El pasado 10 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó la Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, comúnmente conocida como la “Ley de Startups” que tiene como objetivo fundamental favorecer el emprendimiento innovador en España.
Tras varios años de impulso intentado establecer un marco legal propicio para el desarrollo de proyectos de innovación y emprendimiento, finalmente el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Startups que implica la creación de un marco tendiente a incentivar y favorecer la inversión y el desarrollo de nuevos proyectos de emprendimiento. Esta nueva Ley, que todavía tiene que ser aprobada por las Cortes, incorpora una serie de aspectos interesantes que buscan establecer un marco jurídico que facilite la creación de empresas, así como favorecer la inversión en los diversos sectores económicos.
España es uno de los países de la Unión Europea donde es más complicado constituir una sociedad, y, por tanto, hacer negocio. De acuerdo con el ranking de “Doing Business” España se encuentra en el 30º puesto de los 190 países que conforman este ranking, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. En el último año España ha caído 2 puestos en este ranking, lo que indica que se ha hecho más difícil hacer negocios en el país. Por otro lado, en relación con las inversiones de I+D en España, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), España invirtió en I+D un total de 15.572 millones de euros en 2019, produciéndose un incremento de 626 millones de euros respecto a 2018. Si bien la inversión en este sector económico se ha incrementado, España se encuentra muy por debajo del promedio de inversión del resto de países de la Unión Europea que en 2019 ya invertía un 31% más que antes de la crisis. O, todavía más, con China, que en este periodo ha más que duplicado sus niveles de inversión en ciencia y desde 2014 ya invierte al mismo nivel que la Unión Europea (ambas economías invierten un 2,13% de su PIB).
Por la anteriormente expuesto, se hace necesario establecer un marco jurídico adecuado que incentive las inversiones en I+D y en otros sectores estratégicos para la economía española, que permitan a España un mayor crecimiento de su PIB y una mayor competitividad con el resto de las economías europeas. En este sentido, este proyecto normativo, ha establecido una serie de novedades relevantes que buscan establecer un ecosistema tendiente a favorecer la inversión estableciendo, dentro de sus principales novedades una (i) mayor agilidad administrativa; (ii) nuevos incentivos fiscales; (iii) incentivos para emprendedores y trabajadores; y (iv) mecanismos de colaboración que permiten la circulación del conocimiento; entre otros.
Así, la incorporación en el Proyecto de la Ley de Startups de mayor agilidad administrativa busca de cierta forma hacer frente a las trabas que hoy en día existen para poder constituir una empresa en España. Dentro de dichas facilidades, la nueva norma incorpora, entre otras cosas, la gratuidad de aranceles respecto a notarios y registradores, en la constitución de sociedades limitadas, así como en la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME); la creación de la empresa por medios telemáticos; y la no obligatoriedad de obtener el número de identificación de extranjeros (NIE) para los inversores no residentes, exigiendo únicamente que tanto ellos como sus representantes obtengan los números de identificación fiscal (NIF), para el cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes.
Por otro lado, dentro de las medidas fiscales que se establecen en el nuevo proyecto de Ley de Startups, se establecen nuevas medidas para atraer y recuperar el talento nacional e internacional, atraer inversión y favorecer la creación de hubs digitales en España. Así, el tipo impositivo del Impuesto de Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, se reduce del 25% al 15% en los cuatro primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva.
Adicionalmente, particular relevancia adquieren las denominadas stock options. El nuevo proyecto normativo eleva el importe de la exención de la tributación de éstas de 12.000 a 50.000 euros anuales en el caso de entrega por parte de startups de acciones o participaciones derivadas del ejercicio de opciones de compra y se flexibilizan las condiciones de generación de autocartera en sociedades de responsabilidad limitada.
Asimismo, la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación se amplia de 60.000 a 100.000 euros anuales, así como el tipo de deducción y el periodo en el que se considera de reciente creación que pasa del 30 al 50% así como de 3 a 5 o a 7 para empresas de ciertos sectores años respectivamente. También, se establece la posibilidad de aplazar la deuda tributaria del Impuesto de Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de No Residentes en los dos primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva por un periodo de 12 y 6 meses respectivamente.
Por otro lado, es importante destacar el nuevo régimen que se incluye en el proyecto normativo relativo a aquellos emprendedores y teletrabajadores que se desplacen a territorio español. En este sentido, el proyecto de Ley de Startups establece un nuevo régimen de residencia y permanencia en territorio español estableciendo la posibilidad de residir y trabajar en España durante 5 años, así como acogerse al régimen tributario especial y tributar por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Como incentivo social, también cabe destacar la eliminación durante 3 años de la doble cotización a la Seguridad Social en caso de pluriactividad, para emprendedores que trabajen de forma simultánea para un empleador por cuenta ajena.
Finalmente, el proyecto de Ley establece mecanismos de fomento de colaboración entre las administraciones públicas, las universidades, organismos públicos de investigación y centros tecnológicos. También prevé la creación de sandboxes o licencias de pruebas en sectores regulados y establece igualmente una ventanilla única, la Empresa Nacional de Innovación SME (ENISA), para la declaración del carácter innovador de la empresa y el acceso a los beneficios previstos en la ley. Los Puntos de Atención al Emprendimiento (PAE) y la Oficina Nacional de Emprendimiento (ONE) que actuarán como puntos de información sobre las medidas de apoyo y ayudas, con el apoyo de un portal web de referencia en español e inglés.
En definitiva, tras su aprobación por el Consejo de Ministros, el Gobierno espera que quede aprobada y finalmente publicada en el Boletín Oficial del Estado en el verano de 2022 una vez superada la tramitación parlamentaria correspondiente. Esperemos que con esta nueva norma se cree un ecosistema lo suficientemente propicio que favorezca el emprendimiento y la inversión en España, incentivar las inversiones y el desarrollo de proyecto en I+D+i de forma tal que se pueda favorecer el desarrollo de sectores económicos estratégicos y se pueda fortalecer la competitividad española con otros países del entorno.
Gerardo A. Steta Perea
Abogado, Cremades & Calvo-Sotelo Abogados
