegética en el mundo rural, véase hostelería, hoteles, empresas de gestión cinegética, veterinarios, guías, empresas cárnicas, taxidermistas, etc.
La actividad cinegética genera 186.000 pestos de trabajo al año en el mundo rural y que aporta al PIB unos 6.500 millones de euros. ¿Quién pensó en ellos?
A pesar de que recientemente el ministro de sanidad, D. Salvador Illa ha anunciado al día siguiente de esta Orden SND/399/2020 en rueda de prensa que “Ha habido peticiones de reconsiderar la permisión de las actividades caza y pesca, que estaban previstas en la segunda fase. Vamos a estudiar este tema con todos los consejeros mañana por la tarde y veremos si procede o no adoptar alguna medida de permiso en este ámbito”, por desgracia ha quedado de manifiesto que existe una discriminación manifiesta, fundamentada en castigar a un sector poblacional y empresarial con la única intención de contentar a otro sector mediante una Orden con tintes políticos.
Solo se espera que en estos momentos tan duros para muchas familias, que el Ejecutivo se preocupe más en unir a España que en separarla.
Diego Corzán, asociado de Cremades & Calvo-Sotelo
