Esta madrugada hemos conocido alarmados que Leopoldo López y Antonio Ledezma, líderes ambos de la oposición democrática venezolana al Gobierno de Maduro, han sido detenidos en sus domicilio donde se encontraban en arresto domiciliario por el SEBIN, servicio bolivariano de inteligencia nacional.

Según los escasos datos que los familiares de los detenidos nos han podido hacer llegar (ellos también están sometidos una fuerte vigilancia) la irrupción de los agentes de seguridad ha sido totalmente sorpresiva, conminatoria y huérfana de cualquier tipo de autorización o justificación legal. La familia de ambos líderes nos cuenta con angustia que desde hace ya largas horas se ignora el paradero y las condiciones en las que se encuentran los detenidos, a quienes tan siquiera se les ha concedido el derecho a ser asistidos por un abogado.

Nosotros, como parte del equipo de abogados de Leopoldo López, debemos denunciar la gravedad de esta arbitraria e injusta detención, que supone el rechazo unilateral por parte del gobierno a cualquier intento de crear un mínimo espacio de diálogo con la oposición democrática.

La detención es especialmente preocupante si atendemos a la deriva que está adoptando el país tras los convulsos acontecimientos del pasado fin de semana y la autoproclamada victoria de las elecciones a la denominada “Asamblea constituyente”. Los hechos de autoridad y fuerza por parte del gobierno de Maduro, cada vez más intensos y explícitos, llevan fundadamente a pensar que el régimen está dando el paso definitivo para ubicarse en una situación de desprecio absoluto a cualquier atisbo de Estado de Derecho, adoptando soluciones represivas contra todos aquellos que no sean considerados afectos al programa gubernamental.

Por tanto, es preciso primeramente que el gobierno venezolano, como medida esencial y urgente, posibilite el derecho de los familiares de los detenidos al habeas corpus, dando dar cuenta del paradero de los detenidos y mostrando su integridad física. Debe seguidamente justificar legalmente la detención y permitir todos los mecanismos del derecho fundamental de defensa reconocido en los tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos de los que Venezuela es parte. Y si, como nosotros pensamos, no existe cargo alguno contra los detenidos que pueda mantenerse con un mínimo de solidez, debe cesar la privación de libertad de ambos dos líderes, pues de otro modo resultaría innegable la puesta en marcha de una estrategia destinada a terminar físicamente con la disidencia política, cerrando definitivamente las puertas a cualquier cauce de entendimiento y diálogo.

Javier Cremades y Alberto Ruiz-Gallardon, son abogados, miembros del equipo de defensa de Leopoldo López.