Vivimos tiempos convulsos en los que parecen faltar voces autorizadas que expresen el sentir de la ciudadanía. La crisis de la representatividad que aqueja a las democracias europeas, como señala Sartori, está vaciando la confianza en los partidos y los políticos. Este vacío coincide con la crisis de las mediaciones provocada por el avance de las tecnologías de la información y la comunicación.

Como intenté explicar hace años en mi libro “Micropoder”, Internet y las redes sociales está conectando a los ciudadanos sin necesidad de los intermediarios clásicos: medios de comunicación, partidos políticos, organizaciones sindicales, etc. Fruto de estos cambios y de la crisis económica han surgido en toda Europa movimientos contestatarios que reivindican una representación popular sin más legitimidad que su propia existencia. Sin embargo, la gran mayoría de los ciudadanos tampoco se siente representada por estos movimientos alternativos.

La sociedad civil corre el riesgo de quedar aprisionada entre unas estructuras políticas anquilosadas y unos movimientos radicalizados. Como enseñaba Hannah Arendt “las libertades democráticas pueden hallarse basadas en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley; sin embargo, adquieren su significado y funcionan orgánicamente sólo allí donde los ciudadanos pertenecen a grupos y son representados por éstos o donde forman una jerarquía social y política”.

Se requiere por tanto una nueva inyección de principios democráticos que involucren a los ciudadanos en el gobierno de la sociedad. Cada vez es más aceptado que la regeneración del sistema político debe venir de las realidades previas a la política y a la economía. Por este motivo, hoy más que nunca se necesita revitalizar todas aquellas instituciones nacidas de la propia iniciativa de los ciudadanos por motivos profesionales, sociales o cívicos.

Durante más de cien años la voz de los abogados jugó un papel muy importante en la estructuración de la sociedad civil. En los años de la Transición democrática, el propio Decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Pedrol Rius, fue un actor de gran relevancia para arbitrar y moderar los importantes cambios que se produjeron en tan poco tiempo. Tanto desde el gobierno de la UCD como desde la oposición se buscaba y respetaba el parecer del que era el Colegio profesional más numeroso e influyente de la sociedad española.

Han pasado treinta años desde entonces y la situación ha cambiado mucho. Hoy la voz de la abogacía no se tiene en cuenta en la sociedad. El respeto a la labor de representación y defensa de los ciudadanos brilla por su ausencia en la Administración de Justicia. En la actualidad, diariamente, miles de abogados sufren maltrato y abuso en los tribunales de justicia españoles. Con ellos, el derecho de defensa de los ciudadanos, resulta atropellado. El mal funcionamiento de la justicia tiene, en esta situación, uno de sus exponentes más claros.

Soy abogado desde hace más de veinte años y estoy convencido de que la abogacía es una de las profesiones más nobles y apasionantes. Los abogados hemos sido siempre vanguardia de la sociedad, hemos participado en todos los cambios sociales relevantes, y con frecuencias los hemos liderado. Pero, desde hace algunas décadas, los abogados hemos estado relativamente ausentes de los debates y de los cambios sociales.

España necesita una nueva abogacía que se comprometa con los distintos debates sociales que definen nuestro futuro y, de estar forma, siga liderando con una eficacia reforzada la defensa de los intereses de los ciudadanos.

La abogacía debe recuperar posiciones de liderazgo en la sociedad porque los abogados somos agentes principales del mundo jurídico, que es el que define las claves del juego en sociedad. Para conseguir tener una voz respetada en la sociedad, los abogados primero necesitamos recuperar el prestigio, que sólo podremos participando activamente en el juego de la sociedad. Así podremos alcanzar el respeto que necesitamos en el ejercicio de nuestras funciones constitucionales.

Las próximas elecciones en el Colegio de Madrid son una oportunidad para introducir este debate. Porque abrir la abogacía a la sociedad no significa otra cosa que abrirnos todos a un mundo de oportunidades. Todos tenemos que seguir creciendo en formación y relación unos con otros.

El futuro de la abogacía pasa por devolver nuestra profesión a la primera línea de la modernización de la sociedad. Hace falta aprovechar las oportunidades que nos brinda la imparable internacionalización de nuestra profesión. Pero, en nuestra sociedad globalizada, para hacer que las cosas sucedan hace falta saber trabajar en equipo y colaborar con muchas personas e instituciones más allá del propio ámbito de actuación.

Estoy convencido de que entre los abogados hay mucho talento y muchos liderazgos propositivos. Si sabemos trabajar juntos podremos hacer posible que la abogacía recupere el prestigio que siempre tuvo. Porque sólo volviendo a ser una voz que habla fuerte y claro podremos gozar del respeto que se merece nuestra defensa de los derechos de los ciudadanos.

En medio del desierto de la crisis económica y política que parece atenazarnos, el reto de la nueva abogacía es un desafío optimista que demuestra el potencial de las energías cívicas de la sociedad española.

Javier Cremades

Abogado

 

Artículo publicado en el País.

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