SUMARIO:

1. Introducción. 2. Defensa numantina de la intangibilidad de la Constitución vigente. 3.  Cambio de registro: Críticas a la Constitución: 3.1. ¿Es la española una Constitución anticuada? 3.2. La Constitución vigente como material de desecho. 4. Consenso para la reforma y lealtad constitucional: 4.1. Consideraciones previas para una reforma constitucional viable y estable. 4.2. Interpretaciones mutadoras e intentos de reforma por vías falsas.


I. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978, OBJETO DE CULTO Y DE ACOSO

  1. INTRODUCCIÓN

Se cuenta que Ruiz del Castillo, catedrático que fue de Derecho Político de la Universidad Complutense, ponderaba en una ocasión que la aportación inglesa a la cultura constitucional había sido el modelo de monarquía parlamentaria; la de Estados Unidos, la república presidencialista y el federalismo; la francesa, el modelo napoleónico de Administración pública; y, cuando alguien le preguntó cuál ha sido la aportación española, respondió: el pronunciamiento militar.

Es verdad, aunque una verdad algo desfigurada por la hipérbole. Frente a este lastre histórico, a la muerte de Franco Bahamonde, se inició un proceso de institucionalización del poder estatal y de las estructuras políticas que, tras la Ley para la Reforma Política, desembocó en la promulgación de la Constitución democrática vigente, la cual canceló una dilatada etapa histórica identificada por un régimen consistente en la concentración de todo el poder en el vencedor de una guerra civil.

El principal reto de la transición (que algunos escriben  con mayúscula) de un régimen a otro, fue hacer posible lo necesario sin correr el riesgo de que saltaran las alarmas del Estado totalitario. Y esa tarea se desplegaba en cuatro cometidos concretos:

  1. Preservar y consolidar la Monarquía.
  2. Vertebrar políticamente España sobre la base del pluralismo político.
  3. Hacer posible la gobernabilidad atenuando ese pluralismo.
  4. Organizar territorialmente el Estado en Comunidades Autónomas.

El punto de arranque fue la Ley para la Reforma Política, de gran virtualidad reformadora propiciada por ciertas dosis de ambigüedad. Dicha ley posibilitó las primeras elecciones libres desde la II República, tras las cuales se redactó la vigente Constitución, la única hecha en España mediante un diálogo intenso y extenso, a lo largo de casi un año y medio y siempre guiado por la búsqueda del consenso entre todas las fuerzas políticas que aceptaban la democracia como método, aunque pilotado por el Gobierno y por el primer partido de la Oposición.


2. DEFENSA NUMANTINA DE LA INMODIFICABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN VIGENTE

 Como tan delicada operación resultó exitosa, se generó un culto y una dependencia de la clase política respecto de la Constitución que llegó a una actitud renuente a practicar en ella ninguna reforma, ni siquiera parcial o mínima, en los cuarenta años de su vigencia, salvo dos casos inevitables y mínimos. La Constitución se convirtió en un icono intocable, en un objeto de respeto y de veneración tal que hablar de reforma constitucional era como atentar contra ella, una actitud desestabilizadora, poco patriótica o, por lo menos, políticamente  inconsciente. Y eso incluso existiendo la idea común, desde antes incluso de que la Constitución fuera promulgada, de que el Senado había salido defectuoso de los talleres constitucionales y necesitaba algunos cambios. Andando el tiempo, incluso el Senado se hizo inmodificable.

El argumento ha sido recurrentemente el mismo: que no se debía proceder a ninguna reforma que no concitara a su favor tanto consenso como el que obtuvo su elaboración y aprobación.

No importaba la objeción de que las constituciones, como toda obra humana, si no son sometidas a retoques y mejoras, terminan amenazando ruina, como una casa a la que no se le hace ninguna reparación. Sólo se reforma lo que se quiere conservar; lo intocable envejece y muere. En palabras de Ortega, “la vida es una operación que se hace hacia delante”; o de Azorín: “todo lo que no cambia está muerto”. Tampoco era suficiente alegar que las constituciones de los países amigos o socios europeos se modifican con cierta frecuencia: algunas más de diez veces; Alemania, más de sesenta.

Ha habido, por tanto, una verdadera resistencia numantina a reformar la Constitución. Frente a esta actitud, un pasaje de Gracián, ilustra bien hacia donde quiero apuntar; le dice así Critilo a Andrenio:

“Advierte que vamos subiendo por la escalera de la vida y las gradas de los días que dejamos atrás, al mismo tiempo que movemos el pie desaparecen, no hay por donde volver a bajar ni otro remedio que pasar adelante”[1].


3. CAMBIO DE REGISTRO: CRÍTICAS A LA CONSTITUCIÓN

3.1. ¿Es la española una Constitución anticuada?

Con 40 años de existencia, la Constitución ha sufrido el ritmo de intensa aceleración histórica experimentada en todo el Planeta sobre todo en el último cuarto de siglo. En 1978, algunas cuestiones, como las relativas al medio ambiente o a la extensa materia del Bioderecho, ya convertida en materia de estudios jurídicos especializados, no suscitaron la atención del constituyente como con toda seguridad lo serían ahora, en 2018; algunas ni siquiera estaban en las preocupaciones científicas ni jurídicas de la época. El capítulo III del título I, relativo a los principios de política social y económica, habría recibido otro tratamiento de producirse hoy el momento constituyente; algunos preceptos, para ser simplificados; otros, para ser refundidos con preceptos parecidos en aras de la economía del lenguaje, y acaso algún otro para ser suprimido. También hay alguna reiteración innecesaria en la parte orgánica del texto, que podría aligerarse, como sucede con los artículos 62.e) y 100, ambos referentes al nombramiento de los miembros del Gobierno a propuesta del Presidente, etcétera.

