Gestores Administrativos y Graduados Sociales coinciden en que muchos ERTE terminarán convirtiéndose en ERE, es decir en despidos, mientras la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, niega que las empresas acogidas a la medida estén en dificultades.

Los expertos en gestión y economía de las empresas discrepan con el Gobierno en cuanto a la viabilidad de las negocios con trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Mientras que el último barómetro de los gestores administrativos señala que más de 95.000 empresas acogidas a esta medida no podrán recuperar a sus trabajadores y, por tanto, muchas se verán obligadas cerrar y despedirla vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró que «los negocios en ERTE no tienen ninguna dificultad para salir adelante». 

En una entrevista concedida a Radio Nacional Española, Díaz explicó que todas las empresas acogidas a esta medida «están pautadas y, en su mayoría, vinculadas al turismo, sector en el que somos una potencia mundial», por lo que «a medida que vaya mejorando la situación pandémica, «sin lugar a dudas retomarán su situación anterior». No obstante, el presidente de los Graduados Sociales, Ricardo Gabaldón, coincidió con los gestores y vaticinó ya en febrero que «más de un 20% de los ERTE acabarían siendo Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)».

El Gobierno continúa alabando la eficacia de los ERTE y, a pesar de que aún a día de hoy hay 450.000 trabajadores afectados, insistió en que «estas empresas no están avocadas al cierre». La ministra de Trabajo y Economía Social apoyó su afirmación en el hecho de que un tercio de esos empleados afectados por la medida están trabajando con reducción de jornada. «Un dato muy importante que permitirá la reincorporación total. Por fin vemos la luz al final del túnel. Con la mayor crisis del mundo, España tiene una tasa de paro inferior a toda su serie histórica, lo que demuestra que las políticas que se han desplegado para afrontar esta crisis han funcionado», explicó Yolanda Díaz.

Una medida «insuficiente» para el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Santiago, quien no se explica cómo «dieciséis meses después de que se decretara el primer Estado de Alarma, la mayor parte de las empresas sigan sin percibir las ayudas directas». Aunque también alertó de que, «cuando éstas lleguen, no van a ser suficiente tabla de salvación”.

Más de 230.000 negocios despedirán en los próximos meses

Los gestores administrativos cifran en 150.000 empresas que mantienen a alguno de sus trabajadores en ERTE, y alertaron de que, de ellas, 95.000 no van a poder recuperar a todo su personal, es decir tendrán que despedir. Esta es una de las conclusiones principales que se extraen del barómetro del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, quienes aseguran que el 8,2% de los pequeños y medianos negocios -más de 230.000-, se van a ver obligados a rescindir el contrato de parte de sus empleados en los próximos meses.

No obstante, en su estudio también alumbran algo de luz al estimar que el 12,5% de los negocios van a contratar personal en los próximos meses. “Esperemos que sean mayores las contrataciones que los despidos, pero el panorama que se nos presenta es complicado. Entre autónomos que están en cese de actividad, personal en ERTE, del que una parte el barómetro nos indica que no van a recuperar su empleo, y la desaparición de negocios que acarreará la desaparición de las medidas de contención, podemos encontrarnos con un otoño/invierno muy complicado”, aseguró su presidente, Fernando Santiago.

Ya en su anterior barómetro los expertos adelantaron que hasta 2023 no se empezarían a percibir síntomas de recuperación, y ahora, en su última publicación, siguen insistiendo en que el Gobierno es «demasiado optimista diciendo que la recuperación está muy cerca”. Santiago explicó que «puede que el ritmo de vacunación, la campaña de verano, la reducción de trabajadores en ERTE, nos induzca a pensar que estamos en el buen camino. Pero creo que no se han establecido los mecanismos necesarios para iniciar el camino hacia la recuperación«.

Ya han desaparecido 175.000 negocios

Un total de 175.000 negocios han desaparecido desde que comenzó la crisis sanitaria del Covid-19. Y lo más preocupante para lo gestores administrativos es que, según sus últimos datos, otras 110.000 empresas podrían seguir ese mismo camino si se eliminan las medidas de contención como los ERTE o las moratorias.

