En un contexto en el que durante los próximos años, y gracias a los fondos europeos para la recuperación, se van a producir fuertes inversiones públicas en España que irán asociadas a sus correspondientes procesos de licitación, parece no ya relevante estratégicamente sino también urgente mejorar las prácticas en contratación de nuestras administraciones públicas, de modo que se garantice la mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos y la máxima transparencia y justicia en los procesos de contratación, todo ello sin perjudicar sino mejorando la agilidad y flexibilidad de los procesos y la necesaria colaboración entre el sector público y privado.

 

A este respecto, quiero referirme a las conclusiones de una jornada celebrada por el Observatorio para la Inversión en Obra Pública del Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos sobre los cambios que permitirían mejorar las licitaciones tanto en su fase de preparación como de licitación y adjudicación. Aunque todas las recomendaciones que se presentaron y discutieron me parecen pertinentes y oportunas, me gustaría destacar algunas que considero realmente estratégicas para promover una mejora relevante de la gestión y planificación públicas.

 

Así, considero de especial relevancia la publicación anual de la previsión de licitaciones e inversiones, de acuerdo a lo que por otro lado establece la normativa vigente. Esa publicación anual no solo aporta transparencia, sino que ordena internamente a la propia administración y los gestores públicos, obligándolos a un ejercicio tan esencial como es el de la planificación anual. Que las administraciones se habitúen a una planificación anual de inversiones ayuda a visibilizar el cumplimiento de los objetivos públicos, el progreso o parálisis de los proyectos y sobre todo facilita las cosas al sector privado, que puede prever con más antelación su participación y dedicación a los concursos.

 

El sometimiento a información pública de los nuevos pliegos de contratación, tal y como también posibilita la normativa vigente, es otra medida que no solo significa más transparencia, sino también más afinamiento en la licitación y más participación y colaboración público-privada. Igualmente, la creación de una plataforma global que recoja todas las licitaciones públicas y la ampliación de los plazos para la presentación de ofertas son medidas que facilitan las cosas al sector privado, y de forma muy especialmente a las pymes para las que la presentación a un concurso público representa un esfuerzo adicional, que en la mayoría de los casos se realiza a base de sacar tiempo de donde no lo hay, sustrayéndole o más bien sumándole horas (deshoras, casi siempre) al trabajo que hay que realizar a diario. En las grandes empresas hay equipos dedicados a las licitaciones, en las pymes no es habitual.

 

No debería ser necesario indicarlo, pero impedir que los pliegos incluyan cláusulas que obliguen a las empresas a asumir prestaciones sin remuneración, ni aún como propuestas de mejora, se hace muy necesario. En los contratos a precio cerrado es preciso concretar los alcances y, de no poder limitarse, contratar por precios unitarios. Otra medida recomendada por el Observatorio de la Inversión en Obra Pública, y que me parece muy acertada es no premiar, como se hace ahora, a las ofertas anormalmente bajas: en caso de aceptarse su justificación, asignarle solo una puntuación económica igual o menor a la máxima, pero sin alterar la puntuación económica del resto de ofertas, y evitando así que tenga una relevancia desmesurada en la adjudicación final.

 

Igualmente, hay que evitar a toda costa convertir los concursos en meras subastas, no solo en los contratos de ingeniería sino en todos los que constituyen prestaciones de carácter intelectual, pues ello no solo va en contra de la legislación nacional sino de todas las directivas y recomendaciones comunitarias. En este sentido, y estableciendo los mecanismos y cautelas adecuadas para evitar la discrecionalidad en la contratación, los criterios técnicos de valoración de las ofertas no deben superar en este tipo de proyectos el 51%, sino que deben aproximarse al umbral habitual en la UE del 80%.

 

Hay muchos desafíos que acometer para optimizar la gestión y la planificación públicas. Pero este de la optimización de las prácticas de contratación pública se antoja de especial importancia a la vista de los más de 19.000 millones que España va a recibir en 2021 en fondos de recuperación y de los más de 140.000 que le corresponden en el reparto establecido por la UE. Conciliar el interés público y el privado, mejorar las condiciones de transparencia, favorecer las oportunidades de acceso para las pymes y promover la innovación son objetivos fundamentales.

 

Francisco J. Fernández Romero, socio director Cremades & Calvo-Sotelo (Sevilla)