Y habría sucedido otro tanto con el título VIII porque los datos actuales distan mucho de los existentes en 1978. El ascenso competencial de las Comunidades Autónomas y la reclamación, por parte de algunas, del reconocimiento de su(s) hecho(s) diferencial(es) habrían tenido una detenida atención.

Por último, la reordenación de la Unión Europea con los tratados de Lisboa y de Funcionamiento de la Unión contrastan con la veteranía de nuestra Constitución. Esto ya habría sido suficiente para actualizarla, pero, frente a la diligencia de los poderes públicos de algunos socios europeos, los españoles fueron renuentes a hacer lo propio. El resultado ha sido una evidente asintonía de algunos de sus preceptos, capítulos o títulos (no de todo el texto, claro está) con la Europa y la España actuales.

En resumen, la Constitución española es técnicamente aceptable, tiene un nivel similar a las de nuestros países aliados, incluso algo superior a alguna de ellas, pero ni es perfecta como decían algunos idólatras dispuestos a protegerla de toda veleidad reformista, ni tan desechable como ahora se dice desde ciertos sectores políticos.  


3.2. La Constitución vigente como material de desecho

De tener la Constitución como intocable, muchos han pasado a su acoso y derribo. De no querer reformarla porque ha presidido el periodo más pacífico y próspero de la historia española y sólo necesita ser respetada, muchos la culpan ahora de todos nuestros males por ser vieja, elitista, poco democrática, monárquica, impulsora de una democracia de partidos poco participativa, etcétera. País extremoso el nuestro.

Por otra parte, la crisis económico/política y el síndrome reformador son dos fenómenos unidos entre sí por una indisimulable relación de causa-efecto. Y ha golpeado a España con dureza. El paro aumentó vertiginosamente, azotando principalmente a una juventud de la que se dice que es la mejor formada de nuestra historia, formación que se ha traducido en una amplia protesta y en la extensión de una opinión declaradamente adversa al statu quo.

A dicha crisis se ha sumado en nuestro país otra polarizada preferentemente en la organización territorial del Estado y en las dificultades por las que ha atravesado la Corona, pero extendida a otros sectores de nuestro ordenamiento constitucional. Raro es el título o capítulo de la Constitución que no se ha visto denunciado por inútil o vetusto. Se ha extendido la convicción de que sin reforma constitucional el país se viene abajo irremediablemente, lo cual tiene su eficaz traslado en la adjudicación de responsabilidades puesto que un partido político que no lleve en su programa la reforma constitucional de varios aspectos sensibles a la opinión pública será estigmatizado como cómplice de la situación.

La suerte está echada en el decisivo campo de la opinión pública, que se traduce intermitentemente en votos y, por tanto, da y quita gobiernos. Algunos partidos políticos espolean dicha opinión e incorporan a sus programas propuestas de reforma no siempre bien estudiadas. Porque una cosa es quejarse de la Constitución (o rechazarla por completo, como también se hace bajo el argumento de que su generacióea bien formada de qué debería fformada de ca).ue acaban de incoroprarse a la dialesis econn no la votó, argumento que descalifica a quien lo emplea) y otra tener una idea bien formada de qué debería ser reformado, por qué, cómo y cuándo.

Las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2014 arrojaron unos resultados que, vistos conforme a cierto punto de mira, eran preocupantes: los dos partidos que se habían repartido el poder en España desde 1978 (PSOE y PP, que había sustituido hacía tiempo a UCD) quedaron por primera vez en minoría. Lo cual hacía aventurar que en las subsiguientes elecciones municipales y generales se repetiría el fenómeno; se vislumbraba, pues, un cambio en la política nacional con nuevos protagonistas, que eran, más o menos declaradamente, de ideología republicana. Más todavía: de los dos partidos que podemos llamar “dinásticos” porque han apoyado durante casi cuarenta años a la monarquía, uno de ellos, el PSOE, es ideológicamente republicano; no tanto como lo era al comienzo de la transición (el propio Felipe González se ha manifestado recientemente como accidentalista), pero republicano al fin. Como he escrito en otro lugar, no debe ser frecuente en la Historia que una forma política dependa tanto de la lealtad que le guarde un adversario ideológico[2].

La abdicación de Don Juan Carlos no se hizo esperar. Se la revistió de torpes explicaciones, pero lo cierto es que pareció la única forma de intentar que la monarquía remontara ante la ciudadanía. Y, aunque en las elecciones generales los dos partidos llamémosles tradicionales han logrado una mayoría absoluta de escaños, la necesidad de reforma se ha instalado ya firmemente entre nosotros.

Siempre en el lado más incómodo, yo abogué temprana e inútilmente en favor de introducir reformas parciales en nuestra Constitución y ahora insto a tomar la reforma constitucional con una buena dosis de prudencia. No hay contradicción en ello, sino percepción de la muy acentuada diferencia existente entre 1992 y 2016. Entonces estaba España en luna de miel con la Unión Europea y celebrando la Expo Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona. Ahora estamos inundados por las noticias diarias de paro y corrupción. Entonces aún quedaban en pie los políticos que hicieron posible la transición en una gesta de primera magnitud y ahora no se ve a sus equivalentes.