El presidente de los gestores administrativos alertó de la importancia de «implementar mecanismos que ayuden a los negocios a no hundirse cuando les falten dichas medidas, y se complementen con las medidas correctoras que aprobó el Gobierno. No es la primera vez que avisamos de que hay miles de empresas fantasma que se apoyan en la moratoria concursal, en las moratorias de alquileres, o en los propios ERTE que, cuando estas facilidades desaparezcan, no van a poder hacer frente a sus compromisos”.

Habrá ERTE más allá de septiembre «sin lugar a dudas»

El próximo 30 de septiembre finalizará la quinta prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo y, a tres meses de esa fecha, la vicepresidenta tercera del Gobierno ya ha asegurado que «sin lugar a dudas habrá una nueva ampliación de la medida». Yolanda Díaz anunció que antes de que finalice septiembre, el Ejecutivo y los agentes sociales se volverán a reunir para «transmitir el mensaje, tanto a las empresas como a los trabajadores, de que, si lo necesitan, van a sentirse acompañados durante más meses«.

Para Díaz, «no tiene sentido dejar caer este sistema ahora, que es cuando estamos saliendo ya de la enorme crisis que hemos vivido». Por ello aseguró que la comisión tripartita volverá a negociar el paraguas de protección para los negocios. El Ejecutivo, los sindicatos y la patronal han mantenido encuentros semanales durante los últimos meses para evaluar el mecanismo y eficacia de los ERTE. La medida acoge aún a 447.800 trabajadores, y el Ministerio de Trabajo y Economía Social cuantificó en 555 millones de euros la cuantía que el Gobierno ha invertido en los ERTE desde el estallido de la pandemia. «Con todo ese dinero hemos pagado muchas nóminas, más las que estamos sosteniendo ahora mismo», señaló Díaz.

No obstante, la ministra dijo que «ojalá no fuera necesario aprobar una nueva prórroga. Nada me gustaría más que comparecer en tres meses y decir que no hace falta ampliar por sexta vez los ERTE porque todas las empresas están recuperadas y hemos salido de la crisis, pero por el momento creemos que esta medida se va a quedar«. Asimismo, se ha mostrado confiada en que los trabajadores que aún continúan en esta situación «se reincorporen de manera progresiva, según vaya evolucionando la emergencia sanitaria».

Los autónomos no denuncian el Estado de Alarma por «miedo a represalias»

Otro de los datos que recoge el barómetro de los gestores administrativos es que el 36% de estos expertos consideran que los negocios no han demandado al Gobierno por la prohibición de trabajar que supuso el primer Estado de Alarma para «evitar represalias». De hecho, el presidente del Consejo aseguró que numerosas plataformas que se crearon para gestionar demandas colectivas, les han trasladado «el temor que tienen los autónomos a que si demandan, el Estado se lo devuelva con inspecciones«.

Los autónomos tienen a su alcance la posibilidad de reclamarle al Gobierno una compensación económica equivalente a los daños y pérdida de ingresos que provocó en sus negocios el Estado de Alarma. Una Ley Orgánica recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) «avala este derecho de los trabajadores por cuenta propia, y obliga al Estado a tener que hacerse cargo de las indemnizaciones«, explicó el catedrático de Derecho Administrativo y socio del despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, Alberto Ruiz. Se trata de la Ley Orgánica 4/1981, de las disposiciones comunes a los tres tipos de Estados: Alarma, Excepción y Sitio.

El catedrático de derecho explicó que su despacho está al frente de varias reclamaciones en este sentido, y que ninguna de ellas está fundamentada en la ilegalidad de los cierres, sino en esta Ley. «En su mayoría son autónomos de los sectores de la hostelería y el turismo, ya que han sido dos de los sectores más castigados por los cierres y la paralización de la actividad, pero también hay reclamaciones de otros muchos sectores. Esta norma abre la puerta de las indemnizaciones a un mayor número de profesionales porque, además, pueden acogerse a esta norma sin haber reclamado previamente«, señaló.

Los trabajadores por cuenta propia que quieran interponer una demanda contra el Ejecutivo por esta vía, deben tener en cuenta que tendrán que justificar, mediante un informe pericial, que la cantidad que le exigen al Gobierno como indemnización corresponde con las pérdidas que les ha ocasionado las restricciones del Estado de Alarma. «Los autónomos tienen que ser consecuentes con las compensaciones, porque si por ejemplo, le piden al Gobierno 200.000, tendrán que justificar que han perdido ese dinero o el valor de los daños ocasionados«, explicó Alberto Ruíz.

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